(AP Photo/Fernando Antonio)
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A menos de una semana de las elecciones generales que se llevarán a cabo el 28 de noviembre de 2021 en Honduras para la Presidencia, el Congreso y los gobiernos municipales, continúan graves preocupaciones sobre el proceso electoral y la violencia que pueda desatarse. Con algunas encuestas sugiriendo que el Partido Nacional no encabeza las elecciones, el fantasma de las irregularidades y la violencia de las elecciones de 2017, y la falta de reformas electorales sustanciales, Honduras está en la mirada para determinar qué pasará con el proceso electoral y lo que espera el país en los próximos cuatro años.
Preocupa que las elecciones de este noviembre sean definidas por inconsistencias y violencia, siguiendo las elecciones igualmente espantosas de 2017, que según la OEA no arrojaron resultados claros—si bien fueron rápidamente reconocidos por la administración de Trump—. Sin resultados satisfactorios por parte de los observadores electorales internacionales independientes y tras desestimar el llamado de la OEA de nuevas elecciones, la declaración de Juan Orlando Hernádez como ganador—después de que en una situación sin precedentes buscará un segundo mandato, tras la decisión de la Corte Suprema de Justicia de eliminar el límite de un solo periodo presidencial—escaló la crisis política y marcó nuevos niveles de incredulidad en la democracia del país. Un intento similar de reelección por parte del expresidente José Manuel Zelaya Rosales llevó a su derrocamiento en el golpe de Estado de 2009, que puso en peligro la democracia en Honduras y dio lugar a una dramática expansión del crimen organizado en el país.
Después de las elecciones de 2017, los políticos hondureños prometieron que realizarían reformas electorales en busqueda de elecciones seguras y transparentes, para apaciguar las preocupaciones de los ciudadanos hondureños y de la comunidad internacional. En 2019, las autoridades electorales se sometieron a cambios, y el Tribunal Supremo Electoral (TSE) fue sustituido por el Consejo Nacional Electoral (CNE) y el Tribunal de Justicia Electoral (TJE), un cambio que separó las funciones de justicia electoral de las administrativas. Pero el Congreso Nacional no aprobó una ley procesal electoral que orientara la jurisdicción del TJE, disminuyendo su poder de impartir justicia. En mayo de 2021, una nueva ley electoral incluyó cambios en la composición de las mesas de votación (que ahora tendrán cinco miembros: los tres partidos mayoritarios tienen asientos garantizados y los demás rotativos), como la transmisión de los resultados preliminares y el software de huellas digitales. Aunque se trata de un cambio positivo, críticos destacan que no se incluyeron varias reformas significativas, incluyendo la participación de los ciudadanos en las mesas de votación y una segunda vuelta electoral, como propusieron las organizaciones de la sociedad civil. Además, los déficits presupuestarios y los retrasos han arrojado dudas sobre si la tecnología para la identificación de huellas dactilares estará disponible y completamente funcional para cuando los hondureños vayan a las urnas y sean transmitidos los resultados —incluso a pesar de que así lo exige la ley—.
Un incremento en violencia política ha plagado el actual ciclo electoral. Hasta el 13 de noviembre, el Observatorio Nacional de la Violencia (ONV) de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) había registrado más de 60 casos. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) en Honduras expresó su preocupación por los asesinatos de candidatos políticos, sus familias y activistas. Esto incluye un ataque contra la diputada Olivia Marcela Zúniga Cáceres, miembro del Partido Libertad y Refundación (Partido LIBRE) e hija de la asesinada defensora de los derechos medioambientales Berta Cáceres. En contraste, durante y después de las elecciones del 2017, se registraron 50 casos de violencia electoral.
Los resultados insatisfechos de las elecciones de noviembre de 2017 desencadenaron protestas que fueron reprimidas con fuerza excesiva por parte de la policía militar, resultando en la muerte de decenas de civiles y la detención arbitraria de unas 1351 personas. Cualquier protesta en 2021 puede confrontar un nivel similar de violencia y resistencia, una preocupación que se ve exacerbada por una ley de octubre de 2021 que podría limitar el derecho a la protesta, si la actividad se clasifica como una “conducta de usurpación”, que supuestamente restringiría a otras personas de realizar actividades en espacios públicos.
Actualmente existen riesgos relacionados con el proceso de votación en sí. Los hondureños necesitarán un nuevo Documento Nacional de Identificación que será la única identificación aceptable para asuntos oficiales, incluido el voto. Casi un millón de documentos seguían sin emitirse en octubre de 2021, y las huelgas de los empleados del Registro Nacional de las Personas (RNP) retrasaron aún más el proceso. A mediados de noviembre, al menos 300.000 hondureños aún no tenían nuevas tarjetas de identificación. El periodo de caducidad poco realista no solo resultará en que muchos hondureños no podrán votar, sino también apunta a la posibilidad de que la decisión de hacer este cambio durante un año electoral y de únicamente permitir el uso de las nuevas tarjetas de identificación para votar puede haber sido para excluir intencionalmente a los votantes.
