(Foto Flickr: Senado Mexicano)
(Foto Flickr: Senado Mexicano)
En 2014, se reformó la Constitución mexicana para crear una Fiscalía General de la República autónoma del Poder Ejecutivo que reemplazaría la Procuraduría General de la República (PGR), cuyo desempeño fue marcado por su poca independencia y resultados. El 18 de enero, en un proceso acelerado que no contó con la participación de la sociedad civil ni un escrutinio verdadero de los candidatos, el Senado mexicano eligió al encargado de despacho de la antigua institución, Alejandro Gertz Manero, como primer fiscal general, un puesto que ocupará por los próximos nueve años.
Abajo presentamos un análisis sobre los avances en la estructura de esta nueva institución y las tareas pendientes para esta nueva etapa.
Washington, DC—Un nuevo informe, publicado por las organizaciones de investigación y derechos humanos la Fundación para el Debido Proceso (DPLF, por sus siglas en inglés) y la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA, por sus siglas en inglés), analiza la nueva ley que estipula el funcionamiento de la Fiscalía General en México, con el objetivo de establecer una institución más independiente, efectiva y capaz de restablecer la confianza en el sistema judicial del país. Dado que aproximadamente el 93% de los delitos en México no se denuncian ni se investigan, la creación de la Fiscalía General (que reemplazará a la Procuraduría General de la República) es fundamental para la lucha contra la impunidad en México. El informe, titulado La nueva Ley Orgánica de la Fiscalía General en México: Avances y pendientes, destaca la importancia de implementar esta nueva legislación de manera diligente y completa.
“El gobierno del presidente López Obrador tiene una importante oportunidad para demostrar su compromiso de crear una Fiscalía General capaz de investigar delitos y fomentar la verdad, la justicia y la rendición de cuentas en un país que registró sus niveles más altos de violencia el año pasado”, dijo Úrsula Indacochea, Directora del Programa de Independencia Judicial de DPLF y co-autora del informe.
El informe detalla algunos de los componentes más críticos de la legislación, que se promulgó oficialmente en diciembre de 2018 y que tiene la intención de garantizar que la nueva Fiscalía General sea más autónoma y libre de presiones políticas. Estos componentes incluyen: nuevas oficinas de investigación especializadas en delitos de derechos humanos y asuntos internos, un plan público que establecerá prioridades de investigación, así como un órgano dirigido por ciudadanos que constituye uno de los principales mecanismos de rendición de cuentas. Además, la ley contiene artículos que buscan mejorar el proceso de seleccionar un fiscal general para que sea más transparente y basado en méritos.
“La nueva Ley Orgánica de la Fiscalía General responde a muchas preocupaciones de la ciudadanía sobre la rendición de cuentas y los derechos humanos en México. Por eso, es aún más importante que el gobierno de López Obrador implemente esta legislación de manera plena y rápida y que no exista solamente en papel”, dijo Maureen Meyer, coautora del informe y Directora para México y Derechos de Migrantes de WOLA.
Sin embargo, según el informe hay unas características de la Ley Orgánica que son problemáticas: por ejemplo, la ley no incluye suficientes controles sobre el Poder Ejecutivo y la participación del presidente en el nombramiento o despido del fiscal general. Además, la ley no establece audiencias públicas para la designación del fiscal nacional, ni requiere que los candidatos revelen vínculos políticos o relaciones que puedan comprometer su capacidad para llevar a cabo su trabajo con independencia. Como indica el informe conjunto de DPLF y WOLA, “Para restaurar la confianza ciudadana en la imparcialidad de la persecución penal, es importante que exista una clara separación entre el titular de la Fiscalía y el jefe de gobierno y su entorno”.
“Estamos en un año crucial de transición para las instituciones de justicia de México”, dijo Indacochea. “Tanto la sociedad civil mexicana, como la comunidad internacional, tienen la esperanza de que la Fiscalía General se implemente de tal manera que sea capaz de responder a las demandas de justicia de la ciudadanía y de las víctimas, largamente postergadas”.
