AP/Felipe Dana
AP/Felipe Dana
El uso de la detención arbitraria para reprimir a personas que se oponen a los gobiernos de turno –o son percibidas como opositoras– es un fenómeno trágico que ha ido en aumento a medida que emergen o se intensifican los regímenes autoritarios en América Latina.
A pesar de la persistencia del fenómeno, no existe una definición universalmente aceptada de quién es un/una presa/o político[1] Al no existir una definición o reconocimiento universal resulta difícil la coordinación o acuerdo entre distintos gobiernos para condenar la multiplicidad de casos existentes. Obviamente, la principal barrera para que gobiernos de la región se pronuncien o trabajen por la liberación de personas detenidas por motivos políticos es, precisamente, política. Dependiendo de las alianzas, los intereses y los momentos en los que se encuentren las relaciones políticas entre diversos gobiernos, la condena por la existencia de la prisión política varía. Lo que no varía, lamentablemente, es el sufrimiento de las personas que han perdido su libertad y la de los familiares que son también víctimas directas de estas injusticias.
En el caso de mujeres privadas de libertad el impacto es distinto. Estudios sobre mujeres en prisión (no sólo prisión política) informan que sus familias sufren “un impacto desproporcional a lo que sucede cuando un hombre es privado de su libertad. Esto porque, en el caso de los hombres privados de libertad, las mujeres se quedan a cargo de la familia e intentan sostenerla. En el caso de las mujeres privadas de libertad es mucho más probable que sus hijos/as estén en la cárcel con ella, vayan a vivir con otros familiares (a veces separando a hermanas/os), sean institucionalizados/as de alguna manera, o terminen sin hogar”. A lo anterior hay que agregar la diversidad en las necesidades específicas de mujeres, incluyendo en materia de salud sexual y reproductiva, necesidades ignoradas en sistemas penitenciarios que muy probablemente fueron diseñados para hombres.
La prisión política preocupa siempre y en todas partes. Los impactos diferenciados en el caso de las mujeres, no obstante, deben ser siempre analizados a la hora de documentar sus historias y las de sus familias. Casos de mujeres presas políticas en Cuba, Guatemala, Venezuela, y Nicaragua ilustran este patrón alarmante. Las protestas del 11 de julio de 2021 en Cuba fueron reprimidas mediante una ola de detenciones masivas por parte del gobierno cubano. Según datos de la ONG Justicia 11J, al menos 758 personas continúan presas. Una de ellas es Lizandra Góngora Espinosa, quien fue condenada a 14 años de prisión en abril de este año por su participación en las protestas antigubernamentales del 11 de julio de 2021, según informó la ONG Cubalex en sus redes sociales. La familia de Lizandra denunció que, antes de ser trasladada a la cárcel, fue internada y que se le intentó medicar a la fuerza. Lizandra es madre de 5 menores de edad.
En los últimos años, las autoridades de Guatemala han aumentado la persecución política, especialmente a través del hostigamiento y criminalización de operadores de justicia independientes, incluyendo antiguos empleados de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI). En los últimos años al menos 25 operadores de justicia han tenido que exiliarse. Virginia Laparra, fiscal superior anticorrupción, fue detenida en Febrero por “abuso de autoridad” en lo que se considera una represalia por su trabajo contra la corrupción imperante en el país. Diversas organizaciones han denunciado las condiciones deplorables de su reclusión en “una celda de aislamiento de aproximadamente 15 metros cuadrados, con baño interno, sin ventanas y con una reja de entrada de aire. La puerta de acceso a su celda permanece cerrada 23 horas al día, solo le es permitida una hora de luz solar y las visitas carcelarias se realizan en la misma celda”. Amnistía Internacional la nombró “presa de conciencia” y ha lanzado una campaña global exigiendo su liberación. El caso es ilustrativo del costo que pagan quienes se enfrentan al gobierno y a las elites empresariales en Guatemala.
