MONITOR CENTROAMERICANO:

EVALUANDO EL NIVEL DE AVANCE

La región del triángulo norte de Centroamérica está enfrentando altos índices de violencia, corrupción e impunidad.

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Evaluando el nivel de avance en Centroamérica

A medida que Guatemala, El Salvador y Honduras luchan con altos niveles de violencia e inseguridad, corrupción sistémica e impunidad generalizada, es fundamental que encontremos formas de evaluar cómo las políticas y estrategias implementadas en la región están contribuyendo al fortalecimiento del Estado de derecho, mejorando la transparencia y la rendición de cuentas, y reduciendo la violencia y la inseguridad. Utilizando una serie de indicadores cuantitativos y cualitativos, el Monitor Centroamericano tiene como objetivo medir el nivel de avance o retroceso e identificar tendencias a lo largo del tiempo en ocho áreas clave directamente relevantes para el Estado de derecho y la seguridad, proporcionando así información crítica que puede informar las políticas e inversiones estratégicas en la región.

El Monitor es una iniciativa subregional desarrollada por la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), la Fundación Myrna Mack de Guatemala, el Instituto Universitario de Opinión Pública (Iudop) de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA) de El Salvador y el Instituto Universitario en Democracia, Paz y Seguridad (IUDPAS) de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH).

EL SALVADOR

La región del Triángulo Norte de América Central está luchando con la violencia, la corrupción y la impunidad.

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Áreas de progreso

EL SALVADOR
Áreas de progreso
1.

Fortalecimiento de la capacidad e independencia de sistemas de justicia

1.1

Capacidad del sistema de justicia

1.2

Independencia interna

1.3

Independencia Externa

EL SALVADOR / Áreas de progreso

1. Fortalecimiento de la capacidad e independencia de sistemas de justicia

1.1
Capacidad del sistema de justicia

<span style="font-weight: 400;">Al calcular la tasa del personal de la administración de justicia penal disponible por cada 100,000 habitantes, los datos muestran que con leves variaciones durante el periodo 2014-2017, se registran 8 auxiliares fiscales y jueces, 4 defensores públicos y 3 médicos forenses por cada 100,000 habitantes. La tabla a continuación muestra la cantidad de operadores con competencia en materia penal para el periodo 2014-2017.</span> <span style="font-weight: 400;">Exceptuando la cantidad de operadores disponibles en la Fiscalía General de la República, en todos los demás casos, los promedios son inferiores a los parámetros internacionales en materia de administración de justicia.</span> <a href="http://www.wola.org/wp-content/uploads/2020/06/SV-Justicia-ESP-1-1.png"><img class="alignnone size-large wp-image-43598" src="http://www.wola.org/wp-content/uploads/2020/06/SV-Justicia-ESP-1-1-666x1024.png" alt="" width="666" height="1024" /></a>

EL SALVADOR / Áreas de progreso

1. Fortalecimiento de la capacidad e independencia de sistemas de justicia

1.2
Independencia interna

<span style="font-weight: 400;">En general, se advierten algunos vacíos de información respecto a la independencia interna (mecanismos de reclutamiento, selección, evaluación y disciplinarios) de las instituciones del sistema de justicia. En algunos casos, no cuenta con un sistema de información que permita procesar los datos de forma eficiente para proporcionar una respuesta ágil a las solicitudes de información realizadas. En otros ha sido el vacío de información procedimental que no permite mayor precisión de los mecanismos de reclutamiento, selección, evaluación y disciplina de las entidades de justicia.</span> <span style="font-weight: 400;">La siguiente tabla muestra la cantidad de funcionarios removidos y sancionados por institución durante el periodo bajo estudio.</span> <a href="http://www.wola.org/wp-content/uploads/2020/07/SV-Justicia-1.2-ESP.png"><img class="alignnone wp-image-45905 size-large" src="http://www.wola.org/wp-content/uploads/2020/07/SV-Justicia-1.2-ESP-1024x632.png" alt="" width="1024" height="632" /></a>

EL SALVADOR / Áreas de progreso

1. Fortalecimiento de la capacidad e independencia de sistemas de justicia

1.3
Independencia Externa

<span style="font-weight: 400;">La información presupuestaria de las instituciones de justicia salvadoreñas durante el periodo 2014-2017 muestra que en conjunto con la Procuraduría General de la República (PGR), la Fiscalía General de la República (FGR), el Instituto de Medicina Legal (IML) y la Corte Suprema de Justicia (CSJ) han absorbido un poco más del 7% del Presupuesto General de la Nación.</span> <span style="font-weight: 400;">La institución de justicia con menor asignación de recursos de forma sostenida durante el periodo 2014-2017 es la PGR. La FGR ha sido la entidad que ha registrado el mayor aumento de recursos durante el periodo analizado.</span> <span style="font-weight: 400;">Al desagregar los recursos por área de gestión el rubro más importante son las remuneraciones. En el caso de la PGR, durante el periodo 2014-2017 las remuneraciones han absorbido aproximadamente el 90% del total de su presupuesto. Para la FGR este rubro ha absorbido el 61% de sus recursos en el periodo 2014-2017. Y en el caso de la CSJ durante los años 2016 y 2017 las remuneraciones han representado más del 70% de su presupuesto.</span> <span style="font-weight: 400;">La tabla a continuación muestra la distribución porcentual de las instituciones de justicia.</span> <a href="http://www.wola.org/wp-content/uploads/2020/06/SV-Justicia-ESP-3-1.png"><img class="alignnone size-large wp-image-43602" src="http://www.wola.org/wp-content/uploads/2020/06/SV-Justicia-ESP-3-1-1024x512.png" alt="" width="1024" height="512" /></a>

EL SALVADOR
Áreas de progreso
2.

