Durante los cuatro años examinados por el Monitor, el sistema de justicia, con excepción de la Dirección Nacional de la Defensa Pública, aumentó la totalidad de su personal, de sus servicios y de su cobertura. No obstante, la tasa de fiscales, médicos forenses, jueces, y servidores públicos por cada 100,000 habitantes (pccmh) es menor a la media mundial, y su cobertura tendió a concentrarse en los centros urbanos del país.

Asegurar la calidad de los operadores de justicia también depende de la existencia y del funcionamiento de mecanismos transparentes que evalúen el desempeño judicial.

Sin embargo, los procesos de selección del personal, incluyendo aspirantes para altos cargos del sistema de justicia son altamente vulnerables a la influencia externa y a la elevada politización partidaria. Pese a algunas medidas adoptadas en el proceso de selección de los magistrados y las magistradas de la Corte Suprema de Justicia de 2016- con criterios de de idoneidad, paridad de género y con la realización de audiencias públicas- el proceso fue marcado por una falta de transparencia y rendición de cuentas. También fue evidente una grave politización al elegir a los y las integrantes de la Corte.

Pese a que el presupuesto del Ministerio Público y del Poder Judicial han aumentado, sigue siendo bajo en comparación a su demanda. Comparando el presupuesto asignado al sector justicia con las carteras de seguridad y defensa durante los cuatro años examinados por el Monitor, resulta evidente la priorización de la política estatal. Como muestra, a partir de 2017 los fondos de seguridad y defensa superaron por primera vez en la historia de Honduras al gasto en salud y en educación.

La Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH) fue establecida en 2016 por la Organización de Estados Americanos (OEA), a pedido del gobierno de Honduras. Su mandato finalizó en enero de 2020 debido a la falta de apoyo del mismo peticionario.

Sin embargo, durante sus casi tres años de operaciones en el país, la Misión promovió varias reformas legislativas y políticas públicas encaminadas a fortalecer la capacidad institucional para prevenir y combatir la corrupción. Si bien algunas de las iniciativas fueron consideradas y aprobadas, otras permanecían estancadas a finales de 2017. En general, la Misión obtuvo la colaboración del Ministerio Público, del Poder Judicial y de otras instancias. Sin embargo, el Congreso Nacional representó uno de los mayores obstáculos para el trabajo de la Misión. Este no solo se rehusó a considerar algunos de los proyectos promovidos por la MACCIH, sino también adoptó medidas que contravienen los esfuerzos anticorrupción y realizó procesos de elección de puestos clave basados en acuerdos políticos y no en criterios técnicos.

La creación del Sistema de Justicia contra la Corrupción representó uno de los más importantes avances puestos en marcha por la Misión durante el periodo examinado por este estudio. El Sistema está conformado por los Juzgados y Tribunales Penales Anticorrupción y la Unidad Fiscal Especial Contra la Impunidad y la Corrupción (UFECIC).  

En la integración de los Juzgados y Tribunales Anticorrupción y de la UFECIC, la Misión participó en la selección y certificación de sus funcionarios, asegurando un riguroso procedimiento nunca antes implementado en Honduras y que serviría como un modelo innovador a replicar.

Los escándalos de corrupción afectan considerablemente la confianza en los poderes del Estado, los partidos políticos y la empresa privada. El índice de percepción de corrupción publicado anualmente por Transparencia Internacional (TI) mide los niveles de percepción de corrupción. La calificación considerada como 0 es más corrupta y 100 la menos. Como indica la Tabla, de 2015 a 2017, el índice de percepción bajó solamente 1 punto anual, reflejando una alta percepción de la corrupción. Para 2017, Honduras se encontraba dentro de los 124 países que obtuvieron un puntaje por debajo de 50 y en el tercer puesto a nivel centroamericano, por encima de Nicaragua y Guatemala, pero a 30 puntos de Costa Rica, el país mejor calificado de la región.

En 2014, el Congreso Nacional inició la elaboración de un nuevo Código Penal, para reemplazar el vigente desde 1983, considerando que esa versión no responde al contexto actual. En enero de 2018, el Congreso Nacional aprobó el nuevo Código Penal e incluyó la rebaja de penas en una serie de delitos de corrupción, entre los cuales los de enriquecimiento ilícito, malversación, tráfico de influencias, obstrucción de la justicia y el de cohecho. El nuevo Código Penal que entrará en vigencia en 2020 disminuye las penas en varios de los delitos tipificados referentes a la corrupción. Además, beneficiará de forma retroactiva a las personas ya condenadas o que están siendo procesadas por delitos de corrupción. El nuevo Código no regula la práctica de nepotismo o el financiamiento ilícito, aunque sí se tipificó por primera vez el uso de información privilegiada, con la sanción de uno a tres años de prisión.

