Intervención de la Coalición Americana de Política de Drogas (CAPD), por John Walsh de WOLA

Hace un año, los expertos en derechos humanos de la ONU proclamaron que la llamada “guerra contra las drogas” socava la salud y el bienestar social y desperdicia los recursos públicos al no lograr frenar la demanda de drogas ilegales, ni reducir los mercados de las mismas. También señalaron que las políticas actuales tienen implicaciones negativas de gran alcance para una amplia gama de derechos humanos, incluidos los derechos a:

• • la libertad individual;
  • juicio justo e igualdad de trato ante la ley;
  • salud, vivienda adecuada y medio ambiente limpio y saludable;
  • libertades de expresión, religión, reunión y asociación;
  • libertad a no ser sometido a trabajos forzados, malos tratos y torturas; y
  • libertad de no ser discriminado.

La urgente necesidad de generar políticas de drogas basadas en el respeto a los derechos humanos se instaló en la agenda hemisférica hace una década. Esto quedó reflejado en la Resolución de la OEA de junio de 2014 sobre la “Promoción y protección de los derechos humanos en la búsqueda de nuevos enfoques y soluciones efectivas, en el desarrollo e implementación de políticas para atender el problema mundial de las drogas en las Américas”.

Pero, a pesar de algunos avances importantes en varios países, la tarea de promover los derechos humanos en las políticas de drogas es aún incipiente y requiere un compromiso renovado de todos los Estados Miembros en colaboración con la Sociedad Civil.

Por lo tanto, instamos a los Estados Miembros a:

• • • Poner fin a las políticas de drogas represivas. Poner fin a la criminalización de las personas que consumen drogas y garantizar alternativas al encarcelamiento por delitos relacionados con las drogas.
    • Abordar los problemas asociados al consumo y dependencia de drogas desde una perspectiva de salud pública. Garantizar el acceso universal y voluntario a servicios de prevención, tratamiento, rehabilitación, reducción de daños e integración social de calidad, con enfoque de género.
    • Facilitar el acceso irrestricto a la atención de la salud de las personas con consumo problemático de drogas que se encuentren privadas de libertad.
    • No aplicar políticas que pongan en mayor riesgo la vida de comunidades indígenas, campesinas y afrodescendientes que siembren cultivos considerados ilícitos.

Finalmente, instamos a los Estados Miembros de la OEA, con la plena participación de la Sociedad Civil, a reabrir un debate inclusivo y libre de tabúes sobre el diseño e implementación de políticas de drogas con una visión anclada en los derechos humanos, la salud y el desarrollo sostenible.

Muchas gracias.