(AP Photo/Moises Castillo)
(AP Photo/Moises Castillo)
Marco Antonio González Taracena se tapa la cara, irritado porque los fotógrafos de la sala quieren sacarle una foto. A sus 79 años, el general retirado del ejército y una vez ministro de Defensa tiene un aspecto frágil, vestido en una bata de hospital y sentado en silla de ruedas. Su abogado ha dicho que tiene cáncer.
La Fiscalía de Derechos Humanos de Guatemala dice que entre 1983 y 1985, González Taracena fue jefe de una unidad de inteligencia y operaciones del Estado Mayor Presidencial (EMP) conocida como “El Archivo”. El mero nombre “El Archivo” inspira terror entre los guatemaltecos, pues despierta recuerdos de las operaciones clandestinas de inteligencia contra disidentes políticos con las que eran secuestrados en sus casas, sus lugares de trabajo o en las calles, para ser llevados a centros de detención secretos donde eran interrogados y torturados, y luego ejecutados o desaparecidos forzosamente.
Según la Comisión para el Esclarecimiento Histórico, durante los 36 años de conflicto armado interno de Guatemala (1960-1996), 45.000 personas fueron desaparecidos forzosamente, la mayoría a manos del ejército. Un total de 200.000 personas fueron asesinadas y otro millón fueron desplazadas forzosamente en un país que en 1985 tenía ocho millones de habitantes.
El caso contra González Taracena y más de una docena de otros militares y policías retirados se basa en un documento de inteligencia militar conocido como el Diario Militar, o el “Dossier del Escuadrón de la Muerte”. El documento, que se filtró al Archivo de Seguridad Nacional y se hizo público en 1999, registra las operaciones de vigilancia que condujeron a la detención ilegal de 195 disidentes políticos durante el gobierno de facto del general Óscar Humberto Mejía Víctores (1983-1986). Una vez capturadas, fueron interrogados y sometidos a torturas y otras formas de trato cruel e inhumano; varios fueron ejecutados, mientras otros fueron desaparecidos forzosamente. Unos cuántos lograron salir con vida.
Marco Antonio González Tararecena durante la audiencia. Foto: Verdad y Justicia Guatemala
Mejía Víctores llegó al poder con un golpe de Estado en contra del general Efraín Ríos Montt (1982-1983), bajo cuyo mandato fue ministro de Defensa. Continuó con las políticas represivas iniciadas bajo Ríos Montt y los gobiernos militares anteriores, centrándose especialmente en los líderes políticos, sindicales y universitarios en la capital y otros centros urbanos.
El documento registra los nombres de 195 disidentes capturados por las fuerzas de seguridad entre 1983 y 1985. Incluye las fotografías y otros datos de 183 de ellos, además de su afiliación política, su pseudónimo, y detalles sobre su paredero. En algunas entradas hay anotaciones indicando que las personas fueron asesinadas o desaparecidas: “se fue” o “se lo llevó Pancho”. En otras, aparece el número “300”, un código que significa que la víctima fue asesinada, junto con la fecha de su muerte.
Al menos 15 de las víctimas que figuran en el Diario Militar fueron asesinadas, mientras que 131 fueron desaparecidas forzosamente. Hasta la fecha, sólo se han localizado e identificado ocho de ellas. Seis fueron localizadas en una fosa común, con señales de haber sido torturadas y ejecutadas extrajudicialmente, dentro de un destacamento militar de Chimaltenango e identificados utilizando ADN. Dos más fueron localizados en el cementerio La Verbena en la Ciudad de Guatemala.
Los cargos contra González Taracena incluyen 14 cargos de desaparición forzada, tres cargos de homicidio, una tentativa de homicidio y 21 cargos de crímenes contra la humanidad.
En el momento de su detención el 27 de mayo de 2021, González Taracena era vicepresidente de la Asociación de Veteranos Militares de Guatemala (Avemilgua), fundada en 1995 por poderosos militares oficiales retirados, irritados por la idea de firmar un acuerdo de paz con la guerrilla, que consideraban derrotada.
Varios de estos oficiales, incluido González Taracena, han sido vinculados a la Cofradía, una red de oficiales de inteligencia militar retirados conectados por sus acciones en la guerra, que utilizaron su influencia para desarrollar sofisticadas estructuras conocidas como CIACS (Cuerpos Ilegales y Aparatos Clandestinos de Seguridad) dedicados a actividades ilícitas como tráfico de drogas y lavado de dinero.
Avemilgua ejerce una importante influencia en la Guatemala posguerra. En los años inmediatos a la firma de la paz, sus miembros ocuparon importantes posiciones de poder, a menudo detrás del escenario, para garantizar sus intereses —y, especialmente, su impunidad—. La organización estuvo en contra de la creación de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), que había hecho importantes avances en la lucha contra las estructuras ilegales y las redes de crimen organizado, y ejerció presión contra esta hasta que logró su objetivo de que se retirara definitivamente de Guatemala en 2019.
