Cada año, decenas de miles de migrantes atraviesan México en su ruta hacia los Estados Unidos. Muchos de estos migrantes son refugiados que abandonan sus países de origen para escapar de la violencia, colocándose en una situación extremadamente vulnerable. Así, en forma rutinaria se convierten en blancos de las organizaciones criminales y de funcionarios públicos corruptos en México. En caso de que los migrantes o sus familias decidan reportar un delito, se enfrentan a un sistema de justicia incapaz de investigarlos en forma adecuada y de sancionar a los perpetradores.
Afortunadamente, esta situación podría estar cambiando. El 18 de diciembre de 2015 la Procuraduría General de la República (PGR) de México estableció formalmente dos entidades para investigar delitos cometidos por migrantes y en contra de migrantes en México, así como casos de mexicanos que han desaparecido en otros países. La Unidad de Investigación de Delitos para Personas Migrantes (la “Unidad”) y el Mecanismo de Apoyo Exterior Mexicano de Búsqueda e Investigación (el “Mecanismo”) son logros importantes de las familias, los grupos de migrantes y organizaciones de la sociedad civil de México y Centroamérica.
Durante años la sociedad civil ha abogado por el establecimiento de mecanismos de justicia transnacionales y de coordinación acordes con la escala y magnitud de la violencia y delitos contra migrantes en tránsito por México. Estas entidades resaltan la importancia de que las autoridades respondan a las necesidades de las víctimas y sus familias, sin importar el país donde se cometen los delitos y la nacionalidad de las víctimas.
La importancia de ampliar las posibilidades de justicia para los migrantes
En los últimos años, el flujo de migrantes en tránsito por México se ha incrementado en un contexto de aumento de delincuencia y la violencia en el país. Los casos de alto perfil así como las estadísticas oficiales proporcionan un recuento parcial de los numerosos crímenes cometidos contra los migrantes en los últimos años. Esto incluye la masacre de 72 migrantes en San Fernando, Tamaulipas, en agosto de 2010; el descubrimiento de los restos de otros 193 migrantes encontrados en aproximadamente 50 fosas clandestinas entre abril y junio de 2011 en Tamaulipas; y las fosas clandestinas descubiertas en mayo de 2012 en Nuevo León que contenían 49 torsos algunos de los cuales ya se ha confirmado que pertenecen a migrantes.
De acuerdo con el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas (RNPED) hay al menos 175 migrantes desaparecidos en México; y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ha reportado que alrededor de 21.000 migrantes han sido víctimas de secuestro entre 2008 y 2010.
Además, como se ilustra en el informe conjunto elaborado por WOLA, junto con ocho organizaciones mexicanas de derechos humanos y albergues de migrantes, Un camino incierto: Justicia para delitos y violaciones a los derechos humanos contra personas migrantes y refugiadas en México, las organizaciones locales y casas de migrantes siguen documentando cientos de casos de crímenes y violaciones a los derechos humanos de migrantes, incluyendo secuestro, asalto, extorsión, robo y tortura.
En este contexto, estas nuevas instituciones de la PGR son un paso hacia el cumplimiento de las obligaciones internacionales de México de proteger a los migrantes y garantizar el acceso a la justicia.
La función investigativa de la Unidad
La Unidad de Investigación de Delitos para las Personas Migrantes es una nueva oficina dentro de la Subprocuraduría de Derechos Humanos de la PGR. La titular de la Unidad es Leonor de Jesús Figueroa Jácome quien tiene el cargo de Agente del Ministerio Público, con la facultad de investigar y perseguir delitos federales relacionados con migrantes.
En concreto, la Unidad está a cargo de investigar delitos federales cometidos en contra de y/o por migrantes en México, de la búsqueda de migrantes desaparecidos, de garantizar el respeto de los derechos de las víctimas, y coordinar con las autoridades extranjeras y solicitar la asistencia jurídica internacional cuando sea necesario. La Unidad también puede atraer casos locales siempre y cuando: 1) los delitos estén relacionados con delitos federales; 2) la víctima o perpetrador del delito sea un migrante; y 3) la sanción por el delito sea encarcelamiento.
