4 Aug 2015 | Análisis | Noticias

Gobierno de México debe investigar la serie de asesinatos de periodistas de Veracruz

Por Maureen Meyer Clay Boggs

Una vez más, la muerte de un periodista provee una ilustración alarmante de las amenazas y la violencia que enfrentan los periodistas y defensores de derechos humanos en México. El asesinato de Rubén Espinosa, un fotoperiodista cuya cobertura de las cuestiones sociales en el Estado de Veracruz le valió la ira de los funcionarios estatales, plantea también serias dudas sobre el preocupante patrón de homicidios de periodistas en México, en particular los de Veracruz.

En los últimos años, Veracruz se ha vuelto especialmente peligroso para las vidas de periodistas: cuatro de los siete periodistas asesinados este año eran de ese estado y 13 periodistas de Veracruz han sido asesinados desde que el gobernador Javier Duarte asumió el cargo en 2010. De acuerdo con la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos Contra la Libertad de Expresión (FEADLE), 43 periodistas fueron asesinados en todo México entre 2010 y 2014. El Comité para la Protección de los Periodistas, que determina si los periodistas son asesinados por motivos relacionados con su trabajo, ya ha confirmado los motivos para el asesinato de dos periodistas de Veracruz este año. Armando Saldaña Morales de “La Ke Buena 100.9 FM” fue asesinado entre el 2 de mayo y el 04 de mayo, justo al otro lado de la frontera entre Oaxaca y Veracruz (él vivía y trabajaba en Veracruz). Saldaña Morales había informado sobre la participación del crimen organizado en el robo de petróleo de los oleoductos. José Moisés Sánchez Cerezo de La Unión fue asesinado el 2 de enero; su cuerpo fue encontrado decapitado y desmembrado. Él había denunciado con frecuencia actividades criminales y criticaba a los funcionarios locales, en particular al acalde, Omar Cruz Reyes, así como el gobernador Duarte. La procuraduría general de justicia del estado ha indicado que el acalde Cruz pudo haber estado involucrado.

VÉASE TAMBIÉN: El Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas en México: desafíos y oportunidades

Este patrón parece haber continuado el 31 de julio con el descubrimiento de los cuerpos de cinco jóvenes que habían sido asesinados brutalmente en un barrio de clase media en la Ciudad de México. Una de las víctimas fue Rubén Espinosa. Trabajaba para dos revistas mexicanas reconocidas, Proceso y Cuartoscuro. Espinosa había cubierto los movimientos sociales y los derechos humanos en Veracruz y denunciaba los ataques en contra de los periodistas en ese estado, frecuentemente por parte de funcionarios estatales. Como resultado, él se convirtió en una víctima de acoso y ataques y en junio del 2015 huyó de Veracruz, en busca de un refugio seguro en la Ciudad de México.

Este asesinato, que incluyó el asesinato de tres mujeres que vivían en el apartamento y una limpiadora, se está cubriendo ampliamente en los medios de comunicación mexicanos y ha añadido nueva leña al creciente descontento popular en México. Miles de mexicanos han salido a las calles para protestar en contra de su asesinato y la impunidad casi total de los ataques contra periodistas en el país. Usando el hashtag #JusticiaParaRuben, activistas, periodistas y analistas han utilizado Twitter para pedir una investigación sobre la muerte de Espinosa.

El asesinato es un recordatorio terrible de las amenazas a la libertad de expresión en México. México es uno de los países más peligrosos en las Américas para ejercer el periodismo: 102 periodistas fueron asesinados entre 2000 y 2014, de acuerdo con FEADALE. La misma agencia informa que 24 periodistas fueron desaparecidos durante el mismo período.

Por otra parte, el gobierno de México ha fallado proveer los periodistas con una protección eficaz contra las amenazas. En 2012, una exitosa campaña liderada por los periodistas y los defensores de los derechos humanos llevó a la creación del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. Este Mecanismo ha recibido el apoyo del gobierno de los Estados Unidos y del embajador saliente de Estados Unidos en México, Anthony Wayne. En febrero de 2015, WOLA y Brigadas Internacionales de Paz documentaron las varias formas en que el Mecanismo ha caído muy por debajo de su mandato de proporcionar protección urgente a los defensores y periodistas que se encuentran en riesgo. Sus deficiencias son muchas. Cambios en el personal y el liderazgo han sido frecuentes; su presupuesto es ineficiente; las medidas de protección son a menudo ineficaces; y frecuentemente las autoridades estatales y locales no son cooperativas.

Un nuevo informe de las ONGs que participan en la supervisión del Mecanismo (Espacio OSC), publicado el 28 de julio de 2015, subraya aún más la debilidad del Mecanismo. Este informe, 2º Diagnóstico Sobre la Implementación del Mecanismo Federal de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, analizó 59 casos en el marco del Mecanismo, encontrando que el Mecanismo sufre una falta de recursos, de personal y de apoyo político.

El resultado de esta violencia generalizada contra el periodismo es una creciente autocensura que plantea preguntas inquietantes acerca de la libertad de prensa en México. Como dijo Alfredo Corchado, Jefe del Bureau de Dallas Morning News ubicada en la Ciudad de México, en una audiencia ante el Congreso de Estados Unidos el 28 de julio, "Hoy en día, hay regiones en México donde los periodistas han optado por autocensurarse. En otras palabras, no ven nada, y no dicen nada. Estos son conocidos como regiones de silencio”.

Se necesitan con urgencia mejoramientos en las medidas de protección a corto plazo para los periodistas, pero tales medidas también deben ir acompañadas de investigaciones efectivas. Ya sea debido a la falta de voluntad o falta de capacidad, el gobierno de México no ha investigado las amenazas contra periodistas: el Comité para la Protección de los Periodistas informa que sólo el 10 por ciento de los asesinatos de periodistas desde 1992 han dado lugar a una condena. De acuerdo con la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), en 2013 los perpetradores en el 89 por ciento de los casos de asesinatos y desapariciones de periodistas nunca fueron investigados o sancionados. A menos que el gobierno mexicano intensifica sus esfuerzos para proteger a los periodistas y enjuiciar a los responsables de estos crímenes, su expresado compromiso a la libertad de expresión, son nada más que palabras en contra de una realidad de asesinatos y agresiones en contra de periodistas en el país.