Cooperación con comisiones contra la impunidad

Durante el diseño inicial de este proyecto y la realización de las investigaciones de línea de base para el periodo 2014-2017, el Gobierno de El Salvador no contó con una comisión internacional contra la impunidad. En septiembre de 2019, el Presidente Nayib Bukele reveló planes y tomó medidas preliminares para establecer la Comisión Internacional Contra la Impunidad en El Salvador (CICIES) en colaboración con la Organización de Estados Americanos. Esta sección del sitio web será actualizado con información y datos sobre la CICIES al terminar la investigación sobre esta materia para el año 2019.
EL SALVADOR
Áreas de progreso
3.

Combate a la corrupción

3.1

Confianza del pueblo

3.2

Alcance e implementación de las leyes para combatir la corrupción

3.3

Avances en investigaciones criminales

3.4

Funcionamiento de los órganos de control

EL SALVADOR / Áreas de progreso

3. Combate a la corrupción

3.1
Confianza del pueblo

<span style="font-weight: 400;">El índice de percepción de corrupción monitoreado por Transparencia Internacional evalúa 180 países del mundo en una escala de 0 a 100 en la que los valores más cercanos a cien indican un país “limpio de corrupción” y los valores más cercanos a cero representan a un país altamente corrupto. Durante el periodo 2014-2017, El Salvador se posicionó con un índice sumamente bajo, alrededor de 33 a 39 puntos, muy por debajo del promedio anual reportado por esta organización internacional. La Tabla 1 muestra el comportamiento de este índice para el caso Salvadoreño.</span> <br><br> <a href="http://www.wola.org/wp-content/uploads/2020/06/SV-Corrupcion-ESP-1-1.png"><img class="alignnone size-large wp-image-43575" src="http://www.wola.org/wp-content/uploads/2020/06/SV-Corrupcion-ESP-1-1-1024x512.png" alt="" width="1024" height="512" /></a> <br><br> <span style="font-weight: 400;">En términos de opinión pública, aunque los principales problemas que los ciudadanos advierten en el país son la delincuencia y la economía, desde el año 2013, la proporción de salvadoreños que ha declarado  que el principal problema del país es la corrupción ha registrado un crecimiento sostenido. Esto muestra que existe una mayor identificación de este flagelo en el imaginario colectivo salvadoreño, tal como lo ilustra la siguiente gráfica.</span> <br><br> <a href="http://www.wola.org/wp-content/uploads/2020/06/SV-Corrupcion-ESP-2-1.png"><img class="alignnone size-large wp-image-43577" src="http://www.wola.org/wp-content/uploads/2020/06/SV-Corrupcion-ESP-2-1-1024x512.png" alt="" width="1024" height="512" /></a>

EL SALVADOR / Áreas de progreso

3. Combate a la corrupción

3.2
Alcance e implementación de las leyes para combatir la corrupción

<span style="font-weight: 400;">Dentro de la legislación secundaria, el cuerpo normativo más antiguo y polémico en los últimos años es la Ley sobre el enriquecimiento ilícito de funcionarios y empleados públicos (LEIFEP) de 1959. Como puede advertirse existe un rezago normativo respecto a la regulación de los hechos que pueden constituirse como actos de corrupción, especialmente las figuras de la declaración del patrimonio y el enriquecimiento ilícito. Sin embargo, el desfase va más allá, pues el establecimiento de multas está estipulado en colones, una moneda que dejó de circular en el país en el 2000. La Ley establece multas que va desde los $11.43 a los $1,142.86 dólares americanos.</span> <br><br> <span style="font-weight: 400;">El Salvador logró un avance importante al aprobar la ley de extinción de dominio. En el 2017, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia anuló una reforma adoptada por la Asamblea Legislativa que introducía la figura de la prescripción de la acción de extinción de dominio por un plazo de 10 años. </span>

EL SALVADOR / Áreas de progreso

3. Combate a la corrupción

3.3
Avances en investigaciones criminales

<span style="font-weight: 400;">Durante el periodo 2014-2017 se registran un total de 5,004 casos archivados en delitos de corrupción y 565 casos cuyo resultado fue un sobreseimiento, es decir, que la decisión judicial implicó la suspensión del proceso penal debido a la falta de elementos que pudieran justificar la acusación.</span> <span style="font-weight: 400;">Entre 2014 y 2017, los delitos relativos a la administración de justicia registran un total de 452 judicializaciones de un total de 846 casos iniciados en la Fiscalía General de la República. Del total de casos judicializados en los tribunales, solo en 86 se reporta una sentencia condenatoria.</span> <span style="font-weight: 400;">También, durante el periodo 2014-2017, se reportaron 140 casos en los que se emitió algún tipo de sobreseimiento. En otras palabras, la suspensión del proceso penal decretada por el juez debido a la falta de elementos que justifiquen la continuación de la acción penal.</span> <a href="http://www.wola.org/wp-content/uploads/2020/07/SV-Corrupcion-3.3.1-ESP.png"><img class="alignnone wp-image-45912 size-large" src="http://www.wola.org/wp-content/uploads/2020/07/SV-Corrupcion-3.3.1-ESP-1024x614.png" alt="" width="1024" height="614" /></a> <span style="font-weight: 400;">En total, la FGR reporta 6,064 de casos iniciados por delitos relativos a la administración pública durante el periodo analizado. Según los reportes fiscales durante el periodo analizado se presentaron 1,723 requerimientos fiscales. En 538 casos se obtuvo como resultado una sentencia condenatoria y en 145 el resultado fue la absolución del o los imputados.</span> <span style="font-weight: 400;">Los delitos en los que se registra un mayor número de absoluciones son el tráfico de objetos prohibidos en centros penitenciarios (92), el cohecho propio (12), peculado (7) y actos arbitrarios (7), que en conjunto representan el 81.4% de las sentencias absolutorias durante el periodo 2014-2017. No se obtuvieron sentencias condenatorias por los delitos de exacción, malversación y enriquecimiento ilícito.</span> <a href="http://www.wola.org/wp-content/uploads/2020/07/SV-Corrupcion-3.3.2-ESP.png"><img class="alignnone wp-image-45916 size-large" src="http://www.wola.org/wp-content/uploads/2020/07/SV-Corrupcion-3.3.2-ESP-1024x690.png" alt="" width="1024" height="690" /></a> <span style="font-weight: 400;">No es posible realizar una comparación entre las estadísticas fiscales y las judiciales debido a que, según la Oficina de Información y Respuesta del Órgano Judicial, los tribunales de sentencia a nivel nacional dejaron de producir sus estadísticas de sentencias condenatorias y absolutorias según tipo de delito.</span>