Idealmente, la Unidad no sólo implicará un aumento de casos federales por delitos contra migrantes, sino también la coordinación con las fiscalías especializadas en atención a migrantes que se han establecido en siete estados del país. Hasta la fecha, estas oficinas han sido ineficaces en la investigación y persecución de la mayoría de los delitos denunciados.
Coordinación a través del Mecanismo
El Mecanismo de Apoyo Exterior Mexicano de Búsqueda e Investigación está a cargo de una serie de medidas “para garantizar el acceso a la justicia para las personas migrantes víctimas del delito y de violaciones a derechos humanos, y sus familias que se encuentran en otro país y que no pueden acceder directamente a las instituciones de procuración de justicia en México”. El Mecanismo permite a los migrantes víctimas de delitos y sus familias—localizadas en otros países, principalmente los Estados Unidos y Centroamérica—acercarse a las autoridades mexicanas sin tener que viajar a México.
Entre las acciones que se pueden llevar a cabo a través del Mecanismo se encuentran: la denuncia de un delito; solicitar la búsqueda de una persona desaparecida; presentar o solicitar pruebas para procedimientos de investigación y persecución de delitos; solicitar la participación dentro de un proceso penal (coadyuvancia); obtener reparaciones; y garantizar el respeto de los derechos del acusado, tales como el nombramiento de un defensor público.
La capacidad de acercarse a las autoridades legales mexicanos fuera de México es importante no sólo debido a los escasos recursos económicos de algunas familias, sino también a la naturaleza transnacional de los delitos y a la necesidad de llevar a cabo diligencias de investigación en otros países durante la investigación de delitos en contra de migrantes. Por ejemplo, en numerosos casos de secuestro de migrantes en México, los miembros de la familia a quienes se les solicita el pago de rescate se encuentran en los Estados Unidos (o en Centroamérica). A través del Mecanismo, estas familias tienen la oportunidad de acercarse a la PGR para denunciar delitos como éste y proporcionar información que facilite la investigación sobre los perpetradores.
La nueva Unidad dirigirá la aplicación del Mecanismo, principalmente en colaboración con la Coordinación de Asuntos Internacionales de la PGR y las Agregadurías alrededor del mundo. Hasta la fecha, la PGR tiene seis Agregadurías legales (DC, Guatemala, Madrid, Viena, Los Ángeles y Bogotá); cuatro Agregadurías regionales (Los Ángeles, San Antonio, San Diego y El Paso), tres oficinas de enlace (Riverside, Brownsville y Phoenix), una oficina de enlace temporal en Washington, DC y un Centro de Inteligencia en El Paso (EPIC), Texas. Además de las agregadurías legales en las embajadas, no está claro si otras oficinas de la PGR asistirán a las familias de migrantes y/o víctimas.
Dada la debilidad general del sistema de justicia en México y la insuficiente capacidad investigativa, la creación Unidad y el Mecanismo por sí misma no significa que, repentinamente, los casos relacionados con migrantes serán perseguidos en forma efectiva. Sin embargo, sí obligan a la PGR a garantizar que estos nuevos organismos no pondrán en riesgo ni obstruirán las investigaciones en curso y que se capacitará adecuadamente a su personal. Adicionalmente, la Unidad debe producir estadísticas confiables y detalladas sobre los delitos contra migrantes.
Conclusión
Hay mucho en juego en el funcionamiento correcto del Mecanismo y la Unidad, ya que representan una oportunidad única para acercar la justicia a los migrantes y sus familias, así como para reducir la excesiva carga que enfrentan actualmente para la investigación de delitos. México ha publicitado su creación ante organismos internacionales y regionales. Ahora debe mostrar la voluntad genuina de priorizar su implementación, asignando los recursos humanos y financieros necesarios y garantizando la participación plena de la sociedad civil. De lo contrario, estas nuevas instituciones serán una más de las muchas reformas judiciales incompletas emprendidas por México que, en la práctica, agrandan la brecha entre la ley y la realidad del sistema de justicia en el país.
