(AP Photo/Evan Vucci)

22 Jan 2021 | Análisis

Para revertir el desastroso legado de Trump en América Latina, estas son las medidas clave que el gobierno de Biden debería tomar en su primer año

Background 

Este análisis se basa en una serie de publicaciones, podcasts y estudios producidos por WOLA que examinan el legado del gobierno de Trump en América Latina y las principales prioridades para el gobierno de Biden.

Con su serie de órdenes ejecutivas y una propuesta de ley de reforma migratoria, el gobierno de Biden dejó claro en su primer día en el cargo que está iniciando un giro de 180 grados respecto a los años de Trump en muchas áreas políticas. 

En el primer día, el gobierno de Biden puso en pausa el muro fronterizo, suspendió las nuevas inscripciones en “Quédate en México” (Remain in Mexico), restableció el programa de Obama para menores centroamericanos (Central American Minors Program), limitó las detenciones del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) y detuvo las deportaciones durante 100 días. La Casa Blanca también presentó un proyecto de ley de reforma migratoria que ofrece nuevas vías para la ciudadanía (incluyendo a los beneficiarios de los programas humanitarios Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés) y Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés), mientras deshace las prohibiciones a los ciudadanos de países principalmente musulmanes, y aborda las causas fundamentales de la migración, entre otras medidas. 

Estos primeros pasos son bienvenidos. Pero gran parte de los daños causados por el gobierno de Trump son tan graves que tardará en revertirse y repararse. Tal y como subrayan los violentos sucesos del 6 de enero de 2021 en el Capitolio de los Estados Unidos; la culminación de cuatro años de presión por parte del gobierno de Trump para erosionar las normas e instituciones democráticas; los ideales democráticos globales no pueden darse por concedidos. Tanto en el país como en el extranjero, el gobierno de Biden tiene ahora una oportunidad crítica para reconstruir la capacidad del gobierno estadounidense de apoyar y proteger a quienes defienden estos ideales en regiones como América Latina.

El punto de partida para los Estados Unidos es defender los principios democráticos básicos dentro de sus propias fronteras. Y se empieza por reconocer la necesidad de trabajar con los reformistas y los líderes de la sociedad civil de América Latina que se enfrentan a tendencias autoritarias y a líderes autoritarios, es decir, los actores políticos y sus aliados que buscan debilitar las instituciones desde dentro, cerrar los espacios cívicos y socavar la ley para aferrarse al poder. 

Tanto Estados Unidos como América Latina se enfrentan a amenazas formidables de fuerzas autoritarias. Ante estos desafíos en común, tanto Estados Unidos como América Latina tienen la responsabilidad de defender los ideales democráticos como aliados.

El daño duradero de Trump

Las instituciones de los Estados Unidos resistieron un ataque sin precedentes el 6 de enero: El presidente Trump y la turba que atacó el Capitolio fracasaron en su violenta misión de interrumpir el proceso electoral. El Congreso y el sistema judicial están buscando diversas vías para que los implicados rindan cuentas. Garantizar que no haya impunidad por los oscuros sucesos de ese día enviará un fuerte mensaje sobre la resistencia de las instituciones estadounidenses frente a las amenazas autoritarias.

Enviar este mensaje es crucial para ayudar a reajustar la política exterior de los Estados Unidos hacia América Latina, dado lo mucho que el gobierno de Trump dañó la capacidad del gobierno estadounidense para desempeñar una función constructiva en el fomento de las normas democráticas. Es difícil para el cuerpo diplomático estadounidense exigir al presidente Nayib Bukele de El Salvador que deje de atacar a los periodistas, o a las autoridades de Guatemala que protejan, y no acosen, a los funcionarios de justicia independientes; o al presidente Jair Bolsonaro de Brasil que se abstenga de hacer acusaciones infundadas de fraude electoral, cuando el presidente Trump normalizó el mismo comportamiento.  

Trump ayudó a sacar a relucir las peores tendencias de los líderes de toda América. El gobierno de Biden debe establecer otro camino hacia adelante, a través de políticas estadounidenses que se centren en el respeto de los derechos humanos, la defensa del estado de derecho y la transparencia y la rendición de cuentas. La promoción del desarrollo económico equitativo y la superación de la desigualdad extrema; con un enfoque en aquellos desproporcionadamente afectados por la pobreza, incluyendo las comunidades negras, indígenas y rurales; debe ser otro enfoque, especialmente a la luz del impacto económico de la pandemia del COVID-19.

Estos valores se han enfrentado a una oposición fulminante por parte de líderes autoritarios empoderados, intereses económicos arraigados y el gobierno de Trump, dispuesto a renunciar a la defensa de los ideales democráticos a cambio del respaldo de los líderes regionales a las crueles políticas migratorias.

Como defensores de los derechos humanos que trabajan en colaboración con líderes de la sociedad civil en América Latina, el trabajo de WOLA este próximo año no sólo se centrará en presionar para revertir rápidamente el dañino legado del gobierno de Trump en América Latina. Defenderemos la necesidad de colocar los derechos humanos, el estado de derecho y la equidad en el centro de enfoque del gobierno estadounidense hacia la región. Haremos énfasis en el rol constructivo que el gobierno estadounidense puede desempeñar en el apoyo a los esfuerzos de la sociedad que buscan construir la gobernabilidad democrática, derribar la corrupción sistémica, promover la equidad y la igualdad (incluyendo la justicia racial, de género y climática), y asegurar la paz.