EL SALVADOR / Áreas de progreso

3. Combate a la corrupción

3.4
Funcionamiento de los órganos de control

<span style="font-weight: 400;">Durante el periodo 2014-2017, un total de 2,050 funcionarios y empleados públicos fueron investigados por una posible infracción de normas éticas contempladas en la Ley de Ética Gubernamental, de los cuales solo el 7.3% (149 personas) fueron sancionados.</span> <a href="http://www.wola.org/wp-content/uploads/2020/06/SV-Corrupcion-ESP-5-1.png"><img class="alignnone size-large wp-image-43583" src="http://www.wola.org/wp-content/uploads/2020/06/SV-Corrupcion-ESP-5-1-1024x512.png" alt="" width="1024" height="512" /></a> <span style="font-weight: 400;">La Corte de Cuentas de la República (CCR), entidad encargada de auditar el uso de fondos públicos, es una de las entidades públicas con menor disponibilidad de información pública sobre las investigaciones y procedimientos que desarrolla. Sin embargo, de los reportes de denuncias publicados por dicha entidad se obtiene que durante el periodo 2014-2017, la CCR ha recibido un total de 682 denuncias, la mayoría irregularidades administrativas y financieras y aquellas relacionadas al control interno del personal.</span> <a href="http://www.wola.org/wp-content/uploads/2020/07/SV-Corrupcion-3.4.2-ESP.png"><img class="alignnone wp-image-45920 size-large" src="http://www.wola.org/wp-content/uploads/2020/07/SV-Corrupcion-3.4.2-ESP-1017x1024.png" alt="" width="1017" height="1024" /></a>

EL SALVADOR
Áreas de progreso
4.

Combate a la violencia y al crimen organizado

4.1

Normativa nacional conforme a estándares internacionales

4.2

Capacidades de investigación y persecución de redes criminales y crimen organizado

4.3

Eficacia de las investigaciones de redes criminales y crimen organizado

EL SALVADOR / Áreas de progreso

4. Combate a la violencia y al crimen organizado

4.1
Normativa nacional conforme a estándares internacionales

<span style="font-weight: 400;">El Salvador ha adoptado una amplia normativa penal especializada para el combate de la violencia y el crimen organizado. Entre 2014 y 2017, fueron decretadas dos nuevas legislaciones especiales. La Ley Especial contra la Trata de Personas entró en vigencia en 2016 y estableció una estructura institucional de proteccion, delimitó las funciones de las instituciones de seguridad y justicia en esta materia y determinó asignaciones presupuestarias para estas.</span> <br><br> <span style="font-weight: 400;">La Ley Especial contra el Delito de Extorsión, aprobada en 2015, contempla especificaciones para el tipo penal y las reglas procesales adicionales e incluye una amplia regulación sobre la interferencia de telecomunicaciones para la persecución, investigación y judicialización de este delito.</span> <br><br> <span style="font-weight: 400;">Sin embargo, a pesar de la amplia normativa, se observó que la producción legislativa no obedece a un análisis integral de las distintas expresiones de violencia que impactan a la ciudadanía. Más bien, parecen ser el resultado de esfuerzos legislativos aislados para brindar una respuesta rápida a la criminalidad.</span>

EL SALVADOR / Áreas de progreso

4. Combate a la violencia y al crimen organizado

4.2
Capacidades de investigación y persecución de redes criminales y crimen organizado

<span style="font-weight: 400;">El Salvador cuenta con una estructura institucional para realizar las labores de persecución, investigación y juzgamiento de los hechos delictivos vinculados con la violencia como con el crimen organizado. Esta incluye 12 unidades especializadas de la Policía Nacional Civil (PNC) y seis unidades especializadas en la Fiscalía General de la República (FGR), la mayoría de estas últimas están relacionadas con delitos definidos en leyes especiales. El Órgano Judicial también cuenta con jurisdicciones especializadas. Una de lo penal, creada en 2007, que conoce delitos de crimen organizado y realización compleja, y una segunda jurisdicción especializada de extinción de dominio creada en 2014. Esta última estaba pendiente de cumplirse a cabalidad al concluir el periodo de estudio.  En 2016, se aprobó la creación de una jurisdicción especializada para atender delitos de violencia y discriminación contra las mujeres. Estos tribunales entraron en funcionamiento a finales de 2017.</span> <br><br> <span style="font-weight: 400;">De las tres entidades analizadas, la FGR reporta la mayor cantidad de personal cualificado, ha pasado de 69 fiscales en 2014 a 75 en el 2017.</span> <br><br> <a href="http://www.wola.org/wp-content/uploads/2020/07/SV-Organized-Crime-ESP-1.png"><img src="http://www.wola.org/wp-content/uploads/2020/07/SV-Organized-Crime-ESP-1.png" alt="" width="1024" height="943" class="alignnone size-large wp-image-44974" /></a> <br><br> <span style="font-weight: 400;">Las jurisdicciones especializadas son un esfuerzo por orientar capacidades y recursos para agilizar procesos penales que son de especial interés. Sin embargo, se detectaron obstáculos vinculados a la falta de independencia, un trabajo fiscal endeble y tribunales sin capacidad de exigir la ampliación de las líneas de investigación que conlleven a un efectivo procesamiento de casos.</span>

