Recientemente en todo el hemisferio hemos visto enfrentamientos violentos entre manifestantes y fuerzas policiales militarizadas. Puntos de quiebre—como los enfrentamientos en Brasil en el verano de 2013 y en Ferguson, Missouri el mes pasado—han provocado la indignación pública y el llamado por la “desmilitarización” de los cuerpos policiales. Mientras que la indignación es a veces demasiado momentánea para llevar a un cambio, los acontecimientos hacen tomar conciencia a la ciudadanía y a los medios de comunicación de las condiciones que las poblaciones afectadas han sabido por décadas. Si bien las raíces de la militarización de la policía en Brasil son diferentes a las de Ferguson y otras ciudades en los Estados Unidos, las consecuencias son las mismas.
En junio de 2013, hubo manifestaciones en todo Brasil por la falta de servicios básicos mientras el país invertía miles de millones en los preparativos de la Copa Mundial y las Olimpiadas. Las fuerzas policiales no estaban preparadas y respondieron de manera exagerada y excesiva, a tal grado que conmocionó a los manifestantes, en su mayoría de clase media. La policía, equipada con armas “no letales” como el spray de pimienta y balas de goma pero a la misma vez vestidos de pie a cabeza en armadura de batalla, indiscriminadamente arrestaron tanto a manifestantes violentos del “bloque negro”, conocidos por sus tácticas de confrontación y opiniones anarquistas, como a manifestantes no violentos marchando pacíficamente. Manifestantes de la clase media llegaron a conocer las condiciones que enfrenta rutinariamente la población de bajos ingresos que vive en las favelas (asentamientos marginales) en las principales ciudades de Brasil.
Los llamados por la desmilitarización de la policía de parte de movimientos sociales, organizaciones no gubernamentales, y hasta por segmentos de la propia policía—llegaron a ser extenso y siguen siendo uno de los legados de la Copa Mundial.
Las protestas de Ferguson y las reacciones militarizadas de la policía también han puesto la atención en la militarización de las policías municipales en los Estados Unidos. Y, al igual que en Brasil, el público en general de repente llegó a conocer las prácticas policiales que las comunidades de color en todo el país han tenido que enfrentar con regularidad.
Las raíces históricas de la policía militarizada en ambos países se diferencian considerablemente. Durante el régimen militar en Brasil (1964-1985), la Policía Militar era auxiliar a las Fuerzas Armadas y era un vehículo importante para el estado represivo. La constitución democrática de 1988 cambió prácticamente todos los aspectos del gobierno con excepción de las instituciones policiales. Han habido avances en materia del cumplimiento de la ley en Brasil, incluso ciertas oportunidades políticas para la adopción de leyes que respetan los derechos humanos en los niveles federal y estatal, e importantes iniciativas de la sociedad civil como el Foro Brasileño de Seguridad Pública. Pero profundos obstáculos persisten, y la Policía Militar hoy en día, aunque oficialmente no forma parte de las Fuerzas Armadas, permanece siendo una institución con una jerarquía militar estricta, un entrenamiento que todavía retiene una ideología militar y prácticas que con frecuencia asemejan aquellas empleadas por fuerzas buscando ocupar territorios enemigos.
Las manifestaciones en Ferguson, y eventualmente en todo Estados Unidos, sobre el tiroteo fatal de Michael Brown, un adolescente afro-americano, en manos de un policía, arrojó luz sobre la política federal en pie desde el 11 de septiembre de armar a las agencias policiales locales con equipamiento militar. Con $34 mil millones de dólares disponibles en subvenciones federales del Departamento de Seguridad Interna desde el 11 de septiembre y con la justificación de necesitar proteger a la ciudadanía de posibles actividades terroristas, departamentos de policía locales han adquirido o recibido equipamiento de grado militar totalmente inapropiado para las necesidades de aplicación de la ley local. De igual manera, la indignación pública arrojó luz sobre las prácticas policiales racistas de fuerzas policiales predominantemente blancas contra comunidades minoritarias en diversas ciudades del país. Gritos de “somos Ferguson” en diferentes ciudades en los Estados Unidos hacían referencia tanto a las prácticas racistas y la mala conducta de la policía como a su respuesta desproporcionada y militarizada.
Las manifestaciones sobre Ferguson resonaron en Brasil. “Ferguson está aquí todos los días” fue la respuesta de investigadores y activistas comunitarios brasileños en referencia a las frecuentes violaciones de derechos humanos perpetradas por la policía brasileña en contra de comunidades marginadas.
Los paralelismos no paran ahí. El espectro del 11 de septiembre se cierne sobre ambos países. Mientras que el excedente en equipo militar se convirtió en la cara pública de las protestas en Ferguson, el entrenamiento militar y paramilitar brindado por en los Estados Unidos fue una parte integral de los preparativos de seguridad del gobierno de Brasil para la Copa Mundial. En marzo de este año, 22 miembros de la Policía Militar y Federal de Brasil fueron a la sede principal de Academi en Carolina del Norte, anteriormente conocido como el infame Blackwater, para un curso de entrenamiento de tres semanas pagado por el gobierno de Estados Unidos, al parecer con financiamiento del Departamento de Defensa. Según un jefe de la policía de Sao Paulo, el entrenamiento era “para aprender las experiencias prácticas de las tropas americanas que luchan contra el terrorismo.” A su vez, más de 800 policías brasileños de nueve estados participaron en una capacitación sobre “disturbios civiles” facilitada por el FBI en los estados de Ceará, Sao Paulo, Rio de Janeiro y Brasilia. Mientras que la policía brasileña afirma que respeta el derecho a protestar pacíficamente, claramente no fue capaz de distinguir entre los manifestantes pacíficos y los violentos.
Pero los paralelismos paran aquí.En respuesta a las manifestaciones y las demandas de activistas de derechos civiles, comunidades afroamericanas y otros, el Departamento de Justicia estadounidense anunció que iniciaría un proyecto de tres años para estudiar el entrenamiento y analizar los datos sobre paradas, registros y detenciones a ser implementado en cinco ciudades y con implicaciones para todas las ciudades del país, y un replanteamiento de las transferencias de armas a las policías locales. Muchos departamentos de policía locales estadounidenses ahora exigen a todos sus miembros utilizar cámaras en el cuerpo para grabar sus interacciones con la ciudadanía. Aunque a muchos activistas en los Estados Unidos les gustaría ver la adopción de más medidas, la respuesta del gobierno de los Estados Unidos contrasta fuertemente con la de Brasil. En Brasil, donde restricciones constitucionales limitan formalmente la intervención del gobierno federal para fines de supervisión externa, debates públicos sobre la reforma y desmilitarización de la policía se encuentran bloqueados debido a que en este momento candidatos a la presidencia y gubernaturas estatales están luchando por obtener el apoyo del electorado en las elecciones de octubre. Es un momento oportuno, pero poco probable, para un cambio significativo.
