El gobierno de Biden debe colaborar con México para desmantelar el programa ‘Quédate en México’

El anuncio del Departamento de Seguridad Nacional (Department of Homeland Security, DHS) de que el 19 de febrero comenzará a admitir a personas del programa “Quédate en México” a los Estados Unidos para continuar con sus casos de asilo es un paso bienvenido hacia la restauración del acceso al asilo para una población victimizada. También es la primera acción crucial del desmantelamiento del desastre humanitario que el gobierno de Trump creó en la frontera entre Estados Unidos y México.

Durante los dos años del programa Quédate en México (perversamente conocido como los “Protocolos de Protección a Migrantes” o programa “MPP”), las autoridades estadounidenses mandaron a más de 70.000 solicitantes de asilo a esperar sus audiencias migratorias en las ciudades fronterizas mexicanas, algunas de las cuales se encuentran entre las más peligrosas del mundo.

Quédate en México representa las políticas anti-asilo del gobierno de Trump en toda su crueldad: cuando familias e individuos buscaron protección, a menudo huyendo de entornos de violencia letal en sus países de origen, la respuesta del gobierno de los Estados Unidos fue regresarlos a un territorio en el que ha habido más de 1.300 casos denunciados públicamente de asesinato, violación, tortura, secuestro y otros ataques contra migrantes registrados en el MPP. Incluso si logran evitar tales ataques, las víctimas del MPP muchas veces viven en campamentos improvisados a lo largo de la frontera, donde frecuentemente no tienen acceso a servicios de salud, sanidad, vivienda y otras necesidades básicas.

Ahora que las autoridades estadounidenses se están preparando para comenzar a procesar la entrada de las víctimas del MPP al territorio estadounidense, el gobierno de Biden debe colaborar con el gobierno mexicano, las agencias internacionales relevantes y las organizaciones de la sociedad civil para garantizar que las personas solicitantes de asilo puedan ingresar de manera segura y expedita. 

Las autoridades mexicanas, en particular, tienen un papel clave de cara al desmantelamiento del MPP: mientras miles de víctimas del MPP siguen esperando en la frontera, otras han buscado lugares más seguros para esperar en territorio mexicano y ahora deberán regresar a la frontera, por lo que resulta necesario garantizar la atención y la protección a ambas poblaciones.

Para los Estados Unidos, algunas recomendaciones clave son:

• Coordinarse estrechamente con los proveedores de servicios y los centros de recepción en EE UU, para que las personas solicitantes de asilo sean rápidamente canalizadas con ellos al ingresar al territorio. Se deberían usar alternativas a la detención en todos los casos que no impliquen un verdadero riesgo para la seguridad; no hay justificación para encerrar a niños, niñas y familias.
• Cualquier reporte de omisiones por parte de los funcionarios de la Protección Aduanera y Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) de procesar adecuadamente el ingreso de las personas solicitantes de asilo, o de maltrato a las personas, debe ser investigado y sancionado inmediatamente.
• Emitir una comunicación clara a las personas migrantes inscritas en el MPP (y a la población más amplia que busca asilo) con respecto al calendario de la reapertura del sistema de asilo, los requisitos y qué esperar en la frontera.

Para el Estado mexicano, las recomendaciones clave son:

• Trabajar con las agencias internacionales relevantes para albergar a la población del MPP que regrese a la frontera (y a aquellas personas que ya estén en la frontera sin condiciones de vivienda adecuadas), en consulta con la sociedad civil. Se requiere brindar una vivienda temporal a las personas en la frontera porque éstas deberán llegar con anticipación para hacerse la prueba de COVID-19 antes de ingresar a Estados Unidos. Los espacios deberán permitir el distanciamiento social.
• Proporcionar servicios básicos de salud y otros según las necesidades de las personas.
• Proteger a las víctimas del MPP contra los ataques criminales, incluso por parte de agentes estatales, a la luz del contexto documentado de violencia extrema contra las personas migrantes en México, del cual la reciente masacre de 19 personas en Tamaulipas sirve como triste recordatorio. Lo anterior debería incluir garantizar la seguridad de personas solicitantes de asilo que no se encuentren actualmente en los puertos de entrada designados.
• Garantizar que las personas bajo Quédate en México que tengan documentos migratorios mexicanos vencidos puedan viajar sin obstáculos a los puertos de entrada designados.

El plan anunciado por el DHS representa sólo la primera fase de la reapertura del sistema de asilo de EE UU. Sólo aplica a las personas con casos activos bajo el MPP (aproximadamente 25.000 personas, según DHS) quienes estén fuera del territorio estadounidense. Las próximas fases abordarán las personas sin casos activos o que ya han entrado a los Estados Unidos.

El gobierno de Biden aún no ha anunciado planes para atender a las más de 16.000 personas que habían inscrito sus nombres en las listas de espera de las ciudades fronterizas mexicanas para solicitar asilo en un puerto de entrada de EE UU. Tampoco hay planes para atender a los miles de personas que han sido devueltas a México en los últimos años, especialmente a través de la política estadounidense de expulsión de personas mediante un abuso de la autoridad de salud pública (conocida como expulsiones del Título 42, en vigor desde marzo de 2020) sin siquiera tener la oportunidad de presentar solicitudes de asilo. La política del Título 42 -emitida a pesar de las objeciones de altos funcionarios de los Centros de Control y Prevención de las Enfermedades (CDC)- ha provocado la expulsión de al menos 13.000 niños que cruzaron la frontera solos, y sigue impulsando más de 2.000 expulsiones diarias en la frontera. Tampoco está claro si a las 40.000 víctimas de “Quédate en México” cuyos casos se cerraron sin nada parecido al debido proceso se les concederá otra oportunidad de solicitar asilo mediante un proceso justo y respetuoso de sus derechos. 

La implementación coordinada de esta fase de la desactivación del MPP debería servir como modelo para las siguientes fases necesarias para la reapertura del sistema de asilo en los Estados Unidos. Este es un primer paso para remediar una parte del daño inmenso infligido a los solicitantes de asilo por el gobierno de Trump; garantizar un proceso justo y seguro a quienes ya han sufrido tanto dolor será, sin duda, un buen comienzo.

Sin embargo, la tarea no termina aquí: aunque los datos de la frontera no respaldan las teorías de una dramática “ola” de migración por la llegada de Biden, la gravedad y continuidad de los factores que empujan a muchas personas a huir de sus países significan que, en el futuro previsible, un gran número de personas seguirá buscando seguridad en los Estados Unidos. Cada una de ellas también tiene derecho a un proceso justo. Poner fin a las expulsiones sumarias y tomar medidas administrativas para procesar los casos de asilo sin retrasos excesivos ni detenciones innecesarias serán pasos clave para construir un sistema de asilo que refleje un compromiso con los derechos humanos y la dignidad.