WOLA: Advocacy for Human Rights in the Americas

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23 Mar 2023 | Pronunciamiento de WOLA

Reformas electorales en El Salvador allanan camino para mayor consolidación del poder

Las elecciones generales salvadoreñas están previstas para febrero de 2024. Sin embargo, el 15 de marzo de 2023, la Asamblea Legislativa salvadoreña aprobó la derogación del artículo 291-A del código electoral, que prohíbe los cambios o reformas electorales a menos de un año de las elecciones. Este es sólo el último retroceso en el país entre una serie de violaciones de los derechos humanos provocadas por el estado de excepción que lleva en vigor poco menos de un año. Los continuos esfuerzos del presidente Bukele y su partido Nuevas Ideas por consolidar el poder en todos los poderes del Estado han generado una preocupación generalizada sobre el futuro de la democracia salvadoreña. 

La decisión de la Asamblea Legislativa de derogar el artículo 291-A abre la puerta a una serie de cambios en el proceso electoral, muchos de los cuales hicieron sonar las alarmas de quienes han estado observando la eliminación de los controles y equilibrios en El Salvador, particularmente desde que Bukele anunció en septiembre de 2022 que se presentaría a la reelección a pesar de la prohibición constitucional de la reelección presidencial consecutiva. En 2021, la Corte Suprema, que carece de independencia, dictaminó que se permitía un mandato consecutivo. Para algunos analistas, entre los riesgos que entraña la modificación del código electoral figuran una serie de reformas que probablemente se introduzcan: 

  • Bukele ha manifestado públicamente su intención de reducir de 262 a 50 el número de municipios. Aunque se desconoce si esta reforma lo introducirá o no, muchos aseguran que se trata de una estrategia para concentrar aún más el poder. Al reducir el número de legisladores y municipios, Bukele podría limitar el poder de los municipios en los que no tiene tanta aprobación pública y fusionarlos con distritos en los que su partido Nuevas Ideas tiene más apoyo, dando la impresión de que todo el país le apoya. 
  • En octubre de 2022, la legislatura aprobó la Ley del Voto en el Exterior para permitir a los salvadoreños votar fuera del país. Sin embargo, una pieza importante de esta legislación es que todos los votos en el exterior contarán para el Departamento de San Salvador que tiene el mayor número de escaños legislativos indecisos, independientemente del departamento de origen de los votantes salvadoreños.

Estas acciones pretenden acabar con la transparencia electoral, concentrar el poder y, en última instancia, socavar la democracia de El Salvador. Desde que Bukele depuró el poder judicial en 2021 y declaró de facto el estado de excepción permanente en 2022, la situación de los derechos humanos y la gobernabilidad democrática se han erosionado aún más. 

En un país donde las normas internacionales de democracia y derechos humanos se rechazan a diestra y siniestra, la importancia de la implicación de la comunidad internacional para proteger los derechos civiles y políticos es crucial. Dado que se están introduciendo cambios en las reglas del proceso electoral a menos de un año de las elecciones, es imperativo que la observación y el seguimiento electoral comiencen con prontitud, especialmente en lo que se refiere a las condiciones preelectorales.

La OEA y la Unión Europea deben prestar mucha atención a los cambios en curso y a los que se producirán en el período previo a las elecciones, y deben comprometerse con el gobierno de El Salvador, en particular con el Tribunal Electoral, y proponer misiones de observación electoral en el país para garantizar un análisis exhaustivo del proceso electoral, incluidas las condiciones previas a las elecciones, así como sus consecuencias y la propia jornada electoral.

En el período previo a estas elecciones, Estados Unidos y otros miembros de la comunidad internacional deberían ofrecer también apoyo político y financiero a la sociedad civil y a los periodistas independientes que monitorean las elecciones, promueven el Estado de derecho y protegen los derechos civiles y políticos de los salvadoreños.