Bolivia: se requiere de inclusión y compromiso para encontrar un camino pacífico hacia futuro

Imponer una presidenta inconstitucional interina profundiza la crisis política del país

Washington, DC—El 10 de noviembre, Evo Morales renunció como presidente de Bolivia ante las protestas intensas y bajo la presión de las fuerzas armadas bolivianas, las que violaron la prohibición constitucional contra la interferencia militar en asuntos políticos al pedir públicamente la renuncia de Morales. Dicha renuncia forzada creó un vacío de poder inmediato, ya que los otros titulares de cargos en la línea constitucional de sucesión—el vicepresidente y los líderes del Senado y de la Cámara de Diputados, todos del partido de Morales, Movimiento al Socialismo (MAS)— también renunciaron a sus cargos.

El 12 de noviembre, en un intento por tomar la presidencia interina, el bloque minoritario de oposición del Senado—convocado y votando sin el quórum requerido—eligió a la senadora Jeanine Áñez como la nueva líder del cuerpo legislativo. Áñez se declaró, a sí misma, presidenta interina de Bolivia y el Tribunal Constitucional respaldó rápidamente su reclamo. Al día siguiente, la administración Trump aplaudió a Áñez por “asumir” la presidencia interina.

Pero sin el quórum requerido por las reglas del Senado (se requiere una mayoría absoluta de miembros) y sin ninguna presencia de la mayoría MAS—que tiene 25 de los 36 escaños del Senado—la selección de Áñez como líder del Senado y su reclamo de presidenta interina son claramente ilegítimos, ya que son el resultado de procedimientos evidentemente inválidos.

Para contrarrestar el movimiento del bloque minoritario, los miembros del MAS de la Cámara de Diputados (el 13 de noviembre) y el Senado (14 de noviembre) se reunieron y eligieron nuevos líderes, cumpliendo con las reglas de quórum de sus cuerpos legislativos. Basado en la línea constitucional de sucesión, la líder del Senado elegida por la mayoría del MAS, Mónica Eva Copa, tiene un reclamo legítimo de la posición de presidenta interina—papel ya reclamado por Áñez.

A menos que los líderes de ambos lados puedan llegar a una solución de compromiso constitucionalmente válida para seleccionar una o un presidente interino, la confrontación y el conflicto podrían aumentar aún más.

En lugar de llenar el peligroso vacío político de Bolivia, las acciones del bloque minoritario en el Senado han acentuado la crisis política que agita al país desde que Morales fue derrocado inconstitucionalmente. Para preservar la democracia y restaurar la paz social en Bolivia, es urgente que los partidos de oposición y el MAS lleguen a un acuerdo negociado para nombrar un presidente interino y llevar a cabo nuevas elecciones en estricto acuerdo con la constitución.

Después de asumir el cargo en el 2006, Evo Morales y su partido político lograron enormes avances en la reducción de la desigualdad y la defensa de los derechos de las comunidades indígenas—marginadas por largo tiempo en Bolivia. Sin embargo, un fallo controversial del Tribunal Constitucional en 2017 revirtió la pérdida de Morales en un referéndum de 2016, permitiéndole buscar un cuarto mandato y alimentando la desconfianza en una sociedad profundamente polarizada. Esa desconfianza estalló en ira y protestas masivas después de las elecciones del 20 de octubre, cuando Morales reclamó la victoria en un proceso empañado por acusaciones de fraude significativo.

Ante la creciente indignación, Morales invitó a la Organización de los Estados Americanos (OEA) a conducir una auditoría de las elecciones del 20 de octubre y acordó que los resultados de la auditoría serían vinculantes. A diferencia de algunos de sus predecesores en la presidencia, se abstuvo de ordenar al ejército que saliera a las calles para sofocar las protestas y ordenó a la policía que no usara la fuerza letal contra los manifestantes. En la mañana del 10 de noviembre, después que la OEA anunció que estimaba que la votación del 20 de octubre debía ser anulada, Morales convocó a nuevas elecciones con un nuevo tribunal electoral. Pero la oposición exigió su renuncia inmediata. Con su apoyo derrumbándose dentro de las fuerzas policiales, y con los militares pidiendo públicamente su partida, Morales renunció.

El vacío de poder resultante ha sumido a Bolivia en el caos, con una escalada de violencia en ambos lados, incluyendo ataques contra líderes políticos del MAS, periodistas, cocaleros y comunidades indígenas por parte de las fuerzas policiales, los militares y la oposición.

Mirando hacia el futuro, un camino pacífico para Bolivia requerirá un proceso inclusivo para nombrar a los miembros de una autoridad electoral renovada y organizar elecciones creíbles dentro del período de 90 días, estipulado por la constitución. En un país amargamente dividido, ninguna de las partes puede imponer su agenda sin exacerbar el conflicto. Si la oposición envalentonada intentara marginar al MAS y a los movimientos sociales que representa, Bolivia podría caer en una crisis aún más severa.

Para restablecer la paz y garantizar un proceso electoral justo y creíble para todas y todos los bolivianos, los líderes en todo el espectro político deben condenar de inmediato los actos de violencia en todas las partes.

En un espíritu de compromiso requerido para forjar un camino pacífico para todas y todos los bolivianos, el próximo paso ideal sería que el Senado y la Cámara de Diputados completos—con todos sus miembros representados—se reunieran y eligieran nuevos líderes de ambos cuerpos legislativos que sean aceptable para todas las partes. Áñez debe hacerse a un lado, y la elección de consenso para el líder del Senado debe asumir la presidencia interina y supervisar los preparativos para las nuevas elecciones, como lo requiere la constitución.

La comunidad internacional debe brindar apoyo inquebrantable para facilitar y reforzar los esfuerzos de Bolivia para lograr los pasos inclusivos que se requieren con urgencia para garantizar una gobernanza democrática y constitucional y evitar un mayor derramamiento de sangre.