(AP Photo/Moises Castillo)

24 May 2022 | Análisis

Juez en Guatemala amenazado tras ordenar juicio por caso ‘Diario Militar’ de años 80

El viernes 6 de mayo de 2022, el juez Miguel Ángel Gálvez del Juzgado de Mayor Alto Riesgo “B” ordenó que se juzgara a nueve militares y policías retirados por cargos que incluyen la detención ilegal, tortura, asesinato y desaparición forzada de más de 195 personas entre 1983 y 1985, durante el régimen militar del general Óscar Humberto Mejía Víctores.

Estos crímenes están registrados en un documento de inteligencia militar que se filtró y se hizo público en 1999, conocido como el Diario Militar, o “Dossier de la Muerte”. El Archivo de Seguridad Nacional (NSA, por sus iniciales en ingles), la organización que hizo público el documento, lo calificó como “un artefacto escalofriante de las técnicas de terror político utilizadas por Mejía Víctores durante esa época”.

El documento militar registra el secuestro, la detención clandestina y la muerte de decenas de personas. En varios casos, contiene una referencia codificada a sus ejecuciones. Hasta la fecha, ocho de las víctimas que figuran en el “Diario Militar” han sido localizadas e identificadas por la Fundación de Antropología Forense de Guatemala (FAFG), gracias a las pruebas de ADN y a la información del diario militar.

Los restos de seis de estas personas fueron localizadas en una sola fosa común durante las exhumaciones realizadas dentro del antiguo destacamento militar de San Juan Comalapa, Chimaltenango, realizadas entre 2003 y 2005. Sus nombres y fotografías están registrados en el Diario Militar, junto con la misma anotación, “29-03-84=300”, que indica la fecha del 29 de marzo de 1984 como el día de su ejecución  y el número “300”, una referencia usada por los militares como código para referirse a las ejecuciones. Fueron identificados en 2011 y 2012. La FAFG localizó a otras dos víctimas durante su exhumación de los osarios que contenían miles de cadáveres sin identificar en el cementerio de La Verbena, en Ciudad de Guatemala, en 2011, y las identificó en 2015 y 2016.

Además del documento, el juez Gálvez tuvo que considerar unas 8.000 pruebas presentadas por los demandantes, incluyendo testimonios de víctimas, documentos militares y documentos desclasificados del gobierno de Estados Unidos. La Fiscalía de Derechos Humanos dijo que también que presentaría documentos incautados en el domicilio de uno de los acusados al momento de su detención el 27 de mayo de 2021.

Los familiares de las víctimas expresaron su satisfacción por la decisión del juez. “Yo me siento contenta, muy contenta, que tengamos este día especial”, dijo Aura Elena Farfán, cofundadora de la Asociación de Familiares de Desaparecidos (FAMDEGUA), acusador civil del caso. “Los familiares tenemos 38 años de estar, día tras día, caminar y caminar para buscar la justicia”. Dijo que espera que el tribunal emita “un veredicto ejemplar” para dignificar la memoria de las víctimas.

El hermano de Aura Elena, Rubén Amílcar Farfán, fue capturado el 15 de mayo de 1984. Según la ficha  Z-134 del diario militar, Farfán fue asesinado (con el código “300”) cuando opuso resistencia.

Un prófugo detenido en Panamá

Cuatro días después de que el juez Gálvez enviara a juicio a los antiguos miembros del Escuadrón de la Muerte, uno de los cuatro prófugos del caso, Toribio Acevedo Ramírez, fue detenido en el aeropuerto de Ciudad de Panamá.

Su nombre salió a relucir en la última sesión de la fase intermedia el 6 de mayo, cuando el juez Gálvez destacó el testimonio de un testigo que identificaba a Acevedo Ramírez como participante en sesiones de tortura de los detenidos y de ser uno de los miembros más sanguinarios del grupo “Elite” creado en los años 80 dentro de “El Archivo”, una unidad del Estado Mayor Presidencial (EMP) que se dedicaba al espionaje y contrainteligencia en colaboración con la Inteligencia Militar (D-2). El juez exhortó a la Fiscalía de Derechos Humanos a investigarlo más a fondo y a acelerar los esfuerzos para capturarlo.

Fue detenido por las autoridades panameñas el 10 de mayo, cuando desbordaba un avión procedente de El Salvador. Según las noticias locales, se dirigía a Europa.