EL SALVADOR / Áreas de progreso

4. Combate a la violencia y al crimen organizado

4.3
Eficacia de las investigaciones de redes criminales y crimen organizado

<span style="font-weight: 400;">La siguiente tabla destaca las tipificaciones de delitos de crimen organizado, entre las cuales las relativas a las amenazas que registraron la más alta cifra de casos iniciados (61,810 casos), seguidas de las relativas a homicidios (31,519 casos), delitos relativos a las drogas (20,032) y secuestro y privación de la libertad (14,015 casos). Cabe destacar el elevado número de casos iniciados que pasaron a ser archivados de forma provisional o definitiva, el cual corresponde a 9 de cada 10 casos por amenazas, y casi a 9 de cada 10 casos iniciados por secuestro y privación de la libertad. Asimismo, fueron archivados 8 de cada 10 casos por homicidio y tres cuartas partes de los casos relativos a las drogas. Los casos de extorsión y drogas fueron los que registraron un mayor porcentaje de casos judicializados que concluyeron en sentencia condenatoria. En el caso de extorsión, el 66.6 por ciento de los casos judicializados concluyeron en condena. </span> <br><br> <a href="http://www.wola.org/wp-content/uploads/2020/07/SV-Organized-Crime-ESP-2.png"><img class="alignnone size-large wp-image-44972" src="http://www.wola.org/wp-content/uploads/2020/07/SV-Organized-Crime-ESP-2.png" alt="" width="778" height="1024" /></a> <br><br> <span style="font-weight: 400;">Persisten las dificultades de producción estadística en el Órgano Judicial sobre las sentencias emitidas según el tipo de delito debido a la suspensión del procesamiento de información en las sedes judiciales. </span>

EL SALVADOR
Áreas de progreso
5.

Fortalecimiento de cuerpos policiales civiles

5.1

Funcionamiento de carrera policial

5.2

Asignación y uso de recursos presupuestarios

EL SALVADOR / Áreas de progreso

5. Fortalecimiento de cuerpos policiales civiles

5.1
Funcionamiento de carrera policial

<span style="font-weight: 400;">Para los años 2016 y 2017, la plantilla policial rondaba los 26 mil miembros, el 85% representaban hombres y el 15% mujeres, la edad promedio de los miembros de la policía es de 42 años de edad.</span> <br><br> <span style="font-weight: 400;">Según la información oficial de la corporación policial se advierte que la PNC cuenta, aproximadamente, con una sede policial por cada 58 kilómetros cuadrados. De estas sedes los puestos policiales son unidades básicas en las que se ubica un muy bajo número de policías y cuya infraestructura es más vulnerable.</span> <br><br> <span style="font-weight: 400;">Llama la atención la carga que representa para la Academia Nacional de Seguridad Pública la formación de agentes de seguridad para empresas privadas, solo en el periodo 2014-2017 se registra un total de 6,521 personas particulares graduadas para desarrollar este trabajo frente a 2,045 agentes policiales graduados.</span>

EL SALVADOR / Áreas de progreso

5. Fortalecimiento de cuerpos policiales civiles

5.2
Asignación y uso de recursos presupuestarios

<span style="font-weight: 400;">La relación entre el presupuesto que se destina a la PNC como dependencia del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública es bastante alta, ya que durante el periodo 2014-2017 ha representado más del 60% del presupuesto de dicho Ministerio. Pese a lo anterior, el monto de la PNC más alto, en ese periodo, fue de más de 290 millones de dólares en el año 2015.</span> <br><br> <span style="font-weight: 400;">La remuneración del personal representa una gran carga para el presupuesto de la PNC, este rubro absorbe el 80% de los fondos destinados a esta institución.</span>

EL SALVADOR
Áreas de progreso
6.

