28 May 2014 | Noticias

Nuevo estudio evalúa las respuestas estatales ante el consumo de drogas en América Latina

Comunicado de Prensa
28 de mayo de 2014
PARA USO INMEDIATO
 
Nuevo estudio evalúa las respuestas estatales ante el consumo de drogas en América Latina
 
Washington, D.C.— El día de hoy, el Colectivo de Estudios Drogas y Derecho (CEDD) publica un nuevo estudio que evalúa las respuestas estatales ante el consumo de drogas ilícitas en 8 países en América Latina: México, Colombia, Perú, Ecuador, Brasil, Argentina, Uruguay y Bolivia.

El estudio titulado “En busca de los derechos: usuarios de drogas y las respuestas estatales en América Latina” encuentra que las respuestas de los gobiernos latinoamericanos frente al consumo de sustancias ilícitas siguen siendo predominantemente a través de las instituciones penales, y no de las de salud. Incluso en los países en los que el consumo no es un delito, existe una persistente criminalización hacia los usuarios de sustancias ilícitas.

“Las respuestas que criminalizan a los usuarios de drogas frecuentemente resultan más nocivas para el bienestar de los usuarios y de la sociedad en general, que los consumos mismos”, dijo Catalina Pérez Correa, investigadora del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), y editora del estudio. “El uso de cárceles para prevenir el consumo es muy dañino para todos. Si por ejemplo un estudiante es encarcelado por portar drogas para consumo personal, se ven truncados sus estudios además de que es expuesto a un ambiente peligroso y con altos índices de consumo.

Después de ser excarcelado tendrá que lidiar no sólo con el estigma de ser consumidor sino también con el estigma de haber estado en la cárcel, lo que dificulta conseguir un empleo digno. Si tuviera hijos, la familia sufriría el impacto del encarcelamiento, la falta de ingresos, los gastos legales etc. Estos daños no pueden equipararse a los que produce un cigarrillo de marihuana, por ejemplo”.

El estudio también encuentra que la respuesta penal contribuye a generar un ambiente de estigmatización y discriminación hacia los usuarios, lo que repercute negativamente en su posibilidad de ser considerados de forma imparcial por policías y por el sistema judicial. Esta discriminación también impide que los usuarios de drogas que lo necesitan busquen atención médica.

Finalmente, esta forma de abordar del consumo –a través del sistema penal– termina por vulnerar distintos derechos fundamentales de los usuarios como son el derecho a la salud, a la información, a la autonomía personal, a la libre determinación, entre otros. Todo ello viola diversas normas nacionales e internacionales de derechos humanos que los Estados están obligados a proteger.

En todos los países estudiados el CEDD encuentra que los usuarios de drogas de uso ilícito son perseguidos penalmente, incluso en los países en los que el consumo no está penado. En Argentina, Ecuador, México y Bolivia el acto de consumir drogas no es un delito. Sin embargo, según el estudio de Argentina, en una muestra del año 2011, alrededor de 73-74% de las causas por infracción a la ley de drogas iniciadas por las fuerzas de seguridad en el Fuero Penal Federal de la ciudad de Buenos Aires eran por el delito de tenencia de estupefacientes para consumo personal. "En Ecuador, se encuentran detenidas en la actualidad 5.103 personas bajo la imputación del delito de tenencia o posesión de sustancias estupefacientes o psicotrópicas, de un total de 6.467 detenciones frente a los demás delitos de drogas". En México, entre 2009 y mayo de 2013, fueron detenidas, a nivel nacional, 140.860 personas por consumo de drogas y fueron iniciadas, por la misma causa y durante el mismo periodo, 53.769 averiguaciones en el sistema federal. En Bolivia, entre 2005 y 2011 se detuvo a 6.316 personas por posesión de drogas (en su mayoría cannabis).

“El informe apunta a la necesidad de hacer reformas profundas e inmediatas en las políticas orientadas al consumo de drogas de uso ilícito incluyendo la descriminalización del porte para el consumo personal y la inversión por parte de los estados en programas de tratamiento basado en evidencia científica”, dijo Coletta Youngers, asesora al programa sobre políticas de drogas en la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA) y co-editora del estudio.

Sobre el CEDD:

El Colectivo de Estudios Drogas y Derecho (CEDD) reúne investigadores de 8 países latinoamericanos con el propósito de analizar el impacto de la legislación penal y la práctica jurídica en materia de drogas ilícitas. Integrantes:

Argentina: Alejandro Corda, Araceli Galante y Diana Rossi, Intercambios A.C.
Bolivia: Gloria Rose Marie de Achá, Acción Andina
Brasil: Luciana Boiteux, Universidad Federal de Rio de Janeiro; João Pedro Chaves, Universidade Federal Fluminense
Colombia: Rodrigo Uprimny, Diana Esther Guzmán, Jorge Alberto Parra y Carolina Bernal, DeJusticia
Ecuador: Jorge Vicente Paladines, Universidad Andina Simón Bolívar (UASB)
Estados Unidos: Coletta Youngers, Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA)
México: Catalina Pérez Correa y Karen Silva, Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE)
Países Bajos: Pien Metaal, Transnational Institute (TNI)
Perú: Ricardo Soberón, Centro de Investigación Drogas y Derechos Humanos (CIDDH)

Contacto:
Kristel Muciño
Directora de Comunicación de WOLA
Teléfono en Washington DC: 202-797-2171
Email: [email protected]

Para más información sobre este grupo y sus integrantes visitar www.drogasyderecho.org
 
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