WOLA: Advocacy for Human Rights in the Americas

(AP Photo/Fernando Vergara)

15 Sep 2020 | Análisis

En América Latina, a causa del COVID-19 se está poniendo en riesgo alterar permanentemente las relaciones cívico-militares

A través de América Latina, la pandemia del COVID-19 está llevando incorporar más profundamente a las fuerzas armadas en las vidas diarias de los ciudadanos. En un momento en el que es mas importante que nunca reconsiderar el papel de la vigilancia y la responsabilidad de las fuerzas de seguridad pública hacia las personas que protegen, esta militarización de la seguridad pública es muy preocupante, porque será difícil de revertir.

En respuesta a la pandemia, los gobiernos latinoamericanos están desplegando ampliamente soldados en áreas altamente poblados. Estos soldados están desempeñando funciones, como vigilancia auxiliar, que tienen poca o ninguna semejanza con “defensa.” Este uso de las fuerzas militares es común en un desastre natural, en ocasiones cuando el ejército suele ser la única institución que puede ser movilizada para responder a una crisis que es aislada y por un tiempo limitado. Pero el COVID-19 es un desastre natural distinto: esta pasando en todas partes del mundo, por un período de tiempo indefinido.

A causa del emplazamiento de las fuerzas armadas, usualmente no responsables por sus acciones ante la justicia civil y con frecuencia bajo el control de líderes con un débil compromiso hacia la democracia, lado a lado con los ciudadanos por periodos indefinidos de tiempo, la pandemia podría dejar una región con un equilibrio cívico-militar inclinado fuertemente hacia los generales. Cuando la pandemia se acabe, los líderes civiles no solo van a tener que lidiar con las secuelas de las masivas fatalidades y de las economías en desintegración, sino también con la reintegración a los cuarteles de un ejército fortalecido y la implementación de enfoques nuevos y eficaces de vigilancia. Si son incapaces de hacer esto, América Latina después del coronavirus será una región repleta de regímenes que solo pueden ser descritos como democracias parciales o desaparecidas.

Los militares pueden ayudar asistiendo en los desastres naturales – pero el COVID – 19 no es un desastre natural normal

La mayoría de los países mantienen a los militares para la defensa externa. Pero sin embargo cuando estos operan en su propio país, la mayoría de las constituciones nacionales procuran que los militares operen sobre la base de “sólo en emergencias.” Un ejército fuertemente armado, entrenado para usar la máxima violencia para derrotar a un enemigo, es fundamentalmente diferente de una fuerza policial entrenada para proteger y servir a una población usando fuerza mínima y cuidadosamente calibrada.

En una democracia, es incongruente que las fuerzas armadas, una institución jerárquica y entrenada para usar fuerza abrumadora para derrotar a un enemigo, se conviertan en parte de la vida diaria de los ciudadanos. En una sociedad libre, en circunstancias normales, los soldados no patrullan las calles, detienen y interrogan a las personas o realizan vigilancia de los ciudadanos

Diferencias claves entre las fuerzas militares y policiales

Aunque existen excepciones, varias de ellas enumeradas a continuación, algunas de las características que distinguen a las fuerzas militares y policiales incluyen las siguientes.

La policía busca des-escalar situaciones, usando la fuerza, especialmente fuerza letal, solo como último recurso. El combate demanda que los militares intensifiquen rápidamente y usen fuerza abrumadora para derrotar un enemigo.

La policía tiende a llevar un armamento mucho más ligero que las fuerzas militares.

Los policías tienden a vivir en medio de la población y las interacciones constantes con esta son centrales para su trabajo. El personal militar tiende a vivir en cuarteles o bases o de otra manera, separado de la sociedad como grupo. En países que mantienen una marcada división entre los roles militares y policiales, los ciudadanos raramente se encuentran con soldados armados y uniformados.

Se espera que la policía responda rápidamente a las llamadas de asistencia de los ciudadanos, usualmente por medio de centros de llamadas de emergencia. Las fuerzas armadas pueden responder a algunas llamadas por ayuda, pero no mantienen esta capacidad de respuesta.

Las fuerzas policiales incluyen detectives y otros especialistas en investigación de crímenes después del hecho, todos son entrenados para preservar las escenas del crimen, respetando las reglas de evidencia y además coordinando con el sistema de justicia criminal. Las fuerzas militares tienen poca o ninguna capacidad de investigación criminal.