Limitación del papel de las fuerzas armadas en la seguridad pública

6.1

Desarrollo e implementación de un plan concreto

6.2

Actuación de fuerzas militares

EL SALVADOR / Áreas de progreso

6. Limitación del papel de las fuerzas armadas en la seguridad pública

6.1
Desarrollo e implementación de un plan concreto

Durante el periodo 2014-2017, el Estado salvadoreño diseñó un andamiaje jurídico a través de la potestad reglamentaria del Órgano Ejecutivo para asegurar la permanencia de la participación de elementos militares en la seguridad pública. La intervención de los elementos militares en tareas de seguridad pública, durante este periodo, se extralimita a la realización de patrullajes conjuntos con la policía; el estamento militar tuvo la facultad de desarrollar la planificación de operaciones y de brindar el control perimetral de centros educativos y penitenciarios. Existen importantes limitantes para realizar el sometimiento de la Fuerza Armada a una contraloría civil. Además, la autonomía que les proporciona la legislación que habilita su intervención en esta materia únicamente ha estado centrada en la ampliación de sus funciones y no en la fiscalización policial de sus actividades en materia de seguridad pública ni en la prevención de abusos durante su intervención.<br><br> Los datos oficiales del Ministerio de la Defensa Nacional (MDN) salvadoreño muestran que en el periodo 2014-2017 la cantidad de elementos militares asignados a tareas de seguridad pública registró un aumento del 75%, pasando de 7,900 en el año 2014 a 13,827 en el año 2017. En comparación con la Policía Nacional Civil, en este mismo periodo, se registró un decremento del 7.2% en el personal policial. Según el MDN, el personal militar fue asignado a tareas de seguridad pública en cerca de un 20% de los municipios del país. <a href="http://www.wola.org/wp-content/uploads/2020/11/SV-FFAA-ESP-3.png"><img class="alignnone size-large wp-image-49398" src="http://www.wola.org/wp-content/uploads/2020/11/SV-FFAA-ESP-3-1024x562.png" alt="" width="1024" height="562" /></a> Los presupuestos votados del Ministerio de Hacienda muestran que los recursos destinados al Ministerio de la Defensa Nacional han tenido una reducción de $8,109,775, o 5.4%, durante el periodo 2014-2017. Los fondos no fueron desagregados para mostrar los montos recibidos por las Fuerzas Armadas o su participación en la seguridad pública. Sin embargo, el rubro de Gestión Operativa Institucional que engloba el mantenimiento de las unidades militares navales, aéreas y del ejército representa más del 90% de su presupuesto. Además, la información oficial disponible muestra que el presupuesto destinado a la Fuerza Armada en el país representa alrededor del 3% del Presupuesto General del Estado, o 0.6% del PIB, durante el periodo 2014-2017. <a href="http://www.wola.org/wp-content/uploads/2020/11/SV-FFAA-ESP-4.png"><img class="alignnone size-large wp-image-49400" src="http://www.wola.org/wp-content/uploads/2020/11/SV-FFAA-ESP-4-1024x562.png" alt="" width="1024" height="562" /></a> Según la información oficial del Ministerio de Hacienda, los recursos destinados a las instituciones como el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública (MJSP), la Policía Nacional Civil (PNC) y la Corte Suprema de Justicia (CSJ) reportan montos superiores a los asignados al Ministerio de la Defensa Nacional. Sin embargo, resulta llamativo que el Ministerio de la Defensa registre un presupuesto acumulado de más de $585 millones de dólares durante el periodo 2014-2017 mientras que la Fiscalía General de la República (FGR) apenas alcanzó un presupuesto de $221,269,785 en el mismo periodo; es decir, la Fuerza Armada salvadoreña tuvo una asignación de $364,070,535 más que la FGR en un periodo en el que el país no está en guerra y pese a que esta última es la principal entidad encargada de realizar la investigación del delito en el país. <a href="http://www.wola.org/wp-content/uploads/2020/11/SV-FFAA-ESP-5.png"><img class="alignnone size-large wp-image-49402" src="http://www.wola.org/wp-content/uploads/2020/11/SV-FFAA-ESP-5-1024x649.png" alt="" width="1024" height="649" /></a>

EL SALVADOR / Áreas de progreso

6. Limitación del papel de las fuerzas armadas en la seguridad pública

6.2
Actuación de fuerzas militares

Datos del Ministerio de la Defensa Nacional muestran un total de 391 denuncias interpuestas en el MDN por violaciones a derechos humanos. El número de denuncias interpuestas incrementó durante los primeros tres años bajo estudio, de 43 en 2014 a 154 en 2016, antes de bajar a 78 en 2017. Por su parte, las entidades de contraloría externa como la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) muestran que la cantidad de denuncias interpuestas en esta instancia es mucho mayor. Según esta entidad, los datos muestran que, aunque existe una clara tendencia a la baja en la cantidad de denuncias interpuestas contra el MDN en conjunto, la PDDH registró un total de 867 durante el mismo periodo, y registró por lo menos 100 denuncias anuales. <a href="http://www.wola.org/wp-content/uploads/2020/11/SV-FFAA-ESP-6.png"><img class="alignnone size-large wp-image-49412" src="http://www.wola.org/wp-content/uploads/2020/11/SV-FFAA-ESP-6-1024x568.png" alt="" width="1024" height="568" /></a> Los datos de las encuestas de opinión pública del Iudop muestran que entre un 40% y un 46% de la población salvadoreña mostraba alguna o mucha confianza en la Fuerza Armada. Se advierte que en el año 2017 hubo un descenso importante en la confianza pública otorgada a la FAES. En dicho año, cuatro de cada diez salvadoreños expresó tener alguna o mucha confianza en la FAES; esta variación representó una reducción de cerca de seis puntos porcentuales respecto a la proporción registrada en el año 2016. <a href="http://www.wola.org/wp-content/uploads/2020/11/SV-FFAA-ESP-1.png"><img class="alignnone size-large wp-image-49394" src="http://www.wola.org/wp-content/uploads/2020/11/SV-FFAA-ESP-1-1024x576.png" alt="" width="1024" height="576" /></a> Además, las encuestas de opinión permiten evidenciar que la confianza otorgada por la ciudadanía a la PNC ha sido mucho menor que el nivel de confianza otorgado a la Fuerza Armada. Durante el periodo 2014-2017, en ninguno de los años la confianza pública otorgada a la PNC ha superado la alcanzada por la FAES. El gráfico a continuación muestra los resultados de confianza registrados por ambas entidades entre 2014 y 2017. <a href="http://www.wola.org/wp-content/uploads/2020/11/SV-FFAA-ESP-2.png"><img class="alignnone size-large wp-image-49396" src="http://www.wola.org/wp-content/uploads/2020/11/SV-FFAA-ESP-2-1024x481.png" alt="" width="1024" height="481" /></a>

EL SALVADOR
Áreas de progreso
7.

