WOLA: Advocacy for Human Rights in the Americas

(Inter-American Commission of Human Rights, Francisco Proner / Farpa)

10 Feb 2021 | Informe

Políticas punitivas de drogas: 10 años socavando las Reglas de Bangkok

Durante los últimos siglos las leyes penales, los sistemas judiciales y las prisiones han sido diseñadas por y para hombres. “Las reglas de las Naciones Unidas para el tratamiento de las reclusas y medidas no privativas de la libertad para las mujeres delincuentes” de 2010, también conocidas como las Reglas de Bangkok, buscaban romper con esta narrativa al establecer el primer conjunto de estándares internacionales de derechos humanos centrados en las necesidades y experiencias específicas de las mujeres privadas de libertad.

Nuestro nuevo informe conjunto Políticas punitivas de drogas: 10 años socavando las Reglas de Bangkok analiza las formas concretas en que las leyes y políticas punitivas de drogas han afectado negativamente el cumplimiento de las Reglas de Bangkok.

Diez años después de la adopción de las Reglas de Bangkok por parte de los 193 países representados en la Asamblea General de la ONU, muchos estados han sido en gran medida incapaces de implementar las Reglas. Mientras tanto, el número de mujeres encarceladas ha continuado aumentando a un ritmo alarmante. Se calcula que en 2020 cerca de 741.000 mujeres se encontraban encarceladas a nivel global, frente a unas 636.000 en 2010. La población penitenciaria femenina mundial aumentó alrededor de 59% entre 2000 y 2020.

Esta preocupante tendencia se ha visto impulsada por las leyes de drogas severamente punitivas. En muchos países de Asia y América Latina, los delitos relacionados con drogas representan la causa principal de encarcelamiento de mujeres, quienes en la mayoría de casos son detenidas por actividades caracterizadas por tener una muy baja recompensa económica y un alto nivel de riesgo personal, así como de sustituibilidad dentro de las organizaciones de tráfico de drogas, como lo es el mero transporte de la mercancía.

Las políticas punitivas como el uso desproporcionado de la prisión preventiva, las penas de prisión obligatorias para delitos de drogas y la ausencia al interior de las cárceles de servicios de reducción de daños y de tratamiento basados en evidencia, también han afectado de manera desproporcionada a las mujeres. Además, dichas políticas han ignorado las razones por las cuales las mujeres se ven involucradas en primer lugar en las economías ilegales de droga, incluyendo la intersección entre pobreza y las obligaciones relacionadas con el cuidado de personas que dependen de ellas, así como la coerción o influencia por parte de los hombres en sus familia o sus parejas. En otras palabras, han socavado la implementación de las Reglas de Bangkok.

Para los defensores de la reforma de las políticas de drogas alrededor del mundo, el décimo aniversario de las Reglas de Bangkok representa una oportunidad  importante para recordar a los estados que las políticas de igualdad de género, la justicia penal y las leyes sobre drogas no existen en mundos aislados.Si los estados quieren implementar una verdadera agenda de igualdad de género deben revisar las leyes y las políticas que la socavan, incluyendo la legislación sobre drogas.

El informe termina con recomendaciones de políticas concretas destinadas a reducir de manera significativa el número de mujeres encarceladas y aquellas ingresando al sistema legal penal. En el contexto del COVID-19, es de especial urgencia liberar a las mujeres con riesgos de salud y mujeres en situaciones de vulnerabilidad, tales como  mujeres mayores, discapacitadas, embarazadas o con hijos, y aquellas responsables por otros dependientes.  Las mujeres que permanecen en prisión deberían tener acceso de manera estrictamente voluntaria  a servicios de apoyo y rehabilitación basados en evidencia científica. Estos servicios deben  tener enfoque de género y estar sustentados en derechos. Ejemplos de ello son tratamientos de dependencia a las drogas, servicios de reducción de daño y de apoyo a la salud mental, así como otros adicionales centrados en abordar sus experiencias relacionadas con trauma y violencia de género.. En última instancia, los países de todo el mundo deben reformar las leyes sobre drogas para detener el flujo injusto de personas a las cárceles.

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