(AP/Matilde Campodonico)
(AP/Matilde Campodonico)
Esta investigación del Colectivo de Estudios Drogas y Derecho (CEDD) analiza la dualidad presente en la región: el discurso prohibicionista y sus efectos en los derechos humanos persisten, a la par de reformas a leyes y políticas relacionadas con el uso del cannabis.
A nivel internacional, América Latina ha estado a la vanguardia de los esfuerzos para promover el debate sobre el fracaso del paradigma prohibicionista y la necesidad de explorar enfoques alternativos. Además, las Américas han desarrollado procesos y esfuerzos para reformar las leyes y políticas del cannabis y han abierto caminos a la regulación que comenzaron en Uruguay. Sin embargo, el panorama actual de la región revela que la tendencia a la criminalización del cannabis y sus conductas asociadas sigue siendo la norma, con manifestaciones que incluyen sanciones administrativas y penales.
El libro, Cannabis en Latinoamérica: la ola verde y los retos hacia la regulación, aborda estos tópicos, resultado de dos años de investigación del Colectivo de Estudios Drogas y Derecho (CEDD)—grupo integrado por investigadores de 11 países de América Latina, de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA por sus siglas en inglés) y del Instituto Transnacional (TNI por sus siglas en inglés).
Con una mirada regional, el informe analiza la forma en que las leyes punitivas de drogas afectan de manera desproporcionada a las y los usuarios, cultivadores y pequeños vendedores de cannabis. Además, muestra las victorias legislativas y electorales que se han promovido en algunos países y que marcan un pulso hacia la reforma en la región.
En 2013, Uruguay se convirtió en el primer país que aprobó legislación y creó un mercado legal a nivel nacional para el cannabis de uso médico y no médico, mientras en 2018 Canadá se convirtió en el primer país G-7 en regular el cannabis para usos adultos. Además, México parece estar comprometido con un rumbo similar en 2020, con el respaldo del gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
Los Estados Unidos ha influido en las transformaciones de América Latina. Desde 2012, once estados y el Distrito de Columbia aprobaron iniciativas populares y leyes para regular el cannabis para usos no médicos (usos adultos o “recreativos”), aun cuando la ley federal continúa prohibiendo cualquier actividad relacionada con esta planta.
Al mismo tiempo, el cannabis medicinal crece a pasos agigantados. En Estados Unidos, 33 de 50 estados y el Distrito de Columbia admiten el uso médico del cannabis. Este uso es legal en Canadá desde 2001. En América Latina, alguna forma de cannabis medicinal está permitida en Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México, Paraguay, Perú y Uruguay. Ecuador ha realizado una serie de reformas a su Código Penal que abren la posibilidad de desarrollar vías de acceso al cannabis con fines “terapéuticos, paliativos o medicinales”. Los países caribeños tambien están revisando sus leyes de cannabis. Por ejemplo, en 2015 Jamaica reformó sus leyes para descriminalizar la posesión, permitir el cultivo de hasta cinco plantas y autorizar el uso con fines religiosos y medicinales.
Esta investigación también muestra, desde diferentes ángulos, que el modelo de la prohibición frente a cannabis fracasó: no solo no ha logrado su propio objetivo, sino que ha generado efectos colaterales y costos en términos de los derechos humanos.
De hecho, para aquellas personas en países donde aún no existen mercados legales, las consecuencias de ser detenidas con cualquier cantidad de cannabis pueden ser severas. Estudios previos del CEDD han mostrado que, a través de la región, las personas que usan cannabis se enfrentan a la estigmatización y el acoso por parte de la policía, y son a menudo detenidas por el cultivo de plantas o la posesión simple de la sustancia. En varios de los países estudiados, las y los usuarios de cannabis constituyen un porcentaje significativo de las personas afectadas por las leyes penales de drogas. En resumen, las duras y desproporcionadas leyes relacionadas con el cannabis en la región causan un daño significativo a las personas, sus familias, sus comunidades y a la sociedad en general.
Este panorama es un urgente llamado a reconocer los daños que ha causado la política actual, así como a pensar en medidas políticas y reglas basadas en evidencia científica, y en los principios de derechos humanos, salud pública y desarrollo sostenible. Los mercados legales y regulados, que se fundamenten en estos principios, tienen la potencialidad de reparar daños y mejorar condiciones de vida para las poblaciones que se involucran con el cannabis.
Además del libro, la investigación de la CEDD sobre cannabis en América Latina incluye cuatro informes breves:
Los informes anteriores de la CEDD se puede encontrar aquí.