Protección de los derechos humanos

7.1

Investigación y condena de violaciones de los derechos humanos

7.2

Mecanismos de protección

7.3

Incitación al odio

EL SALVADOR / Áreas de progreso

7. Protección de los derechos humanos

7.1
Investigación y condena de violaciones de los derechos humanos

<span style="font-weight: 400;">En todas las categorías de violaciones de los derechos humanos, la tendencia predominante es la baja proporción de casos procesados, e incluso una proporción menor que termina en condena. Al respecto de las violaciones a derechos y garantías fundamentales de la persona, los delitos que reportaron mayor número de casos iniciados en la FGR entre 2014 y 2017 fueron el Allanamiento sin Autorización Legal, la Privación de Libertad por Funcionario o Empleado Público, y los Registros y Pesquisas Ilegales. Considerando estos tres delitos en conjunto, los datos muestran que, del total de casos iniciados por estos delitos entre 2014 y 2017, únicamente fue judicializado el 8.5%.</span> <br><br> <span style="font-weight: 400;">En lo referido a las violaciones a derechos humanos vinculadas a delitos contra la humanidad, el número de casos iniciados en la FGR entre 2014 y 2017 por el delito de Tortura es doble de los casos iniciados por el delito de Desaparición Forzada de Personas. Considerando estos delitos conjuntamente, las estadísticas revelan que, del total de casos iniciados por estos delitos en el periodo analizado, solamente la quinta parte de ellos fueron judicializados.</span> <br><br> <span style="font-weight: 400;">Existe información sobre varios indicios de la ocurrencia de ejecuciones extrajudiciales en el periodo 2014-2017. Entre estos indicios se halla el elevado número de enfrentamientos entre la PNC y miembros de maras y pandillas en años recientes, que han cobrado la vida de cientos de personas, y en los cuales las cifras de lesionados y fallecidos de los bandos enfrentados tienen una innegable asimetría.</span> <br><br> <span style="font-weight: 400;">Es necesario recalcar que, en el caso de El Salvador, la ejecución extrajudicial no ha sido tipificada en el código penal, de manera que se posibilite distinguirla del tipo penal de Homicidio Agravado. Consecuentemente, las estadísticas de la FGR no proveen de datos específicos sobre el presunto cometimiento de ejecuciones extrajudiciales.</span> <br><br> <span style="font-weight: 400;">A partir de una revisión periodística realizada por el Iudop, fueron identificados 111 eventos en 2016 que reunían características de presuntas ejecuciones extrajudiciales, en las que se reportó un saldo de 278 víctimas fatales. De estos, la mitad de los eventos (50.4%) correspondía a muertes en presuntos enfrentamientos armados entre pandilleros y policías y miembros del ejército, una cuarta parte de ellos (26.1%) a enfrentamientos entre fuerzas combinadas y pandilleros, y el 21.6% a muertes causadas por presuntos grupos de exterminio.</span> <br><br> <span style="font-weight: 400;">Con referencia a la asimetría del número de fallecidos en función de los grupos que se enfrentan durante las agresiones ilegítimas, la siguiente tabla muestra la proporción de personas particulares que fallecieron en los enfrentamientos registrados anualmente, en contraste con el número de agentes policiales que fallecieron en ellos, según datos recopilados por el Observatorio Universitario de Derechos Humanos.</span>

EL SALVADOR / Áreas de progreso

7. Protección de los derechos humanos

7.2
Mecanismos de protección

<span style="font-weight: 400;">El Estado salvadoreño carece de un registro oficial entre las instancias correspondientes –como Fiscalía General de la República, Procuraduría General de la República y Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos– que permita dar cuenta de las vulneraciones de los derechos de personas defensoras. Además, las entidades estatales antes mencionadas carecen de unidades especializadas para atender violaciones a derechos de defensores y defensoras, y no cuentan con protocolos específicos o una hoja de ruta para responder a este tipo de hechos violatorios.</span> <br><br> <span style="font-weight: 400;">Asimismo, al no existir un mecanismo de protección específico para los defensores y defensoras, cuando ocurre una violación a los derechos humanos de este grupo, y se recurre a las instancias nacionales, esta es atendida como un caso más de delito ordinario. En consecuencia, el nivel de efectividad en la respuesta a denuncias interpuestas por defensores y defensoras es sumamente bajo.</span>

EL SALVADOR / Áreas de progreso

7. Protección de los derechos humanos

7.3
Incitación al odio

<span style="font-weight: 400;">El Monitor no pudo encontrar información cuantitativa sobre ataques o campañas de difamación contra defensores y defensoras de derechos humanos. Según fuentes secundarias, los defensores de los derechos de la comunidad LGBTI han sido víctimas de violencia por parte de agentes estatales, grupos criminales y sociedad en general.</span> <br><br> <span style="font-weight: 400;">El acoso y la estigmatización de parte de las fuerzas de seguridad del Estado se constituyen como un desafío primordial para quienes defienden los derechos de la juventud. Por otra parte, los pueblos originarios se han visto afectados por la violencia y la discriminación, y frecuentemente son criminalizados por ejercer una labor de defensa de sus derechos; en particular, se afirma que han sido objetivo de persecución por parte de grupos económicos explotadores de recursos naturales.</span>

EL SALVADOR
Áreas de progreso
8.