Los policías que cometen abusos a los derechos humanos tienden a ser juzgados en el sistema de justicia penal ordinario. El personal militar que comete violaciones del derecho internacional humanitario tiende a ser juzgado en un sistema de justicia militar separado. Cómo investigar y enjuiciar al personal militar que viola los derechos de sus conciudadanos es casi siempre un tema controvertido en los países que emplean militares para la seguridad pública.

La policía tiende a operar al máximo o cerca de su capacidad, inmersos en sus deberes cotidianos con poca oportunidad o capacidad para planificar. Cuando no están en guerra, los militares mantienen un exceso de capacidad, con soldados entrenados y equipo mantenido en un estado de “preparación” mientras los oficiales elaboran planes de contingencia.

Existen excepciones a estas distinciones y muchas de ellas han surgido o evolucionado en los últimos 50 o 60 años. Varias de ellas difuminan peligrosamente la línea divisoria entre misiones militares y policiales. Estas incluyen:

  • Unidades de policía militar, de mantenimiento de la paz, o Guardia Nacional que, mientras son militares, mantienen el orden en emergencias o en ocupaciones territoriales en el exterior.
  • Fuerzas de Operaciones Especiales, o de personal militar que pueden estar entrenados para relacionarse con poblaciones o “ganar corazones y mentes” mientras buscan estabilizar el territorio o realizar “operaciones diferentes a la guerra”.
  • Policía especial de armas y tácticas (SWAT) o unidades de comando que usan fuerza escalada y armas pesadas en contra de infractores de la ley que se cree están fuertemente armados.
  • Gendarmerías, alguaciles, o guardias fronterizos que tienden a ser más móviles, más fuertemente armados y más organizados jerárquicamente que la policía y que a menudo se espera que operen en áreas rurales escasamente pobladas y con poca presencia del estado.

Para obtener más información, consulte el informe de WOLA del 2010 Predica lo que Practicas: La Separación de los Roles Policiales y Militares en las Américas.

Todos los países, sin embargo, hacen excepciones para las emergencias. Es normal que los militares tengan una importante participación internamente durante los desastres naturales u otros eventos localizados muy inusuales y de corta duración. Las fuerzas armadas son las que tienen la capacidad logística como helicópteros, aviones de transporte, vehículos u hospitales de campaña. Las fuerzas armadas son virtualmente la única institución gubernamental que, en las condiciones cotidianas, no están operando a su máxima capacidad: ellas están en un estado de “preparación” en el que la mayoría del personal y el equipo no están exactamente inactivos, sino enfocados en el entrenamiento, la planificación y el mantenimiento para otras eventualidades. Esto hace de ella la única institución con la “capacidad de respuesta adicional” para responder rápidamente cuando se presenta una emergencia.

En los Estados Unidos, donde la Ley Posse Comitatus de 1878 prohíbe el uso de soldados para hacer cumplir la ley en circunstancias normales, el personal militar en servicio activo ayudó a mantener el orden después de los disturbios de Los Ángeles de 1992 y el Huracán Katrina en Nueva Orleans en el 2005.  Chile recurrió a los militares para ayudar mantener el orden después del terremoto de Santiago en el 2010. Soldados brasileños desempeñaron papeles de cumplimiento de la ley durante la Copa Mundial del 2014 y los Juegos Olímpicos del 2016. El Pentágono juega un papel importante en la vigilancia domestica en eventos grandes como el Súper Bowl. Cuando la situación se empieza a calmar, las tropas se retiran rápidamente.

El COVID-19, sin embargo, es un tipo de desastre natural diferente. Este no está localizado: está sucediendo en todas las partes de la geografía de un país. No es a corto plazo: no sabemos cuando la pandemia terminará. Y mientras las personas llevan meses sin ingresos, la pandemia amenaza con traer una serie de desafíos de orden público más allá de los actuales altos niveles de violencia e inseguridad en muchos países de la región.

La pandemia presenta importantes dilemas cívico-militares en América Latina. Esta parte del mundo ha pasado los últimos 40 años en transición, apartándose de un periodo en el cual casi cada país estaba bajo el cruel dominio de dictaduras militares todopoderosas. Incluso antes de que el COVID-19 golpeara la región, los observadores de las relaciones cívico-militares estaban haciendo sonar las alarmas sobre una creciente re-politización de las fuerzas armadas. Ahora, la crisis de salud pública amenaza con exacerbar el problema.