Gálvez emitió una orden de aprehensión contra Acevedo Ramírez el 19 de mayo de 2021. El 27 de mayo, las autoridades capturaron a once funcionarios sindicados en el caso, pero él y otros seis eludieron arresto y fueron declarados posteriormente prófugos. Poco después, la Fiscalía de Derechos Humanos emitió una notificación roja con Interpol contra Acevedo Ramírez por cargos de desaparición forzada, homicidio y crímenes de lesa humanidad.

Otros tres fugitivos también están ahora detenidos; Jacobo Esdras Salán Sánchez se entregó el 1 de junio de 2021, mientras que Malfred Orlando Pérez Lorenzo fue capturado en enero de 2022 en Amatitlán y Alix Leonel Barillas Soto en febrero de 2022 en la Ciudad de Guatemala. Barrillas Soto está acusado de la desaparición forzada de Rubén Amílcar Farfán.

Rubén Amílcar Farfán, registrado con el número 134 en el Dossier del Diario Militar, fue capturado el 15 de mayo de 1984 y posteriormente asesinado. Es hermano de Aura Elena Farfán, cofundadora de la Asociación de Familiares de Desaparecidos, acusador civil en el juicio de nueve militares y policías retirados acusados de detención ilegal, tortura, asesinato y desaparición forzada de más de 195 personas entre 1983 y 1985.

La mañana siguiente a su detención, Acevedo Ramírez fue trasladado en avión a Guatemala. Cuando se presentó en el juzgado frente a Gálvez en la mañana del 12 de mayo para el procedimiento de comparecencia, llevaba una máscara sobre la nariz y la boca, así como sobre la frente, presumiblemente para evitar ser fotografiado en su totalidad. A petición de los abogados defensores de Acevedo, que dijeron que no tenían información sobre los cargos contra su cliente y que necesitaban tiempo para familiarizarse con el caso, el juez Gálvez suspendió la comparecencia y la reprogramó para el 18 de mayo.

También están pendientes en el caso las audiencias de la fase probatoria para determinar si otros cuatro acusados en el caso también deberán enfrentar juicio. Uno de los funcionarios detenidos en mayo de 2021, Mavilo Aurelio Castañeda Bethancourt, padece una severa discapacidad mental y ha sido separado del caso por el momento.

El juez advirtió que el Tribunal de Alto Riesgo “A”, que es presidido por la jueza Yassmín Barrios, estará a cargo del juicio oral y público en el caso Diario Militar. Barrios es conocida internacionalmente por haber condenando en 2013 a 80 años de prisión al ex jefe de Estado de facto Efraín Ríos Montt por genocidio y crímenes de lesa humanidad contra la población maya ixil. Diez días después, tras una intensa presión de las élites económicas y los militares, la Corte de Constitucionalidad retrotrajo el proceso, desconociendo en efecto la sentencia condenatoria al exdictator. Ríos Montt murió en 2018 antes de que finalizara el nuevo juicio en su contra.

Redes en tiempo de guerra

Las redes sociales guatemaltecas se encendieron en las horas posteruires a la noticia de la detención de Acevedo Ramírez. Además de las acusaciones en su contra en el caso del Diario Militar, también ha sido implicado en una serie de abusos relacionados con su trabajo como jefe de seguridad de una de las empresas más poderosas de Guatemala, Cementos Progreso (CEMPRO), propiedad de una de las familias más poderosas de Guatemala: la familia Novella. Después de que la empresa empezara a ser tendencia en Twitter, la compañía difundió un comunicado el 12 de mayo en el que afirmaba que Acevedo Ramírez se había “retirado voluntariamente” en 2017.

Por años, Cementos Progreso ha sido blanco de crítica por parte de organizaciones de derechos humanos por no cumplir con los requisitos legales de consulta previa a las comunidades indígenas en relación a las inversiones propuestas en sus territorios, tal como fue el caso de la fábrica de cemento San Gabriel en San Juan Sacatepéquez, que se remonta a 2006 y que provocó intensos conflictos en 2013 y 2014. También acusan a la empresa de crear estructuras privadas de seguridad e inteligencia para imponer la fábrica de cemento y otros proyectos relacionados, incluida la usurpación de tierras indígenas que en algunos casos habría provocado la muerte de varios miembros de la comunidad.

