El restablecimiento del diálogo y de las negociaciones sobre Venezuela, así como los acuerdos firmados el 17 de octubre de 2023 entre la Plataforma Unitaria de la oposición y el gobierno venezolano, representan un primer paso clave hacia una solución pacífica y democrática a la profunda crisis política y humanitaria de Venezuela. La Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA) celebra estos avances.
La mediación del gobierno noruego y el acompañamiento de representantes de Argentina, Barbados, Brasil, Colombia, Francia, México, Rusia, la Unión Europea, los Países Bajos y Estados Unidos han sido fundamentales en este proceso. El apoyo de los actores internacionales es esencial en la construcción de la paz y reconciliación, ya que se encuentran en una posición única para exigir a las partes que rindan cuentas sobre el cumplimiento de los acuerdos.
El Acuerdo Parcial sobre la Promoción de los Derechos Políticos y Garantías Electorales para Todos afirma el compromiso de las partes de acatar la Constitución venezolana y la ley, lo cual implica además la protección de los derechos humanos. El gobierno venezolano y la Plataforma Unitaria acordaron proponer que las elecciones presidenciales se celebren en el segundo semestre de 2024, se actualice el registro electoral, se realicen todas las auditorías previstas al sistema electoral venezolano, se solicite la invitación de misiones técnicas internacionales de observación electoral, se promueva una cobertura equilibrada en los medios de comunicación, y se reconozcan públicamente los resultados electorales, entre otras medidas. WOLA anima a las partes a discutir pasos concretos para implementar estos importantes acuerdos, así como mecanismos de rendición de cuentas.
WOLA también saluda el compromiso de las partes, en el Acuerdo Parcial para la Protección de los Intereses Vitales de la Nación, de acatar las normas del derecho internacional en lo que tiene que ver con el territorio en reclamación de Guyana Esequiba, así como el compromiso de unirse en la protección de los activos venezolanos en el exterior.
Aunque significativos, estos acuerdos deben considerarse como un primer paso hacia diálogos y negociaciones más profundos en torno a asuntos apremiantes. Es sumamente importante que el gobierno venezolano se comprometa a levantar las inhabilitaciones de los candidatos de la oposición cuya participación en las próximas elecciones presidenciales está siendo impedida Estas inhabilitaciones son contrarias a la Constitución venezolana y constituyen una violación del derecho a la participación política consagrado en los tratados internacionales de derechos humanos. El gobierno venezolano también debe comprometerse a dejar en libertad a las personas detenidas arbitrariamente, especialmente por motivos políticos. El gobierno y la oposición también deben priorizar el desarrollo de una respuesta humanitaria más robusta y efectiva para las personas que lo necesiten, incluyendo el cumplimiento del Acuerdo Social firmado en noviembre de 2022.
Por último, instamos al gobierno de Maduro a garantizar que las elecciones primarias de la oposición del 22 de octubre puedan celebrarse sin interferencias. En las elecciones presidenciales de 2024 y en las legislativas, regionales y locales de 2025, deben respetarse todos los derechos humanos. El próximo ciclo electoral ofrece una oportunidad para que los actores políticos de Venezuela manifiesten su voluntad de construir una solución negociada y democrática, al desarrollar y cumplir estos y previos acuerdos, y al trabajar en futuros avances.