Mejoramiento de transparencia

8.1

Alcance e implementación de las leyes de acceso a la información pública

8.2

Transparencia del presupuesto y gastos

8.3

Declaración de activos de los funcionarios públicos

EL SALVADOR / Áreas de progreso

8. Mejoramiento de transparencia

8.1
Alcance e implementación de las leyes de acceso a la información pública

<span style="font-weight: 400;">El Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), como ente fiscalizador de la correcta interpretación y aplicación de la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP), ha logrado aglutinar en un portal central de transparencia la información pública de casi 300 instituciones obligadas. El IAIP también ha desarrollado una metodología de evaluación de la información oficiosa y la gestión documental y archivo de los entes obligados.</span> <br><br> <span style="font-weight: 400;">Cerca de la mitad de las alcaldías del país no han puesto a disposición información pública en el portal de transparencia del IAIP lo cual evidencia un desfase importante en el nivel de cumplimiento de obligaciones de transparencia activa.</span>

EL SALVADOR / Áreas de progreso

8. Mejoramiento de transparencia

8.2
Transparencia del presupuesto y gastos

<span style="font-weight: 400;">El Monitor analizó el nivel cumplimiento con las normas de transparencia de cinco instituciones: La Fiscalía General de la República, la Corte Suprema de Justicia, el Ministerio de Defensa, el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública y la Policía Nacional Civil.</span> <span style="font-weight: 400;">Aunque las cinco entidades analizadas han puesto información financiera a disposición del público en sus portales de transparencia, esta información está incompleta en varios casos. Varias entidades no han puesto a disposición del público información primordial, como pueden ser las remuneraciones, las contrataciones y adquisiciones, subsidios e incentivos fiscales, o recursos públicos que son destinados a entes privados.</span> <span style="font-weight: 400;">La siguiente tabla muestra, a manera de ejemplo, el tipo de información financiera que la PNC ha puesto a disposición del público durante el periodo bajo estudio. </span> <a href="http://www.wola.org/wp-content/uploads/2020/06/SV-Transparencia-ESP-2-1.png"><img class="alignnone size-large wp-image-43611" src="http://www.wola.org/wp-content/uploads/2020/06/SV-Transparencia-ESP-2-1-1024x931.png" alt="" width="1024" height="931" /></a>

EL SALVADOR / Áreas de progreso

8. Mejoramiento de transparencia

8.3
Declaración de activos de los funcionarios públicos

<span style="font-weight: 400;">En el 2015, la Asamblea Legislativa aprobó la Ley de Probidad, la cual entre sus atribuciones, obliga a funcionarios públicos a presentar una declaración jurada de su patrimonio al entrar y dejar su cargo público. La Ley también establece la Sección de Probidad como el organismo especializado por medio del cual la Corte Suprema de Justicia actúa en lo relacionado con la aplicación de esta Ley, sus reglamentos y demás instrumentos normativos. En 2015, una resolución del IAIP aseveró que la Sección de Probidad debía poner a disposición del público las declaraciones juradas entregadas por funcionarios públicos.</span> <br><br> <span style="font-weight: 400;">Sin embargo, en 2017 tuvo lugar un retroceso en el acceso a este tipo de información. El Pleno de la Corte Suprema de Justicia, en junio de ese año, declaró información reservada la relativa a las declaraciones de patrimonio que presentan los funcionarios al iniciar su desempeño de un cargo público y al terminarlo, incluyendo los reportes que elabora Probidad. La CSJ fue más allá y decidió que todo el proceso de investigación sobre enriquecimiento ilícito permanecería en secreto hasta que un juicio concluya en una condena, o hasta que pasen 7 años desde que la Corte haya resuelto que no hay razones para abrir juicio.</span>

GLOSARIO

La Oficina de Washington para América Latina (WOLA), la Fundación Myrna Mack (FMM) de Guatemala, el Instituto Universitario de Opinión Pública (Iudop) de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA) de El Salvador, el Instituto Universitario de Democracia, Paz y Seguridad (IUDPAS) de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) han desarrollado una serie de indicadores para examinar el nivel de avance o retroceso en Guatemala, El Salvador y Honduras en ocho áreas clave. Esta evaluación permitirá una aproximación del nivel de compromiso de los gobiernos centroamericanos y la eficacia de la cooperación internacional. Los indicadores incluyen una combinación de datos cuantitativos y análisis cualitativos para obtener una comprensión más profunda de los cambios que tienen lugar en cada país. Las fuentes de datos incluyen documentos y estadísticas oficiales, encuestas, entrevistas y revisiones de leyes y reglamentos existentes, los cuales se recopilarán sistemáticamente.

WOLA, la Fundación Myrna Mack, Iudop e IUDPAS desarrollaron estos indicadores en un proceso de meses que incluyó la revisión de estándares internacionales, consultas con expertos y el consenso entre todos los socios sobre los temas clave a tratar.

Nuestro objetivo es proporcionar un instrumento que pueda ayudar a identificar tendencias, avances, patrones y diferencias a lo interno de los tres países y entre los países de la región del triángulo norte de una manera que sea útil para
gestores de política, donantes, académicos, y el público en general.

1
Fortalecimiento de la capacidad e independencia de los sistemas de justicia

Capacidad de los sistemas de justicia: número de funcionarios en materia penal, cobertura geográfica, carga laboral, eficacia y confianza pública.

Independencia interna: existencia e implementación de un proceso de selección público, basado en el mérito, libre de influencia externa, un sistema de evaluación basado en resultados y un sistema disciplinario efectivo.

Independencia externa: Tamaño del presupuesto asignado al sector justicia e implementación de medidas de protección para operadores de justicia

2
Cooperación con comisiones contra la impunidad

Voluntad política y nivel de colaboración: Compromiso del Estado de colaborar y permitir el trabajo de la CICIG en Guatemala, la MACCIH en Honduras, y la CICIES en El Salvador expresado en el avance en casos emblemáticos, la aprobación de reformas legislativas y el apoyo institucional de y a las contrapartes nacionales que trabajan con estas comisiones.