Nuestro trabajo comienza ahora con presionar al gobierno de Biden para que dedique su primer año a prioridades clave, con el fin de mitigar las consecuencias duraderas del liderazgo inexistente del gobierno de Trump en materia de derechos humanos en América Latina. Estas incluyen:

Contra el autoritarismo y en defensa del espacio cívico 

1. A través de la diplomacia privada y pública, enviar mensajes firmes de que el gobierno de Biden se preocupa por defender el espacio cívico y desalentar las prácticas autoritarias. 

Tan pronto como sea posible, el gobierno de Biden debería enviar señales claramente definidas de que se está dando prioridad a los derechos humanos y a las normas democráticas. Esta diplomacia puede variar de un lugar a otro, pero el mensaje central debe ser que el gobierno estadounidense está prestando atención a las amenazas contra el espacio cívico en toda la región, está comprometido con la defensa de los principios democráticos básicos dentro de sus propias fronteras, y quiere asociarse con América Latina en la defensa de estos principios.

En concreto, esto significa condenar firmemente a quienes utilizan las fuerzas de seguridad para reprimir las protestas pacíficas o intimidar a otros sectores del gobierno. Significa exigir condiciones en cuanto a los derechos humanos con respecto a la ayuda extranjera a los ejércitos y a la policía. Significa que los representantes del gobierno estadounidense comparezcan junto a los valientes reformistas contra la corrupción y los defensores de los derechos humanos. Y significa desplegar el Departamento de Estado y la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID, por sus siglas en inglés) para que desempeñen un papel importante en la transmisión de estos mensajes en todo el hemisferio. 

Los movimientos sociales y las organizaciones de la sociedad civil son los que van a marcar la diferencia a la hora de resistir el autoritarismo y lograr un cambio duradero en toda América Latina. El gobierno de Biden debería alentar y proteger a los miembros de la sociedad civil que están ayudando a crear las condiciones para los nuevos movimientos políticos que están genuinamente comprometidos con la democracia real y la justicia social, económica, racial, de género y climática.

Escucha el podcast de WOLA sobre la transición de Biden-Trump y las crecientes amenazas del autoritarismo y el cierre del espacio cívico. 

COVID-19

1. Desempeñar un rol de liderazgo en las intervenciones humanitarias ante la crisis del COVID-19 en América Latina. 

La pandemia ha causado enfermedades y muertes de manera generalizada. En muchos países, los sistemas de salud pública se han visto desbordados. Las personas que trabajan en el gran sector informal de las economías de toda la región se han visto muy afectadas; el daño a las economías y los obstáculos a los esfuerzos de desarrollo están aumentando la desigualdad en toda América Latina. 

La región necesitará apoyo internacional mientras se enfrenta a la pandemia, y mientras se recupera. Históricamente, Estados Unidos ha sido un líder en la asistencia humanitaria en todo el mundo; debería retomar esta posición de frente al COVID-19. El apoyo de los Estados Unidos a la oficina regional de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS), será fundamental para una respuesta eficaz a la vacuna contra el COVID-19 en las Américas. 

Política migratoria y fronteriza

1. Establecer y equipar con personal las instalaciones temporales cerca de los puertos de entrada a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México, para procesar mejor a los solicitantes de asilo de forma humanitaria. 

Como resultado de las políticas migratorias del gobierno de Trump, hay una gran acumulación de solicitantes de asilo en las ciudades fronterizas mexicanas, incluyendo miles que viven en campamentos de tiendas de campaña y refugios abarrotados donde se enfrentan a los peligros asociados con las organizaciones criminales y la pandemia del COVID-19.

La propuesta de la Casa Blanca de Biden para la ley de Ciudadanos Estadounidenses de 2021 incluye compromisos para apoyar a los solicitantes de asilo a través de reformas de los visados y otras protecciones incrementadas, así como una mejor tramitación en los puertos de entrada. Según otra declaración política, no se podrá inscribir a más solicitantes de asilo en el programa “Quédate en México”, que creó un desastre humanitario en la frontera entre Estados Unidos y México. 

Pero el gobierno de Biden también ha dejado claro que será cauteloso a la hora de revertir todas las crueles e ineficaces políticas de disuasión del gobierno de Trump, lo que podría dejar a miles de personas varadas mientras elimina esas políticas por fases. 

Aunque la pandemia del COVID-19 ha limitado los viajes en todo el mundo, el gobierno estadounidense se enfrentará simultáneamente a un flujo continuo de personas que buscan asilo, seguridad y refugio en la frontera de los Estados Unidos, debido a los huracanes, la abrumadora pobreza exacerbada por el COVID-19 y la persistente violencia e inseguridad en Centroamérica. 

Aunque nuestro trabajo continuará presionando para que se reviertan rápidamente las dañinas políticas de Trump, hay medidas claras que mientras tanto pueden ayudar a mitigar los peligros para los solicitantes de asilo y los migrantes. El proyecto de ley de gastos de 2021 incluye 142 millones de dólares para la “construcción y mejora de las instalaciones” de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza. Aunque es un momento difícil, estos fondos deberían habilitarse lo más pronto posible para comenzar a establecer instalaciones temporales en determinados puertos de entrada este año. Al asegurar que los puertos de entrada de alto tráfico tengan las instalaciones necesarias para examinar y procesar a los solicitantes de asilo de manera eficiente, el gobierno de Biden puede dar un paso importante hacia un enfoque más humanitario y ordenado de la inmigración. 