Venezuela, un país en plena crisis de derechos humanos y que sufre una emergencia humanitaria, también tiene un número importante de personas detenidas por motivos políticos. Una estimación reciente de Foro Penal sitúa el número en 258, de los cuales 245 son hombres y 13 mujeres. Los abusos que se cometen contra personas privadas de la libertad han sido ampliamente documentados por la Misión de Determinación de los Hechos sobre Venezuela que concluyó en su informe de Septiembre de 2022 que hay motivos suficientes para considerar que se han cometido crímenes de lesa humanidad en el país. Uno de los casos actuales de presas políticas que ha mostrado altos niveles de represión es el de Emirlendris Benitez quien recientemente fue condenada a 30 años de cárcel por delitos, incluyendo “traición a la patria” y “terrorismo”. La condena fue impuesta a pesar de que el Grupo de Trabajo de Detenciones Arbitrarias de la ONU le exigió al gobierno venezolano su liberación inmediata. Privada de libertad desde agosto de 2018, Ermirlendris Benitez ha denunciado tortura y malos tratos desde que fue detenida, incluyendo golpes e intentos de asfixia que pueden haber contribuido a la pérdida del embarazo que estaba gestando, según denunciaron sus familiares a medios de comunicación. No se conoce investigación o sanción por las denuncias de tortura.
Por último, es imposible hablar de presas políticas en América Latina sin referirnos con especial preocupación al caso de Nicaragua. Tras las protestas de 2018, que dejaron más de 300 muertos, la represión del gobierno de Daniel Ortega y su vicepresidenta Rosario Murillo, no ha cesado. Durante el periodo electoral del 2021, decenas de candidatos presidenciales y activistas fueron detenidos arbitrariamente con cargos falsos en su contra. Hasta septiembre de 2022, Confidencial, uno de los principales medios independientes y cuyos editores están hoy en el exilio, informó de 195 personas presas por motivos políticos, de las cuales 18 son mujeres. Muchas han denunciado haber estado recluidas en régimen de aislamiento durante meses, y en casos como el de Tamara Dávila, Suyen Barahona, Dora María Téllez y Ana Margarita Vijil, el mismo medio informa que los aislamientos se han extendido por periodos de más de 14 meses, alejadas de sus hijos y sus seres queridos. La violencia implícita en las condiciones carcelarias de las presas políticas en Nicaragua ha generado un profundo rechazo por parte de la comunidad internacional sin que, hasta el momento, el gobierno nicaragüense haya dado mayores señales de estar dispuesto a cambiar sus condiciones de encarcelamiento o proceder, como debería, a su liberación.
Sin esfuerzos multilaterales coordinados y enfocados en el avance de los DDHH y no en alianzas políticas entre un gobierno y otro, es difícil que los gobiernos de estos países sientan la presión necesaria para comenzar un proceso de liberación de personas encarceladas por motivos políticos, ni que mejoren sus condiciones de reclusión.
En ese contexto, las autoridades de Estados Unidos deberían apuntar a articular esos esfuerzos, con objetivos claros y estrategias de colaboración con organismos internacionales, organizaciones de derechos humanos y otros gobiernos de la región. Estas estrategias deberían incluir el uso de instrumentos diplomáticos, como las sanciones individuales y otros medios de presión, que deben estar informadas por organizaciones de la sociedad civil que conocen de forma cercana los casos de tantas víctimas de la prisión política en la región y entienden el contexto de cada país.
No existen dudas de que la situación de derechos humanos en casi todo el continente americano es sombría. Trabajar por la liberación de las presas y los presos políticos es una forma de comenzar a cambiarla.
[1] En 2012, la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa adoptó unas directrices para definir a las y los presos políticos, pero hasta ahora la Organización de las Naciones Unidas (ONU) no ha consensuado una definición o directrices específicas sobre la prisión política. Grupos de la sociedad civil de América Latina, como la ONG venezolana Foro Penal, han propuesto categorizar los distintos tipos de presas/os políticos, incluyendo a quienes son privados de su libertad por representar una amenaza política individual a un determinado gobierno (líderes políticos de oposición, líderes sociales), a quienes pertenecen a grupos que los autoritarismos quieren intimidar por diversas razones (estudiantes, activistas), a quienes un gobierno quiere usar como parte de una campaña o “para sostener una narrativa”, entre otros. Organizaciones internacionales, como Amnistía Internacional, han acuñado el término “preso/a de conciencia” para definir a personas que, sin haber usado la violencia ni haber incitado a la misma, están sometidas a prisión u otra restricción de su libertad, a causa de sus creencias, su origen étnico, sexo u otros factores.
Este artículo fue publicado originalmente en Hora Cero.
