Al calcular la tasa del personal de la administración de justicia penal disponible por cada 100,000 habitantes, los datos muestran que con leves variaciones durante el periodo 2014-2017, se registran 8 auxiliares fiscales y jueces, 4 defensores públicos y 3 médicos forenses por cada 100,000 habitantes. La tabla a continuación muestra la cantidad de operadores con competencia en materia penal para el periodo 2014-2017. Exceptuando la cantidad de operadores disponibles en la Fiscalía General de la República, en todos los demás casos, los promedios son inferiores a los parámetros internacionales en materia de administración de justicia.

En general, se advierten algunos vacíos de información respecto a la independencia interna (mecanismos de reclutamiento, selección, evaluación y disciplinarios) de las instituciones del sistema de justicia. En algunos casos, no cuenta con un sistema de información que permita procesar los datos de forma eficiente para proporcionar una respuesta ágil a las solicitudes de información realizadas. En otros ha sido el vacío de información procedimental que no permite mayor precisión de los mecanismos de reclutamiento, selección, evaluación y disciplina de las entidades de justicia. La siguiente tabla muestra la cantidad de funcionarios removidos y sancionados por institución durante el periodo bajo estudio.

La información presupuestaria de las instituciones de justicia salvadoreñas durante el periodo 2014-2017 muestra que en conjunto con la Procuraduría General de la República (PGR), la Fiscalía General de la República (FGR), el Instituto de Medicina Legal (IML) y la Corte Suprema de Justicia (CSJ) han absorbido un poco más del 7% del Presupuesto General de la Nación. La institución de justicia con menor asignación de recursos de forma sostenida durante el periodo 2014-2017 es la PGR. La FGR ha sido la entidad que ha registrado el mayor aumento de recursos durante el periodo analizado. Al desagregar los recursos por área de gestión el rubro más importante son las remuneraciones. En el caso de la PGR, durante el periodo 2014-2017 las remuneraciones han absorbido aproximadamente el 90% del total de su presupuesto. Para la FGR este rubro ha absorbido el 61% de sus recursos en el periodo 2014-2017. Y en el caso de la CSJ durante los años 2016 y 2017 las remuneraciones han representado más del 70% de su presupuesto. La tabla a continuación muestra la distribución porcentual de las instituciones de justicia.

El índice de percepción de corrupción monitoreado por Transparencia Internacional evalúa 180 países del mundo en una escala de 0 a 100 en la que los valores más cercanos a cien indican un país “limpio de corrupción” y los valores más cercanos a cero representan a un país altamente corrupto. Durante el periodo 2014-2017, El Salvador se posicionó con un índice sumamente bajo, alrededor de 33 a 39 puntos, muy por debajo del promedio anual reportado por esta organización internacional. La Tabla 1 muestra el comportamiento de este índice para el caso Salvadoreño.



En términos de opinión pública, aunque los principales problemas que los ciudadanos advierten en el país son la delincuencia y la economía, desde el año 2013, la proporción de salvadoreños que ha declarado  que el principal problema del país es la corrupción ha registrado un crecimiento sostenido. Esto muestra que existe una mayor identificación de este flagelo en el imaginario colectivo salvadoreño, tal como lo ilustra la siguiente gráfica.

Dentro de la legislación secundaria, el cuerpo normativo más antiguo y polémico en los últimos años es la Ley sobre el enriquecimiento ilícito de funcionarios y empleados públicos (LEIFEP) de 1959. Como puede advertirse existe un rezago normativo respecto a la regulación de los hechos que pueden constituirse como actos de corrupción, especialmente las figuras de la declaración del patrimonio y el enriquecimiento ilícito. Sin embargo, el desfase va más allá, pues el establecimiento de multas está estipulado en colones, una moneda que dejó de circular en el país en el 2000. La Ley establece multas que va desde los $11.43 a los $1,142.86 dólares americanos.

El Salvador logró un avance importante al aprobar la ley de extinción de dominio. En el 2017, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia anuló una reforma adoptada por la Asamblea Legislativa que introducía la figura de la prescripción de la acción de extinción de dominio por un plazo de 10 años. 