El aumento en la participación de los militares antes de la pandemia

En la última década se había visto en la región un preocupante desgaste en la transición de los regímenes militares hacia la democracia civil, el cual comenzó durante la década de 1980. Un golpe de Estado en 2009 en Honduras, en el que los militares ayudaron a despojar del poder a un presidente electo y entregárselo a sus oponentes, sacudió a la región. A partir del 2006, en México, que había experimentado 71 años de gobierno por el mismo partido y había evitado el gobierno militar, se empezó a aumentar sostenidamente la participación de las fuerzas armadas en la lucha contra el crimen organizado, hasta el momento poco exitosa. Líderes centroamericanos enviaron soldados para combatir las pandillas organizadas. En Venezuela, los gobiernos de Chávez y Maduro pusieron oficiales a cargo de la distribución de alimentos, de la industria del petróleo y de muchos otros trabajos correspondientes a los ciudadanos.

Estas tendencias preocupantes se aceleraron en el 2019 y a principios del 2020, como lo índico WOLA en un análisis de Diciembre:

  • A finales del 2018, el presidente de Guatemala Jimmy Morales anunció su intención de cerrar la Comisión Internacional Contra la Impunidad (CICIG) con una demostración agresiva de fuerza militar.
  • México creó una nueva Guardia Nacional para manejar las tareas de seguridad interna. Mientras esta fuerza nominalmente es civil, actualmente está dirigida por un general del ejército recientemente retirado y más de las tres cuartas partes de su personal son soldados, marines y policía militar temporalmente movilizados. La supervisión de estas actividades por parte de los civiles es muy poca.
  • El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, alentó fuertemente a los generales a celebrar el golpe militar de 1964, el cual ocasionó miles de violaciones a los derechos humanos y suspendió la democracia por 21 años, mientras hablaba aprobando a algunos de los peores torturadores de ese régimen.
  • Honduras, que creó una nueva fuerza de policía militar en 2013 utilizándola de manera fuerte y brutal para reprimir las protestas sociales, instaló a sus fuerzas armadas a cargo del sistema de prisiones en diciembre del 2019.
  • En enero del 2020, se reveló que unidades de la inteligencia militar Colombiana estaban llevado a cabo una campaña de vigilancia, amenazas e intimidación contra periodistas, políticos de oposición, jueces, defensores de los derechos humanos y otros.
  • En una tarde de un día domingo, en febrero del 2020, el presidente de El Salvador llevó consigo a un contingente completo de soldados completamente armados a la cámara principal de la legislatura, como una forma poco sutil de presionar al Congreso para la aprobación de un préstamo para la compra de equipo de seguridad.
  • En Honduras, Ecuador, Perú y Chile presidentes elegidos se presentaron con generales uniformados durante discursos televisados en los que anunciaban campañas de represión en contra de las olas de protesta social.

Aumento de la militarización en medio de la crisis del COVID-19

América Latina es actualmente el epicentro de la pandemia del COVID-19, una crisis que ha acelerado la preocupante recurrencia de la región a sus fuerzas armadas. Los soldados están presentes en las calles de la región mucho más que antes, imponiendo cierres y toques de queda, ya sea conjuntamente con la policía o por su cuenta.

Se han desplegado miles de tropas en centros de población en Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, El Salvador, Honduras, México, Perú, Venezuela y otros lugares. Los trabajos de seguridad relacionados con la pandemia incluyen el patrullaje, la vigilancia de puestos de control, el cierre de fronteras y en muchos casos, la detención de los infractores.

En algunos países, en particular Bolivia, El Salvador, Honduras y Perú, esto ha resultado en redadas de decenas de miles de personas encontradas afuera quebrantando las órdenes de quedarse en casa, a menudo seguidas de encarcelamientos masivos en condiciones insalubres. Bukele, el presidente de El Salvador, persistió con estas redadas y detenciones militares a pesar de la orden de la Corte Suprema que ordenó la suspensión de estas acciones.

Casi en todas partes, las fuerzas armadas están participando ampliamente en la distribución de paquetes de alimentos básicos para los hogares cuyos ingresos se han visto truncados por el distanciamiento social. Los gobiernos están publicando todos los días docenas de fotos llamativas en sus cuentas de redes sociales, que muestran a soldados armados, camuflados y con máscaras entregando bolsas de comida a familias con pocos recursos.

