WOLA: Advocacy for Human Rights in the Americas

Flickr/Marte Merlos

17 May 2018 | Informe

Informe de WOLA: El Sistema Nacional Anticorrupción de México

Washington, D.C.—Un informe publicado hoy por la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA, por sus siglas en inglés) explica por qué la plena implementación de las históricas reformas anticorrupción que México aprobó en 2016 debería ser una prioridad para quien gane la presidencia del país el 1 de julio. El año pasado fue el año más violento que se haya registrado en México, y los escándalos de corrupción aparentemente interminables han debilitado la confianza pública en el compromiso del gobierno mexicano de combatir el crimen y la violencia, y de mantener el Estado de derecho. Erradicar la corrupción ha sido un tema central en el periodo previo a las elecciones del 1 de julio, fecha en que los mexicanos acudirán a las urnas para elegir un nuevo presidente, un nuevo Congreso federal, nueve gobernadores y más de 2,800 representantes para otros cargos políticos en todo el país.

“Las reformas de 2016 fueron un gran avance para asegurar la rendición de cuentas de los funcionarios públicos corruptos, pero se necesita hacer más”, dijo Maureen Meyer, Directora para México y Derechos de Migrantes de WOLA. “La próxima administración de México debe mostrar la voluntad política para que estas reformas anticorrupción sean exitosas. De lo contrario los problemas como la violencia generalizada, los abusos a los derechos humanos y la desconfianza de la ciudadanía en las instituciones públicas se intensificarán”.

El informe, titulado “El Sistema Nacional Anticorrupción de México: Una oportunidad histórica en la lucha contra la corrupción”, examina cómo la corrupción pone en peligro la integridad de los procesos electorales en México, y también analiza el papel que han jugado los funcionarios corruptos en facilitar y cometer actos de violencia y los abusos de los derechos humanos, así como los efectos de los sobornos, la malversación y las prácticas comerciales corruptas en el estancamiento económico y la desigualdad. Según el informe, el amplio paquete de reformas anticorrupción que Presidente Enrique Peña Nieto promulgó en julio de 2016 puede desempeñar un papel fundamental a la hora de tratar estos temas importantes.

Las reformas crearon el Sistema Nacional Anticorrupción, una entidad encargada de coordinar los esfuerzos contra la corrupción a nivel federal y estatal. Sin embargo, ha habido poca voluntad política para darle al sistema los recursos y la independencia que necesita para ser efectivo. El Senado de México aún debe nombrar a varios actores clave en el sistema, y aunque las reformas requirieron que los estados implementaran sus propios sistemas anticorrupción a más tardar en julio de 2017, la mayoría de los estados aún no lo han hecho. Además, el comité compuesto por líderes de la sociedad civil, conocido como el Comité de Participación Ciudadana (CPC), juega un papel importante en la supervisión e implementación del nuevo sistema anticorrupción, pero los miembros del Comité dicen que el gobierno ha socavado consistentemente sus esfuerzos para hacerlo.

La eficacia del Sistema Nacional Anticorrupción también ha sido frustrado por la lenta implementación de las otras reformas aprobadas en 2016. Estas reformas sentaron las bases de un enfoque más duro y integral para combatir la corrupción en México al exigir una mayor transparencia gubernamental, ampliar los poderes de auditoría y reducir la influencia política sobre las investigaciones de casos de corrupción mediante la creación de una Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, aunque el titular de esta oficina aún no ha sido designado.

“El gobierno mexicano todavía tiene pendiente designar casi dos docenas de puestos necesarios para la plena implementación del Sistema Nacional Anticorrupción, incluido el fiscal especial encargado de investigar y enjuiciar los casos de corrupción. Las autoridades también deben garantizar que los miembros del Comité de Participación Ciudadana estén incluidos en las decisiones que afectan el sistema, y que se les mantenga informados sobre avances en los casos de corrupción”, dijo Meyer. “Las próximas elecciones serán históricas no solo porque serán las más grandes en la historia de México, pero también porque podrían determinar el futuro de los esfuerzos anticorrupción en el país”.

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