Honduras está sufriendo una ola de crimen y violencia – las tasas de homicidios son las más altas del mundo, según la ONU. La violencia resulta de múltiples factores, desde el crimen común y extorsiones hasta la violencia relacionada con pandillas, actividades del crimen organizado, y la violencia política. La situación se ve agravada por la impunidad endémica en el país, la que empeoró después del golpe de estado del 2009.
La situación es compleja, pero uno de los obstáculos principales en combatir la violencia en Honduras es la corrupción policial y su participación en la delincuencia. Policías corruptos han ido más allá de aceptar sobornos o poner grupos criminales sobre aviso y están participando en (y en algunas ocasiones dirigiendo) operaciones criminales y asesinatos.
Abordar la necesidad urgente de enfrentar el nexo profundo entre la policía y las organizaciones criminales y llevar a cabo una depuración y reforma efectiva de la policía y otras instituciones penales será un gran reto. La creación reciente de la Comisión de Reforma de la Seguridad Pública, un órgano independiente encargado de supervisar la depuración policial y el desarrollo de propuestas para reformar el sistema de seguridad ciudadana es un paso adelante. Sin embargo, su eficacia y éxito dependerá en gran parte del compromiso y la voluntad política de parte de las autoridades de abordar el problema.
WOLA invitó recientemente a Leticia Salomón, una experta en seguridad ciudadana en la Universidad Autónoma de Honduras (UNAH), a Washington, D.C. para discutir la situación actual y maneras de abordar el tema de índices de crimen y violencia en el país que continúan aumentando. Actualmente, Salomón forma parte del grupo consultivo que acompaña a Julieta Castellanos, la rectora de la UNAH, para promover la reforma de la Policía Nacional y la modernización del sistema jurídico.
En esta entrevista con WOLA, Salomón da un panorama de los desafíos de seguridad que enfrenta Honduras. Detalla las responsabilidades de la Comisión y como su trabajo puede ayudar a resolver los problemas subyacentes de la corrupción policial, la impunidad, y las debilidades institucionales en el país. También explica como la sociedad civil nacional e internacional pueden hacerse parte del trabajo de la Comisión a lo largo de su mandato de tres años para animar sus labores y asegurar la rendición de cuentas dentro de la policía y el sector judicial.
