En un artículo publicado en la revista mexicana Brújula Ciudadana, Maureen Meyer, Coordinadora Principal del Programa de México y Derechos de Migrantes en WOLA, analiza las implicaciones de las políticas del presidente Trump sobre la seguridad fronteriza y los retos que deberá afrontar Mexico. A continuación compartimos el artículo completo de Meyer. Haga clic aquí para leerlo en la Brújula Ciudadana.
La Brújula Ciudadana es un proyecto de la Iniciativa Ciudadana para la Promoción de la Cultura del Diálogo, A.C., una organización mexicana que busca facilitar e impulsar procesos de diálogo y construcción de acuerdos entre diversos actores de la sociedad, tanto a nivel nacional como internacional.
El presidente Trump hizo del muro fronterizo y el endurecimiento de las políticas migratorias de Estados Unidos sus promesas principales de campaña. Eventos del entonces candidato estaban llenos de gritos de “construir un muro”; Trump frecuentemente hacía comentarios de carácter anti-migrante y anti-México. En los meses previos a que asumiera la presidencia de los Estados Unidos de América el 20 de enero de 2017, no quedaba claro qué tanto su retórica de campaña sobre estos temas se convertiría en una prioridad política para su presidencia.
Las primeras semanas del gobierno de Trump nos han mostrado que tiene toda la intención de cumplir—literalmente—con sus promesas electorales, aunque no cuente con el apoyo de la mayor parte de la población estadounidense. El quinto día de su presidencia, Trump emitió dos órdenes ejecutivas que cambiarán dramáticamente las prioridades en la aplicación de las leyes migratorias de los Estados Unidos y para la seguridad en la frontera. Estas órdenes no solo ponen en peligro el respeto a los derechos de los migrantes en el país, sino que su impacto en la comunidad migrante, en ciudades fronterizas y en la relación con México podría ser dramático.
Las implicaciones del muro y el énfasis en la seguridad fronteriza
Un elemento clave de la “Orden Ejecutiva: Seguridad Fronteriza y el Mejoramiento de la Aplicación de Leyes Migratorias” (Executive Order: Border Security and Immigration Enforcement Improvements) es la construcción de un muro en la frontera entre México y Estados Unidos. A nivel práctico, todavía no queda claro cómo Trump va a conseguir los fondos del Congreso para empezar la construcción del muro, pues incluso varios congresistas republicanos tienen preocupaciones sobre su costo y la eficacia. Trump sigue insistiendo en que México va a reembolsar a los Estados Unidos de América los costos por la construcción del muro, un tema que ya provocó que el presidente mexicano Enrique Peña Nieto cancelara su visita a Washington a finales de enero. Aparte de la fricción diplomática con México, el discurso de Trump sobre el muro ha causado mucho daño a la imagen de Estados Unidos en México y pone en riesgo los avances en cooperación que ambos países han logrado en los últimos años.
A nivel nacional, WOLA y otras organizaciones y expertos han afirmado que la construcción de más barreras en la frontera—donde actualmente ya existen 700 millas de muro— sería una mala inversión de fondos y haría muy poco para detener el flujo de migrantes y drogas ilícitas al país. Ya existe un muro en los lugares urbanos y más transitados por migrantes y las detenciones de migrantes por parte de autoridades fronterizas están a niveles comparados a lo que fueron hace cuatro décadas. Más aún, un gran número de los migrantes que cruzan la frontera son familias y menores centroamericanos huyendo de la violencia en sus países de origen que, una vez en Estados Unidos, más que huir, buscan a los agentes de la Patrulla Fronteriza para entregarse y pedir protección en el país.
Incrementar el ya existente muro haría muy poco para detener el flujo de drogas ilícitas al país. Fuera de la mariguana, la mayor parte de las drogas ilícitas que entran en los Estados Unidos por la frontera—heroína, metanfetaminas y cocaína—es traficada en vehículos y cargamentos a través de los puertos de entrada.
Si Trump no puede construir un muro físico en toda la frontera, parece probable que por lo menos se ampliará unas partes del muro que ya existe. Pero más allá de una extensión de esta barrera, la orden ejecutiva también incluye la contratación de 5,000 agentes adicionales de la Patrulla Fronteriza y el uso de más tecnología y otros elementos para incrementar el control operativo sobre la frontera, definido ambiciosamente como la “prevención de cualquier entrada ilegal a los Estados Unidos, incluyendo de terroristas, otros aliens (extranjeros) ilegales, instrumentos de terrorismo, narcóticos y otro contrabando”.