Entre 2014 y 2017, el Ministerio Público recibió 7433 denuncias referentes a posibles casos de corrupción, con un incremento del 43% durante ese período, al pasar de 1673 denuncias en 2014 a 2409 en 2017. Entre 2014 y 2017, del total de las denuncias recibidas, la Fiscalía investigó el 12%. De las cifras reportadas, 223 requerimientos fiscales fueron durante el periodo en estudio, 90 casos en 2016, 70 en 2015 y 63 en 2014. De los 223 requerimientos fiscales presentados por el MP entre 2014 y 2017, 31% ingresaron a la etapa de juicio dentro del Poder Judicial. Entre 2014 y 2017, el Poder Judicial ingresó 534 casos relacionados con posibles delitos de corrupción. De ellos, 23.7% recibieron sentencias condenatorias.

El Tribunal Superior de Cuentas (TSC) es el principal órgano de control del Estado. Creado en 2002, tiene como función la fiscalización del uso de fondos, bienes y recursos públicos. A través de su Departamento de Investigación y Verificación, revisa los expedientes de los empleados públicos que han sido denunciados por el delito de enriquecimiento ilícito, para determinar si existe responsabilidad por parte del funcionario.  No obstante, la institución se encuentra en una situación de vulnerabilidad, al evidenciarse grandes escándalos de corrupción que se hicieron públicos entre 2014 y 2017. Para junio de 2017, existían unas 25 investigaciones que corrían el riesgo de cerrarse por prescripción debido a que cumplían 10 años. En enero de 2018, el Congreso Nacional reformó la Ley de Presupuesto, convirtiendo al TSC en la única entidad capaz de auditar los fondos públicos que utilizan los congresistas y su uso a partir de 2006 en adelante. La reforma a la Ley de Presupuesto prohibió a la MACCIH y a la UFECIC investigar casos de corrupción dentro del Poder Legislativo, hasta que la auditoría del TSC los concluya, procesos que podrían tardar hasta tres años. Otra de las instancias de supervisión y control en Honduras es el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA); una organización independiente de la sociedad civil y que fue creada por decreto legislativo en 2005, en cumplimiento de la Convención de la ONU contra la Corrupción para prevenir y combatir este flagelo. El CNA no puede iniciar un proceso penal, pero sí compartir hallazgos de investigación con el Ministerio Público y acompañar los juicios.  Del total de los casos presentados (88) por el CNA desde su creación, apenas 15 han sido judicializados y 73 permanecen impunes. Las 67 líneas de investigación presentadas por el CNA sumaron 2,945 millones de lempiras (118 millones de dólares) en perjuicio del Estado de Honduras.

En los últimos años se dieron avances legales que promueven la prevención, detección y sanción de la violencia y el crimen organizado. A su vez, se aprobaron algunas figuras importantes para combatir el crimen organizado, como las escuchas, las entregas vigiladas o los agentes encubiertos. Sin embargo, la negativa de aprobar la Ley de Colaboración Eficaz o interés por fortalecer el sistema de protección de testigos, son contradictorios en ese sentido. A su vez, las legislaciones aprobadas desde 2010 destacan por su carácter reactivo, evidenciando una concentración de poder en el Ejecutivo. Estas han sido acompañadas por leyes que restringen el acceso de la información pública.

A manera de ejemplo, a pesar de existir una Ley de Control de Armas de Fuego, Municiones y Explosivos y otros Similares, sus restricciones son laxas con respecto a la portación de armas y el otorgamiento de licencias. Esta normativa contrasta con el hecho que 77% de homicidios se cometen con arma de fuego.