Durante el periodo 2014-2017 se registran un total de 5,004 casos archivados en delitos de corrupción y 565 casos cuyo resultado fue un sobreseimiento, es decir, que la decisión judicial implicó la suspensión del proceso penal debido a la falta de elementos que pudieran justificar la acusación. Entre 2014 y 2017, los delitos relativos a la administración de justicia registran un total de 452 judicializaciones de un total de 846 casos iniciados en la Fiscalía General de la República. Del total de casos judicializados en los tribunales, solo en 86 se reporta una sentencia condenatoria. También, durante el periodo 2014-2017, se reportaron 140 casos en los que se emitió algún tipo de sobreseimiento. En otras palabras, la suspensión del proceso penal decretada por el juez debido a la falta de elementos que justifiquen la continuación de la acción penal. En total, la FGR reporta 6,064 de casos iniciados por delitos relativos a la administración pública durante el periodo analizado. Según los reportes fiscales durante el periodo analizado se presentaron 1,723 requerimientos fiscales. En 538 casos se obtuvo como resultado una sentencia condenatoria y en 145 el resultado fue la absolución del o los imputados. Los delitos en los que se registra un mayor número de absoluciones son el tráfico de objetos prohibidos en centros penitenciarios (92), el cohecho propio (12), peculado (7) y actos arbitrarios (7), que en conjunto representan el 81.4% de las sentencias absolutorias durante el periodo 2014-2017. No se obtuvieron sentencias condenatorias por los delitos de exacción, malversación y enriquecimiento ilícito. No es posible realizar una comparación entre las estadísticas fiscales y las judiciales debido a que, según la Oficina de Información y Respuesta del Órgano Judicial, los tribunales de sentencia a nivel nacional dejaron de producir sus estadísticas de sentencias condenatorias y absolutorias según tipo de delito.

Durante el periodo 2014-2017, un total de 2,050 funcionarios y empleados públicos fueron investigados por una posible infracción de normas éticas contempladas en la Ley de Ética Gubernamental, de los cuales solo el 7.3% (149 personas) fueron sancionados. La Corte de Cuentas de la República (CCR), entidad encargada de auditar el uso de fondos públicos, es una de las entidades públicas con menor disponibilidad de información pública sobre las investigaciones y procedimientos que desarrolla. Sin embargo, de los reportes de denuncias publicados por dicha entidad se obtiene que durante el periodo 2014-2017, la CCR ha recibido un total de 682 denuncias, la mayoría irregularidades administrativas y financieras y aquellas relacionadas al control interno del personal.

El Salvador ha adoptado una amplia normativa penal especializada para el combate de la violencia y el crimen organizado. Entre 2014 y 2017, fueron decretadas dos nuevas legislaciones especiales. La Ley Especial contra la Trata de Personas entró en vigencia en 2016 y estableció una estructura institucional de proteccion, delimitó las funciones de las instituciones de seguridad y justicia en esta materia y determinó asignaciones presupuestarias para estas.

La Ley Especial contra el Delito de Extorsión, aprobada en 2015, contempla especificaciones para el tipo penal y las reglas procesales adicionales e incluye una amplia regulación sobre la interferencia de telecomunicaciones para la persecución, investigación y judicialización de este delito.

Sin embargo, a pesar de la amplia normativa, se observó que la producción legislativa no obedece a un análisis integral de las distintas expresiones de violencia que impactan a la ciudadanía. Más bien, parecen ser el resultado de esfuerzos legislativos aislados para brindar una respuesta rápida a la criminalidad.

El Salvador cuenta con una estructura institucional para realizar las labores de persecución, investigación y juzgamiento de los hechos delictivos vinculados con la violencia como con el crimen organizado. Esta incluye 12 unidades especializadas de la Policía Nacional Civil (PNC) y seis unidades especializadas en la Fiscalía General de la República (FGR), la mayoría de estas últimas están relacionadas con delitos definidos en leyes especiales. El Órgano Judicial también cuenta con jurisdicciones especializadas. Una de lo penal, creada en 2007, que conoce delitos de crimen organizado y realización compleja, y una segunda jurisdicción especializada de extinción de dominio creada en 2014. Esta última estaba pendiente de cumplirse a cabalidad al concluir el periodo de estudio.  En 2016, se aprobó la creación de una jurisdicción especializada para atender delitos de violencia y discriminación contra las mujeres. Estos tribunales entraron en funcionamiento a finales de 2017.

De las tres entidades analizadas, la FGR reporta la mayor cantidad de personal cualificado, ha pasado de 69 fiscales en 2014 a 75 en el 2017.



Las jurisdicciones especializadas son un esfuerzo por orientar capacidades y recursos para agilizar procesos penales que son de especial interés. Sin embargo, se detectaron obstáculos vinculados a la falta de independencia, un trabajo fiscal endeble y tribunales sin capacidad de exigir la ampliación de las líneas de investigación que conlleven a un efectivo procesamiento de casos.