A medida que los vecindarios de bajos recursos se encuentran con sus necesidades básicas insatisfechas, aún con el apoyo del gobierno, están aumentando las protestas y los disturbios sociales. Se han desplegado soldados para controlar a las multitudes en Bolivia, Chile, Honduras y otras partes, a pesar de que todos ellos cometieron numerosos abusos graves durante las operaciones de manejo y control de multitudes en el 2019.

Otras áreas de tensión cívico-militar en la región incluyen:

  • En Brasil, hoy en día el segundo país en el mundo en casos de COVID-19, los partidarios del vacilante presidente Jair Bolsonaro están pidiendo, cada vez más intensamente, por una intervención militar para cerrar la legislatura y la Corte Suprema. El grado de politización y de peligro para la democracia brasileña, es tan grave en este momento que el 17 de mayo seis exministros de Defensa se sintieron obligados a emitir un comunicadoadvirtiendo contra “cualquier llamado y estímulo a las instituciones armadas para transgredir la legalidad democrática”.
  • En Colombia, los soldados están formando parte de los equipos de erradicación de cultivos de coca, ya que el gobierno está intensificando, con la ayuda de Estados Unidos, los esfuerzos de erradicación a pesar de la pandemia. Las fuerzas de seguridad que llevan a cabo operaciones de erradicación han matado a seis civiles desde febrero, en circunstancias que hasta ahora no han sido esclarecidas.
  • Bolivia en este momento se encuentra en medio de una intensa tensión cívico-militar, mientras las fuerzas armadas se preparan para desafiar a un Congreso dirigido por la oposición que ha demorado la aprobación de la última ronda de ascensos a oficiales.
  • En México, donde el Ejército es la mayor de todos las agencias de seguridad en denuncias oficiales de desapariciones forzosas, torturas y ejecuciones extrajudiciales desde el 2006, gran parte de la respuesta del sistema de salud pública esta a cargo de los militares. El 11 de mayo, el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien se postuló en 2018 con la promesa de reducir la participación de los militares en la seguridad pública, emitió un decreto redactado de manera ambiguo que solidificará aún más esa participación hasta el término de su mandato en 2024 sin controles externos ni supervisión civil.

¿Volverán los militares latinoamericanos a los cuarteles después de la pandemia?

Reiteramos, se espera, e incluso es necesario, que las fuerzas armadas puedan desempeñar una participación más importante ayudando a los estados a enfrentar esta pandemia histórica. Debido a la gravedad de la crisis y también a las décadas de oportunidades perdidas y fracasos en el pasado ​​para formar gobiernos civiles más fuertes y capaces, muchos países latinoamericanos simplemente no tienen otra institución en la cual depender.

Sin embargo, el problema con el aumento de la participación de los militares en la sociedad es que una vez que esta se aumenta, es muy difícil volver a reducirla. Debido a que los soldados son disciplinados, pueden actuar con rapidez y usualmente tienen un exceso de capacidad, los ciudadanos esperan o demandan su despliegue, incluso para roles inapropiados que no tienen nada que ver con la defensa del país.

Algunos políticos, llegan a percibir a las fuerzas armadas como herramientas de todo propósito para ser utilizadas, en lugar de realizar el arduo trabajo de construir un gobierno civil profesional con capacidad para gobernar. ¿Por ejemplo, para qué tener una política de vivienda a largo plazo, cuando un escuadrón de reclutas con 20 años de edad puede construir un refugio básico con unas pocas semanas de aviso o preparación, mientras los líderes políticos disfrutan de la gratitud de los beneficiarios?

“Las respuestas de las instituciones militares pueden ocultar la falta de inversión en otros recursos”, escribe Rut Diamint, una experta civil-militar de Argentina y exfuncionaria de defensa. “No es saludable para la estabilidad democrática que los militares sean llamados para cubrir fallas en la respuesta del gobierno en la salud, en la policía o en la infraestructura”. Diamint advierte que, si los gobernantes civiles continúan demostrando ser incapaces de cumplir con sus deberes, “las fuerzas armadas pueden volver a posicionarse ellas mismas nuevamente en la política, esta vez con un apoyo más amplio de ciudadanos asustados.”

El peligro de recurrir en el país a las fuerzas armadas para fines políticos, en lugar de para la defensa del país, debería ser evidente para los latinoamericanos con una memoria lo suficientemente amplia. Darles poderes a las fuerzas armadas más allá de sus funciones legítimas y limitadas en la sociedad, poniéndolas a cargo de funciones estatales que pertenecen sólidamente a la esfera civil, significa darle aún más poderes adicionales a una institución que tiene el monopolio de las armas legales, equipos de vigilancia y personal capacitado en habilidades letales. Después de entregarles la lucha contra el crimen, el control de multitudes, la prestación de servicios, la construcción de infraestructura, la protección ambiental y otras funciones de los civiles, es un gran acto de fe esperar que continúen siendo apolíticos y no deliberativos.

Recordemos lo que sucedió en el siglo XX cuando los ejércitos latinoamericanos se convirtieron en la institución dominante dentro de muchos estados: ellos no enfrentaban las consecuencias de sus actos. Abusaron masivamente de los derechos humanos, torturando y desapareciendo a decenas de miles. Ellos recortaron libertades básicas. Se implicaron en una gran corrupción y manejaron mal las economías.

Construyendo un sector de seguridad civil

Aunque el COVID-19 puede causar una utilización más amplia de las fuerzas armadas, que es necesaria por el momento, será urgente que los líderes civiles electos vuelvan enviar esta “pasta dental” de regreso al tubo una vez que la región vuelva a la “normalidad”, sea lo que sea lo que esto signifique. La desmilitarización requerirá que estos líderes vuelvan a poner las tareas a cargo de una gestión civil capaz. Las instituciones civiles, no las fuerzas armadas, deben liderar el camino de la revitalización de las economías, asumiendo las funciones básicas como la atención médica y el saneamiento, mantenimiento de la infraestructura, educación de la niñez, resolución de disputas y protección de los ciudadanos del crimen común y organizado. Esto significará emprender el arduo trabajo posterior a la pandemia de construir o reconstruir instituciones civiles competentes, bien financiadas, transparentes y profesionales. Para las legislaturas, órganos de control, medios de comunicación, expertos y activistas, supondrá un control firme y constructivo, exigiendo una participación profunda en el proceso.

Esta obra institucional, o reconstrucción, haría bien en involucrar las mismas conversaciones acerca de la seguridad pública que los Estados Unidos está teniendo nuevamente a nivel nacional. Aquí, el llamado del presidente Trump a utilizar las fuerzas militares contra los manifestantes ha forzado a la revisión o evaluación más seria en muchos años, acerca del papel de las fuerzas armadas en la preservación del orden público. Más allá de las funciones militares y policiales, el asesinato de Afroamericanos por la policía y las protestas masivas contra la brutalidad policial han traído al discurso político nacional una nueva idea: desfinanciar o reinventar las propias fuerzas policiales.

Lo que esto podría representar sigue siendo tema de discusión, pero esto puede significar la eliminación de funciones que por mucho tiempo han sido asignadas a la policía, otorgando esas funciones a otros proveedores de servicios y reduciendo drásticamente y responsabilizando (algunos dirían que suprimiendo por completo) la parte del estado que mantiene el orden con una amenaza implícita del uso de la fuerza.

Preservar y fortalecer la democracia requerirá el completo regreso de los militares a los cuarteles después de que pase la crisis del COVID-19. Sin embargo, la discusión tendrá que ir más allá de la desmilitarización y cuando se realiza, los Estados Unidos no tendrá un patrón para ofrecer a sus vecinos de América Latina.

La situación actual en los Estados Unidos, y el rápido avance de las funciones de los militares en medio de la pandemia en América Latina, muestran que ni Estados Unidos ni sus vecinos del hemisferio han encontrado la mejor manera de llevar a cabo esta reconstrucción institucional. Muchos programas anteriores de los Estados Unidos de “construcción de las instituciones” policiales, judiciales y de defensa. en la región, han funcionado en base a la suposición implícita de que Washington tenía más sabiduría y conocimientos para impartir a América Latina. En cambio, ahora está bastante claro que todos tenemos mucho trabajo por hacer juntos. Y ahora, mientras todavía estamos en medio de una pandemia, es el momento perfecto para planificar este trabajo.