Por Geoff Thale, Adriana Beltrán, y Ana Goerdt
El 2 de agosto, un tribunal hondureño condenó a cuatro agentes de la policía por asesinato y abuso de autoridad en el asesinato del joven Rafael Alejandro Vargas, hijo de Julieta Castellanos (titular de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras), y su amigo, Carlos Pineda. Los dos jóvenes fueron vistos por última vez detenidos en un puesto de control policial fuera de Tegucigalpa, Honduras el 22 de octubre de 2011; sus cuerpos fueron hallados el día siguiente. El caso reveló el nivel de corrupción profundamente arraigada en la policía y provocó una protesta pública en Honduras, lo que finalmente condujo a la creación de la Comisión para la Reforma de la Seguridad Pública. La Comisión fue creada para llevar a cabo una reforma de la Policía Nacional, el Ministerio Público y el Poder Judicial.
El hecho de que la investigación de los asesinatos de los jóvenes tuvo lugar—y que resultó en la detención y condena de cuatro agentes de la policía—es positivo e insólito en Honduras, donde sólo el 20 por ciento de homicidios son procesados penalmente. Sin embargo, el caso aún no está cerrado: algunos policías acusados de participar en el doble asesinato siguen en libertad, y la Sra. Castellanos ha indicado que funcionarios policiales de alto nivel también deben ser considerados responsables. Aunque las condenas son alentadoras, desafortunadamente, este tipo de incidentes aislados de investigación y condena no representan un compromiso a largo plazo para hacer frente a los problemas subyacentes de corrupción y abuso de autoridad dentro de la Policía Nacional. Aún más preocupante es el hecho de que los actuales esfuerzos para depurar la policía y crear una policía confiable, profesional y responsable parecen no avanzar adecuadamente.
Los esfuerzos estancados de reforma
Las posibilidades de avanzar el proceso de reforma policial fueron, irónicamente, más positivas en los días y meses inmediatamente después del asesinato del hijo de la Sra. Castellano y su amigo. Los asesinatos dejaron en clara evidencia el grado de corrupción policial y colusión de miembros de la fuerza policial en actos delincuenciales. En respuesta, en noviembre de 2011, el Congreso de Honduras creó la Dirección de Investigación y Evaluación de la Carrera Policial (DIECP). La DIECP reemplazó la Unidad de Asuntos Internos de la policía—la cual había estado caracterizada por su ineficacia y falta de financiamiento—y fue encomendada a investigar delitos y faltas de conducta cometidos por miembros de la policía, así como a evaluar continuamente el personal policial para eliminar a los funcionarios corruptos.
Por desgracia, la DIECP ha sufrido de una falta de fondos y de personal desde su creación. Aunque el Congreso y la administración del Presidente Lobo fueron incitados a crear la DIECP, no han brindado los recursos ni el apoyo político necesario. En lugar de llevar a cabo investigaciones de corrupción policial o de participación en actividades delictivas, la DIECP se ha reducido a realizar “pruebas de confianza”—una mezcla de pruebas toxicológicas y psicológicas, así como una prueba de polígrafo—que los policías deben pasar para entrar o permanecer en la fuerza. La DIECP se ha enfrentado a fuertes críticas por no someter a policías de alto nivel a las pruebas de confianza, por retrasos en la administración de las pruebas, y por no avanzar en el despido de aquellos oficiales que no pasan las pruebas. El fracaso del proceso de depuración se hizo evidente cuando el Director de la DIECP, Eduardo Villanueva, admitió en marzo de 2013—más de un año después de la creación de la DIECP—que sólo 1.200 agentes de unos 11.000 miembros de la fuerza habían sido evaluados por la Dirección. De ellos, 230 agentes que no habían pasado las pruebas se mantenían en la fuerza. En junio, el gobierno de los Estados Unidos retiró su apoyo financiero a la DIECP, citando un “avance lento”.
El futuro de la DIECP es incierto. Villanueva presentó su renuncia en abril, pero se mantiene en el cargo debido a que el Presidente Lobo todavía no ha nombrado a su sucesor. Mientras tanto, han surgido informes que implican a miembros de la Policía Nacional en ejecuciones extrajudiciales y acciones de limpieza social, mientras Estados Unidos continúa reteniendo US$10 millones de la asistencia a la Policía Nacional por preocupación sobre la situación de derechos humanos.
La participación problemática de las fuerzas armadas
Al igual que muchos de sus vecinos, el gobierno de Honduras ha recurrido en varias ocasiones a las fuerzas armadas para ayudar a hacer frente a los crecientes niveles de criminalidad y violencia. En febrero, la administración de Lobo lanzó la Operación Libertad con el despliegue de 1.300 soldados a Tegucigalpa y San Pedro Sula. Cuatro meses después, el Congreso Nacional aprobó un plan de $4,4 millones para desplegar más fuerzas militares para combatir la delincuencia organizada. Más recientemente, Juan Orlando Hernández, Presidente del Congreso Nacional y candidato presidencial por el Partido Nacional, propuso la creación de una nueva fuerza de policía militar de 5.000 miembros.
Aunque la presencia de los militares en las calles puede satisfacer las demandas públicas para que se tomen medidas, depender del ejército es muy problemático. Invitar a los militares a asumir funciones policiales no sólo desdibuja las líneas entre las estructuras y funciones de la policía y el ejército, sino que distrae la atención y los recursos de la necesidad urgente de reformar la policía y las instituciones de la justicia penal. Por otra parte, la participación de los militares también puede aumentar la corrupción y los abusos en el ejército.
Una pieza crucial de la ecuación
La reforma policial es una parte clave de la mejora de la situación de seguridad. La eliminación de la corrupción y la delincuencia dentro de la Policía Nacional de Honduras y el establecimiento de mecanismos eficaces de control interno para impedir problemas en el futuro no es una tarea fácil, sobre todo en una sociedad que está enfrentando una de las tasas de homicidio más alta del mundo. Sin embargo, es una tarea absolutamente fundamental para el establecimiento de una policía creíble; para prevenir abusos y violaciones de derechos humanos por parte de los policías; y para lograr la seguridad ciudadana y garantizar el Estado de Derecho.
Si el gobierno de Honduras está buscando apoyo internacional, necesita establecer su credibilidad mediante la realización de investigaciones sistemáticas de casos clave que conlleven a la persecución penal de policías de alto nivel y otros por acciones de corrupción y participación en actos criminales; el establecimiento de un eficaz y bien financiado sistema de controles internos; y la adopción de medidas profundas y concretas de reforma de la Policía Nacional.