El Ministerio Público cuenta con diversas instancias para investigar delitos de violencia y crimen organizado, incluyendo dos direcciones especializas, una agencia técnica de investigación, cuatro fiscalías y seis unidades especiales dedicadas a investigar homicidios, femicidios, secuestros, extorsión, trata de personas, tráfico ilícito, lavado de activos, y asociación ilícita, entre otros. No obstante, el MP asignó 1023 millones de lempiras o 18.9 por ciento del presupuesto a estas instancias. Como se observa en la tabla, la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) fue la que más fondos recibió, seguida por la Dirección Nacional de Lucha contra el Narcotráfico. La Fiscalía de la Mujer recibió 8.3% de los fondos y el programa de protección de testigos apenas 2%. El presupuesto de la Fiscalía Especial de la Mujer contrasta con la demanda laboral que enfrenta, al recibir en el periodo, 69 mil denuncias. Al final de 2017, estas direcciones contaron con 536 empleados y empleadas, o 14 por ciento del personal experto de la institución. La ATIC fue la que tuvo mayor cantidad de personal, seguida por la fiscalía de delitos contra la vida y la fiscalía dedicada a investigar el crimen organizado. El Poder Judicial ha creado órganos especializados para combatir la violencia y el crimen organizado, entre ellos Órganos Jurisdiccionales con Competencia Territorial Nacional, un Juzgado de Letras Penal con Competencia Nacional en Materia de Extorsión y una Corte de Apelaciones, y Juzgados Especiales contra la Violencia Doméstica. 

Según la información remitida por el MP, por delitos contra la vida, entre 2014 y 2017, la Fiscalía recibió 20,053 denuncias por homicidio, 1042 por asesinato, 51 por parricidio y 123 por femicidio. En esos cuatro años, el MP presentó 303 requerimientos fiscales por el delito de homicidios, 711 por asesinato, 44 por parricidio y 47 por femicidios. Por crímenes relacionados a criminalidad organizada, la Fiscalía recibió 6488 denuncias durante el periodo bajo estudio. El 42.7% (2775) fueron por tráfico de drogas, 31.2% (2024) por extorsión, 7.8% por tráfico ilícito (505), 4.6% (299) por trata de personas, 4.5% por fabricación y tráfico ilegal de armas, 3.5% (229) por lavado de activos y menos de un 3% por secuestros y asociación ilícita. Durante el mismo periodo, la Fiscalía presentó 1244 requerimientos fiscales por extorsión, 85 por secuestro, 30 por trata y 37 por lavado de activos. No se presentaron datos sobre requerimientos fiscales por tráfico de drogas o tráfico ilícito. Entre 2014 y 2017, el Ministerio Público recibió 76,992 denuncias por posibles delitos en contra de mujeres. Del total de denuncias, 38.1% fueron por violencia doméstica, 16.9% por violencia física, 16.2% por violencia intrafamiliar, y 6.2% por agresiones sexuales. Lastimosamente, el MP no proporcionó datos referente a los requerimientos fiscales presentados.

Desde su creación en 1998, la Policía Nacional de Honduras (PNH) arrastra en su naturaleza, formación y funcionamiento, elementos de la doctrina militar. Los procesos de reforma han enfatizado la necesidad de fortalecer el carácter civil de la institución. Sin embargo, desde el Ejecutivo se impulsa un proceso de remilitarización de la seguridad pública, evidenciando que la doctrina militar no solo se encuentra en la PNH, sino que también prevalece en el sector político.

La PNH arrastra una crisis de legitimidad y confianza ciudadana. Además de las denuncias en su contra, su carácter represivo en el manejo de los conflictos sociales provocó que, en 2014, 72.0% de la población desconfiara de la PNH y 53.0% declarara tenerles miedo. En 2016, 58.6% de las personas consultadas respondieron tener desconfianza en la Policía.

En 2017 se aprobó una nueva Ley Orgánica de la Policía Nacional y Ley de Carrera Policial. Aunque no ausentas de limitaciones, las nuevas normativas sientan las bases para la modernización de la estructura orgánica y el desarrollo de un sistema de formación, carrera y promoción basado en el mérito.

Aunque ha habido un crecimiento en el tamaño del cuerpo policial, el recurso humano de la Policía Nacional de Honduras (PNH) está muy por debajo del mínimo requerido para lograr al menos una cobertura territorial básica. La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) recomienda a los países contar con una media mínima de 300 policías por cada 100 000 habitantes. En 2014, el promedio de policías por cada 100 000 habitantes en Honduras fue de 149 efectivos, de 141 en 2015, 157 en 2016 y 169 en 2017. Sobre esta recomendación, la PNH registró un déficit de 14 604 miembros en 2017. Ha habido un aumento progresivo de las mujeres en el personal policial, hasta representar el 20.0% de los recursos humanos. Durante el periodo de estudio, 24.0% de los nuevos integrantes de la carrera policial eran mujeres; también representaron el 10.0% de los egresados de la Universidad Nacional de la Policía de Honduras (UNPH).
Durante el período examinado se vio un proceso de “privatización” de la seguridad pública. En 2017, la proporción de agentes de seguridad privada por policías fue de 7 a 1. Se constata un acelerado aumento de las agencias privadas, en 2013 se contabilizaron aproximadamente 700 empresas registradas, incrementándose a 1038 en 2017. Esta tendencia demuestra el debilitamiento y los vacíos que deja la PNH en el cumplimiento de sus funciones, así como la rentabilización económica que encuentra el sector privado en la seguridad pública.

