Por Coletta A. Youngers, Asesora Principal de WOLA
Este comentario es la segunda parte de una serie que explora las dinámicas de la reforma de las políticas sobre drogas en el ámbito internacional. Mientras que en Uruguay, México y los Estados Unidos la reforma de las políticas sobre drogas avanza, continúan los desafíos para enfrentar el paradigma y estructuras de las políticas internacionales de drogas vigentes, que siguen siendo opuestas al cambio.
Los Principios Guía Internacionales sobre Desarrollo Alternativo aprobados la semana pasada en una reunión internacional celebrada en Lima, Perú, representan una oportunidad perdida para promover el desarrollo equitativo en algunas de las regiones más pobres del mundo. El documento final sobre los Principios Guía guarda escasa relación con el documento borrador original, redactado en noviembre de 2011 en Tailandia por un grupo formado por más de 100 expertos gubernamentales y de la sociedad civil. Aunque se mantuvieron algunas definiciones acertadas sobre los derechos humanos y el papel de la sociedad civil, entre otros temas, los Principios Guía se han apartado del propósito original de estimular a los ministerios y agencias de desarrollo a invertir sus recursos en áreas donde se cultivan la hoja de coca y la amapola.
Muchas organizaciones de desarrollo internacional, y entidades intergubernamentales como el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo, han rehusado durante mucho tiempo tomar parte en acciones de desarrollo alternativo, en gran medida debido a que dichos esfuerzos han sido percibidos como económicamente inviables. Otros productos simplemente no podían competir con las ganancias derivadas de los cultivos utilizados para elaborar drogas ilícitas. Otros también han expresado inquietud respecto a que las campañas de erradicación forzada alienen a la propia población cuyo apoyo se requiere para garantizar el éxito a largo plazo de los proyectos de desarrollo. Sin embargo, con el transcurso del tiempo, el concepto de desarrollo alternativo ha evolucionado para comprender un enfoque integral orientado a mejorar las oportunidades de ingreso y la calidad de vida en general de los agricultores pobres. El concepto de “adecuada secuencia” también se ha arraigado entre las agencias donantes clave; en otras palabras, antes de la eliminación de los cultivos orientados a los mercados ilegales, deben existir alternativas económicas viables.
Los Principios Guía Internacionales adoptados en Lima colocan una vez más el desarrollo alternativo como un elemento “complementario” a la “aplicación de la ley y la eliminación de cultivos ilícitos”, antes que como el medio primordial para crear las condiciones que permitan el mejoramiento de los medios de subsistencia y la reducción de cultivos de hoja coca y amapola. Resulta especialmente preocupante que el documento declare que las acciones de desarrollo alternativo deben llevarse a cabo “en pleno cumplimiento de las tres convenciones sobre drogas”, antes que con arreglo a las Metas de Desarrollo del Milenio trazadas por las NN.UU. Resulta extremadamente alarmante, y contrasta diametralmente con el tono de las discusiones sostenidas en Tailandia, que el documento adoptado en Lima subraye el papel de la Comisión de Estupefacientes (CND, siglas en inglés), la Oficina de las NN.UU. sobre Drogas y el Delito (ONUDD) y la Junta Internacional para la Fiscalización de Estupefacientes (JIFE) “como los órganos de las Naciones Unidas que ostentan la primordial responsabilidad en temas de control de drogas”. Tal declaración simplemente refleja una falta de comprensión del tema. Quien debe ser convocado a la acción es el Programa de Desarrollo de las NN.UU., junto con otras agencias de desarrollo internacional, y ciertamente no la CND sofocada por intrigas diplomáticas, ni la JIFE, que constituye una sobredimensionada defensora de las convenciones internacionales para el control de las drogas.
El documento modificado sí aborda el tema de la adecuada secuencia, aunque lo hace en menor detalle que en el borrador original. Sin embargo, el documento elimina un punto crucial relacionado que fuera acordado por los gobiernos en Tailandia: “La asistencia al desarrollo no debe ser condicionada a reducciones de los cultivos ilícitos”. El documento adoptado en Lima elimina también la importancia de tomar “debida cuenta de los usos lícitos tradicionales de cultivos donde exista evidencia histórica de tal uso”, cuya incorporación fue obtenida por el gobierno boliviano durante la reunión en Tailandia. Al parecer, ciertos diplomáticos en Viena simplemente no podían tolerar tal lenguaje.
Estas personas pudieron hacer prevalecer su opinión porque el proceso fue diseñado para evitar cualquier debate serio sobre los temas. Las autoridades peruanas dejaron en claro que cualquier aspecto no aceptado por los diplomáticos en Viena con anterioridad a la reunión en Lima sería simplemente eliminado del documento final. Carmen Masías, presidenta de la agencia antidrogas del Perú (DEVIDA), declaró a la prensa peruana que la reunión había consistido en “largas jornadas de arduo trabajo y aprendizajes”. De hecho, al igual que muchos otros eventos de este tipo, los funcionarios gubernamentales se sentaron a escuchar a cuatro paneles de oradores, sin dar oportunidad a discusión significativa alguna. En pocas palabras, el arduo trabajo consistió en sofocar cualquier debate.
Tal como lo ha señalado mi colega Pien Metaal, la próxima oportunidad para debatir estos tendrá lugar en la reunión de la CND en marzo de 2013, cuando se presenten los Principios Guía Internacionales para su aprobación. Habiendo sido observadora en numerosas reuniones de la CND, puedo predecir que, aunque sin duda se producirá cierto nivel de debate, el producto final será reducido al mínimo común denominador dado que todos los documentos resultantes son determinados por consenso. Ello no obstante, aquellos países que siguen siendo acérrimos defensores del régimen para el control internacional de drogas existente —temerosos de que cualquier cambio amenace con traérselo abajo— se verán en apuros para desviar los crecientes llamados para considerar seriamente reformas a las políticas sobre drogas. Al mismo tiempo que en Lima se realizaba la reunión sobre Desarrollo Alternativo, en Cádiz (España) se llevaba a cabo la cumbre iberoamericana. Haciendo eco de una declaración anterior por parte de los presidentes de Colombia, México y Guatemala, los gobiernos reunidos en Cádiz reiteraron en su declaración oficial que a más tardar en 2015 debe realizarse una Sesión Especial de la Asamblea General de las NN.UU. para evaluar los avances y fracasos de las políticas actuales. A diferencia de lo ocurrido en Lima, probablemente será cada vez más difícil sofocar el debate.
La Parte I de este comentario puede encontrarse aquí.
Un grupo de expertos de Asia, América Latina y Europa, reunidos por el Observatorio de Cultivos Declarados Ilícitos (OCDI) con sede en Valencia, España, produjeron una declaración sobre los Principios Guía Internacionales sobre Desarrollo Alternativo, la cual puede leerse aquí.