El Consejo Nacional Anticorrupción también expresó preocupación por el hecho de que las empresas contratadas por el CNE para transmitir y certificar las próximas elecciones de noviembre tienen un precedente de irregularidades. Además, para las elecciones, los miembros de las Juntas Receptoras de Votos (JRV), que ayudan a los ciudadanos a ejercer su derecho al voto, recibirán credenciales en blanco, en un supuesto esfuerzo por mantenerse flexibles ante las preocupaciones sanitarias por la pandemia del COVID-19. Sin embargo, en práctica, los partidos políticos las entregarán a sus delegados para que las rellenen, permitiéndoles hacer cambios en la representación en caso de que alguien enferme antes del día de las elecciones y aumentando la posibilidad de que ocurra fraude.
Los candidatos presidenciales mismos añaden aún más incertidumbre a las elecciones del 28 de noviembre. Nasry “Tito” Asfura, alcalde de Tegucigalpa y candidato del Partido Nacional, está siendo investigado por malversación de fondos municipales. Yani Rosenthal, empresario, exministro del gobierno y candidato del opositor Partido Liberal, se presenta tras haber cumplido una condena de tres años en Estados Unidos por lavado de dinero para una organización narcotraficante. Si bien no hay acusaciones directas de corrupción contra Xiomara Castro de Zelaya, candidata del opositor Partido LIBRE, Castro sí podría verse afectada por las acusaciones de corrupción contra su esposo, el expresidente José Manuel Zelaya Rosales, durante su mandato. La candidatura de Xiomara Castro de Zelaya se fortaleció después de que Salvador Nasralla, el candidato del Partido Salvador de Honduras, abandonara la carrera y la respaldara el 13 de octubre.
Además de un proceso electoral que probablemente será disputado, o por lo menos visto como careciendo de legitimidad, el ganador presidencial declarado se enfrentará a serios retos durante su mandato, que comienza el 27 de enero de 2022. Honduras lucha con algunos de los niveles de pobreza y desigualdad más altos de América Latina y el Caribe. Se espera que la pandemia del COVID-19 provoque una disminución de hasta el 12 por ciento del PIB del país y un aumento de la pobreza, que se ampliará del 60 al 70 por ciento. Los huracanes Eta e Iota agravaron un entorno económico ya precario y el cambio climático seguirá desencadenando desastres naturales devastadores e inseguridad alimentaria. Honduras también tuvo la tasa de homicidios más alta de Centroamérica en 2020, un delito que es perpetrado por organizaciones criminales transnacionales, grupos de narcotraficantes, pandillas y actores estatales corruptos. Pandillas como Barrio 18 y la Mara Salvatrucha (MS-13) abordan a jóvenes que se enfrentan a duras condiciones económicas y a la falta de oportunidades, y disputan el poder del Estado tomando el control de comunidades y territorios. Mujeres y niñas, personas defensoras de los derechos humanos, Garífunas y otros grupos afrodescendientes e indígenas, activistas medioambientales, periodistas, la comunidad LGBTI+ y personas con discapacidades, son algunos de los grupos que más sufren la violencia y la inseguridad, mientras la impunidad sigue siendo la norma.
La debilidad de las instituciones judiciales y de seguridad no permite responder a estos retos de forma eficaz, mientras la corrupción se continúa adentrando en los sistemas del país. El golpe de Estado de 2009 que derrocó al expresidente Zelaya le permitió a las redes de delincuencia organizada aprovechar la agitación política y penetrar aún más en las instituciones gubernamentales a todos los niveles. El desfalco de fondos públicos es vasto: según un estudio del Foro Social de la Deuda Externa y Desarrollo de Honduras (Fosdeh), de 2014 a 2018 el país perdió entre el 10 por ciento y el 12,5 por ciento de su PIB por prácticas corruptas. Incluso el actual presidente Juan Orlando Hernández ha sido nombrado como co-conspirador en un caso de narcotráfico contra Geovanny Fuentes Ramírez en Estados Unidos. Adicionalmente, en marzo de 2021 su hermano Tony Hernández fue declarado culpable y condenado a cadena perpetua por el Departamento de Justicia de Estados Unidos por delitos de narcotráfico donde también se menciona que según un testimonio en la audiencia, Juan Orlando Hernández había solicitado $1.6 millones en dinero de la venta de drogas para apoyar a su campaña.
Aunque en Honduras hubo avances en la lucha contra la corrupción y la impunidad, especialmente a través de la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH), respaldada por la OEA, la expiración del mandato de la misión en enero de 2020 a pesar de amplio retraso fue la primera de varios retrocesos intencionales en los esfuerzos de combatir la corrupción en Honduras. Siguiendo la expiración del mandato de la MACCIH, otros retrocesos importantes incluyeron la aprobación de un polémico código penal que dificulta las investigaciones de corrupción y reduce las sentencias por delitos relacionados a la corrupción, recursos limitados para fiscales anticorrupción, grave mala gestión de fondos dirigidos a la respuesta del país contra COVID, entre varios otros.
Estas condiciones se encuentran entre los factores que inducen a los hondureños a huir del país en busca de seguridad y oportunidades. Los datos de detenciones de personas migrantes en México y Estados Unidos sugieren que desde 2018 han emigrado al norte más personas de Honduras que de Guatemala y El Salvador, en relación con sus respectivas poblaciones.
Hay muchas preocupaciones presentes al acercarnos a las elecciones hondureñas, incluyendo las señaladas en una carta enviada por miembros del Congreso de Estados Unidos al secretario de Estado Blinken el 15 de noviembre. Mientras el país se prepara para las elecciones, los responsables políticos estadounidenses y otros miembros de la comunidad internacional deberían considerar las siguientes acciones:
