(Foto AP/Rebecca Blackwell)
(Foto AP/Rebecca Blackwell)
En un nuevo artículo de opinión para El Faro, el presidente de WOLA, Geoff Thale le hace un llamado a los gobiernos de las Américas a salvar vidas, pero también a respetar los derechos humanos y la democracia al responder a la pandemia de COVID-19.
Hoy, tras casi treinta años de inestable, imperfecto pero medible progreso democrático en América Latina, las duras lecciones del pasado parecen más importantes que nunca, debido a que en la última década la región ha sufrido un significativo retroceso democrático y un auge del autoritarismo.
Una de las situaciones más inquietantes es el sostenido asalto que el presidente salvadoreño Nayib Bukele lidera contra las instituciones políticas que pueden controlar su poder. Antes del COVID-19, su campaña para concentrar poder enfrentó una firme resistencia. Su intento, en febrero pasado, de arrebatar más poder mediante el despliegue de militares y policías para obligar al poder legislativo a aprobar un préstamo internacional que él solicitó, se topó con una exitosa resistencia de los poderes legislativo y judicial, así como de la sociedad civil y la comunidad internacional.
Sin embargo, desde la pandemia, afirmando la necesidad de actuar rápida y decisivamente para frenar al virus, Bukele ha arremetido con acciones que le otorgan más poder y ponen en riesgo a los ciudadanos. Con maniobras que recuerdan los días oscuros de la guerra civil salvadoreña, ha autorizado a las fuerzas de seguridad el uso de la fuerza letal contra presuntos pandilleros, y les ha ordenado detener y confinar a cualquiera que viole la cuarentena obligatoria. A pesar de que Bukele ha sido uno de los más prominentes líderes en esta nueva generación de autoritarios, no ha sido el único que utiliza la pandemia de COVID-19 para justificar su acumulación de poder.
El presidente Jair Bolsonaro ya se ha ganado una reputación de comportamiento autoritario al incluir números récord de oficiales militares en su gobierno, ha socavado la supervisión de abusos de derechos humanos e impuesto trabas legales y burocráticas a las organizaciones de la sociedad civil, con lo cual dificulta su capacidad de operar hasta volverla prácticamente imposible. A pesar de que ha negado la pandemia, Bolsonaro ha aprovechado la oportunidad para atacar la libertad de prensa, imponiendo restricciones al acceso a registros de salud pública que son vitales para el reporte preciso sobre el virus.
El presidente Donald Trump y su administración han respondido a los aspectos internacionales de la pandemia de tal manera que han subvertido las normas democráticas, ayudado a propagar el virus y respaldado a sus aliados autoritarios en la región. Su administración ha utilizado el COVID-19 como un pretexto para cerrar la frontera con México, lo que ha llevado a la propagación del virus entre poblaciones de migrantes en centros de detención. Aún más, los consistentes fallos de la administración Trump en denunciar la destrucción de instituciones anticorrupción en Centroamérica y los abusos de poder de Bolsonaro y Áñez, o en apoyar seriamente algún esfuerzo para una salida negociada en Venezuela, solo han fortalecido a los autoritarismos regionales, que ven en la Casa Blanca a un aliado para sus objetivos.
En el artículo de opinión, Thale recomienda que, aunque el COVID-19 es un desafío sin precedentes, que ahora más que nunca es importante que la sociedad civil investigue violaciones a los derechos humanos, que cuestione las acciones autocráticas de los líderes y que llame a cuentas a los gobiernos para que preparen respuestas de salud pública efectivas que se adhieran a la democracia y los derechos humanos. De otra manera, no sólo será inefectiva la lucha contra el COVID-19, sino que tendremos que reaprender las devastadoras lecciones que creíamos haber aprendido tras décadas de combatir autoritarismos y dictaduras en el continente americano.
