(AP Photo/Fernando Vergara)
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Washington, D.C.—El 22 de abril, en una comunidad indígena del suroccidente de Colombia, una persona murió y otros tres fueron heridos durante una protesta pacífica contra una operación policial de erradicación forzada de coca. Miembros del equipo policial que acompañaron a los erradicadores dispararon contra un grupo de indígenas Awá, quienes estaban intentando iniciar un diálogo sobre por qué las autoridades indígenas no fueron consultadas acerca de la erradicación planeada, como lo exige la ley. Esta es la segunda muerte relacionada con las operaciones de erradicación forzada desde que Colombia inició una cuarentena nacional a finales de marzo.
A pesar de que el gobierno colombiano ha impuesto una estricta cuarentena nacional, se han intensificado las operaciones de erradicación forzada durante la pandemia del COVID-19. Este tipo de operaciones, que a menudo requiere el despliegue de la fuerza pública sin equipo de protección adecuado, ha desatado tensiones en seis departamentos colombianos. Además de las preocupaciones sobre la propagación del COVID-19 por el despliegue de la fuerza pública, la agresiva campaña de erradicación ha ignorado elementos clave del histórico acuerdo de paz de 2016.
El gobierno colombiano no había consultado con la comunidad antes de la operación que resultó en la muerte de un miembro de la comunidad indígena y tres heridos en el suroccidente de Colombia. Además, en muchos otros municipios que registraron operaciones de erradicación en el último mes, el gobierno colombiano ha fallado sistemáticamente en entregar pagos y avanzar otros proyectos productivos relacionados con programas de sustitución de cultivos, tal como lo establece el cuarto capítulo de los acuerdos de paz.
La intensificación de los operativos de erradicación forzada por parte del gobierno de Duque ha sido impulsada en gran parte por una agresiva campaña de presión por parte de los Estados Unidos. Citando las crecientes tasas de producción y cultivo de coca, el gobierno de Trump ha presionado al gobierno colombiano a ampliar sus grupos de erradicación manual, ya que en el 2017 habían 25 grupos en comparación a hoy en dia que hay casi 150 grupos. Con esta rápida expansión, se ha dejado atrás cualquier tipo de guía sobre los protocolos para el uso de la fuerza por parte de la fuerza pública que acompaña a los equipos de erradicación manual. Esto pone en peligro a las comunidades rurales cuando estos grupos de erradicación entran a sus territorios para destruir lo que es, para muchas familias, su única fuente fiable de ingresos, ya que los enfrentamientos que puedan ocurrir podrían involucrar el uso de la fuerza excesiva o letal.
Además del aumento de las operaciones de erradicación de coca durante la cuarentena nacional, Colombia no ha visto una dismunición de la cifra de ataques y amenazas contra los líderes sociales, incluidos aquellos que abogan por la implementación del cuarto capítulo del acuerdo de paz. El 22 de abril, en un solo día, tres personas de un consejo comunitario local en el departamento de Nariño, ubicado en el suroccidente de Colombia, fueron asesinadas por un grupo disidente de las FARC; otro líder social, que formó parte de la Marcha Patriótica, un movimiento político izquierdista, fue asesinado en el departamento de Cauca; y dos más fueron asesinados en otras partes del Cauca. Varias comunidades afrocolombianas del Cauca y del departamento del Chocó también han expresado su preocupación e indignación por las operaciones de erradicación y las amenazas de los grupos armados en su zona. Según Indepaz, al menos 71 líderes sociales fueron asesinados durante los primeros tres meses del 2020 y otra docena ha sido asesinada desde que comenzó la cuarentena nacional en Colombia.
El gobierno colombiano necesita investigar, rápidamente y de manera rigurosa, los asesinatos de los líderes sociales para ponerle un fin a la impunidad y lograr condenas para los autores intelectuales de estos crimenes. Además, en lugar de una política de drogas que enfatiza la erradicación forzada de coca, el gobierno colombiano debe cumplir con los compromisos pactados en el acuerdo de paz de promover la reforma rural, el desarrollo sostenible, y el establecimiento de una presencia estatal en las zonas del cultivo de coca. Por último, dado el número de líderes del Coordinador Nacional Agrario y la Marcha Patriótica que han enfrentado ataques y amenazas violentas, todos los actores armados, incluidos los grupos disidentes de las FARC y las fuerzas gubernamentales, deben evitar involucrar a los civiles en los conflictos armados.