Según el Centro de Medios Independientes, Toribio Acevedo Ramírez y su socio y gerente de Cementos Progreso, Otto Erick Zepeda Chavarría, serían los artífices de estas estructuras ilícitas. Acevedo Ramírez habría utilizado sus conocimientos militares para vigilar, controlar y reprimir a las personas y organizaciones que se oponían a la presencia de Cementos Progreso en sus comunidades. Su caso, como el de otros altos mandos militares que fueron enviados a juicio el 6 de mayo y que han sido vinculados a redes o estructuras ilícitas actuales, ilustra la estrecha relación entre el pasado y el presente en Guatemala.

Un ejemplo es el general retirado y exministro de Defensa Marco Antonio González Taracena. Al momento de su captura, en mayo de 2021, era vicepresidente de la Asociación de Veteranos Militares de Guatemala (Avemilgua), creada en 1995 por altos oficiales de inteligencia militar que se oponían a los acuerdos de paz. Avemilgua ha trabajado durante mucho tiempo para obstruir procesos penales de exoficiales militares acusados de graves violaciones de derechos humanos, presionando a los legisladores para que aprueben leyes de amnistía y desplegando campañas de desprestigio para intimidar y desacreditar a jueces, fiscales, testigos y expertos vinculados a estos casos.

González Taracena fue visto en varias ocasiones acompañando a familiares de los acusados en los casos de Genocidio Ixil y Molina Theissen, así como negociando indemnizaciones económicas para veteranos militares y patrulleros de la defensa civil con el presidente Jimmy Morales (2016-2020).

Amenazas contra el juez Gálvez

Miguel Ángel Gálvez, de baja estatura y con un aspecto de profesor, no parece una gran amenaza para nadie. Pero como juez independiente, se ha enfrentado a algunos de los individuos más poderosos de Guatemala. Envió a Ríos Montt a juicio por cargos de genocidio y crímenes contra la humanidad en 2012. Envió al expresidente Otto Pérez Molina y a la exvicepresidenta Roxana Baldetti a juicio por cargos de corrupción en 2015. Ha recibido elogios nacionales e internacionales por estas y otras resoluciones, pero también por ello, se ha creado algunos enemigos.

Manifestantes dejaron un homenaje a las víctimas frente al Palacio de Justicia en la Ciudad de Guatemala el 7 de junio de 2021 durante una audiencia por el caso del Diario Militar. Foto: Víctor Peña/El Faro

En los últimos días, el juez ha dado una serie de entrevistas en las que da muestra de lo que él considera una campaña concertada para intimidarle y obstruir la justicia a raíz de su resolución del 6 de mayo. Gálvez ha recibido llamadas telefónicas y mensajes de texto amenazantes. Le han seguido vehículos sin placas. Y operadores proimpunidad han lanzado una intensa campaña de desprestigio en su contraen las redes sociales.

Uno de los más notorios de estos operadores es Ricardo Méndez Ruiz, presidente de la Fundación Contra el Terrorismo (FCT), quien h publicado numerosos mensajes en sus redes sociales atacando a Gálvez, acusándole de incumplir sus obligaciones como juez en el caso del Diario Militar y prometido acciones legales en su contra.

Méndez Ruiz se presentó en la sala del juez Gálvez el 6 de mayo, mientras el magistrado dictaba su resolución sobre el caso del Diario Militar. Permaneció de pie durante varios minutos para asegurarse de que el juez notara su presencia antes de tomar asiento. Uno de sus aliados más cercanos, Tilly Bickford, también estaba en la sala. Bickford, quien hace unos años se presentó sin éxito al Congreso con el Partido Unionista de Álvaro Arzú, desempeñó un papel destacado en la campaña contra la exfiscal general Thelma Aldana y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG). En un momento dado, ella se levantó y comenzó a moverse por la sala, fotografiando al juez, a los fiscales, a los querellantes adhesivos, y a los familiares de las víctimas que observaban la audiencia en la galería de la sala, burlándose del protocolo establecido por el juzgado para que los periodistas permanecieran dentro de una parte acordonada de la sala. El juez le pidió que mostrara su credencial para demostrar que era periodista, lo que hizo, y luego le ordenó que respetara el protocolo y guardara silencio. La tensión en la sala era palpable.

