(Sergio Ortiz Borbolla/WOLA)
(Sergio Ortiz Borbolla/WOLA)
Si bien Venezuela sigue sufriendo una crisis política, social y humanitaria sin precedentes, el gobierno de Maduro continúa afianzándose y cometiendo graves violaciones de los derechos humanos. En los últimos años, el gobierno de Maduro ha aumentado la represión mediante el cierre del espacio cívico y las detenciones arbitrarias, en particular de integrantes de la oposición —sean reales o así percibidos—. Entre enero de 2014 y marzo de 2023, la ONG venezolana Foro Penal documentó los casos de 15.792 personas detenidas por motivos políticos. Si bien cualquier detención arbitraria es una violación de los derechos humanos, es importante señalar que la política de represión selectiva del gobierno ha tenido un impacto diferenciado en cuanto a género. Las mujeres detenidas arbitrariamente son especialmente vulnerables a actos de violencia sexual y otras formas de violencia de género en los centros de detención, así como a malas condiciones de reclusión. Estas mujeres también son revictimizadas por un sistema judicial fracturado, en el que los actos de violencia rara vez son investigados y sus autores no suelen comparecer ante la justicia.
Para hacer frente a las violaciones generalizadas de derechos humanos que siguen produciéndose en Venezuela, el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas estableció en 2019 una misión de investigación independiente sobre la República Bolivariana de Venezuela para investigar casos de ejecución extrajudicial, desaparición forzada, detención arbitraria, tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes desde 2014. A lo largo de su investigación, la Misión Internacional Independiente de determinación de los hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela ha dedicado una atención específica a investigar el impacto diferenciado de estas violaciones basadas en género.
La Misión ha publicado cuatro informes desde su creación, recopilando información a través de entrevistas y documentos confidenciales, una convocatoria de presentaciones y una revisión de la información de fuente abierta. A través de una serie de entrevistas con víctimas, testigos, familiares, exfuncionarios, abogadas, representantes de organizaciones no gubernamentales y personal internacional, la Misión ha encontrado “motivos razonables para creer” que en Venezuela se han cometido crímenes de lesa humanidad como parte de una campaña represiva generalizada. Cada uno de estos informes aporta evidencia para concluir que dentro de los centros de detención venezolanos se ha usado y se sigue usando la violencia sexual como método de tortura y coacción.
Los actos de violencia sexual investigados por la Misión fueron cometidos por funcionarios de los cuerpos de seguridad venezolanos, incluyendo la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN), la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) y la Policía Nacional Bolivariana (PNB) en contextos en los que las víctimas se encontraban bajo custodia o en centros de detención. Los actos investigados por la Misión fueron dirigidos típicamente contra hombres y mujeres presuntamente vinculados a la disidencia militar o a la oposición política, sin embargo la Misión denota el efecto desproporcionado de estos actos sobre las mujeres. Adicionalmente, la Misión constató en su informe de 2021 que las denuncias de violencia sexual se reportaban ante las autoridades judiciales en Venezuela, pero que estas no estaban siendo investigadas. La falta de investigación de estos crímenes por parte de las autoridades locales también hizo parte de la decisión de la Sala de Cuestiones Preliminares de la Corte Penal Internacional (CPI) de permitir al Fiscal continuar investigando al Estado venezolano.
(Sergio Ortiz Borbolla/WOLA)
Tortura psicológica y física
La Misión de Investigación informó que funcionarios del DGCIM y del SEBIN utilizan la violencia sexual como medio de tortura para coaccionar a las víctimas, tanto hombres como mujeres, a confesar o revelar información, infligiéndoles tanto dolor físico como humillación psicológica y angustia. Estos actos de violencia sexual incluyen la violación utilizando partes del cuerpo u objetos, amenazas de violación directa o por medio de terceros , amenazas de violación u otros actos de violencia de género contra mujeres cercanas a las víctimas, violencia sexual, desnudez forzada, violencia selectiva contra los genitales, los pechos o el abdomen (incluyendo palizas selectivas o la aplicación de descargas eléctricas) y registros corporales invasivos e innecesarios.
