(AP Photo/Moises Castillo)
(AP Photo/Moises Castillo)
Ciudad de Guatemala — El martes 4 de enero de 2022 comenzará el juicio de cinco expatrulleros de la defensa civil acusados de cometer crímenes de lesa humanidad, incluyendo actos sistemáticos de violencia sexual contra 36 mujeres Maya Achi. Los delitos habrían ocurrido en el municipio de Rabinal, departamento de Baja Verapaz entre 1981 y 1985. Los imputados integraban las Patrullas de Autodefensa Civil (PAC) creadas por el Ejército de Guatemala durante el conflicto armado interno para controlar la población indígena, y que han estado implicadas en graves violaciones de derechos humanos, incluyendo masacres, desapariciones forzadas y violencia sexual.
El caso de violencia sexual Maya Achi es un caso emblemático, pues es apenas la segunda vez que un caso de violencia sexual contra mujeres indígenas durante el conflicto armado interno será juzgado ante los tribunales guatemaltecos. Es uno de varios casos relacionados con el conflicto armado interno de Guatemala que actualmente se encuentran en los estrados. Estos procesos han avanzado gracias a la perseverancia de los y las sobrevivientes, las familias de las víctimas y sus aliados en la sociedad civil local e internacional, quienes han presionado por llevar sus casos ante la justicia a pesar de enfrentar grandes obstáculos a lo largo de los años.
Para obtener antecedentes y actualizaciones sobre el juicio, comuníquese con:
Jo-Marie Burt al correo electrónico jmburt.wola@gmail.com o al teléfono +1 (703) 946-9714
El correo de prensa de WOLA es press@wola.org
El 11 de mayo de 2018, seis presuntos integrantes de las PAC fueron capturados y acusados de delitos de lesa humanidad por violencia sexual contra 36 mujeres Mayas Achi en el municipio de Rabinal, en el departamento de Baja Verapaz, entre 1981 y 1985. Los hombres fueron dejados en libertad poco más de un año después, el 21 de junio de 2019, luego de que la jueza de instrucción Claudette Domínguez desestimara los cargos en su contra. La decisión fue ampliamente criticada, ya que la jueza ignoró más de 200 piezas de evidencia, incluyendo documentos militares, relatos de testigos presenciales y, lo más importante, los testimonios de las propias mujeres sobrevivientes. Los demandantes recusaron exitosamente a la jueza Domínguez y el caso fue trasladado al juez Miguel Ángel Gálvez.
El proceso fue reabierto en enero de 2020, luego de que Francisco Cuxum Alvarado, quien era buscado por el caso, fuera deportado a Guatemala desde Estados Unidos. Mientras estaba en custodia de las autoridades de inmigración de los Estados Unidos, Cuxum Alvarado admitió haber sido miembro de la patrulla de defensa civil que operaba en Rabinal.
En el contexto de las audiencias de la fase probatoria contra Francisco Cuxum Alvarado, el juez Gálvez citó a tres de los seis hombres liberados provisionalmente en 2019 (Damian Cuxum Alvarado, Benvenuto Ruiz Aquino y Bernardo Ruiz Aquino) y ordenó su detención inmediata tras determinar que había pruebas suficientes para enviar a los cuatro hombres a juicio. El juez Gálvez también dictaminó que Gabriel Cuxum Alvarado (capturado en mayo de 2021), también debería ser enviado a juicio, y lo incluyó como un quinto imputado en el juicio público por comenzar este 4 de enero de 2022.
Las mujeres sobrevivientes de Rabinal han superado numerosos obstáculos legales para finalmente llegar a este momento de llevar a juicio al menos a algunos de los presuntos autores de violencia sexual sistemática y otros delitos graves. Este es el segundo juicio por violencia sexual contra mujeres indígenas ante los tribunales de Guatemala, luego del histórico caso Super Zarco de 2016, en el que 15 mujeres Q’eqchi ‘obtuvieron la condena de dos militares por los delitos de violencia sexual y esclavitud sexual y doméstica. La jueza Yassmín Barrios, quien estuvo encargada de este caso, también presidirá el juicio público.
Como WOLA señaló recientemente, durante la última década, redes compuestas por miembros de la élite política y militar de Guatemala, grupos criminales y el sector privado, se han movilizado para obstruir y poner fin a los esfuerzos contra la impunidad. Estos grupos han encontrado una causa común en la actual administración del presidente Alejandro Giammattei, quien ha supervisado el desmantelamiento total de las instituciones que se pusieron en marcha para implementar los Acuerdos de Paz. Las acciones del gobierno de Giammattei amenazan con socavar la capacidad de las víctimas de graves violaciones de derechos humanos para acceder a justicia, verdad y reparación. El juicio que comienza el 4 de enero de 2022 será una prueba crucial para el sistema de justicia de Guatemala.
Consulte los siguientes artículos para obtener información adicional sobre el juicio:
El caso de violencia sexual contra mujeres maya Achi toma nuevo rumbo, de Jo-Marie Burt y Paulo Estrada
A 25 de los Acuerdos de Paz, urge acabar con la impunidad y avanzar con la justicia en Guatemala, Pronunciamiento de WOLA
Una luz en la oscuridad: las víctimas continúan presionando por justicia en épocas de guerra en Guatemala (Ingles), de Jo-Marie Burt y Paulo Estrada
###
Contacto:
Asesora principal de WOLA
Teléfono: (+1) 703-946-9714
Correo electrónico: jmburt.wola@gmail.com
Prensa WOLA: press@wola.org
