Sergio Ortíz Borbolla/WOLA
Sergio Ortíz Borbolla/WOLA
Ciudad de Guatemala— El jueves 17 de agosto de 2023, un tribunal guatemalteco emitirá un veredicto en el caso de una masacre en la que fueron asesinadas 25 personas maya achi, 17 de los cuales eran niñas y niños. La masacre ocurrió en Rancho Bejuco, un pequeño caserío en el departamento de Baja Verapaz, en julio de 1982, durante el gobierno de Efraín Ríos Montt, quien fue condenado por genocidio en 2013, pero cuya condena fue vacada por un tecnicismo por un tribunal superior.
El juicio contra nueve imputados comenzó el 7 de junio de 2023. Entre ellos se encuentran seis hombres que presuntamente integraban las otrora Patrullas de Autodefensa Civil (PAC), que fueron creadas por el Ejército de Guatemala durante el conflicto armado interno como una forma de controlar a la población indígena, y que han sido implicados en graves violaciones a los derechos humanos, incluyendo masacres, desapariciones forzadas y violencia sexual. También son imputados en el caso dos hombres que presuntamente eran comisionados militares que coordinaban las PAC y el ejército, y un teniente coronel del ejército que ya estaba preso y que fue procesado en un caso de desaparición forzada masiva.
El caso está siendo conocido por el Juzgado de Mayor Riesgo “D” de Guatemala, en un momento en que los y las operadores judiciales independientes se encuentran bajo severos ataques. Más de 30 exoperadores de justicia ahora viven en el exilio después de haber enfrentado persecución, intimidación e incluso amenazas de muerte. De hecho, la jueza que originalmente presidía la fase previa al juicio de este caso era Erika Aifán, quien se vio obligada a huir de Guatemala debido a las continuas amenazas en su contra por su papel en investigaciones contra la corrupción, solo dos meses después de que presentara los cargos en el caso. El tribunal escuchará las declaraciones finales de los nueve acusados y podría hacer un receso para convocar el veredicto el mismo día o en una fecha posterior.
El caso Rancho Bejuco es uno de varios relacionados con el conflicto armado interno de Guatemala que actualmente se encuentran en los tribunales del país. Estos han surgido porque los sobrevivientes, las familias de las víctimas y sus aliados en la sociedad civil local e internacional han persistido en presionar por justicia , contra todo pronóstico, a lo largo de los años.
Para antecedentes y actualizaciones sobre el juicio, comuníquese con:
Dra. Jo-Marie Burt en jmburt.wola@gmail.com o al teléfono +1 (703) 946-9714
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El 19 de julio de 1982, el Ejército de Guatemala presuntamente masacró a 25 personas en Rancho Bejuco, un pequeño caserío ubicado en el pueblo de Pacoj en Santa Cruz El Chol, departamento de Baja Verapaz. De las víctimas, 17 eran niñas y niños. La masacre ocurrió durante el gobierno de facto del general Efraín Ríos Montt. Los 17 meses de su gobierno, entre el 23 de marzo de 1982 y el 8 de agosto de 1983, fueron el período más sangriento del conflicto civil guatemalteco, según la Comisión para el Esclarecimiento Histórico (CEH).
Nueve hombres enfrentan hasta 30 años de prisión por su papel en la masacre de Rancho Bejuco. Según la acusación presentada por la fiscalía, seis de los imputados eran miembros de las Patrullas de Autodefensa Civil (PAC), creadas por el Ejército guatemalteco durante el conflicto armado interno para controlar a la población civil, y dos eran comisionados militares que coordinaban las PAC y el Ejército. También está siendo enjuiciado el teniente coronel retirado del Ejército Juan Ovalle Salazar, quien según los fiscales dio la orden de masacrar a los habitantes de Rancho Bejuco en represalia por la negativa de algunas personas a unirse a las PAC. La CEH atribuye aproximadamente uno de cada cinco delitos cometidos durante la guerra interna a las PAC.
La masacre de Rancho Bejuco ocurrió en un contexto de ataques sistemáticos y generalizados del Estado contra la población civil en Baja Verapaz, que se originó durante el gobierno del general Romeo Lucas García (1978-1982) y que continuó durante el sangriento gobierno de Ríos Montt. Los fiscales de la Unidad Especial para la Investigación de Violaciones a los Derechos Humanos durante el Conflicto Armado han pedido al tribunal que condene a cada uno de los imputados a 30 años de prisión. El Juzgado de Mayor Riesgo “D” podría emitir su veredicto el 17 de agosto de 2023.
Durante el juicio, los querellantes presentaron peritajes para esclarecer la relación entre las PAC y el Ejército guatemalteco; informes forenses de la exhumación del lugar de la masacre en 1999, en los que se recuperaron los cuerpos de 15 víctimas y varias fueron identificadas por sus familiares; y decenas de documentos, incluyendo planos militares y documentos que identifican a Ovalle Salazar como teniente coronel, lo conectan con las PAC y lo ubican en Rabinal en la época de la masacre.
Paulina Ixtapá, una de las siete sobrevivientes de la masacre de Rancho Bejuco que ha testificado en este caso, es también una de las 36 mujeres Achi que buscaron justicia por la violencia sexual que sufrieron durante la guerra civil guatemalteca en Rabinal. Por sus esfuerzos colectivos, las mujeres achíes fueron galardonadas con el Premio WOLA de Derechos Humanos de 2023.
Cuando los militares atacaron Rancho Bejuco el 29 de julio de 1982, Paulina tenía 18 años. Ese día perdió a 15 integrantes de su familia, incluidos seis sobrinas y sobrinos, incluyendo uno de nueve meses. Su hermana, que estaba embarazada, también fue asesinada. Paulina y su mamá sobrevivieron a la masacre de Rancho Bejuco porque esa mañana habían ido al mercado. Después de enterarse de que sus familiares habían sido asesinados, huyeron al pueblo de Rabinal en busca de seguridad. Pero al año siguiente, Paulina fue capturada por patrulleros, quienes la acusaron de ser guerrillera. La llevaron al destacamento militar de Rabinal. “Me violaron durante 25 días”, dice Paulina. “Durante nueve meses estuve en manos de los militares. Me obligaron a hacer las tortillas de los soldados”. Su testimonio ayudó a condenar a cinco expatrulleros a 30 años de prisión en enero de 2022 por crímenes de lesa humanidad.
El fallo judicial del 17 de agosto será una prueba crucial para el sistema de justicia en Guatemala. Como ha señalado WOLA, durante la última década, redes formadas por miembros de la élite política y militar de Guatemala, grupos criminales y el sector privado se han movilizado para generar retrocesos en los esfuerzos contra la impunidad. Estos grupos han encontrado una causa común en la actual administración del presidente Alejandro Giammattei, quien ha supervisado el desmantelamiento total de las instituciones que se establecieron para implementar los Acuerdos de Paz. Las acciones del gobierno de Giammattei amenazan con socavar la capacidad de las víctimas de graves violaciones de derechos humanos para acceder a la justicia, la verdad y la reparación.
Para obtener información adicional sobre los antecedentes del juicio, consulte los siguientes artículos:
“Rancho Bejuco: No fuimos nosotros que los matamos. Fue el Ejército”, por Dra. Jo-Marie Burt y Paulo Estrada
“A 25 de los Acuerdos de Paz, urge acabar con la impunidad y avanzar con la justicia en Guatemala”, Pronunciamiento de WOLA
“Esperanza en medio de la oscuridad: las víctimas continúan en su búsqueda de justicia por crímenes del conflicto armado interno de Guatemala”, por Dra. Jo-Marie Burt y Paulo Estrada
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