(Flickr Photo/Chang'r)
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Washington, DC—En un nuevo informe publicado hoy, la Oficina de Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA, por sus siglas en inglés) detalla una serie de pasos que el gobierno mexicano debe tomar para implementar las reformas anticorrupción que México aprobó en 2015 y 2016. Las reformas crearon el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), un mecanismo diseñado para proporcionar una coordinación muy necesaria entre las numerosas instituciones anticorrupción de todos los niveles del gobierno que anteriormente habían estado operando sin métodos claros de colaboración. Si bien el Presidente Andrés Manuel López Obrador ha afirmado que la corrupción es una prioridad de su gobierno, aún no se ha centrado en la implementación de las reformas como una estrategia clave. Según el informe de WOLA, El futuro del Sistema Nacional de México: La lucha anticorrupción bajo el mandato del Presidente López Obrador, para cumplir su promesa de acabar con la corrupción, el gobierno de López Obrador debe implementar plenamente el SNA y apoyar otros esfuerzos para institucionalizar el combate a la corrupción.
“Las instituciones débiles de México han sido un caldo de cultivo de la corrupción en todos los niveles de gobierno, por lo que la creación del Sistema Nacional Anticorrupción fue un paso positivo”, dijo Maureen Meyer, Directora para México y Derechos de Migrantes en WOLA. “Si el gobierno mexicano no implementa plenamente las reformas anticorrupción aprobadas en 2015 y 2016, podemos esperar más del status quo”.
Como explica el nuevo informe de WOLA, el Sistema Nacional Anticorrupción debería de estar operativo en julio de 2017. Sin embargo, durante el mandato del entonces Presidente Enrique Peña Nieto, los funcionarios obstaculizaron su implementación en varias áreas, al retrasar el nombramiento de varios actores clave del Sistema y al impedir el avance de varias importantes investigaciones contra la corrupción.
Desde que López Obrador asumió el cargo, algunos de estos problemas se han abordado de manera efectiva. Por ejemplo, una fiscal anticorrupción finalmente fue nombrada en marzo, y varias investigaciones contra la corrupción parecen estar avanzando. Esto incluye el escándalo que involucra a la empresa constructora brasileña Odebrecht, que admitió haber pagado al menos USD$10 millones en sobornos a funcionarios mexicanos para obtener contratos públicos durante el gobierno de Peña Nieto. Sin embargo, a pesar del progreso realizado, otros aspectos de la implementación permanecen estancados o se han retrasado. Esto incluye el nombramiento de 18 nuevos magistrados anticorrupción para el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, el brazo sancionador del SNA. La ausencia de estos magistrados, que tendrán jurisdicción exclusiva sobre faltas administrativas graves como el peculado y el lavado de dinero, está retrasando la sanción de docenas de casos corrupción.
“Los avances del gobierno mexicano en la investigación de casos anteriores de corrupción es una señal positiva, pero una prueba crítica de la autonomía política del Sistema Nacional Anticorrupción será si los futuros casos de corrupción que involucran a funcionarios del gobierno de López Obrador o su partido político se investiguen y sancionen adecuadamente”, dijo Gina Hinojosa, Asociada del Programa de México de WOLA. “Si López Obrador realmente quiere acabar con la corrupción como lo ha prometido, debe comprometerse a abordar los vacíos en la implementación del Sistema Nacional Anticorrupción, que incluye designar 18 magistrados anticorrupción que son idóneos para el cargo”.