Como parte del informe de 2020, algunas fuentes informaron a la Misión que las reclusas fueron sometidas a violencia sexual como medio de tortura psicológica en un caso específico en diciembre de 2015, cuando un grupo de reclusas detenidas en El Helicoide, un centro de detención controlado por el SEBIN, fueron obligadas a escuchar la violación de otra reclusa en la oficina situada encima de ellas. Tras oír sus gritos de dolor, la víctima fue llevada a la celda de las mujeres, donde confirmó que en efecto había sido violada. Una de las testigas describió que escuchar una violación representaba una tortura para todas las mujeres de la celda.
La desnudez forzada también fue documentada como una forma de tortura en el informe de 2023, particularmente para las mujeres detenidas por razones políticas en el Instituto Nacional de Orientación Femenina (INOF). Según los testimonios recogidos por la Misión, las mujeres de este centro de detención fueron acosadas repetidamente por los guardias mediante la desnudez forzada y la inspección de sus órganos genitales. El 7 de julio de 2023, durante una inspección realizada por el Grupo de Respuesta Inmediata en Seguridad y Custodia (GRIC) en el centro de detención para mujeres INOF, las reclusas fueron obligadas a desnudarse y mostrar su vulva y recto en el auditorio de la prisión mientras los funcionarios las inspeccionaban y las insultaban con nombres despectivos. Según los informes, la inspección duró 12 horas, en las que las detenidas no pudieron acceder a comida ni agua.
Además, existen informes preocupantes sobre la tortura de mujeres embarazadas por parte de funcionarios de la DGCIM. La Misión recibió información fiable de que una mujer había sido severamente golpeada y asfixiada hasta el punto de perder el conocimiento, a pesar de que tanto ella como su pareja (también en detención ) informaron a los guardias que se encontraba en el primer trimestre de embarazo. Durante su detención no se le proporcionó atención médica adecuada, a pesar de las peticiones de su familia, y aproximadamente un mes después de ser recluida, fue llevada al hospital donde sufrió un aborto espontáneo como consecuencia de la tortura y las malas condiciones de su detención.
Las mujeres recluidas en centros de detención venezolanos también son más vulnerables a la explotación sexual y a las relaciones sexuales transaccionales y coercitivas con funcionarios de inteligencia, lo cual fue definido por la Misión de Investigación de la ONU como violencia sexual, debido a que las detenidas son inherentemente incapaces de proporcionar un consentimiento genuino libre de coacción. Tampoco se proporcionó protección contra la explotación, ni se pusieron a disposición de las detenidas bienes y productos básicos sin costepara evitar la necesidad de mantener relaciones sexuales transaccionales. No se aplicaron medidas de salud sexual y reproductiva, ni las detenidas pudieron acceder a tratamiento ni pruebas de embarazo o de enfermedades de transmisión sexual.
Es importante señalar que, además de la violencia sexual, las condiciones de detención afectan de manera desproporcionada a mujeres y niñas. Según los informes, en los centros de detención del SEBIN y la DGCIM, las mujeres estaban recluidas en condiciones insalubres, con menos acceso al agua, a la luz solar y a la actividad física que los reclusos varones. En El Helicoide, la Misión de Investigación descubrió que 30 mujeres estaban recluidas en una celda superpoblada, sin suministro de agua. Cuando había agua disponible en el centro, se proporcionaba acceso primero a los hombres. Esto afectaba desproporcionadamente a las mujeres, que además de tener menos acceso al agua que los hombres para beber, bañarse y asearse, también necesitaban agua adicional durante la menstruación. Las mujeres también denunciaron que se veían obligadas a ducharse o hacer sus necesidades delante de los hombres debido a la falta de instalaciones adecuadas, lo que a menudo desembocaba en agresiones sexuales. Además, las mujeres no tenían acceso a productos de higiene menstrual. Como consecuencia de ello, algunas llevaban la ropa mojada y ensangrentada durante varios días y sufrían humillaciones cuando los agentes de seguridad se burlaban de ellas o las presentaban ante los tribunales con la ropa sucia.
