13 Apr 2017 | Análisis

Confrontando el ‘boom’ de la coca en Colombia requiere paciencia y compromiso con los acuerdos de paz

En las extensas áreas del sector rural colombiano, donde es escaza la presencia del gobierno, nuevamente se observan arbustos verdes junto a las carreteras. La altura de estos arbustos alcanzan las rodillas, indicando que estos han sido plantados recientemente. Usualmente los cultivos de coca se pueden detectar en tierras de familias campesinas, que ante los precios fijados por grupos armados y el crimen organizado, optan por cultivos de coca ya que ofrecen mejores ingresos.

Actualmente, Colombia está atravesando un boom de la coca, quizás el más enorme de la historia. Las estadísticas demuestran una explosión en los cultivos de coca, históricamente producida por grupos indígenas en Perú, Bolivia y en algunos sectores de Colombia. Durante siglos estos cultivos han sido empleados por narcotraficantes para producir cocaína.

A través de métodos que no fueron discutidos, el gobierno de EE.UU. estimó que en el 2015, en Colombia se cultivaron alrededor de 159,000 hectáreas de coca. Según las publicaciones recientemente reportadas  por el gobierno Estadounidense, en el 2016, los cultivos de coca alcanzaron o excedieron 180,000 hectáreas por primera vez en la historia de Colombia (La Organización de las Naciones Unidas lanza sus propios estimados con la ayuda de la Policía Nacional en el mes de Junio. Utilizando una metodología explicada en sus reportes , la ONU halló 96,000 hectáreas en el 2015. Aunque los dos estimados presentados son divergentes, ambos tienden a seguir tendencias similares y dan muestras concretas de dicho incremento).

La producción de la cocaína está aumentando simultáneamente al incremento de la coca. En el 2016, las fuerzas de seguridad de Colombia (la Policía y la Naval) retuvieron 379 toneladas de droga, superando records y duplicando la cantidad anual detenida entre el 2010 y 2014. En los primeros meses del 2017, Colombia ya ha retenido más de 51 toneladas.

Aunque algunas investigaciones no logran demostrar que cambios en la oferta de productos ilícitos puede afectar su demanda, las autoridades de EE.UU. señalan que el boom de la coca está afectando el consumo de la cocaína a nivel doméstico. En el 2015, the National Survery on Drug Use and Health (pdf) halló el segundo incremento anual consecutivo en el número de usuarios de cocaína en EE.UU. El Departamento de Estado manifestó a través de un informe de la Estrategia Internacional Control de Narcóticos que  “el número de muertes por sobredosis de cocaína en los Estados Unidos durante el 2015 fue el más alto desde el 2007”. De acuerdo con la DEA (Drug Enforcement Administration), el Departamento de Aduanas y Protección Fronteriza de EE.UU. (pdf) notó un incremento de cocaína confiscada desde el 2014 hacia el 2015 que correspondía a un 56.6 por ciento.

El gobierno estadounidense, la ONU y los analistas señalan distintas razones que razonan el incremento de la producción de coca en Colombia. Estas incluyen:

  1. Desde octubre del 2015, el gobierno colombiano suspendió el programa de aspersión aérea apoyado por el gobierno de EE.UU. y su reemplazo con otras políticas ha sido lento e inefectivo. La suspensión tuvo lugar después de que la Organización Mundial de la Salud determinara que el uso del herbicida glifosato para este propósito era potencialmente cancerígeno para los humanos. El programa de fumigación fue controversial a lo largo de sus 22 años de existencia, y no fue bien recibido por los habitantes rurales. Otra falla fue que los cultivadores de coca fueron eficaces en hallar otras estrategias para continuar cultivando sin acercarse a las áreas fumigadas. En general, la erradicación contó con pocos esfuerzos de coordinación y los esfuerzos para crear una presencia estatal en las áreas abandonadas fue escaso.
  2. Colombia redujo otras formas de erradicación manual. En el 2008, los esfuerzos manuales de erradicación de cultivos patrocinados por solados, policías, e incluso ciudadanos, contribuyeron a la disminución de cultivos post 2008. Sin embargo, el proceso de erradicación manual se llevó a cabo a un alto precio social y humano: más de 200 erradicadores de coca fueron asesinados en la última década y otros 1,000 resultaron lesos, principalmente por ataques guerrilleros o paramilitares. La eliminación manual de cultivos en el 2015 fue menos de un quinto de las 96,000 hectáreas del 2008. Aparte de los peligros del conflicto, el gobierno colombiano también argumenta que la erradicación manual es demasiado costosa en estos momentos y se están empezado a coordinar encuentros con grupos de la oposición para hallar soluciones viables a este problema.
  3. Esfuerzos para acercar al gobierno a las zonas de cultivo y el desarrollo de alternativas a través de programas de erradicación voluntaria, no incrementaron tras la suspensión del programa de aspersión aérea. La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito publicó un reporte en Julio del 2016 criticando: “la reducción general en alternativas de desarrollo para el país entero”. Esto solo está cambiando hasta ahora, desde que Colombia tomó los primeros pasos hacia la implementación de los acuerdos de paz con la guerrilla de las FARC en noviembre del 2016.
  4. El precio del oro en caída. La minería ilícita de metales preciosos ha servido como un “programa alternativo de desarrollo” en muchas áreas de Colombia a partir del 2010 desde que la crisis financiera a nivel mundial empujó los precios hacia niveles estratosféricos. Desde esta caída, el crimen organizado ha revertido a la cocaína.
  5. El dólar se ha fortalecido, aumentando desde 1,800 COP en el 2013 hasta casi 3,000 COP en el 2017. A pesar de que los precios de la coca no han aumentado en términos de dólares, su equivalencia en peso si ya que un kilogramo de hoja de coca subió de 2,150 pesos en el 2014 a 3,000 pesos en el 2015, según reportes de la ONU.
  6. Se difundió que los cultivadores de coca recibirían beneficios tras los acuerdos de paz, motivando a algunos campesinos a unirse a la práctica. En mayo del 2014, el gobierno colombiano y las FARC anunciaron un borrador del acuerdo “para solucionar el problema de los cultivos ilícitos”. En dicho acuerdo, el gobierno se comprometió en firmar tratados con comunidades y familias que se dedicaban a cultivar coca, para que ellos voluntariamente erradicarían sus cultivos a cambio de beneficios (La mayoría de estos beneficios son títulos de propiedad, acceso a los mercados, entre otras responsabilidades elementales del Estado). Durante los dos años y medio del dialogo, se propagó la promesa del gobierno en la que se comprometía a subsidiar a las familias que plantaran coca; dicho mensaje fue esparcido activamente por las FARC de acuerdo con el Departamento de Estado.
  7. Los cultivadores de coca organizaron una resistencia que mitigó los esfuerzos de erradicación. El gobierno, en medio de las negociaciones con la guerrillas, decidió no responder de una manera controversial que podría resultar en una ola de confrontaciones violentas con los campesinos en las áreas de alta concentración de las FARC. Desafortunadamente, el gobierno tampoco actuó incrementando su presencia en dichas zonas ni realizó esfuerzos en garantizarle los servicios básicos a estas poblaciones.

Las razones del boom de la coca son muy complejas y el gobierno colombiano espera que la respuesta del gobierno de EE.UU. reconozca dicha complejidad y se una a los esfuerzos para desarrollar una solución factible y duradera dentro del marco de los acuerdos de paz. Los medios de comunicación expresaron preocupación con la administración conservadora de Estados Unidos y su congreso y temen que la relación bilateral se pueda volver a “narcotizar”. Este término se refiere al posible retroceso a la retórica de los 80 y las políticas prescritas por EE.UU que solo obtuvieron resultados a corto plazo.

Adicionalmente, hay temor de que EE.UU retire su apoyo hacia Colombia y el tratado de paz. En Washington, alarmados por los crecientes cultivos de coca, el gobierno podrá condenar a Colombia para que tome medidas fuertes y reincorpore estrategias de aspersión aérea (no aprobadas pero tampoco prohibidas bajo el tratado de paz).

William Brownfield, el asistente del Secretario de Estado de EE.UU para La Oficina para Asuntos Internacionales de Narcóticos y Ejecución de Ley, estuvo en Bogotá en marzo para discutir la situación de la coca. Durante la administración de Obama, él, junto con otros oficiales de EE.UU expresaron desacuerdo con la decisión de Colombia de suspender la fumigación. No es totalmente claro qué tipo de asistencia recibirá Colombia por parte de Brownfield ya que la Casa Blanca proyecta reducir sus egresos de asistencia internacional- hasta un 37 por ciento– lo que pone en riesgo cualquier potencial incremento en asistencia para Colombia post- proceso de paz.

Uno de los efectos controversiales sería que la posible reducción de apoyo por parte de EE.UU. hacia la implementación de aspectos esenciales para el tratado de paz en Colombia tales como incrementando la presencia gubernamental e implementando programas de restitución de víctimas, podría ser reemplazada por la priorización de esfuerzos de erradicación. Este sería un grave error.

Colombia cuenta con un plan para reducir los cultivos de droga: en el acuerdo de paz explica una “solución para el problema de los cultivos ilícitos” y este incluye la participación de miles de ex miembros de las FARC. Este plan merece apoyo siempre y cuando el gobierno colombiano se mantenga serio y comprometido en su implementación.

La ejecución se ha desarrollado paulatinamente, mientras el gobierno ha firmado tratados con asociaciones locales de cultivos de coca en varios sectores del país. Pero en general, la respuesta general es caótica. el Presidente Juan Manuel Santos anunció un plan de erradicar 100,000 hectáreas este año, mucho más que las 18,000 propuestas para el 2016. De estas, 50,000 hectáreas van a ser erradicadas a la fuerza, mientras las 50,000 restantes se llevarán a cabo tras acuerdos voluntarios. Pero estos dos objetivos parecen ser muy ambiciosos y puede que no cuenten con éxito.