La siguiente tabla destaca las tipificaciones de delitos de crimen organizado, entre las cuales las relativas a las amenazas que registraron la más alta cifra de casos iniciados (61,810 casos), seguidas de las relativas a homicidios (31,519 casos), delitos relativos a las drogas (20,032) y secuestro y privación de la libertad (14,015 casos). Cabe destacar el elevado número de casos iniciados que pasaron a ser archivados de forma provisional o definitiva, el cual corresponde a 9 de cada 10 casos por amenazas, y casi a 9 de cada 10 casos iniciados por secuestro y privación de la libertad. Asimismo, fueron archivados 8 de cada 10 casos por homicidio y tres cuartas partes de los casos relativos a las drogas. Los casos de extorsión y drogas fueron los que registraron un mayor porcentaje de casos judicializados que concluyeron en sentencia condenatoria. En el caso de extorsión, el 66.6 por ciento de los casos judicializados concluyeron en condena.



Persisten las dificultades de producción estadística en el Órgano Judicial sobre las sentencias emitidas según el tipo de delito debido a la suspensión del procesamiento de información en las sedes judiciales.

Para los años 2016 y 2017, la plantilla policial rondaba los 26 mil miembros, el 85% representaban hombres y el 15% mujeres, la edad promedio de los miembros de la policía es de 42 años de edad.

Según la información oficial de la corporación policial se advierte que la PNC cuenta, aproximadamente, con una sede policial por cada 58 kilómetros cuadrados. De estas sedes los puestos policiales son unidades básicas en las que se ubica un muy bajo número de policías y cuya infraestructura es más vulnerable.

Llama la atención la carga que representa para la Academia Nacional de Seguridad Pública la formación de agentes de seguridad para empresas privadas, solo en el periodo 2014-2017 se registra un total de 6,521 personas particulares graduadas para desarrollar este trabajo frente a 2,045 agentes policiales graduados.

La relación entre el presupuesto que se destina a la PNC como dependencia del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública es bastante alta, ya que durante el periodo 2014-2017 ha representado más del 60% del presupuesto de dicho Ministerio. Pese a lo anterior, el monto de la PNC más alto, en ese periodo, fue de más de 290 millones de dólares en el año 2015.

La remuneración del personal representa una gran carga para el presupuesto de la PNC, este rubro absorbe el 80% de los fondos destinados a esta institución.

Durante el periodo 2014-2017, el Estado salvadoreño diseñó un andamiaje jurídico a través de la potestad reglamentaria del Órgano Ejecutivo para asegurar la permanencia de la participación de elementos militares en la seguridad pública. La intervención de los elementos militares en tareas de seguridad pública, durante este periodo, se extralimita a la realización de patrullajes conjuntos con la policía; el estamento militar tuvo la facultad de desarrollar la planificación de operaciones y de brindar el control perimetral de centros educativos y penitenciarios. Existen importantes limitantes para realizar el sometimiento de la Fuerza Armada a una contraloría civil. Además, la autonomía que les proporciona la legislación que habilita su intervención en esta materia únicamente ha estado centrada en la ampliación de sus funciones y no en la fiscalización policial de sus actividades en materia de seguridad pública ni en la prevención de abusos durante su intervención.

Los datos oficiales del Ministerio de la Defensa Nacional (MDN) salvadoreño muestran que en el periodo 2014-2017 la cantidad de elementos militares asignados a tareas de seguridad pública registró un aumento del 75%, pasando de 7,900 en el año 2014 a 13,827 en el año 2017. En comparación con la Policía Nacional Civil, en este mismo periodo, se registró un decremento del 7.2% en el personal policial. Según el MDN, el personal militar fue asignado a tareas de seguridad pública en cerca de un 20% de los municipios del país. Los presupuestos votados del Ministerio de Hacienda muestran que los recursos destinados al Ministerio de la Defensa Nacional han tenido una reducción de $8,109,775, o 5.4%, durante el periodo 2014-2017. Los fondos no fueron desagregados para mostrar los montos recibidos por las Fuerzas Armadas o su participación en la seguridad pública. Sin embargo, el rubro de Gestión Operativa Institucional que engloba el mantenimiento de las unidades militares navales, aéreas y del ejército representa más del 90% de su presupuesto. Además, la información oficial disponible muestra que el presupuesto destinado a la Fuerza Armada en el país representa alrededor del 3% del Presupuesto General del Estado, o 0.6% del PIB, durante el periodo 2014-2017. Según la información oficial del Ministerio de Hacienda, los recursos destinados a las instituciones como el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública (MJSP), la Policía Nacional Civil (PNC) y la Corte Suprema de Justicia (CSJ) reportan montos superiores a los asignados al Ministerio de la Defensa Nacional. Sin embargo, resulta llamativo que el Ministerio de la Defensa registre un presupuesto acumulado de más de $585 millones de dólares durante el periodo 2014-2017 mientras que la Fiscalía General de la República (FGR) apenas alcanzó un presupuesto de $221,269,785 en el mismo periodo; es decir, la Fuerza Armada salvadoreña tuvo una asignación de $364,070,535 más que la FGR en un periodo en el que el país no está en guerra y pese a que esta última es la principal entidad encargada de realizar la investigación del delito en el país.