2. Gastar el dinero del muro fronterizo en otra parte. 

Biden ya ha puesto fin a la construcción del ineficaz, despilfarrador y destructivo muro en la frontera de Trump, a través de una proclamación que revierte los dictados ejecutivos de Trump (que permitieron a la Casa Blanca utilizar 9.9 millones de dólares de fondos del Departamento de Defensa y parte del dinero del Departamento del Tesoro para construir el muro sin la aprobación del Congreso). Esta era una medida muy necesaria, y todavía se enfrenta al reto de sacar al gobierno estadounidense de los contratos de construcción, y encontrar la manera de desviar lo que queda sin gastar de los 5.8 millones de dólares que el Congreso aprobó específicamente para la construcción del muro desde el 2017.      

Mirando hacia el futuro, el gobierno de Biden debería cumplir su compromiso de anular los fondos del muro de la frontera que no se han gastado, o de transferirlos, incluyendo los 1.375 millones de dólares del presupuesto de 2021 a otras actividades del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés). Estas pueden incluir el procesamiento humanitario, alternativas a la detención de los solicitantes de asilo, el desmontaje y la reducción de los segmentos del muro de la frontera que dañan el medio ambiente y las comunidades fronterizas, y la mejoría de la infraestructura de los puertos de entrada para reducir los tiempos de cruce de la frontera.  

Escuche el podcast de WOLA sobre la transición de Biden-Trump y la necesidad de un enfoque humanitario y regional de la inmigración.

3. Trabajar con el Congreso para invertir en medidas alternativas a la detención. 

La propuesta de ley de Ciudadanos Estadounidenses de 2021 de Biden fue un fuerte indicio de que esta administración tiene la intención de alejarse del enfoque antiinmigrante del gobierno de Trump. Pero hay otro componente central para hacer que el sistema de migración y asilo de los Estados Unidos sea más humano: dejar de encerrar a los que han venido aquí en busca de protección. 

La detención es costosa e inhumana. En medio de una pandemia histórica, es mortal. No tiene por qué ser así: los sistemas de gestión de casos tienen un historial probado de éxito a la hora de garantizar que los participantes se presenten ante la corte. El gobierno de Biden debería trabajar con el Congreso para aprovechar los moderados recortes de la detención de la ICE en el año fiscal 2021, y ampliar los 440 millones de dólares para programas alternativos a la detención en el presupuesto del año fiscal 2021. 

Lea más sobre lo que el gobierno de Biden puede hacer a medio y largo plazo para revertir las desastrosas políticas migratorias de Trump. 

4. Reforzar los controles internos y la responsabilidad de las agencias de seguridad fronterizas, mientras se deshace una cultura institucional que fomenta el abuso de los derechos humanos.

El 2020 fue otro año alarmante en cuanto a denuncias de abusos contra los derechos humanos en la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés), la ICE y la Patrulla Fronteriza. Éstas incluyeron desde procedimientos médicos forzados, discriminación racial, protección insuficiente del COVID-19, uso excesivo de la fuerza y numerosos ejemplos de crueldad cotidiana. Incluso antes de los años de Trump, estas agencias se ganaron la reputación de resistir ferozmente el escrutinio, pero en los últimos cuatro años sus tendencias más destructivas fueron fomentadas en los cargos más altos del gobierno.

Un gran reto para el gobierno de Biden es cambiar la forma en que la dirección de la CBP y la Patrulla Fronteriza consideran y llevan a cabo sus misiones en la frontera. En lugar de una política de facto de emplear una crueldad deliberada para disuadir a los posibles migrantes, incluidos los que buscan protección, estas agencias deberían centrarse en las amenazas reales a la seguridad, dejando el procesamiento de los migrantes indocumentados a otras personas con capacitación especializada. El cambio de cultura institucional implica abandonar la ética “paramilitar” predominante en favor de servir a las comunidades fronterizas, centrarse en el crimen organizado y reducir los enfrentamientos, con más transparencia y responsabilidad ante el fortalecimiento de asuntos internos y los recursos de reclamación de los derechos civiles. La transferencia de responsabilidades y el aumento de la capacitación de asuntos internos requerirán cambios en la forma en que el DHS asigna los recursos entre las agencias fronterizas.

Lea más sobre la politización, la resistencia a la supervisión y la tolerancia a los abusos en la cultura institucional de las agencias fronterizas de los Estados Unidos. 

México

1. Trabajar con el gobierno mexicano para desarrollar un plan para poner fin al programa “Quédate en México” y abordar el desastre humanitario causado por esta política.

Desde el 21 de enero, el gobierno de Biden ha suspendido las inscripciones al programa “Quédate en México”. Los funcionarios han señalado que es poco probable que la reducción del programa se produzca de manera rápida, debido a la preocupación de limitar el número de migrantes y solicitantes de asilo bajo custodia de los Estados Unidos, especialmente durante la pandemia. (Más de 68.000 personas fueron devueltas a México bajo el programa, creando una crisis humanitaria en la frontera).

“Quédate en México” es una política ilegal que ha tenido consecuencias devastadoras para decenas de miles de personas. El fracaso del gobierno de Trump en el manejo de la pandemia del COVID-19 se suma al desafío (aunque los expertos en salud pública enfatizan que usar las preocupaciones de salud como justificación para las restricciones de asilo es injustificado y va en contra de las medidas recomendadas y basadas en la evidencia para mitigar el riesgo del COVID-19). 