El lunes 10 de mayo, Méndez Ruiz anunció en Twitter que presentaría una demanda contra Gálvez. Al día siguiente lo hizo. Otros operadores han publicado mensajes amenazantes en las plataformas de las redes sociales, incluida una, la ciudadana cubana Bárbara Hernández, una autoproclamada anticomunista que ha sido vinculada a funcionarios guatemaltecos corruptos, que se refiere a Gálvez con frecuencia en sus mensajes como “terrorista judicial”.

En julio de 2021, el Departamento de Estado estadounidense incluyó a Méndez Ruiz en la Lista Engel de actores corruptos y antidemocráticos, a los que se les niega la entrada en Estados Unidos y se enfrentan a otras posibles sanciones. Méndez Ruiz “intentó retrasar u obstruir procesos penales contra exfuncionarios militares que cometieron actos de violencia, acoso o intimidación contra investigadores de la corrupción gubernamentales y no gubernamentales”, según el Departamento de Estado.

Horas después de que se hiciera pública la detención de Acevedo Ramírez, el presidente Alejandro Giammattei pronunció un discurso en el que atacó a los jueces y fiscales independientes, muchos de los cuales han huido de Guatemala tras una serie de ataques y esfuerzos por criminalizarlos.

Se refirió a ellos sarcásticamente como los “paladines contra la corrupción” que “eran los mas corruptos”. “En otro país”, dijo, en clara referencia a Estados Unidos, donde la mayoría de los jueces y fiscales que han huido de Guatemala ahora viven en exilio, “los consideran héroes, cuando la realidad es que podemos demostrar la corrupción de la que ellos eran parte, y están las pruebas y las evidencias”.

Criticó a una “potencia” no identificada (una referencia a Estados Unidos) por sus listas de sanciones a funcionarios corruptos y prometió hacer su propia lista:

“Yo también voy a crear una lista, será la Lista del Zopilote y vamos a poner allí a los enemigos de Guatemala, porque si lo ponen a uno en esas listas que no valen nada, por lo menos la Lista del Zopilote va a valer algo”.

Zopilote hace alusión a un grupo paramilitar que se autodenominaba los “Buitres de la Justicia” y que llevó a cabo operaciones de “limpieza social” durante la guerra civil guatemalteca.

Cabe destacar que la actual fiscal general y estrecha aliada de Giammattei, Consuelo Porras, también fue sancionada por el Departamento de Estado de EE.UU. el año pasado, acusada de obstruir la justicia y emitir acusaciones falsas contra más de veinte fiscales y jueces anticorrupción. El lunes 16 de mayo, Giammattei anunció el nombramiento de Porrascomo fiscal general para un segundo periodo, a pesar de la probabilidad de que esto genere mayores sanciones por parte del gobierno de Estados Unidos.

Organizaciones nacionales e internacionales han exigido a las autoridades guatemaltecas garantías para la seguridad del juez Gálvez para que éste pueda continuar su trabajo sin interferencias ni intimidaciones.

Ante la pregunta de si es un buen momento para seguir con el caso Diario Militar debido al complicado contexto nacional, los y las familiares responden de forma inequívoca. Uno de ellos lo resumió de esta manera: “Nunca es un buen momento para hacer justicia en Guatemala”, comentaron. “Hemos llegado hasta aquí y vamos a seguir hasta que veamos que se hace justicia”.

*Este artículo fue publicado originalmente en inglés en el medio digital salvadoreño El Faro el lunes, 16 de mayo de 2022 en el medio digital el faro y republicado con autorización. Ver el artículo original aquí.

Jo-Marie Burt es profesora de ciencia política en la Universidad George Mason y investigadora principal en la Oficina en Washington para asuntos Latinoamericanos (WOLA). Ha publicado ampliamente sobre violencia política, derechos humanos y justicia transicional en América Latina.

Paulo Estrada investiga las violaciones de los derechos humanos durante el conflicto armado interno en Guatemala y es miembro de Familias de Detenidos y Desaparecidos de Guatemala (FAMDEGUA). Burt y Estrada son codirectores de Verdad y Justicia en Guatemala, que monitorea e informa sobre los juicios por crímenes de guerra en Guatemala. Están en Twitter @VerdadJusticiaG.