(Foto AP/Salvador Melendez)
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El 23 de abril, el Fiscal General Jeff Sessions anunció una política de “cero tolerancia” a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México, una política inhumana y mal concebida que ordena la persecución penal de personas que cruzan la frontera en busca de asilo político, incluyendo a padres y madres viajando con sus hijos. A mediados de junio, como resultado de esta política, más de 2.400 niños han sido separados de sus padres mientras estos son procesados. El 20 de junio, en respuesta a las protestas por este trato hacia niños y familias migrantes, el presidente Trump firmó una orden ejecutiva que pone fin a la separación familiar mientras se continúa la política de “cero tolerancia”. Agencias federales aún están tratando de determinar qué significa la orden ejecutiva y cómo deben implementarla en medio de la confusión. Aparentemente, la administración de Trump busca detener a familias enteras , incluyendo a las personas que solicitan asilo.
En otro golpe fuerte en contra de los centroamericanos que solicitan asilo, el Fiscal General Sessions emitió un fallo a principios de este mes, que busca limitar los estándares mediante los cuales las víctimas de violencia de género y violencia perpetrada por pandillas pueden solicitar asilo. Estas políticas — enjuiciar a los solicitantes de asilo por cruzar la frontera, detener a las familias que buscan asilo y reducir las condiciones consideradas aptas para solicitar asilo — son crueles, insostenibles y han creado una situación caótica en la frontera. Socavan el debido proceso legal para buscar asilo y tendrán repercusiones a largo plazo. Además, ignoran las condiciones que llevan a muchas mujeres, niños y familias de Centroamérica a huir de sus hogares.
La ley de protección y reunificación de familias centroamericanas (Central America Family Protection and Reunification Act o CAFPRA por sus siglas en inglés), una legislación introducida por los congresistas Eliot L. Engel (D-NY), Norma J. Torres (D-CA) y Adriano Espaillat (D-NY) el 22 de junio, proporciona una base para políticas más humanas y sensatas. La propuesta reconoce la necesidad de abordar las condiciones de violencia, corrupción e impunidad que impulsan a los centroamericanos a huir en busca de refugio. Ha sido patrocinada por más de 50 miembros del Congreso y respaldada por más de una docena de ONGs. La legislación se opondría a cualquier esfuerzo del gobierno de Trump para separar a niños migrantes de sus padres y le requeriría al Departamento de Estado y a nuestras embajadas colaborar con los gobiernos de la región para apoyar esfuerzos de reunificación familiar.
Específicamente, CAFRA exigiría que el Departamento de Estado provea informes sobre la violencia de género y la violencia relacionada con pandillas en los países del Triángulo Norte y sobre la capacidad de los gobiernos de la región de investigar y sancionar a los perpetradores de estos crímenes. Además, CAFPRA hace un llamado al Departamento de Estado para que informe sobre crímenes serios cometidos en contra de individuos deportados al Triángulo Norte, desarrolle una estrategia integral para reducir la violencia de género y establezca un plan claro para abordar el impacto que la política de separación familiar de la administración tendrá en niños y niñas de El Salvador, Honduras y Guatemala a largo plazo.
Ninguna política puede tener éxito a menos que tenga en cuenta las razones por las cuales personas llegan hasta la frontera de los EE. UU. buscando asilo. A pesar de las reducciones en los niveles generales de homicidios, El Salvador, Honduras y Guatemala continúan enfrentando niveles endémicos de delincuencia y violencia que hacen que muchas comunidades sean extremadamente peligrosas. En 2017, hubo 60 homicidios por cada 100,000 personas en El Salvador, 42.8 en Honduras y 26.1 en Guatemala, colocando a El Salvador, Guatemala y Honduras entre los países más violentos del mundo que no están en guerra.
Los niños y jóvenes de comunidades marginales se ven desproporcionadamente afectados por la alta tasa de homicidios y violencia. Mujeres y niñas en particular son vulnerables a persistentes niveles de violencia de género. El número de mujeres que han muerto violentamente como porcentaje del total de muertes violentas en El Salvador, Honduras y Guatemala se encuentra entre las más altas del mundo.
Gran parte de la violencia y la inseguridad se deben a la presencia del crimen organizado y la proliferación de pandillas locales. En muchas comunidades marginales, las pandillas imponen toques de queda, controlan la entrada a sus vecindarios e imponen sus propias reglas. Los niños y los jóvenes a menudo son amenazados o presionados para unirse a las pandillas, mientras que las mujeres jóvenes a menudo sufren agresiones sexuales o abusos a manos de pandilleros, lo que obliga a muchos a abandonar la escuela o a mudarse.
Frecuentemente, las víctimas de la extorsión, abuso sexual y de otras amenazas no tienen a dónde recurrir para obtener protección. Los altos niveles de corrupción y la debilidad de las instituciones estatales limitan en gran medida la capacidad de las autoridades locales para abordar los niveles endémicos de violencia e inseguridad. Los crímenes normalmente no se resuelven: según cifras recientes, las tasas de impunidad para homicidios son de aproximadamente 96% en Honduras, 95% en El Salvador y 87% en Guatemala. Transparency International clasifica a los tres países como altamente corruptos en su Índice de Percepción de la Corrupción 2017, que coloca a El Salvador, Guatemala y Honduras en las posiciones 112, 143 y 135, respectivamente, de 180 países.
La infiltración de la corrupción a lo largo del Triángulo del Norte ha permitido a redes criminales prosperar y cooptar las instituciones estatales. Esto, a su vez, ha restringido gravemente la capacidad de los gobiernos centroamericanos de proporcionar servicios adecuados de salud, educación y bienestar, todos los cuales son esenciales para la protección de los derechos humanos.
El nivel de migración a los Estados Unidos en la frontera suroeste no es abrumadora en comparación con los años noventa y mediados de la década de 2000. Pero a pesar de que la migración en la frontera está disminuyendo en general, el número de migrantes y solicitantes de asilo centroamericanos detenidos en la frontera de México y los Estados Unidos ha aumentado constantemente en los últimos años. En lugar de implementar una política inhumana de “cero tolerancia” o construir un muro costoso y divisivo, CAFPRA permitirá una discusión basada en hechos sobre los factores que impulsan la migración desde Centroamérica y ofrecería una respuesta más compasiva y ordenada a los problemas de asilo y migración en la frontera. CAFPRA nos ayudará a entender por qué la violencia y la inseguridad están impulsando la migración desde el Triángulo Norte.
