El 5 de octubre, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) anunció que Estados Unidos había llegado a un acuerdo con el gobierno de Venezuela para llevar a cabo deportaciones de personas ciudadanas de Venezuela que hayan ingresado a Estados Unidos de manera irregular y carezcan de bases legales para permanecer en el país. Este anuncio contradice la decisión de la administración Biden de hace apenas unas semanas de extender y redesignar el Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) para las personas venezolanas en Estados Unidos, debido al peligro que representa su regreso a ese país.
La decisión del TPS del 20 de septiembre otorgaba estatus legal a las personas de Venezuela durante 18 meses, estando a disposición de quienes se encontraran en Estados Unidos desde antes del 31 de julio de 2023. Esa decisión fue bien recibida por WOLA, ya que proporcionaba un salvavidas para quienes buscan refugio en Estados Unidos. Sin embargo, apenas unas semanas después, el secretario del DHS Alejandro Mayorkas, declaró: “Hemos tomado la determinación de que es seguro devolver a los ciudadanos de Venezuela que llegaron a Estados Unidos después del 31 de julio y que no tienen una base legal para permanecer aquí”.
Esta nueva decisión de devolver a personas de Venezuela es reprobable, considerando los riesgos que enfrentan en su propio país y la obligación internacional que tiene Estados Unidos de garantizar que no devolverá a personas a un país donde probablemente enfrentan peligro o persecución (principio de no devolución).
La decisión también ignora la realidad de la situación en Venezuela y va en contra de la propia conclusión de la administración Biden del 20 de septiembre, cuando una Notificación del Registro Federal del DHS señaló que “Venezuela continúa enfrentando una grave emergencia humanitaria debido a una crisis política y económica, así como violaciones y abusos de derechos humanos y altos niveles de criminalidad y violencia, que impactan el acceso a alimentos, medicinas, atención médica, agua, electricidad y combustible, y que han llevado a altos niveles de pobreza”.
Las personas de Venezuela están huyendo de una terrible crisis humanitaria marcada por violaciones masivas de derechos humanos. Las condiciones descritas por el propio DHS han obligado a más de 7,7 millones de personas de Venezuela a marcharse. El país es también el único en la región con una investigación en curso ante la Corte Penal Internacional, pues hay razones para creer que se han cometido delitos de lesa humanidad.
Según las leyes tanto internacionales como estadounidenses, cualquier persona que tema por su vida, su integridad personal o su libertad, tiene derecho a solicitar asilo y al debido proceso. Estados Unidos también tiene herramientas adicionales a su disposición, incluido el TPS, para otorgar estatus legal a personas de un país cuyas condiciones impiden su regreso seguro. Estados Unidos no debe ser un país que deporta personas a países con dictaduras represivas donde pueden enfrentar graves amenazas a sus vidas o a su libertad.