Desde el 2000, han habido varios intentos por reformar la Policía Nacional para atender los problemas de abuso y corrupción a lo interno de la institución. En 2012, se creó la Comisión para la Reforma de la Seguridad Pública (CRSP), conformada por representantes nacionales e internacionales y encargada de hacer una reforma profunda de las instituciones de seguridad y justicia. La CRSP presentó varias reformas legislativas que no avanzaron por falta de apoyo en el Legislativo y dejó de funcionar en 2014.  Como parte de ese proceso se creó la Dirección de Investigación y Evaluación de la Carrera Policial (DIECP). La DIECP, sin embargo, fue criticada por la falta de resultados y disuelta en el 2015. De 2012 a 2015, había evaluado 8,546 policías y removido apenas 227 policías, todos de bajo rango.  En 2016, se impulsó una nueva iniciativa, la Comisión Especial para la Depuración y Transformación de la Policía Nacional de Honduras, la cual para abril de 2018 había removido a 4,365 policías.

La Secretaría de Seguridad recibió 2.5% del total del presupuesto nacional durante los cuatro años de estudio. Sus fondos aumentaron 57.5% desde 2014 al 2017; sin embargo, con la creación de la Policía Militar del Orden Público (PMOP) la tendencia cambió a partir de 2014, evidenciando que la prioridad presupuestaria en materia de seguridad pública pasó a la Secretaría de Defensa. El 35.8% del presupuesto de la Secretaría de Seguridad se destinó a los servicios policiales preventivos, 30.6% a las actividades comunes entre los diferentes servicios policiales, 24.7% a los servicios de investigación, 5.3% a la seguridad vial y 3.6% a la educación policial. No obstante, en 2017 el presupuesto destinado a la investigación delictiva aumentó 283.0%, el sistema educativo 261.5%, mientras los servicios preventivos se redujeron 72.6% y la seguridad vial 70.5%.  

Durante el periodo bajo estudio se evidenció una continuidad en la tendencia a elevar el protagonismo de las Fuerzas Armadas en funciones de seguridad pública que deberían corresponder al cuerpo policial. Un claro ejemplo fue la creación en 2013 de la Policía Militar del Orden Público (PMOP), la cual está integrada a las Fuerzas Armadas (FFAA) y cuyas funciones incluyen la recuperación de barrios, colonias o espacios públicos bajo el control del crimen organizado. Para agosto de 2017, la PMOP contaba con 3,300 soldados distribuidos en 7 batallones. Cabe señalar también que al cierre del periodo de estudio, la cantidad de policías dedicados a la investigación es cuatro veces menor a los miembros de la PMOP.

Entre 2014 y 2017, la Secretaría de Defensa obtuvo un presupuesto de alrededor de  L23,748,938,410, el cual incrementó anualmente. Parte de estos fondos fueron utilizados para financiar el rol del Ejército en tareas de seguridad pública. El presupuesto destinado a la Secretaría de Defensa representó el 42.49% de los fondos destinados para los sectores de seguridad y justicia durante el mismo periodo. Además, el presupuesto asignado a la Secretaría de Defensa aumentó cada año del periodo bajo estudio, de unos 4.5 mil millones de lempiras en 2014 a 7.0 mil millones en 2017, equivalente a un aumento de 55.6%. Comparando el presupuesto destinado al Ministerio Público (MP) con el de la Secretaría de Defensa Nacional durante el periodo bajo estudio, se evidencia que por cada lempira recibido por el MP, las Fuerzas Armadas ingresaron 4.39 lempiras. La Secretaria de la Defensa recibió el 41% de los fondos recaudados a través de la Ley de Seguridad Poblacional, más conocida como la Tasa de Seguridad. En el 2014 y 2015, las FFAA fueron las más beneficiadas con la Tasa de Seguridad. En 2016 y 2017, se destinó un porcentaje mayor a la policía seguido del Ejército. Parte de estos fondos financiaron la creación y permanencia de PMOP.