Al menos 28.455 personas sujetas a “Quédate en México” siguen esperando decisiones de asilo de Estados Unidos en las ciudades fronterizas mexicanas. (A más de 41.000 otras se les ha cerrado el caso, y merecen la oportunidad de volver a solicitar asilo en cualquier embajada o consulado de Estados Unidos). Muchos son familias con niños. Sus solicitudes ya se han tramitado. Ya tienen fechas de juicio en Estados Unidos. Deberían recibir la libertad condicional en Estados Unidos, donde pueden esperar sus audiencias con familiares u otras redes de apoyo, seguros y socialmente distanciados, y no a la deriva y sin hogar en las ciudades fronterizas mexicanas.

Basándose en un extenso trabajo con esta población a lo largo de la frontera, HIAS y las organizaciones humanitarias asociadas han desarrollado un conjunto detallado de propuestas para dar libertad condicional a los inscritos en “Quédate en México”, de una manera que está en línea con las normas de salud pública del COVID-19. Instamos al gobierno de Biden a seguir estas medidas recomendadas lo más rápido posible.

Los gobiernos de México y Estados Unidos deberán colaborar estrechamente en la logística de poner fin al programa “Quédate en México”, al tiempo que aumentan los esfuerzos para garantizar que, mientras se lleva a cabo la eliminación gradual, los solicitantes de asilo que esperan en la frontera entre Estados Unidos y México tengan acceso a un alojamiento adecuado y a servicios médicos, en lugar de quedar vulnerables en condiciones precarias y en riesgo de sufrir agresiones

Lea más sobre cómo el gobierno mexicano y el gobierno de Biden pueden trabajar juntos para implementar políticas migratorias más humanas. 

2. Dar prioridad a la cooperación con el gobierno mexicano en materia de reformas de la justicia, esfuerzos anticorrupción y derechos humanos.

México sigue teniendo niveles récord de violencia. La impunidad de los ataques perpetrados tanto por actores estatales como no estatales ha dejado a los activistas medioambientales y de derechos humanos, a los periodistas y a otros líderes de la sociedad civil, particularmente en riesgo. En 2020, México fue el país más mortífero del mundo para los periodistas. Más de 80.000 personas han desaparecido en el país, la mayoría después de 2006. 

Las recientes reformas a la Ley de Seguridad Nacional de México podrían limitar drásticamente el intercambio de inteligencia bilateral y las oportunidades de cooperación policial con Estados Unidos. Las reformas y los acontecimientos que las rodean; a detención por parte de Estados Unidos del ex ministro de Defensa de México acusado de colusión con el crimen organizado, seguida de su regreso a México, donde las autoridades lo exoneraron rápidamente de todos los cargos en un proceso muy cuestionado; dejan claro que ambos gobiernos necesitan reconstruir la relación y establecer prioridades para una futura cooperación centrada en el fortalecimiento del Estado de derecho. Estas deberían incluir: 

  • Aprovechar y ampliar el cambio de enfoque en cuanto a la ayuda exterior de Estados Unidos a México, enfatizando el apoyo al estado de derecho, los derechos humanos, los esfuerzos anticorrupción y las reformas de justicia para la ayuda antinarcóticos. Durante décadas, Estados Unidos ha proporcionado una ayuda significativa a los esfuerzos de seguridad pública militarizadas para enfrentar a los cárteles de la droga, un enfoque cuya ineficacia es evidente ante el reciente récord de muertes por sobredosis de drogas en Estados Unidos y el aumento de casi el 500 por ciento de las incautaciones de fentanilo en México. Centrarse en el fortalecimiento de las investigaciones criminales y en la lucha contra la corrupción que permite las operaciones de los cárteles mexicanos es una estrategia mucho más prometedora para reducir la violencia y privar a los grupos criminales organizados de los ingresos relacionados con el tráfico de drogas, especialmente cuando se combina con un sólido esfuerzo nacional de Estados Unidos para invertir en prevención, reducción de daños, tratamiento y servicios de recuperación. 
  • Apoyar los esfuerzos de México para hacer frente a su crisis de desapariciones reforzando las peticiones de las familias de los desaparecidos y proporcionando financiación continua para aumentar la capacidad de México para buscar a los desaparecidos, identificar los restos; incluso a través del Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense; e investigar a los responsables de estos crímenes. 
  • Aplicar totalmente las protecciones de los derechos humanos y los requisitos de la ley Leahy en la ayuda exterior de Estados Unidos a México, para garantizar que los fondos estadounidenses no se destinan al fortalecimiento de fuerzas de seguridad potencialmente corruptas y abusivas.
  • Dejar de medir el “progreso” en la resolución de la crisis de seguridad de México en función de las cifras de interdicción de drogas y la detención de objetivos de alto valor de los cárteles. En su lugar, priorizar los avances de los fiscales y otros funcionarios en la investigación y persecución de delitos. Otro compromiso debería ser la inversión en el bienestar y la calidad de vida de quienes se encuentran en las zonas de cultivo de amapola, coca y cannabis, así como en las comunidades más afectadas por el consumo de drogas y la violencia. 

Lea más sobre cómo el gobierno de Biden puede apoyar el estado de derecho y esfuerzos anticorrupción en México. 

Centroamérica

1. Enviar mensajes claros, fuertes y consistentes de que el apoyo al estado de derecho y a los esfuerzos anticorrupción son una prioridad absoluta.

El gobierno de Biden debe dejar claro desde el principio que el estado de derecho, la gobernabilidad, los derechos humanos y los esfuerzos anticorrupción serán el centro de la política estadounidense hacia Centroamérica. Esto debe ser comunicado de forma clara y contundente desde la Casa Blanca, el Departamento de Estado y en las reuniones entre diplomáticos y otro personal del gobierno. Cuando haya esfuerzos por parte de los actores corruptos para obstaculizar los esfuerzos anticorrupción y apropiarse del sistema de justicia, los funcionarios estadounidenses tendrán que responder de forma contundente y rápida, con el fin de enviar el mensaje de que las autoridades estadounidenses no se hacen de la vista gorda. 

