(AP Photo/Eduardo Verdugo)

25 Jan 2022 | Análisis

Preguntas y Respuestas: oportunidades y retos para Honduras en los próximos cuatro años de Xiomara Castro

El 27 de enero de 2022, Xiomara Castro será la primera mujer en asumir la presidencia de Honduras. En el período previo a las elecciones y tras ellas, Castro ha dejado claro que sus planes para Honduras son ambiciosos. Recientemente publicó su plan de gobierno para “Refundar Honduras’‘ y su equipo ha identificado a la democracia participativa, la protección de los derechos humanos, la lucha contra la corrupción y la promoción del crecimiento económico y la calidad de vida para las personas de Honduras como algunas de las prioridades del gobierno entrante. Debido a problemas estructurales como el crimen organizado, la corrupción e impunidad, y las condiciones graves de la democracia y de los defensores de derechos humanos, cumplir estas promesas será un reto, agravado por las pugnas políticas que Castro también enfrenta en el Congreso.

¿Cuáles son los principales retos que enfrentará Xiomara Castro? 

El gobierno de Castro intentará darle un giro a un país abrumado por la corrupción y el narcotráfico, donde el poder judicial no tiene independencia y la policía en gran medida continúa siendo ineficaz, y se mantiene activa en actividades criminales. En Honduras, la corrupción endémica ha creado un estado cleptocrático compuesto por grupos clandestinos y élites (económicas, políticas, criminales y militares) que han infiltrado la mayoría de instituciones gubernamentales y causado graves amenazas a los derechos humanos y los valores democráticos. La mitad de la población del país vive en la pobreza y decenas de miles abandonan sus fronteras cada año mientras la violencia, la discriminación, la persecución y la falta de acceso a derechos económicos, sociales y culturales continúan afectando a las poblaciones vulnerables. 

Avanzar hacia un cambio será muy difícil pues el nuevo gobierno deberá enfrentar a fuerzas del crimen organizado y del narcotráfico que han alcanzado a las esferas más altas del gobierno. En febrero de 2021, documentos de las cortes estadounidenses evidenciaron que el presidente saliente, Juan Orlando Hernández, habría aceptado sobornos de narcotraficantes y utilizado las fuerzas armadas hondureñas para proteger cargamentos de cocaína. 

Para complicar aún más los primeros días de Castro, la semana pasada su partido Libre sufrió una ruptura luego de que ella intentara posesionar como presidente del Congreso a un miembro de su aliado partido Salvador, del excandidato presidencial Salvador Nasralla, quien había abandonado la contienda para apoyarla. Esta crisis institucional no solo socavó el Estado de derecho, sino que también la dejó con pocos medios políticos para poder avanzar su ambiciosa agenda. Por lo tanto, uno de los mayores retos de Castro será el de abrir espacios de diálogo, generar alianzas estratégicas y asegurar una coordinación fuerte y sinérgica con el Congreso, cuyo papel es esencial para preservar los valores democráticos y fortalecer el Estado de derecho a través de reformas legales claves. Adicionalmente, el nombramiento de un fiscal general y miembros de la Corte Suprema de Justicia, entre otras elecciones del sistema de justicia, serán fundamentales para avanzar hacia la independencia judicial de Honduras, y el Congreso deberá garantizar procesos de selección transparentes que estén basados en méritos profesionales. Dados estos retos, la presidenta Castro necesitará del apoyo continuo de la sociedad civil y miembros del sector privado comprometidos con la democracia, además de la comunidad internacional.   

¿Cuáles deberían ser las prioridades de Castro? 

El gobierno de Castro necesitará actuar decididamente para desmantelar las redes ilícitas que han infiltrado la legislatura, el poder judicial, las fuerzas de seguridad y los gobiernos locales. Esto incluye instar al Congreso a reformar leyes actuales que obstaculizan la lucha contra la corrupción, impiden la investigación y el enjuiciamiento de casos (incluyendo por lavado del dinero), las que reducen penas por la corrupción y las que sancionan a activistas de la sociedad civil y periodistas que luchan contra la corrupción y violaciones a los derechos humanos. Castro ha anunciado algunas acciones estratégicas, incluyendo la creación de una comisión respaldada por las Naciones Unidas para combatir la corrupción. En este sentido, su presidencia ofrecerá una valiosa oportunidad para fortalecer el Estado de derecho y abordar las causas estructurales de la migración.

