(AP Photo/Luis Romero)
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Desde que el presidente salvadoreño Nayib Bukele asumió el cargo en junio de 2019, y particularmente desde mayo de este año, cuando su partido político Nuevas Ideas se inauguró en la nueva sesión legislativa con una mayoría calificada, los ataques a la independencia judicial y al Estado de derecho en El Salvador han sido motivo de creciente preocupación. Estos ataques han presentado una barrera más en la búsqueda de 40 años para la verdad y justicia por la masacre de El Mozote en 1981, en la que más de mil hombres, mujeres, niños y niñas, fueron brutalmente asesinados por miembros del ejército salvadoreño. Si bien alcanzar la justicia para los muertos y sobrevivientes de la masacre es importante en sí mismo, el caso también representa una prueba de la fuerza e independencia del poder judicial de El Salvador y los Acuerdos de Paz del país, los cuales han sido severamente socavados bajo Bukele.
La masacre de El Mozote ocurrió el 11 de diciembre de 1981 cuando tropas salvadoreñas ingresaron a una zona rural de la provincia norteña de Morazán, donde había estado activa la guerrilla del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN). A pesar de que los residentes de El Mozote y las comunidades circundantes eran en gran parte apolíticas, las tropas arrestaron a miembros de la comunidad y, durante un período de tres días, desataron la que se convirtió en la mayor masacre de civiles en la historia moderna de América Latina, con más de mil personas, cientas de las cuales eran niños, asesinadas.
Si bien recordar la masacre, honrar a sus víctimas y reconocer que la batalla por la justicia aún se continúa librando 40 años después, también es importante analizar no solo el papel del gobierno salvadoreño, sino también el del gobierno de Estados Unidos. Además de los millones de dólares estadounidenses que se gastaron en El Salvador a través de la ayuda militar en ese momento y el entrenamiento estadounidense de batallones salvadoreños, incluyendo al batallón Atlacatl responsable por la masacre de El Mozote, la primavera pasada se reveló que Estados Unidos tuvo una participación aún más directa en la masacre. Un testimonio de la perito Terry Karl demostró que un asesor militar estadounidense se encontraba en Morazán con un comandante del Batallón Atlacatl durante la masacre, y que probablemente él estaba al tanto de antemano de lo que se estaba planeando. Esto amplió el conocimiento público sobre el alcance de la participación de Estados Unidos en la guerra y proporcionó contexto adicional al encubrimiento de la masacre por parte del gobierno de Estados Unidos. Como explicó Karl, de haber conocido la presencia del asesor estadounidense en ese momento, la ayuda estadounidense a El Salvador habría sido cortada por violar las leyes estadounidenses. Aunque Estados Unidos ha proporcionado algunos documentos y materiales relacionados con el caso, tan recientemente como el año pasado funcionarios estadounidenses también han contribuido a la demora de la justicia al no responder a la solicitud del juez Jorge Guzmán de desclasificar documentos militares estadounidenses relacionados con la masacre. Incluso con las nuevas disposiciones que requieren la cooperación de Estados Unidos en el caso en recientes declaraciones que acompañan los proyectos de ley de asignaciones para la ayuda exterior y la versión de la Cámara de Representantes de la Ley de Autorización de Defensa Nacional de 2021, se ha avanzado poco.
En El Salvador también se ha obstaculizado el acceso a importantes registros militares. En septiembre de 2020, una inspección de archivos militares ordenada por un tribunal fue violada cuando el Ministerio de Defensa ordenó a los soldados impedir que un juez y los inspectores ingresaran al cuartel general de las fuerzas armadas para registrar los archivos militares. El presidente Bukele, que previamente había prometido abrirlos, apoyó la negativa de los militares y acusó al juez de sucumbir a intereses políticos.
El cambio de política de Bukele no es sorprendente dados sus recientes ataques a la democracia y la independencia judicial. Este año, en el aniversario 29 de los Acuerdos de Paz, Bukele rechazó los acuerdos, negando así el pilar institucional de la democracia salvadoreña, solidificando aún más su estrategia para erosionar los controles y equilibrios, y empoderando aún más a las fuerzas armadas. A esto le siguieron ataques consecutivos contra el Estado de derecho y esfuerzos por cooptar el poder judicial del país. Además de reemplazar ilegalmente a los cinco magistrados de la Sala Constitucional y al fiscal general y emitir un fallo para permitir que los presidentes se postulen para la reelección consecutiva, los legisladores aliados de Bukele también aprobaron reformas que destituyeron a unos 160 fiscales y jueces por su edad o por cuántos años llevaban en servicio. Esta purga judicial finalmente resultó en la destitución de numerosos jueces que manejaban casos muy delicados, incluyendo al juez Jorge Guzmán, quien durante años había presidido el caso de la masacre de El Mozote. Esta purga asestó un duro golpe a la rendición de cuentas en casos históricos de derechos humanos y socavó el progreso que se había logrado en el caso de El Mozote.
A pesar de los graves retrocesos en el caso de El Mozote y en la lucha más amplia por la democracia y el Estado de derecho en El Salvador, la búsqueda de justicia para las víctimas de la masacre persiste. Tras la destitución del juez Guzmán se han realizado varios esfuerzos para seguir llamando la atención sobre la necesidad de justicia y el futuro incierto del caso. Cristosal, una organización de derechos humanos con sede en El Salvador, y una de las organizaciones que ha abogado por justicia en el caso de El Mozote, destacó recientemente los efectos perjudiciales que tendría la propuesta de Ley de Agentes Extranjeros en el trabajo de las organizaciones de derechos humanos, en particular sobre las miles de personas que se beneficiaban de dicho trabajo. Otra preocupación importante para las víctimas y simpatizantes es la posibilidad de que la legislatura salvadoreña adopte la propuesta de ley de amnistía presentada por primera vez en 2019, que efectivamente pondría fin al enjuiciamiento de El Mozote y de otros casos importantes.
El destino del caso El Mozote es emblemático de la situación de los derechos humanos, la independencia judicial y el estado actual de la democracia en El Salvador. En los últimos años, la Embajada de Estados Unidos y algunos miembros del Congreso de Estados Unidos han apoyado el trabajo del juez Guzmán, así como a los abogados que trabajan en el caso y a los sobrevivientes y familias de las víctimas, resaltando cómo el avance del caso es una importante prueba del Estado de derecho en El Salvador. Este es un punto de partida fundamental.
Si bien es un momento desalentador para el caso de El Mozote y el Estado de derecho en El Salvador, también es un momento importante para apoyar a la sociedad civil y a los grupos de activistas salvadoreños, para recordar lo que sucedió en El Mozote, destacar la urgencia de justicia y de independencia judicial, y pedir al gobierno salvadoreño que dé prioridad a la justicia, la verdad y la democracia. La atención y el apoyo internacional para quienes luchan por la justicia en El Salvador deben continuar junto con esfuerzos coordinados para hacer retroceder los ataques consecutivos del gobierno de Bukele contra la democracia y el Estado de derecho.