Otras acciones clave a corto plazo deberían incluir: 

  • Emitir una declaración pública en la que se deje claro que la anticorrupción y el buen gobierno estarán en el centro de las relaciones de Estados Unidos con Centroamérica y comprometerse a garantizar que la ayuda y la tan necesaria asistencia humanitaria irán acompañadas de fuertes medidas anticorrupción. 
  • Nombrar un enviado especial sobre la corrupción en Centroamérica.
  • Nombrar rápidamente embajadores a Honduras y El Salvador con un sólido historial, y compromiso a, la protección de los derechos humanos, la promoción del estado de derecho y la lucha contra la corrupción. 
  • Publicar y actualizar frecuentemente una lista de personas de Guatemala, El Salvador y Honduras que estén implicadas en actos de corrupción significativos y en el debilitamiento de las instituciones democráticas, y asegurarse de que se les niega la entrada en Estados Unidos. 
  • Utilizar todas las herramientas disponibles para emitir sanciones selectivas contra individuos acusados de corrupción significativa y de socavar el estado de derecho. Esto incluye la ley Magnitsky, la ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA, por sus siglas en inglés), las designaciones de corrupción del Departamento de Estado y las sanciones selectivas del Departamento del Tesoro bajo la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés).
  • Proporcionando apoyo político y financiero a quienes, dentro y fuera del gobierno, lideran los esfuerzos para combatir la corrupción, incluidos fiscales y jueces valientes e independientes, periodistas independientes y organizaciones de la sociedad civil que se especializan en la transparencia, gobernanza, y la lucha contra la impunidad.
  • Defender las reformas fiscales y los mecanismos de supervisión de la financiación y los préstamos proporcionados por las instituciones financieras internacionales. 
  • Implementar plenamente las protecciones de los derechos humanos y los requisitos de la ley Leahy en la ayuda exterior de Estados Unidos a Centroamérica, para garantizar que los fondos estadounidenses no se destinen a empoderar a fuerzas de seguridad potencialmente corruptas y abusivas.

Escuche el podcast de WOLA sobre la transición de Biden-Trump y el futuro de la lucha anticorrupción en Latinoamérica.  

2. Apoyar a la sociedad civil y a otros actores en Centroamérica para abordar los factores que impulsan la migración.

Biden propuso desarrollar una estrategia regional de cuatro años para Centroamérica, proporcionando hasta 4.000 millones de dólares en ayuda; su proyecto de ley de reforma migratoria integral codificaría y financiaría este plan interagencial de cuatro años. Su gobierno debería trabajar con el Congreso para aumentar la ayuda a la región, financiando programas que: 

  • Priorizar el apoyo a las iniciativas que han demostrado tener éxito en la lucha contra la corrupción y mejorar la buena gobernanza, y ayuden a fortalecer las organizaciones de la sociedad civil y sus esfuerzos para responsabilizar a los gobiernos.
  • Ampliar los programas comunitarios basados en evidencia para reducir la delincuencia y la violencia juveniles, reintegrar a los jóvenes que tratan de abandonar la influencia de las pandillas y los grupos delictivos, y ofrecer asistencia para la protección de los derechos de las mujeres, los jóvenes, los niños, indivíduos LGBT+, las comunidades indígenas, los afrodescendientes y otros grupos vulnerables. 
  • Apoyar los programas de creación de empleo y de entrenamiento laboral basados en evidencia y centrados en los jóvenes en situación de riesgo de las comunidades seleccionadas. 
  • Centrar la financiación relacionada con la seguridad en el fortalecimiento de las instituciones de justicia y en la profesionalización de las fuerzas de seguridad civiles y en hacerlas más responsables y transparentes. La ayuda debe dirigirse a mejorar la independencia y las capacidades de los fiscales y los jueces, apoyando los procesos de selección basados en los méritos y los sistemas de evaluación y disciplina, y garantizando una protección adecuada para los jueces, los fiscales y otros funcionarios de la justicia.
  • Establecer un proceso de consultas periódicas con una amplia gama de organizaciones de la sociedad civil para recabar sus aportaciones y recomendaciones sobre la ayuda y las iniciativas de Estados Unidos en la región. 

La ayuda a los organismos gubernamentales debería estar supeditada a la adopción de medidas anticorrupción y a la realización de progresos demostrables en el avance de las tan necesarias reformas. La nueva administración y el Congreso deben asegurarse de que el paquete de asistencia incluya parámetros claros para evaluar si la ayuda está logrando los resultados deseados. WOLA ha trabajado con sus socios para identificar indicadores claros para el seguimiento de estas cuestiones, y está recopilando activamente datos a través de su Monitor Centroamericano.   

EXPLORA EL MONITOR CENTROAMERICANO

Lea más sobre cómo el gobierno de Biden puede transformar las relaciones en los países del norte de Centroamérica.

3. Trabajar con otros donantes internacionales para proveer ayuda humanitaria urgente a los países devastados por los huracanes Eta e Iota y coordinar los esfuerzos de recuperación a largo plazo.  

Eta e Iota causaron destrucción y devastación masiva. Para enfrentar el impacto de estas tormentas se necesitará ayuda para apoyar los esfuerzos de recuperación e inversiones a largo plazo en los esfuerzos de reconstrucción. 