Datos del Ministerio de la Defensa Nacional muestran un total de 391 denuncias interpuestas en el MDN por violaciones a derechos humanos. El número de denuncias interpuestas incrementó durante los primeros tres años bajo estudio, de 43 en 2014 a 154 en 2016, antes de bajar a 78 en 2017. Por su parte, las entidades de contraloría externa como la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) muestran que la cantidad de denuncias interpuestas en esta instancia es mucho mayor. Según esta entidad, los datos muestran que, aunque existe una clara tendencia a la baja en la cantidad de denuncias interpuestas contra el MDN en conjunto, la PDDH registró un total de 867 durante el mismo periodo, y registró por lo menos 100 denuncias anuales. Los datos de las encuestas de opinión pública del Iudop muestran que entre un 40% y un 46% de la población salvadoreña mostraba alguna o mucha confianza en la Fuerza Armada. Se advierte que en el año 2017 hubo un descenso importante en la confianza pública otorgada a la FAES. En dicho año, cuatro de cada diez salvadoreños expresó tener alguna o mucha confianza en la FAES; esta variación representó una reducción de cerca de seis puntos porcentuales respecto a la proporción registrada en el año 2016. Además, las encuestas de opinión permiten evidenciar que la confianza otorgada por la ciudadanía a la PNC ha sido mucho menor que el nivel de confianza otorgado a la Fuerza Armada. Durante el periodo 2014-2017, en ninguno de los años la confianza pública otorgada a la PNC ha superado la alcanzada por la FAES. El gráfico a continuación muestra los resultados de confianza registrados por ambas entidades entre 2014 y 2017.

En todas las categorías de violaciones de los derechos humanos, la tendencia predominante es la baja proporción de casos procesados, e incluso una proporción menor que termina en condena. Al respecto de las violaciones a derechos y garantías fundamentales de la persona, los delitos que reportaron mayor número de casos iniciados en la FGR entre 2014 y 2017 fueron el Allanamiento sin Autorización Legal, la Privación de Libertad por Funcionario o Empleado Público, y los Registros y Pesquisas Ilegales. Considerando estos tres delitos en conjunto, los datos muestran que, del total de casos iniciados por estos delitos entre 2014 y 2017, únicamente fue judicializado el 8.5%.

En lo referido a las violaciones a derechos humanos vinculadas a delitos contra la humanidad, el número de casos iniciados en la FGR entre 2014 y 2017 por el delito de Tortura es doble de los casos iniciados por el delito de Desaparición Forzada de Personas. Considerando estos delitos conjuntamente, las estadísticas revelan que, del total de casos iniciados por estos delitos en el periodo analizado, solamente la quinta parte de ellos fueron judicializados.

Existe información sobre varios indicios de la ocurrencia de ejecuciones extrajudiciales en el periodo 2014-2017. Entre estos indicios se halla el elevado número de enfrentamientos entre la PNC y miembros de maras y pandillas en años recientes, que han cobrado la vida de cientos de personas, y en los cuales las cifras de lesionados y fallecidos de los bandos enfrentados tienen una innegable asimetría.

Es necesario recalcar que, en el caso de El Salvador, la ejecución extrajudicial no ha sido tipificada en el código penal, de manera que se posibilite distinguirla del tipo penal de Homicidio Agravado. Consecuentemente, las estadísticas de la FGR no proveen de datos específicos sobre el presunto cometimiento de ejecuciones extrajudiciales.

A partir de una revisión periodística realizada por el Iudop, fueron identificados 111 eventos en 2016 que reunían características de presuntas ejecuciones extrajudiciales, en las que se reportó un saldo de 278 víctimas fatales. De estos, la mitad de los eventos (50.4%) correspondía a muertes en presuntos enfrentamientos armados entre pandilleros y policías y miembros del ejército, una cuarta parte de ellos (26.1%) a enfrentamientos entre fuerzas combinadas y pandilleros, y el 21.6% a muertes causadas por presuntos grupos de exterminio.

