(AP Photo/Salvador Melendez)
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Organizaciones de la sociedad civil en los Estados Unidos condenamos enérgicamente la Ley de Agentes Extranjeros propuesta por el gobierno de Nayib Bukele ante la Asamblea Legislativa, el 9 de noviembre de 2021. El proyecto de Ley es una acción más del presidente Bukele dirigida a silenciar a sus críticos, restringir la libertad de expresión y criminalizar a los medios independientes y grupos de derechos humanos.
La Asamblea Legislativa aun se encuentra discutiendo dicho proyecto de Ley, y aunque su contenido viola la Constitución del país y tratados internacionales de derechos humanos, es altamente probable que se apruebe debido a que el partido oficialista Nuevas Ideas tiene la mayoría de los escaños en el congreso salvadoreña.
De ser promulgada, las personas y organizaciones que reciban financiamiento de fuentes externas tendrían que inscribirse en un Registro de Agentes Extranjeros, del Ministerio del Interior y Desarrollo Territorial, entidad que aun no existe y que tendría amplias facultades discrecionales. Y una vez que se registren como agentes extranjeros, no podrán participar de cualquier actividad “política” que se considere que altera el orden público o “ponga en riesgo o amenace la seguridad nacional” o “la estabilidad social y política del país”.
Si las personas u organizaciones no se registran dentro de los 8 días posteriores a la entrada en vigencia de la ley o no cumplen con cualquier disposición de la Ley de Agentes Extranjeros, lo cual se determinará a discreción de las autoridades, se podría cancelar personería jurídica y podrían enfrentar cargos criminales y/o una multa de $100,000 a $ 150,000. Además, si una entidad registrada lleva a cabo cualquier actividad que el gobierno arbitrariamente considere prohibida, el individuo u organización podría ser multado por $150,000 a $200,000.
Las leyes salvadoreñas ya regulan a las organizaciones de la sociedad civil y su documentación financiera, por lo que las mismas constantemente rinden cuentas. La propuesta de Ley crea nuevos requisitos que podrían paralizar las actividades de una organización y permitir un escrutinio abusivo de los registros financieros de una organización.
La Ley de Agentes Extranjeros también impondría un impuesto del 40 por ciento sobre los fondos recibidos por estas organizaciones, una regla sin precedentes a nivel mundial. Si bien están excluidas de la Ley las misiones diplomáticas, las organizaciones que fomentan la inversión extranjera, las agencias de ayuda humanitaria y los grupos de naturaleza estrictamente religiosa, académica o científica, la vaguedad de la Ley y la discreción que otorga al Ministerio del Interior hacen que sea difícil determinar cuales organizaciones se encuentran bajo esos supuestos.
Con el pretexto de promover la transparencia, el proyecto de Ley se dirige a organizaciones que han sido críticas con el gobierno de Bukele y que han defendido el Estado de derecho, la independencia judicial, la libertad de prensa, los derechos humanos y las medidas anticorrupción. Miembros de la Asamblea Legislativa mencionaron específicamente a organizaciones de renombre internacional como el medio de comunicación independiente El Faro, la organización de desarrollo FUNDE y la organización de derechos humanos Cristosal, en declaraciones públicas sobre el proyecto de ley.
La ley propuesta es la última de varias medidas tomadas por el Presidente para silenciar y acosar a las organizaciones sin fines de lucro. En mayo de 2021, miembros de la Asamblea establecieron una comisión para investigar a organizaciones no gubernamentales que recibieron dinero del gobierno, centrándose solo en organizaciones percibidas por Bukele y sus partidarios como la oposición. De manera similar, el gobierno abrió una investigación criminal contra El Faro por presunto lavado de dinero luego de la publicación de noticias exclusivas sobre las negociaciones secretas de la administración con la mara MS13. Más recientemente, el presidente Bukele ha acusado públicamente a la comunidad internacional de financiar entidades que son críticas de sus acciones, así como de financiar manifestaciones contra sus políticas. Con la casi total eliminación de los controles institucionales sobre su poder, las voces de los medios independientes y las organizaciones de la sociedad civil para monitorear los abusos del gobierno y la corrupción son fundamentales.
Finalmente, este proyecto de ley es contrario a las obligaciones establecidas en la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Asimismo se asemeja a una ley aprobada en Nicaragua en octubre de 2020, la cual obligó a muchas organizaciones a suspender sus actividades y salir del país, y a otras leyes similares que también criminalizan a las organizaciones de derechos humanos, democracia y desarrollo. Este tipo de normas son parte de una tendencia regional alarmante que criminaliza a la sociedad civil, mientras protege a gobernantes y actores del sector privado corruptos y antidemocráticos.
Muchas personas en El Salvador cuentan con las organizaciones que se verían afectadas por esta ley, para recibir asistencia humanitaria, protección legal, información imparcial y una multitud de otros servicios; y así se perjudicaría duramente a la población. Instamos a la Asamblea Legislativa a archivar esta legislación nociva, que estigmatiza y limita el trabajo de las organizaciones legítimas. También pedimos a la administración Biden y al Congreso de los Estados Unidos que hagan un llamado fuerte a la administración Bukele y la legislatura salvadoreña para que no se avance con el proyecto de ley ni con acciones ejecutivas similares.
Finalmente, hacemos un llamado a todos los actores de la sociedad civil y a las y los funcionarios de otros gobiernos a trabajar juntos para desarrollar los sistemas y herramientas que aumenten la transparencia y la rendición de cuentas, y así fortalecer la democracia en el país.
FIRMANTES:
Center for Gender & Refugee Studies
Chicago Religious Leadership Network on Latin America (CRLN)
Due Process of Law Foundation (DPLF)
Institute for Policy Studies – Global Economy Project
Justice in Motion
Latin America Working Group (LAWG)
Unitarian Universalist Service Committee (UUSC)
Washington Office on Latin America (WOLA)