Los casos de Emirlendris Benítez y María Lourdes Afiuni
Si bien muchas mujeres han sufrido violencia en detención, el caso de Emirlendris Benítez es uno que resalta particularmente el efecto que la violencia y las condiciones deficientes en los centros de detención tienen sobre las mujeres. El 5 de agosto de 2018, Benítez fue detenida arbitrariamente por la DGCIM. Las autoridades la acusaron de estar implicada en un intento de asesinato contra Maduro con un dron en 2018. Ese día, Benítez decidió acompañar a su pareja, quien había sido contratada para llevar a dos personas desde la ciudad de Barquisimeto hasta la ciudad de Barinas, sin embargo no sabían que sus dos pasajeros eran buscados por estar presuntamente involucrados en el atentado. Al pasar por Acarigua, el auto fue parado y requisado en un control policial, momento en el cual se produjo su detención arbitraria. Benítez estaba embarazada de unas tres semanas en el momento de su detención.
Benítez fue sometida a tortura desde el momento en que fue detenida. Los agentes utilizaron bolsas y agua para asfixiarla, la golpearon repetidamente y le dieron patadas en el estómago después de que ella les suplicara que no lo hicieran porque estaba embarazada. La mantuvieron aislada y sin poder comunicarse con su familia. En octubre de 2018 la llevaron de urgencia a un hospital militar, donde abortó como consecuencia de las torturas sufridas. Desde entonces, su salud se ha deteriorado drásticamente y en la actualidad se encuentra postrada en una silla de ruedas.
El Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas ha abogado por el caso de Benítez, sin embargo ella continúa recluida en el Instituto Nacional Penitenciario Femenino. Aunque su detención arbitraria ha obtenido reconocimiento internacional, Benítez fue juzgada por los delitos de terrorismo, asociación ilícita, tentativa de asesinato al presidente, tentativa de asesinato con alevosía del alto mando militar, daños a la propiedad pública, traición a la patria y tenencia ilícita de explosivos, por lo cual finalmente fue condenada a 30 años de prisión.
El de Emirlendris Benítez no es un caso aislado. Muchas mujeres siguen sufriendo violencia y condiciones infrahumanas en estos centros de detención, y aunque la Misión de la ONU investigó casos a partir de 2014, hay casos emblemáticos previos de mujeres detenidas arbitrariamente y maltratadas. El caso de María Lourdes Afiuni, jueza detenida arbitrariamente en 2009 y condenada en 2019 a 5 años de prisión por cargos de corrupción, es quizás el más conocido. Afiuni fue detenida mientras se desempeñaba como jueza 31 de Control del Área Metropolitana de Caracas, minutos después de su decisión de sustituir la pena privativa de libertad para un presunto preso político por medidas cautelares, de acuerdo con los estándares internacionales de derechos humanos. Durante su reclusión de 14 meses en una prisión de alta seguridad para mujeres conocida como Instituto Nacional de Orientación Femenina (INOF), Afiuni sufrió varios abusos contra los derechos humanos, incluidas torturas y violaciones, que le provocaron un aborto espontáneo y otras complicaciones de salud.
Estos casos ponen de relieve que la violencia contra las mujeres en el contexto de la persecución política no solo es anterior a 2014, sino que sigue produciéndose sin que se haga justicia ni se visibilice. Las pocas denuncias continúan siendo un problema debido a la revictimización por parte de funcionarios públicos y judiciales, la falta de apoyo a las víctimas durante los procesos de rendición de cuentas, la falta de confianza en los servicios policiales y fiscales, y el temor a represalias, a menudo derivadas de amenazas explícitas e implícitas. A medida que la Misión de Investigación de la ONU continúa con su mandato e investiga los crímenes de lesa humanidad en Venezuela, es fundamental seguir exponiendo el efecto desproporcionado que esta violencia tiene sobre las mujeres y las niñas.
