Washington, D.C.—El 7 de febrero, el diálogo entre el gobierno venezolano y la oposición sobre la actual crisis política del país fue suspendido. Mientras tanto el gobierno de Nicolás Maduro avanza con sus planes de celebrar elecciones presidenciales el 22 de abril. Celebrar elecciones en condiciones apresuradas y sin las garantías institucionales necesarias privaría a los venezolanos de su derecho fundamental a elegir libremente a sus propios líderes. La comunidad internacional debe expresar su rechazo colectivo a cualquier proceso electoral que no sea libre, justo y transparente, a la vez que evite adoptar medidas que puedan empeorar la crisis de Venezuela.
Dado el proceso profundamente irregular a través del cual el gobierno venezolano llamó a elecciones anticipadas, así como el hecho de que el compromiso de la autoridad electoral de Venezuela de garantizar un proceso justo y prevenir el fraude es cuestionable, es crucial que Estados Unidos, la Unión Europea y el “Grupo de Lima” (una coalición de países latinoamericanos que monitorean la crisis de Venezuela) dejen en claro su rechazo a la legitimidad de las elecciones programadas para el 22 de abril. Al hacerlo, la comunidad internacional deberá responder de una forma conjunta y coordinada a la situación y evitar acciones unilaterales que profundicen la crisis venezolana aún más.
La reciente visita del Secretario de Estado de los Estados Unidos Rex Tillerson a la región para conversar con líderes latinoamericanos sobre Venezuela, entre otros temas, fue positiva porque cuando la política estadounidense hacia Venezuela se desarrolle en coordinación con los gobiernos de América Latina y otros países gana legitimidad y por lo tanto es más efectiva.
Sin embargo, las sanciones a las exportaciones de petróleo crudo de Venezuela o a las importaciones de petróleo refinado – una de las opciones políticas que están siendo discutidas actualmente – tendrían un impacto más bien contraproducente. Estas sanciones empeorarían el ya trágico costo humano del actual colapso económico del país. Como lo han señalado WOLA y sus socios en Argentina, Brasil, Colombia y Perú, tales sanciones exacerbarían la grave situación humanitaria que enfrentan los venezolanos.
Estas sanciones también serían fuertemente rechazadas en toda la región. El gobierno de México ya ha señalado que no se unirá a los Estados Unidos para adoptar tales sanciones, y le preocupa su impacto. Las encuestas muestran que la mayoría de los venezolanos se oponen a las amplias sanciones económicas. En agosto de 2017, 59 organizaciones de la sociedad civil venezolana firmaron una carta abierta a la comunidad internacional, exigiendo que se bloquee “la aprobación de sanciones unilaterales o multilaterales contra el conjunto de la nación por parte de los gobiernos de la región, las cuales aumenten la crisis humanitaria existente en Venezuela”. Es importante señalar que estas organizaciones de la sociedad civil que rechazan el propuesto bloqueo petrolero son las mismas que condenan la ruptura del orden constitucional y la erosión de las instituciones democráticas en Venezuela.
La historia de sanciones económicas en Cuba, Zimbabwe, Corea del Norte y en otros lugares muestra que proporcionar un golpe devastador a la población de un país no necesariamente conlleva la derrota de un gobierno autoritario. Por lo general lo fortalece. Esto hace que sea aún más urgente que Estados Unidos continúe trabajando conjuntamente con los gobiernos de las Américas y Europa para desarrollar un enfoque pacífico, estratégico y multilateral con el cual abordar la crisis de Venezuela.