Entre 2014 y 2017, se observó un incremento de denuncias relacionadas con el uso excesivo de la fuerza por parte de agentes de las Fuerzas Armadas. En 2015, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) señaló que uno de los graves problemas para los derechos humanos en Honduras era la situación de violencia e inseguridad generalizada, parte de la cual provenía de la PNH, de la PMOP y del Ejército, “a través del uso ilegítimo de la fuerza, en algunos casos en complicidad con el crimen organizado”. De 2012 a 2014 se denunciaron de forma oficial al menos nueve asesinatos (cinco en 2014), más de 20 casos de torturas y unas 30 detenciones ilegales o mediante abuso de la fuerza a manos de efectivos militares.

De acuerdo al Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH), miembros de la PMOP y de las Fuerzas Armadas han sido denunciados por cometer abusos de autoridad, detenciones ilegales, homicidios, raptos, tortura, violaciones sexuales, allanamientos y asesinatos extrajudiciales. Por otra parte, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) dio cuenta de los niveles de conflictos y violencia que se dieron tras el proceso de elecciones generales en noviembre de 2017, al utilizar una fuerza excesiva para controlar y dispersar protestas postelectorales, provocando al menos 23 muertes. Según informes, la mayoría de las lesiones fueron causadas por la Policía Militar o el ejército. Además, en 2016, se les acusó por la participación de militares activos y retirados en el asesinato de la defensora de derechos humanos, Berta Cáceres.

A pesar de los señalamientos en su contra, la participación de las Fuerzas Armadas en la seguridad pública es respaldada por un segmento de la población. Las encuestas de percepción realizadas en 2014 y 2016 señalan que unidades como la PMOP y la FUSINA son las instancias dentro del sector de seguridad y justicia con mayor confianza por parte de la ciudadanía.

Diversos organismos internacionales y nacionales de derechos humanos dan cuenta de la grave situación de derechos humanos en Honduras. A pesar de los altos niveles de violencia y abusos contra defensores de derechos humanos, existe una carencia de datos oficiales sobre los ataques y las amenazas contra este grupo poblacional. En el caso del asesinato de personas defensoras, los datos recopilados para este estudio con base a información de varias fuentes primarias y secundarias, registraron que entre 2014 y 2017, un total de 141 defensores de derechos humanos fueron asesinados en Honduras- además de las 13 tentativas de asesinatos en el mismo período. Sumado a ello, 10 de las personas defensoras asesinadas contaban con medidas cautelares de la CIDH. La existencia de una fiscalía especializada para atender los casos de crímenes contra los derechos humanos y personas defensoras es un paso importante. No obstante, se encontró que la Fiscalía Especial de Derechos Humanos (FEDDHH) tiene limitaciones de competencia de delitos y carece de protocolos especializados en derechos humanos como también de los recursos humanos y financieros necesarios. Para finales de 2017, por ejemplo, la Fiscalía contaba con 18 agentes fiscales.  

La creación y reglamento de la Ley de Protección para las y los Defensores de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia constituyen un paso importante. A pesar de este avance, el Sistema de Protección aún requiere un fortalecimiento. Por ejemplo, las unidades de Recepción de Casos y Riesgo contaban con un equipo de 10 personas para todo el país. Esto influye, particularmente, en los casos urgentes o de emergencia que no son atendidos con la premura del riesgo que enfrentan las personas defensoras. 

Al cierre de 2017, la Dirección del Sistema de Protección había recibido 230 solicitudes, rechazado 65 y admitido 165 casos. Más de 71% de las personas beneficiarias son defensoras y defensores de derechos humanos, seguido por periodistas y comunicadores.

Un dato alarmante es que el Sistema parece descansar su accionar en las medias de protección policial y dotación de medios tecnológicos, ya que no se registran explícitamente el dictado de medidas psicosociales ni medidas de naturaleza preventiva.

Un tema de gran preocupación en Honduras es la criminalización de los defensores y defensoras de derechos humanos. A pesar de esta situación, no fue posible acceder a datos cuantitativos sobre casos de criminalización durante el periodo analizado. Al igual que ocurre en otros países, en Honduras se hace uso de tipos penales que no respetan el principio de legalidad o que no cumplen con estándares internacionales. El Ministerio Público, a través de la Fiscalías de Delitos Comunes, es quien ejerce la criminalización de defensores y defensoras. Hay numerosos casos en los cuales se han utilizado los tipos penales de manifestación ilícita, usurpación de tierras, daños, oponerse a planes de manejo forestal, amenazas, sedición, entre otras.