3
Combate a la corrupción

Alcance y aplicación de legislación para combatir la corrupción: Tipificación de nuevos delitos en el código penal y la reforma de leyes que previenen la corrupción conforme a estándares internacionales.

Avances en la investigación penal: Número de casos de corrupción archivados, procesados, y resueltos, y el avance de casos emblemáticos.

Funcionamiento de organismos de control externos: Existencia y capacidad de organismos o agencias de control externos para el combate a la corrupción.

Percepción pública: Percepción de los niveles de corrupción en el país conforme los índices de Transparencia Internacional.

4
Reducción de la violencia y combate al crimen organizado

Fortalecimiento de capacidades: Existencia y funcionamiento de unidades especializadas contra el crimen organizado y crímenes violentos, la aplicación de métodos investigativos científicos y técnicos, y el funcionamiento de jueces y/o tribunales especializados y dedicados a la persecución del crimen organizado.

Avances en la investigación penal: Número de casos de crimen organizado y crímenes violentos archivados, procesados, y resueltos, y el avance de casos emblemáticos.

Reducción de criminalidad: Sentencias de homicidios, extorsiones y casos de redes criminales, y la reducción de crímenes violentos.

5
Fortalecimiento de cuerpos policiales civiles

Funcionamiento de carrera policial: Existencia y efectividad de mecanismos de ingreso y ascenso, procesos de formación y de sistemas disciplinarios, así como la estructura organizativa de la institución policial.

Asignación y uso de recursos presupuestarios: Asignación y ejecución efectiva presupuestaria y el porcentaje de recursos destinados al bienestar de los miembros de la policía civil.

Relaciones con la comunidad: La confianza de la ciudadanía en los cuerpos policiales, las relaciones con las comunidades, y con autoridades indígenas.

6
Limitación del papel de las fuerzas armadas en la seguridad pública

Desarrollo e implementación de un plan concreto: Diseño e implementación de un plan de acceso público y verificable con metas, cronogramas, actividades e indicadores claramente establecidos; derogación de normas jurídicas que autorizan participación de las fuerzas armadas en seguridad pública; y acceso a información sobre planilla y recursos asignados.

Actuación de fuerzas militares: Denuncias, acusaciones y sentencias de violaciones de derechos humanos perpetradas por miembros de las fuerzas armadas y nivel de confianza pública en las fuerzas armadas.

7
Protección de los derechos humanos

Investigación y sanción de violaciones a los derechos humanos: Existencia y funcionamiento de unidades de investigación especializadas; número de denuncias, acusaciones y sentencias; manejo de casos emblemáticos; y grado de colaboración de fuerzas de seguridad en las investigaciones.

Mecanismos de protección: Estructura y funcionamiento de mecanismos de protección para defensores(as) víctimas de ataques o violaciones de derechos humanos.

Discurso del odio: Análisis sobre ataques o campañas mediáticas de acoso o difamación dirigidas a defensores de derechos humanos.

8
Mejoramiento de transparencia

Transparencia del presupuesto y calidad del gasto público: Acceso a información pública sobre asignación presupuestaria y uso de fondos públicos para las carteras de seguridad, justicia y defensa.

Alcance y aplicación de ‘Ley de Acceso a Información Pública’: Tipo de información catalogada de acceso restringido o bajo reserva, gratuidad, periodo de reserva, disponibilidad y calidad de estadísticas en materia de seguridad y justicia, y solicitudes brindadas y denegadas.

Cumplimiento y divulgación de declaraciones patrimoniales de funcionarios públicos: Nivel de cumplimiento con normas sobre la declaración patrimonial de funcionarios públicos y el grado en que dichas declaraciones son públicamente accesibles.

METODOLOGÍA

El Monitor Centroamericano se basa en la premisa de que se necesitan datos e información precisos, objetivos y accesibles para el desarrollo de políticas e inciativas que puedan contribuir a la reducción de los altos niveles de violencia e inseguridad y el fortalecimiento del Estado de derecho y la gobernabilidad en un país democrático. Esto permitirá que los esfuerzos vayan más allá de las discusiones abstractas de reforma hacia medidas específicas de cambio.

El Monitor se basa en una serie de más de 100 indicadores cuantitativos y cualitativos que permiten un análisis de los éxitos o retrocesos en ocho áreas clave en Guatemala, El Salvador y Honduras. Más que una lista exhaustiva, los indicadores buscan identificar una forma de examinar y evaluar el nivel de avance de los tres países en el fortalecimiento del Estado de derecho, la construcción de instituciones democráticas, y la reducción de la violencia e inseguridad. Los indicadores buscan identificar los principales desafíos en cada una de las áreas seleccionadas y examinar cómo las instituciones están siendo fortalecidas (o no) con el tiempo. El Monitor utiliza información de diferentes fuentes, incluyendo documentos y estadísticas oficiales, encuestas, entrevistas, información de casos emblemáticos y análisis de leyes y regulaciones existentes.

Los indicadores se desarrollaron durante varios meses en un proceso que incluyó una revisión exhaustiva de estándares internacionales y consultas con expertos. Las ocho áreas analizadas por el Monitor incluyen:

  • 1. Fortalecimiento de la capacidad e independencia de los sistemas de justicia
  • 2. Cooperación con comisiones contra la impunidad
  • 3. Combate a la corrupción
  • 4. Reducción de la violencia y combate al crimen organizado
  • 5. Fortalecimiento de cuerpos policiales civiles
  • 6. Limitación del papel de las fuerzas armadas en la seguridad pública
  • 7. Protección de los derechos humanos
  • 8. Mejoramiento de transparencia