Cuando el Ministerio Público comenzó a procesar penalmente a oficiales militares retirados sindicados como responsables de graves violaciones a los derechos humanos durante el conflicto armado interno, Avemilgua se puso a toda marcha. Durante el juicio por genocidio de 2013 contra Ríos Montt —la primera y única vez que un ex jefe de Estado ha sido procesado por crímenes de guerra en Guatemala— lanzó una campaña multifacética para desacreditar a los involucrados en el caso, especialmente a la fiscal general de entonces, Claudia Paz y Paz.
En 2019, González Taracena lideró los esfuerzos para presionar al Congreso para revisar la legislación actual, de modo que los exoficiales condenados por crímenes contra los derechos humanos quedaran en libertad y se prohibieran nuevos juicios en el futuro.
Hoy, la suerte de González Taracena, junto con la de otros ocho exfuncionarios militares y policiales, está en manos del juez Miguel Ángel Gálvez, del Juzgado de Alto Riesgo “B”. Gálvez, juez de instrucción del caso, está evaluando las pruebas aportadas por los demandantes para determinar si son suficientes para enviar a juicio a los exfuncionarios. La defensa intentó apartar a Gálvez del caso, presentando una moción de recusación en su contra el año pasado, aduciendo que el juez no era imparcial porque, entre otras cosas, utilizaba “literatura de izquierda”, en referencia al informe final de la Comisión de Esclarecimiento Histórico. La Corte Suprema de Justicia rechazó la moción.
Audiencia del caso Diario Militar Foto: Verdad y Justicia Guatemala
No es de extrañar que quisieran apartar a Gálvez. Conocido por su inquebrantable independencia, Gálvez ha enviado a juicio a algunos de los hombres más poderosos de Guatemala, entre ellos Ríos Montt, por genocidio, y el general retirado y expresidente Otto Pérez Molina, por fraude aduanero.
Se espera que Gálvez dicte su resolución a inicios o mediados de mayo. Se celebrarán audiencias de la fase probatoria por separado para otros cuatro funcionarios. Cuatro personas más buscadas en el caso están en calidad de fugitivos.
Dada la casi total impunidad existente en Guatemala en el momento en que se hizo público el “Dossier del Escuadrón de la Muerte”, en 20015 las familias de las víctimas llevaron el caso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). La CIDH lo elevó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que en 2012, emitió sentencia. En la misma, determinó que el Estado de Guatemala era responsable de las muertes, desapariciones forzadas y otros delitos registrados en el documento y le ordenó, entre otras medidas, que investigara, procesara y sancionara a los responsables. Pero no fue hasta 2021 que se dieron las primeras capturas en el caso: el 27 de mayo fueron aprehendidos 11 militares y policías retirados.
En el primer día de las audiencias de la primera declaración, que comenzaron el primero de junio de 2021, el coronel retirado del ejército Jacobo Esdras Salán Sánchez, uno de los siete hombres que evadieron la detención en mayo, se presentó en la sala. Solicitó medidas sustitutivas, pero el juez negó la solicitud y lo envió a prisión preventiva junto con los otros sindicados.
A sus 68 años, Salán Sánchez es una figura alta y corpulenta. Toma notas de forma prolífica durante las audiencias. Con sus gafas de búho y su cárdigan de punto beige abotonado, podría confundirse por un profesor universitario. Durante las audiencias, su esposa, una mujer diminuta y discreta, se sienta junto a él o cerca. Durante los recesos, almuerza y habla animadamente con él, a veces dándole abrazos furtivos como si fueran las únicas personas en la sala. Su hijo también asiste a las audiencias, aunque no tan religiosamente como su esposa.
En la época de los crímenes registrados en el Diario Militar, Salán Sánchez era el subjefe del curso de entrenamiento y operaciones especiales de las fuerzas especiales, conocidos como Kaibiles. Según la fiscalía, Salán Sánchez coordinaba y operaba con la unidad de contrainteligencia de la Dirección de Inteligencia del Ejército (D-2). También alega que fue uno de los torturadores.
Álvaro René Sosa Ramos es una de las pocas personas que sobrevivió al Archivo y vivió para contarlo. En el Diario Militar figura con la ficha número 87. Sosa Ramos logró escapar de sus captores, tras soportar salvajes torturas físicas y psicológicas, y se refugió en la Embajada de Bélgica. El embajador lo llevó a un hospital para que fuera tratado de una herida de bala y posteriormente salió del país. Sosa Ramos es uno de los testigos estrella de la acusación. No sólo sobrevivió para contar lo que vivió dentro de un centro de detención militar clandestino, también habría identificado a Salán Sánchez como uno de los Kaibiles que lo capturaron y lo sometieron a atroces formas de tortura.