El aumento de personal e infraestructura para fortalecer la seguridad fronteriza tiene muchas consecuencias para los migrantes. De por sí ya era difícil y costoso cruzar la frontera, y ahora los migrantes, para evitar ser detectados, se verán forzados a buscar lugares aún más remotos para cruzar y tendrán que depender aún más de traficantes de personas como guías. Como se vio cuando el gobierno estadounidense buscó hacer más difícil cruzar la frontera en California y Texas en los años noventa, pensando que el desierto de Arizona serviría como una barrera natural para la migración, el costo en vidas humanas puede ser dramático.
Desde 1998, la Patrulla Fronteriza ha encontrado los restos de 6,915 migrantes que fallecieron en la zona fronteriza de los Estados Unidos. Se puede esperar que este número vaya en aumento en los próximos años.
Por otro lado, un migrante que sea detenido podría estar sujeto a más abusos a manos de autoridades estadounidenses. Hay que recordar que los sindicatos de la Patrulla Fronteriza y Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) apoyaron a Trump como candidato y ahora saben que él los respaldará en sus prioridades e iniciativas. Ha habido varias quejas de abusos contra migrantes por agentes; además, en los centros de la detención, han ocurrido docenas de incidentes de uso excesivo de la fuerza (incluyendo por lo menos 19 incidentes del uso de fuerza letal contra personas en la frontera), y casos de corrupción de agentes de Aduana y Protección Fronteriza (CBP, que son agentes tanto de la Patrulla Fronteriza como de los puertos de entrada).
En los años recientes, hubo avances importantes para aumentar la transparencia de las investigaciones de estos incidentes y revisar los directrices para el uso de la fuerza—una revisión que, de hecho, fue criticada por el sindicato de la Patrulla Fronteriza. Ahora existe un riesgo de que se debilitará las investigaciones y sanciones a estos incidentes y que los migrantes puedan estar sujetos a maltrato sin los controles y sanciones necesarios sobre los agentes.
A causa del endurecimiento en la aplicación de las leyes migratorias de los Estados Unidos, es probable que habrá más deportaciones de migrantes en la frontera. En febrero de 2016, los gobiernos de los Estados Unidos y México anunciaron nuevos arreglos locales de repatriación para los nueve puntos de entrada en la frontera. Los nuevos arreglos son importantes para asegurar un proceso de repatriación seguro, ordenado y a favor de la protección del migrante. Incluyen restricciones para limitar las deportaciones nocturnas, requieren que las agencias estadounidenses hagan todo lo posible para devolver a los migrantes sus pertinencias— como identificación, dinero y celulares—y reconocen la importancia de proteger a los menores migrantes no acompañados. En su discurso el 23 de enero sobre las relaciones exteriores de México, el presidente Peña Nieto hizo un llamado para el respeto a los protocolos y acuerdos de repatriación que se han alcanzado con los Estados Unidos. En el contexto actual, tanto el gobierno mexicano como la sociedad civil, tendrán que hacer trabajo de monitoreo para asegurar el cumplimiento de los arreglos. Frente a un probable aumento en las deportaciones, el gobierno mexicano también tendrá que mejorar sus servicios de recepción y reintegración de la población migrante retornado a México.
Retos de las nuevas políticas
México parece estar en el ojo del huracán de las políticas migratorias y de seguridad fronteriza de Trump. Fuera de la cuestión del pago del muro, el gobierno está bajo presión para detener el flujo de drogas ilícitas y de migrantes que llegan a la frontera.
Cualquier respuesta que dé el gobierno mexicano debe estar enfocada en la protección, tanto de la población mexicana en el exterior, de los migrantes mexicanos repatriados en la frontera y los migrantes centroamericanos y de otros países que están en tránsito por México o quienes decidan buscar asilo en el país. Se tendrán que ampliar los recursos, servicios consulares mexicanos en Estados Unidos, así como fortalecer alianzas con la sociedad civil en ambos lados de la frontera para documentar y denunciar abusos de los migrantes por parte de funcionarios de los Estados Unidos. Al mismo tiempo que México busque proteger a sus connacionales, tiene que aumentar sus esfuerzos para prevenir abusos contra migrantes en tránsito por México e investigar y sancionar a los responsables. México no puede abogar efectivamente por sus ciudadanos en el exterior y en la frontera, si sigue permitiendo abusos masivos de migrantes en su propio territorio.