Los esfuerzos de recuperación y reconstrucción deben basarse en un proceso de planificación inclusivo y participativo para garantizar que la ayuda llegue a las comunidades más remotas y afectadas. Estados Unidos y otros donantes deben esperar que los gobiernos que solicitan ayuda internacional presenten planes integrales que hayan sido desarrollados en consulta con los actores de la sociedad civil. Dada la preocupación por la corrupción, la ayuda debería canalizarse en gran medida a través de organizaciones humanitarias internacionales y nacionales, y cualquier ayuda a los gobiernos debería estar supeditada a medidas anticorrupción. Además, el nuevo gobierno debería designar a Guatemala para el Estatus de Protección Temporal (TPS) y volver a designar a El Salvador, Honduras y Nicaragua. 

El impacto de los huracanes se vio intensificado por los problemas medioambientales y el cambio climático en la región, como la sequía y la deforestación, que han afectado especialmente a las comunidades rurales y a los pequeños agricultores. Los planes de reconstrucción deben reconocer estos problemas e incluir esfuerzos de mitigación. 

4. Trabajar con los aliados del hemisferio para utilizar la diplomacia y las sanciones para presionar al gobierno nicaragüense para que ponga fin a la represión política y a los abusos contra los derechos humanos, de modo que la sociedad civil y los actores políticos puedan organizarse libremente, y negociar reformas que hagan posible la celebración de elecciones verdaderamente libres y justas.

Con las elecciones programadas para noviembre de 2021, el amplio movimiento de la oposición; estudiantes, ecologistas, activistas, junto con figuras políticas de la oposición, tanto nuevas como ya establecidas, y partes de la comunidad empresarial; tendrá que encontrar una causa en común y presentar candidatos, tanto a nivel local como nacional.   

El gobierno de Biden tendrá que presionar para que estos grupos tengan la libertad política de reunirse como consideren oportuno, y debe presionar para que se lleven a cabo las reformas electorales necesarias para que haya elecciones libres y justas en Nicaragua. Esto requerirá una mezcla de diplomacia y presión focalizada, incluyendo un mensaje al gobierno de Ortega de que el nuevo gobierno estadounidense, con apoyo bipartidista en el Congreso, seguirá presionando por la reforma y el respeto de los derechos humanos, y que se comprometerá ampliamente con la gama de actores políticos de la oposición mientras determinan sus propias estrategias electorales.

Venezuela  

1. Afirmar clara e inequívocamente que el gobierno de Estados Unidos no apoya la intervención militar en Venezuela.

Mantener como opción cualquier tipo de intervención militar sólo ha servido para dividir a los aliados internacionales, así como a la oposición de Venezuela. En su lugar, el gobierno de Biden debería señalar claramente su apoyo a una estrategia diplomática multilateral que enfatice la necesidad de elecciones libres y justas como la única solución a la crisis política de Venezuela.

2. Dirigir a los altos funcionarios de la política del Hemisferio Occidental en el Consejo de Seguridad Nacional y el Departamento de Estado para que se coordinen estrechamente con el Ministerio de Asuntos Exteriores de Noruega con el fin de restablecer negociaciones creíbles.

Las conversaciones de 2019 en Oslo y Barbados, facilitadas por diplomáticos noruegos, fueron las negociaciones más creíbles hasta ahora entre el régimen de Maduro y la oposición. El gobierno de Estados Unidos debe ofrecer un total apoyo a estos esfuerzos y mantenerse estrechamente comprometido con los diplomáticos noruegos.

3. Apoyar el progreso hacia acuerdos iniciales y parciales para construir el capital social necesario para avanzar en una solución política integral.

Un acuerdo de Junio 2020 entre el Ministro de Salud de Maduro y la Comisión de Ayuda Humanitaria, cuyo coordinación fue a cargo de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), para implementar una respuesta a la pandemia fue un logro tremendo y demuestra que acuerdos parecidos son posibles. El gobierno de Biden debe apoyar y expandir este acuerdo para asegurar que incluye acceso a la vacuna del COVID-19.

4. Instruir a la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro para que restablezca inmediatamente las exenciones humanitarias que permiten a Venezuela comerciar con petróleo crudo a cambio de diésel.

En Venezuela, el diésel se utiliza para transportar alimentos, medicinas y ayuda humanitaria. Es la principal fuente de combustible para los generadores eléctricos de respaldo utilizados en las clínicas de salud privadas y en algunos hospitales públicos de todo el país. Las restricciones impuestas por Trump a las importaciones de combustible a Venezuela agudizarán el sufrimiento de los venezolanos de pie, en medio de una pandemia histórica. 

5. Convocar un grupo de trabajo con varias agencias para revisar las sanciones a Venezuela y acusaciones relacionadas.

El objetivo de este grupo de trabajo debería ser reformar la política de manera que se alivie la crisis humanitaria de Venezuela y se contribuya eficazmente al retorno a la democracia. Este grupo de trabajo también debería recomendar formas de avanzar en una estrategia de sanciones individuales más coordinada a nivel internacional, así como garantizar que cualquier acusación de figuras clave del régimen no suponga un obstáculo para la transición.

Lea más sobre lo que el gobierno de Biden puede hacer para recalibrar las políticas estadounidenses sobre Venezuela y apoyar la búsqueda de una solución pacífica y democrática a la crisis política en Venezuela.