Con referencia a la asimetría del número de fallecidos en función de los grupos que se enfrentan durante las agresiones ilegítimas, la siguiente tabla muestra la proporción de personas particulares que fallecieron en los enfrentamientos registrados anualmente, en contraste con el número de agentes policiales que fallecieron en ellos, según datos recopilados por el Observatorio Universitario de Derechos Humanos.

El Estado salvadoreño carece de un registro oficial entre las instancias correspondientes –como Fiscalía General de la República, Procuraduría General de la República y Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos– que permita dar cuenta de las vulneraciones de los derechos de personas defensoras. Además, las entidades estatales antes mencionadas carecen de unidades especializadas para atender violaciones a derechos de defensores y defensoras, y no cuentan con protocolos específicos o una hoja de ruta para responder a este tipo de hechos violatorios.

Asimismo, al no existir un mecanismo de protección específico para los defensores y defensoras, cuando ocurre una violación a los derechos humanos de este grupo, y se recurre a las instancias nacionales, esta es atendida como un caso más de delito ordinario. En consecuencia, el nivel de efectividad en la respuesta a denuncias interpuestas por defensores y defensoras es sumamente bajo.

El Monitor no pudo encontrar información cuantitativa sobre ataques o campañas de difamación contra defensores y defensoras de derechos humanos. Según fuentes secundarias, los defensores de los derechos de la comunidad LGBTI han sido víctimas de violencia por parte de agentes estatales, grupos criminales y sociedad en general.

El acoso y la estigmatización de parte de las fuerzas de seguridad del Estado se constituyen como un desafío primordial para quienes defienden los derechos de la juventud. Por otra parte, los pueblos originarios se han visto afectados por la violencia y la discriminación, y frecuentemente son criminalizados por ejercer una labor de defensa de sus derechos; en particular, se afirma que han sido objetivo de persecución por parte de grupos económicos explotadores de recursos naturales.

El Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), como ente fiscalizador de la correcta interpretación y aplicación de la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP), ha logrado aglutinar en un portal central de transparencia la información pública de casi 300 instituciones obligadas. El IAIP también ha desarrollado una metodología de evaluación de la información oficiosa y la gestión documental y archivo de los entes obligados.

Cerca de la mitad de las alcaldías del país no han puesto a disposición información pública en el portal de transparencia del IAIP lo cual evidencia un desfase importante en el nivel de cumplimiento de obligaciones de transparencia activa.

El Monitor analizó el nivel cumplimiento con las normas de transparencia de cinco instituciones: La Fiscalía General de la República, la Corte Suprema de Justicia, el Ministerio de Defensa, el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública y la Policía Nacional Civil. Aunque las cinco entidades analizadas han puesto información financiera a disposición del público en sus portales de transparencia, esta información está incompleta en varios casos. Varias entidades no han puesto a disposición del público información primordial, como pueden ser las remuneraciones, las contrataciones y adquisiciones, subsidios e incentivos fiscales, o recursos públicos que son destinados a entes privados. La siguiente tabla muestra, a manera de ejemplo, el tipo de información financiera que la PNC ha puesto a disposición del público durante el periodo bajo estudio. 

En el 2015, la Asamblea Legislativa aprobó la Ley de Probidad, la cual entre sus atribuciones, obliga a funcionarios públicos a presentar una declaración jurada de su patrimonio al entrar y dejar su cargo público. La Ley también establece la Sección de Probidad como el organismo especializado por medio del cual la Corte Suprema de Justicia actúa en lo relacionado con la aplicación de esta Ley, sus reglamentos y demás instrumentos normativos. En 2015, una resolución del IAIP aseveró que la Sección de Probidad debía poner a disposición del público las declaraciones juradas entregadas por funcionarios públicos.

Sin embargo, en 2017 tuvo lugar un retroceso en el acceso a este tipo de información. El Pleno de la Corte Suprema de Justicia, en junio de ese año, declaró información reservada la relativa a las declaraciones de patrimonio que presentan los funcionarios al iniciar su desempeño de un cargo público y al terminarlo, incluyendo los reportes que elabora Probidad. La CSJ fue más allá y decidió que todo el proceso de investigación sobre enriquecimiento ilícito permanecería en secreto hasta que un juicio concluya en una condena, o hasta que pasen 7 años desde que la Corte haya resuelto que no hay razones para abrir juicio.