Acta No. 87 del Diario Militar, de Alvaro Rene Sosa Ramos. Foto: Verdad y Justicia en Guatemala.
Al igual que González Taracena, Salán Sánchez está acusado de formar parte de una estructura clandestina que detuvo ilegalmente, torturó, ejecutó o hizo desaparecer por la fuerza a disidentes políticos. Se enfrenta a tres cargos de desaparición forzada, un homicidio, una tentativa de homicidio y diez cargos de crímenes contra la humanidad.
El nombre de Salán Sánchez también aparece en relación con varias de las redes criminales formadas por oficiales de inteligencia militar que se involucraron en actividades criminales ilícitas en la Guatemala posguerra. La Oficina de Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA) informa que Salán Sánchez ha sido vinculado a la estructura de crimen organizado conocida como la Red Moreno, pero también al grupo “Salvavidas” y a la Cofradía. Según informes periodísticos, es cercano al general retirado del ejército, Luis Francisco Ortega Menaldo, que de 1991 a 1993 fue jefe del Estado Mayor Presidencial (EMP), y se rumora que es uno de los hombres más poderosos de Guatemala.
Según WOLA, ante la insistencia del gobierno de Estados Unidos, Salán Sánchez fue obligado a renunciar al ejército a finales de la década de 1990 debido a sus presuntos vínculos con el narcotráfico. Sin embargo, mantuvo su poder, sobre todo tras la elección de Alfonso Portillo, que ascendió a la presidencia en 2000 con el Frente Republicano Guatemalteco (FRG), el partido de Ríos Montt. Salán Sánchez y Ortega Menaldo fueron algunos de los asesores más cercanos de Portillo. Años más tarde, en el marco de sus investigaciones sobre una serie de redes ilícitas, la CICIG persiguió a Sálan Sánchez por el desfalco de 120 millones de quetzales (US$16 millones) del Ministerio de Defensa durante el gobierno de Portillo, lo cual resultó en su condena en 2014. Portillo fue extraditado a Estados Unidos por lavado de dinero y estuvo un año y medio en prisión. Ortega Menaldo nunca ha sido juzgado.
Los grupos de derechos humanos han implicado a Salán Sánchez en otros casos de violaciones de derechos humanos, como el secuestro y asesinato de varios estudiantes de la Universidad pública de San Carlos en 1989 y el asesinato del ciudadano estadounidense Michael Devine en 1990.
Una semana después de las detenciones en el caso del Diario Militar, congresistas del Partido Valor, de Zury Ríos, hija de Efraín Ríos Montt, presentaron un nuevo proyecto de ley al Congreso que busca la extinción de toda responsabilidad penal por cualquier delito cometido durante el conflicto armado interno. Si este proyecto se convirtiera en ley, se cerraría el caso del Diario Militar.
Desde las capturas en el caso ha habido otros contragolpes. La jefa de la Fiscalía de Derechos Humanos, Hilda Pineda, fue destituida y trasladada a otra unidad; muchos creen que fue una represalia por su investigación de este caso. El año pasado, los demandantes, los fiscales y el juez del caso denunciaron haber sido seguidos y recibido mensajes intimidatorios durante el proceso de comparecencia.
En el contexto actual de ataques sostenidos a la independencia judicial y de amenazas contra los defensores de los derechos humanos por parte de los poderes paralelos que han albergado a hombres como González Taracena y Salán Sánchez, el futuro del caso del Diario Militar sigue siendo incierto. Sin embargo, después de esperar casi cuatro décadas para que llegara su día en los tribunales, las familias de las víctimas se mantienen firmes en sus demandas de verdad y justicia.
*Este artículo fue publicado originalmente en inglés el medio digital salvadoreño El Faro el 9 de febrero de 2022 y republicado con autorización. Ver el artículo original aquí.
Jo-Marie Burt es profesora de ciencia política en la Universidad George Mason y es investigadora principal en la Oficina de Washington para Latinoamérica (WOLA, por sus siglas en inglés). Ha publicado ampliamente sobre violencia política, derechos humanos y justicia transicional en América Latina.
Paulo Estrada investiga las violaciones de los derechos humanos en tiempos de guerra y es miembro de Familias de Detenidos y Desaparecidos de Guatemala (FAMDEGUA). Burt y Estrada son fundadores y codirectores de Verdad y Justicia en Guatemala, que observa e informa sobre los juicios por crímenes de guerra en Guatemala. Están en Twitter @VerdadJusticiaG.