Cuba

1. Entablar relaciones diplomáticas con Cuba.

El compromiso diplomático fue uno de los aspectos más exitosos de la apertura del gobierno de Obama hacia Cuba. El presidente Trump lo cerró casi por completo. La reanudación del compromiso diplomático es un primer paso necesario para reparar el daño y Estados Unidos debería tomar la iniciativa para reiniciarlo.

Algunos pasos clave a corto plazo en esta dirección incluirían:

    • Retirar a Cuba de la lista de “patrocinadores estatales del terrorismo” iniciando inmediatamente el proceso de revisión del Departamento de Estado.
    • Enviar un mensaje personal del presidente Biden al presidente Díaz-Canel, expresando el interés de los Estados Unidos en construir una relación productiva.
    • Cubrir puestos en la embajada estadounidense en la Habana y dejar a Cuba cubrir puestos en su embajada en el Distrito de Columbia, supervisan las cuestiones de salud y seguridad del personal estadounidense.
    • Poner fin a la prohibición de que el personal del gobierno estadounidense viaje a Cuba en misión oficial.

2. Restaurar las regulaciones clave del comercio y del Departamento del Tesoro a donde estaban antes de la presidencia de Trump. 

Las sanciones impuestas por el gobierno de Trump han afectado mucho las relaciones entre familiares y el intercambio cultural y educativo. Estas sanciones y otras dirigidas a restringir las relaciones comerciales también han perjudicado a las empresas estadounidenses.

El enfoque más simple y directo para Biden es revertir las sanciones de Trump en una sola acción: restaurar las Regulaciones de Control de Activos Cubanos (CACR, por sus siglas en inglés) y las Regulaciones de Administración de Exportaciones (EAR, por sus siglas en inglés) con respecto a Cuba a su estado del 20 de enero de 2017.

De este modo, las familias radicadas en Estados Unidos podrían volver a enviar remesas de dinero en efectivo sin restricciones a Cuba. Las empresas cubanas ya no estarían en la lista de “entidades restringidas” del Departamento de Estado, lo que prohibiría a los ciudadanos estadounidenses hacer negocios con ellas. Y las líneas de cruceros, los barcos privados, las aerolíneas comerciales y las aerolíneas chárter con sede en Estados Unidos podrían volver a transportar pasajeros a Cuba.

3. Relanzar los grupos de trabajo entre Estados Unidos y Cuba que fueron suspendidos en los últimos cuatro años sobre temas importantes para ambos países.

Estado Unidos y Cuba lanzaron una serie de grupos de trabajo en los campos de cooperación ambiental, asuntos de la aplicación de la ley, el tráfico humano, y otras, incluso un grupo sobre derechos humanos. Estos grupos de trabajo entablaron diálogos importantes, e hicieron importantes avances en áreas que son relevantes a los intereses de los Estados Unidos. Estos grupos deben reanudar su labor.

Lea más sobre lo que el gobierno de Biden puede hacer a corto y largo plazo para impulsar una nueva política de compromiso diplomática con Cuba.

Colombia

1. Priorizar la implementación del acuerdo de paz de 2016 con un enfoque étnico y de género.

El gobierno estadounidense debe emitir un mensaje diplomático a Colombia: el acuerdo de paz de 2016 tiene que ser implementado por completo. La consolidación de la paz tiene que ser el tema principal en la diplomacia estadounidense en Colombia. No debe quedar subsumida en un estrecho enfoque antinarcóticos.

Algunas medidas en esta dirección incluyen:

    • Designar un emisario especial de Estados Unidos para la paz en Colombia. Esta persona trabajaría para supervisar y facilitar la implementación del acuerdo de paz con las FARC de 2016, con un enfoque específico en el Capítulo Étnico, el género y las disposiciones LGBT+. Esta persona también trabajaría para establecer un diálogo humanitario entre Colombia y el ELN que proteja a la población mientras prepara el camino para las negociaciones de paz.
    • Asegurar que la embajada estadounidense, el Departamento de Estado, y el Consejo de Seguridad Nacional expresen con regularidad preocupación sobre obstáculos específicos que eviten la implementación de los acuerdos de paz y reconozcan públicamente cuando haya avances en el proceso.
    • Reconsiderar la inclusión del partido político de las FARC en la lista de terroristas de Estados Unidos, dada la desmovilización, el desarme y el cumplimiento general del acuerdo de paz por parte del grupo. Mantener a las FARC en esta lista obstaculiza el apoyo de Estados Unidos a ciertas iniciativas críticas para la creación de una paz sostenible, como el apoyo a la reintegración de los excombatientes de las FARC, o los proyectos de desarrollo en comunidades con grandes poblaciones de excombatientes. 
    • Trabajar con el Congreso para asegurar que la ayuda a Colombia incluya un apoyo continuo a la implementación de los acuerdos de paz. Esto debería incluir el apoyo financiero a través de USAID a los esfuerzos de reforma rural, a las organizaciones de víctimas, a las comunidades afrocolombianas e indígenas y a los esfuerzos de justicia y reconciliación como la Comisión de la Verdad, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBDP). 
    • Animar al gobierno colombiano a que acelere la aplicación y cumpla plenamente las disposiciones sobre género del acuerdo de paz. Además, los responsables políticos deben instar a Colombia a proteger a los miembros de la comunidad LGBT+ y a los líderes LGBT+ y apoyar a la Fiscalía General de la Nación a ampliar la capacitación de los fiscales para abordar la violencia contra las personas LGBT+.
    • Apoyar los esfuerzos antidroga que se centran en la promoción de un desarrollo económico equitativo en las zonas donde se cultivan productos desviados al mercado ilícito, con el fin de reducir y eventualmente eliminar su cultivo, en estrecha colaboración con las comunidades locales. El apoyo de Estados Unidos debe centrarse en trabajar con los agricultores para reducir y sustituir la coca de forma sostenible, y no en ofrecer apoyo y asesoramiento para programas de erradicación forzosa (como la fumigación aérea con herbicidas) que son perjudiciales para la salud humana y el medio ambiente y que no consiguen reducir los cultivos de coca de forma sostenible. Esto incluye trabajar con Colombia para desarrollar objetivos de política antidroga bilaterales más sólidos que se centren en la reducción de la cantidad de familias que dependen de la coca para sobrevivir, en lugar de basarse en parámetros no probados como las hectáreas erradicadas.
    • Reducir drásticamente la asistencia militar a Colombia y apoyar a quienes buscan la rendición de cuentas de los falsos positivos, la vigilancia ilegal y otros abusos cometidos por las fuerzas armadas colombianas. El énfasis de la política de seguridad de Estados Unidos en Colombia debe estar en aumentar la presencia y los servicios del gobierno; incluyendo la protección de los líderes sociales; en territorios históricamente abandonados, como se contempla en el primer capítulo del acuerdo de paz (reforma rural). En este sentido, la necesidad más urgente no satisfecha es la presencia gubernamental civil, como constructores de carreteras, tituladores de tierras, profesionales de la salud y la educación, y especialmente jueces, fiscales e investigadores.
    • Aplicar plenamente las protecciones de los derechos humanos y los requisitos de la ley Leahy en la ayuda exterior de Estados Unidos a Colombia, para garantizar que los fondos estadounidenses no se destinen a fortalecer unas fuerzas de seguridad potencialmente corruptas y abusivas.