Con el apoyo de EE.UU, empezar por el lado de la erradicación es lo más probable. Esto generaría un incremento en el rol militar en Colombia: la Armada Nacional ya ha erradicado 6,000 hectáreas este año y el Ministerio de Defensa ha creado el Centro de Operaciones Estratégicas para lidiar con campañas de erradicación en Antioquia, Nariño y Norte de Santander. En algunas ocasiones, policías o civiles optan por arrancan las plantas de coca del suelo. También está aumentando el uso de glifosato bajo el argumento que las minas antipersonales dificultan y arriesgan la tarea de acercarse a las plantas; a demás, las nuevas formas de dispersión manual no son tan dañinas como las previamente utilizadas en las aspersiones aéreas.

El esfuerzo a favor de la erradicación voluntaria descrito en el tratado de paz está en camino, pero se encuentra en la fase experimental. Las asociaciones de cultivadores de coca se han formalizado en diversas localidades del país para negociar acuerdos de erradicación con el gobierno; algunos incluso se han afiliado con organizaciones como: Coordinadores de Coca, Poppy, Cultivadores de Marijuana o COCCAM. Varias comunidades han firmado pactos de erradicación en partes de Caquetá, Guaviare, Norte de Santander, Putumayo y Vichada. Estos pactos involucran alrededor de 55,000 familias responsables por el cultivo de aproximadamente 38,000 hectáreas. Cada familia puede recibir asistencia de hasta $10,000 USD por el periodo de dos años, siempre y cuando puedan erradicar su coca dentro de un año. (Estos acuerdos solamente le costarían al país $275 millones de dólares al año por un periodo de dos años consecutivos). La asistencia también incluye títulos de propiedad, que se necesita en desesperación, pero no incluye elementos necesarios como carreteras desde las fincas hasta mercados u otras soluciones permanentes o duraderas.

No obstante, han habido reportes de erradicación forzada en comunidades que aún no eran partícipes firmantes de los acuerdos de substitución de cultivos. El primero de marzo, varios cultivadores de coca en Los Alpes, Guaviare presenciaron cuando la policía eliminaba sus cultivos del día luego de firmar un pacto de erradicación voluntaria. Este hecho contrasta el espíritu de consulta y colaboración con las comunidades locales que el gobierno había prometido en el tratado. Aunque este hecho pudo haberse dado debido a la falta de coordinación, mala fe, u otros motivos, estas inconsistencias pueden afectar la implementación del acuerdo en algunas partes del país.

Todavía hay incertidumbre sobre si Colombia puede o no implementar los acuerdos voluntarios de reducción de coca de manera oportuna, especialmente conociendo que el gobierno de Juan Manuel Santos se encuentra en sus últimos meses. Daniel Rico, analista que trabajó para el programa de erradicación, considera que el plan de erradicación voluntaria es “desproporcionado y le falta un sentido de la realidad.

Las erradicaciones manuales en Los Alpes, Guaviare el primero de marzo. Foto publicada por el grupo investigativo Colombia Verdad Abierta.

Otra preocupación es la capacidad del gobierno para implementar todo lo que ha prometido, tanto en el tratado de paz como en otras instancias. Su desempeño mediocre en la organización de las Zonas de Normalización dejó a numerosos perplejos. Estableciendo un Estado funcional con poca impunidad en vastos territorios sin presencia gubernamental es un aspecto clave para contrarrestar la creciente ola de ataques en contra líderes sociales y es necesario para prevenir que otros grupos armados ilegales puedan asumir control sobre territorios anteriormente dominados por las FARC. Gobernar áreas previamente abandonadas es una tarea difícil, pero debe realizarse.

El mapa señala en zonas rojas las áreas que necesitan presencia gubernamental de carácter urgente (tomados de un reporte del gobierno colombiano presentado en Julio del 2016 en el Wilson Center).

Colombia tiene un plan y reconoce la problemática; el gobierno de los Estados Unidos puede ayudar, pero este plan no va a abarcar resultados inmediatos. Sí, Colombia debe moverse rápido para cumplir con sus compromisos, pero urgimos a Colombia y a EE.UU. a tener cuidado en retomar políticas y acciones a través de soluciones que aparentan ser fuertes pero que fallado en el pasado. No se puede obligar a Colombia a renunciar planes de aumentar su presencia estatal y reemplazarlos por programas de erradicación, especialmente si se trata de la aspersión aérea.

Nuestros dos países han construido una buena relación de trabajo. Esa relación permite que el gobierno de EE.UU tenga fe y confianza en el programa de erradicación voluntaria y la manera en que está diseñado. Esta confianza sin embargo, debe ir de la mano del monitoreo de los avances y los pasos del plan. Los Estados Unidos, otros gobiernos que apoyan el tratado, organizaciones internacionales, y organizaciones no gubernamentales como WOLA deben continuar observando la situación de Colombia en los próximos años, para verificar que el gobierno, las FARC, así como las comunidades cultivadoras de coca, estén cumpliendo con sus compromisos descritos en el tratado.

Esta nueva estrategia promete reducciones permanentes en los cultivos de coca y en los últimos meses del gobierno de Santos, se debe demostrar a través de hechos concretos que sí se está aprovechando está oportunidad histórica que ha brindado el tratado de paz con las FARC.