El Ministerio Público no mantiene registros sobre el número de denuncias presentadas por amenazas en línea o campañas de difamación. Sin embargo, organizaciones internacionales han observado que los principales medios de agresión usados son las llamadas telefónicas anónimas, las amenazas a través de mensajes de voz o de texto por aplicaciones de mensajería como WhatsApp, los correos electrónicos, la creación de páginas falsas en redes sociales como Facebook, desde donde se dirigen ataques sistemáticos que generan acoso, temor, desmovilización, sentimiento de vigilancia y alto riesgo.

En 2006, Honduras aprobó la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LTAIP), la cual regula el derecho al acceso a la información, y crea el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) para facilitar el acceso de la ciudadanía a la información pública, así como de regular y supervisar los requisitos estipulados en la ley.

No obstante, en los últimos años el gobierno de Honduras ha dictado contrarreformas de secretividad de la información sin considerar los lineamientos del IAIP. Esto ha generando un manto de oscuridad y opacidad en la información pública de las carteras del sector defensa y seguridad (incluyendo la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas), extendida a otras 18 instituciones civiles.

Estos retrocesos afectan la capacidad investigativa en casos de corrupción y violaciones de derechos humanos, limitando significativamente la auditoría social de la ciudadanía.

Algunas de las leyes restrictivas incluyen:

• La Ley para la Clasificación de Documentos Públicos Relacionados con la Seguridad y Defensa Nacional (aprobada en 2014). Algunas de sus disposiciones contravienen lo señalado por la LTAIP al otorgar la facultad de clasificar documentos relacionados con la seguridad y la defensa nacional con exclusividad al Consejo Nacional de Defensa y Seguridad (CNDS). Efectivamente, esto limita las facultades del IAIP al introducir nuevas categorías de clasificación de reserva, como la información declarada y ampliando los plazos a la máxima opacidad, entre otras disposiciones.
• La Ley de Inteligencia Nacional (aprobada en 2013), dispone que la Dirección Nacional de Investigación e Inteligencia “operará como un ente desconcentrado del CNDS y gozará de independencia funcional, administrativa y presupuestaria; para lo cual la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas, realizará las previsiones presupuestarias correspondientes de acuerdo al artículo 10 de la Ley Especial del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad”. Es una entidad que puede capturar información de data personal, pero todo es ultra secreto y además no rinde cuentas a ningún órgano civil.
• La Ley de Fideicomiso para la Administración del Fondo de Protección y Seguridad Poblacional (aprobada en 2011 y reformada en 2013),  creó un mecanismo impositivo para generar recursos extraordinarios para prevenir y combatir la delincuencia, sin contar con un adecuado mecanismo de rendición de cuentas. El Monitor descubrió que las compras de este fideicomiso no están publicadas en ningún portal (Honducompras o en el Portal Único de Transparencia).

El gráfico señala cuáles son las “instituciones obligadas a la difusión de la información de oficio y a facilitar el acceso” de acuerdo al artículo 3, numeral 4 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LTAIP)”.  Los portales de las instituciones de los sectores de defensa, seguridad y justicia tienen limitaciones en la búsqueda de información, el acceso a estadísticas y la presentación de solicitudes de información. También muestran deficiencias en la navegación entre los portales y la conexión al Portal Único de Transparencia. No obstante, de conformidad a los Informes Mensuales de Verificación y basado en los datos contenidos en el Portal Único de Transparencia, el IAIP ha calificado a las Secretaría de Seguridad, Secretaría de Defensa, y al Poder Judicial con una calificación del 100% de cumplimiento en 2017, mientras, al Ministerio Público lo ubicó con 85%.  

Por la ley, los funcionarios públicos en Honduras deben presentar una declaración anual de sus ingresos activos y pasivos al Tribunal Superior de Cuentas (TSC), la entidad responsable de supervisar el uso de fondos, activos y recursos administrados por instituciones que manejan recursos estatales. Sin embargo, el TSC prohíbe su publicación.

Esa prohibición es incompatible con el requerimiento de rendición de cuentas de los funcionarios y empleados públicos, la que podría funcionar como una medida para la detección y prevención de conflictos de intereses y para detectar posibles casos de enriquecimiento ilícito. 

Además, el TSC no realiza verificaciones oficiosas de las declaraciones juradas que los servidores públicos presentan, sino únicamente cuando se investiga a partir de una denuncia.