Lea más sobre el papel que debe desempeñar el gobierno estadounidense para proteger la paz en Colombia.

2. El Departamento de Estado debe instar al gobierno colombiano a mejorar su protección de los defensores de derechos humanos y líderes sociales.

Eso debería incluir alentar al gobierno de Iván Duque a:

    • Garantizar el funcionamiento efectivo de la unidad especial de investigación de la Fiscalía General de la Nación, dedicada a investigar los ataques y asesinatos de líderes sociales. El gobierno colombiano debe llevar ante la justicia a los responsables de los atentados contra los líderes sociales. Por “responsables” se entiende a los verdaderos autores intelectuales de estos ataques, no sólo a los que aprietan el gatillo a sueldo.
    • Apoyar el trabajo de los líderes sociales mediante la aplicación de las disposiciones clave del acuerdo de paz, incluidos los capítulos sobre la reforma rural y la política de drogas, el Capítulo Étnico (que protege los derechos de las comunidades afrocolombianas e indígenas) y los organismos de verdad, justicia y reconciliación creados por los acuerdos. Además, el gobierno de Estados Unidos debe instar a la Procuraduría General de la Nación a que sancione a los funcionarios del gobierno nacional responsables de desatender sus responsabilidades para impulsar el Capítulo Étnico. 

Únase a la campaña #ConLíderesHayPaz en las redes sociales para apoyar la protección de los líderes sociales y la paz en Colombia

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Políticas de drogas

1. Centrarse en las inversiones nacionales urgentes para hacer frente a la crisis de sobredosis y de salud pública en Estados Unidos. Reconocer el fracaso y los daños causados por las políticas de drogas tradicionales de Estados Unidos en las Américas, que han tratado de eliminar el suministro de drogas ilegales pero que, en cambio, han contribuido a la expansión de la producción y el tráfico ilegales dentro de la región.

El gobierno de Estados Unidos ha invertido miles de millones en tratar de eliminar el suministro de drogas “en el punto de origen” en América Latina. Este enfoque no ha conseguido frenar el consumo de drogas y las sobredosis en Estados Unidos, por lo contrario, ha perjudicado a las comunidades más vulnerables de América Latina.

Para “decir simplemente no” a la interminable “guerra contra las drogas” de Estados Unidos,, el gobierno de Biden puede tomar varias medidas a corto plazo, entre ellas:

    • Invertir recursos significativos en la prevención, el tratamiento, la reducción de daños y los esfuerzos de recuperación que ayuden a mitigar la crisis de sobredosis y de salud pública en los Estados Unidos. 
    • Retirar el apoyo de Estados Unidos a la fumigación aérea de cultivos de coca, que está a punto de reanudarse en Colombia. Trabajar con el gobierno colombiano para establecer parámetros que midan una mayor calidad de vida, la reducción de la violencia y el fortalecimiento de las instituciones en las comunidades marginadas, y no las hectáreas de coca erradicadas.
    • Actuar según la recomendación de la Comisión de Política de Drogas del Hemisferio Occidental, independiente y bipartidista, de trabajar con el Congreso para retirar el proceso de certificación y designación de drogas de Estados Unidos, una reliquia de la guerra contra las drogas de la década de 1980. El proceso de certificación estaba destinado a promover la cooperación en materia de control de drogas, pero ha demostrado ser peor que inútil al antagonizar a menudo a los gobiernos asociados, socavando su propia razón de ser.
    • No se interponga en el camino de otros países que decidan llevar a cabo sus propias reformas significativas, como la despenalización de la posesión y el cultivo de drogas para uso personal, o la regulación legal de los mercados de cannabis. Se espera que México, por ejemplo, apruebe este año una ley para regular legalmente su mercado nacional de cannabis para adultos. 

Lea más sobre cómo el gobierno de Biden y Harris puede reducir la guerra estadounidense contra las drogas.