La violencia y discriminación contra las mujeres, personas LGBTQI+, Garífunas y comunidades indígenas son temas sociales, políticos y legales que el nuevo gobierno debería priorizar a través de la implementación de medidas integrales para abordar las causas de estas violaciones y promover la justicia para las personas afectadas. Además, es imperativo mejorar las condiciones para los defensores de derechos humanos y periodistas. Honduras sigue siendo uno de los países más peligrosos para los defensores de los derechos humanos en la medida en que las amenazas de las fuerzas de seguridad continúan y la impunidad por abusos de derechos humanos sigue siendo la norma. En 2020, Global Witness identificó a Honduras como el país con el segundo mayor número de ataques per cápita contra activistas del medioambiente y derechos territoriales. 

Para alcanzar sus metas, Castro y el partido Libre deberían encontrar mecanismos para crear alianzas políticas tanto a nivel municipal como en el Congreso. Esto es particularmente importante dado las divisiones ya evidentes dentro de los miembros de su propio partido en el poder legislativo.

¿Qué pueden hacer Estados Unidos y la comunidad internacional para cooperar y apoyar los esfuerzos de reforma del gobierno de Castro? 

Aunque el camino no será fácil, el gobierno entrante ofrece una buena oportunidad para que Estados Unidos redefina su compromiso internacional con Honduras, que podría ser un aliado clave en una región cada vez más antidemocrática. Dado que la presidenta Castro enfrentará una batalla ardua abordando la debilitada democracia de Honduras, el poder judicial cooptado y la impunidad arraigada, su gobierno necesitará del apoyo de la comunidad internacional. 

Estados Unidos y otros aliados deben demostrar este compromiso a través de la asistencia  estratégica y un apoyo condicionado al compromiso de combatir la corrupción, proteger los derechos humanos y fortalecer la democracia. El gobierno de Estados Unidos debe avanzar programas de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo (U.S. Agency for International Development, USAID) enfocados en abordar problemas socioeconómicos, además de garantizar que la inversión del sector privado esté dirigida a beneficiar a las personas de Honduras. Estados Unidos debe crear mecanismos y promover acuerdos para implementar la estrategia sobre la lucha contra la corrupción publicada recientemente por la Casa Blanca. Del mismo modo, Estados Unidos y otros gobiernos internacionales deben apoyar esfuerzos para crear una unidad contra la impunidad respaldada internacionalmente, como hicieron con la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH). Además, deberán trabajar para garantizar el apoyo continuo a una unidad independiente, sin importar quién ocupe la presidencia. Finalmente, la comunidad internacional debería realizar esfuerzos continuos para consultar con actores claves de la sociedad civil de todo el país, mientras desarrollan estrategias de colaboración. 

¿Cuáles son las señales de esperanza para Honduras bajo el gobierno de Castro?

Aunque los retos son grandes, hay una sensación de esperanza en Honduras. Los niveles relativamente bajos de violencia electoral en lo que se esperaba ser un un proceso agitado y disputado, combinado con un número récord de votantes en las urnas durante una pandemia mundial, demuestra la voluntad de las personas hondureñas y el afán por el cambio. El coraje de los actores de la sociedad civil en la primera línea de la lucha por la democracia, el Estado de derecho y los derechos humanos, ha sido y seguirá siendo vital. Igualmente importante será el apoyo de la comunidad internacional a estos esfuerzos para mantener viva la lucha de Honduras por un futuro mejor. Si sabe aprovechar el momentum, con las nuevas alianzas municipales y legislativas, la cooperación internacional y la ayuda financiera, técnica y diplomática de Estados Unidos, la presidenta Castro puede contar con las herramientas para cambiar el camino de Honduras hacia un futuro más democrático y justo.