(AP Photo/Moises Castillo)

9 Sep 2021 | Pronunciamiento conjunto

Sala Constitucional de El Salvador allana el camino para que presidente Bukele busque reelección tras purga del poder judicial

Comunidad internacional debe tomar medidas contra los ataques consecutivos a la democracia en El Salvador

El viernes 3 de septiembre, la Sala Constitucional de El Salvador emitió un fallo que permite que los presidentes se postulen para la reelección consecutiva. La decisión, que faculta al actual presidente salvadoreño Nayib Bukele a buscar su reelección en 2024, desafía a la constitución que explícitamente prohíbe las reelecciones presidenciales consecutivas. Además, ha encendido las alarmas pues podría representar un primer paso en avanzar hacia la reelección indefinida, un camino preocupante destacado en la reciente opinión consultativa sobre este tema de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Esta acción sigue una serie de golpes a la democracia y al Estado de derecho en El Salvador que han suscitado una creciente preocupación internacional por la rápida regresión al autoritarismo en el país. 

Desde que asumió la Presidencia y especialmente durante los últimos seis meses, Bukele y la Asamblea Nacional dominada por sus aliados han tomado una serie de medidas para debilitar el sistema de control y equilibrio, quebrantar el Estado de derecho, y cooptar el poder judicial del país, consolidando el poder en el Ejecutivo. La decisión del viernes de permitir la reelección presidencial es un resultado directo de lo que muchos llaman el “golpe técnico” que ocurrió el 1 de mayo, cuando la Asamblea Nacional encabezada por el partido Nuevas Ideas de Bukele reemplazó ilegalmente a los cinco magistrados de la Sala Constitucional y al fiscal general. A través del fallo actual, esta Sala Constitucional recién formada viola la Constitución, la cual establece que cualquier individuo que se haya desempeñado en la Presidencia por más de seis meses durante el periodo inmediatamente anterior tendrá prohibido postularse para la reelección consecutiva, así como que el período presidencial no puede exceder los cinco años. Desde que los aliados de Bukele ganaron la mayoría legislativa y asumieron el cargo el 1 de mayo, los esfuerzos para acabar con la independencia judicial han aumentado vertiginosamente.

La semana pasada, en un esfuerzo por purgar significativamente el poder judicial del país, legisladores del mismo bloque mayoritario aprobaron reformas a la Ley de Carrera Judicial y la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la Nación, descartando efectivamente al menos de 156 fiscales y jueces de 60 años o mayores o quienes  tengan 30 o más años de servicio. Esta purga puede resultar en la destitución de numerosos jueces que manejan casos muy delicados, incluyendo el juez Jorge Guzmán, quien durante años ha presidido el caso de la masacre de El Mozote. Tanto el liderazgo de Guzmán en el caso de El Mozote como su papel activo son vitales, su partida representaría un fuerte golpe a la rendición de cuentas en casos emblemáticos de derechos humanos. Aunque la  presión internacional y el rechazo de otros jueces salvadoreños llevaron a la Corte Suprema de Justicia a realizar una excepción en la destitución del juez Guzmán, el ataque generalizado contra la independencia judicial resulta  muy preocupante y, de hecho, el juez Guzmán ha declarado que probablemente no continuará en su puesto si no se permite hacerlo a todos los demás jueces.

Además de socavar las separación de poderes y la independencia judicial en El Salvador, estas reformas violan disposiciones constitucionales que establecen que la Corte Suprema mantiene un control exclusivo sobre leyes o reformas pertenecientes al poder judicial que garantizan la continuidad de magistrados, jueces, y fiscales en sus cargos, evitando la destitución arbitraria o unilateral de casos polémicos o delicados. En un comunicado conjunto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la Independencia de Magistrados y Abogados rechazaron las reformas y pidieron al gobierno salvadoreño respetar la independencia judicial y la independencia de la Fiscalía General de la República.

Para que El Salvador vuelva a comprometerse con la independencia judicial, la democracia y la protección de los derechos humanos, el gobierno de Estados Unidos y la comunidad internacional deben trabajar juntos para presionar a la administración de Bukele para que cambie de rumbo. La dura crítica de Bukele a las condenas de Estados Unidos a sus acciones demuestra la necesidad urgente de una acción multilateral que va más allá de las declaraciones fuertes y la condena pública. 

Dadas las amenazas a la democracia y el Estado de derecho en El Salvador, el gobierno de Estados Unidos debe tomar acciones como revisar los términos del CAFTA-DR y la participación de El Salvador en el acuerdo, así como trabajar con otros países miembros de la OEA para considerar la posibilidad de invocar el artículo 20 de la Carta Democrática Interamericana, solicitando la convocatoria inmediata del Consejo Permanente para evaluar colectivamente la situación en El Salvador. Además, el gobierno de Estados Unidos y otros miembros de la comunidad internacional deben trabajar con el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, y el Banco Internacional de Desarrollo para limitar los préstamos en función de sus propios principios, que incluyen el respecto de las normas constitucionales. Sólo con tales acciones la comunidad internacional reafirmará la importancia de las instituciones democráticas en El Salvador y condicionará cualquier apoyo al fortalecimiento de las mismas.

 

FIRMANTES:

Fundación para el Debido Proceso (DPLF)

Latin America Working Group (LAWG)

Fundación Internacional de Seattle (SIF)

Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA)

Cristosal Centroamérica

 

*Una versión anterior de este pronunciamiento afirmaba incorrectamente que la decisión de la Sala Constitucional al permitir la reeleción consecutiva presidencial contradice la reciente opinión consultativa de la Corte Intermaricana de Derechos Humanos. La decisión no contradice la opinión de la CIDH directamente, sin embargo, sí ha despertado preocupaciones alrededor de las elecciones consecutivas, que podrían representar un primer paso en avanzar hacia la reelección indefinida.