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27 Jul 2017 | Informe

Informe de WOLA: El Acceso a la Justicia para Personas Migrantes en México

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Este informe fue preparado por: Ximena Suárez, Coordinadora para el Programa de México de WOLA; Andrés Díaz, Investigador del Área de Derechos Humanos y Lucha contra la Impunidad de Fundar; José Knippen, Coordinadora del proyecto de migración de Fundar; Maureen Meyer, Coordinadora Principal del Programa de México y Derechos de Migrantes en WOLA.

Desde el 2014 ha incrementado drásticamente el número de personas migrantes que viajan por México huyendo de la violencia en sus países, de las amenazas de las pandillas y luchando, literalmente, por sus vidas. La mayoría proviene de los países del Triángulo Norte de Centroamérica (Guatemala, El Salvador y Honduras). Una vez que cruzan a México suelen encontrar más violencia y, al igual que en sus países de origen, los delitos y abusos de los que son víctimas casi nunca se investigan ni castigan. Y aunque México afirma que “se enfoca en la protección de derechos humanos de las personas migrantes”, los testimonios de las personas migrantes muestran una realidad distinta. Las extorsiones, secuestros, tortura, abuso y violación sexual, homicidios, asaltos y desapariciones de migrantes ocurren con frecuencia.

Las autoridades mexicanas han tomado algunas medidas para investigar los delitos cometidos contra personas migrantes. Por ejemplo, en el 2015, por el impulso de organizaciones de la sociedad civil, la Procuraduría General de la República (PGR) creó la Unidad de Investigación de Delitos para Personas Migrantes (UIDPM) que investiga delitos federales que las personas migrantes hayan sufrido o hayan cometido en México, así como el Mecanismo de Apoyo Exterior (MAE) que permite a las personas migrantes y sus familias denunciar desde el extranjero delitos ocurridos en México. Desde el 2008, siete entidades federativas (Chiapas, Oaxaca, Veracruz, Coahuila, Tabasco, Campeche y Quintana Roo) han creado fiscalías o direcciones para investigar delitos contra migrantes. Sin embargo, México se sigue enfocando en la detención y deportación de migrantes—una política que ha aumentado los delitos y violaciones de derechos humanos—y no ha desarrollado con la misma urgencia los mecanismos para investigar los delitos y abusos contra personas migrantes: el acceso a la justicia es secundario, la impunidad es prácticamente la regla general y las investigaciones exitosas son excepcionales.

En este informe analizamos si la creación de estas fiscalías, unidades y mecanismos han contribuido a reducir la impunidad en delitos y violaciones de derechos humanos contra personas migrantes.

La parte final de este reporte contiene propuestas y recomendaciones para mejorar el acceso a la justicia para personas migrantes en México.

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