9 Oct 2014 | Análisis | News

Los Prisioneros de Guantánamo: Derechos Humanos Politizados

Por Joy Olson, Directora Ejecutiva de WOLA

La propuesta de recibir a varios prisioneros de Guantánamo autorizados para ser liberados se ha convertido en tema central en la contienda electoral de Uruguay. Si bien varias de las preguntas que están surgiendo en el debate público son válidas y merecen ser respondidas, lo que realmente está sucediendo es la politización de un tema que merece ser tratado como un asunto humanitario, un asunto de derechos humanos.

La mancha más oscura en la historia de los derechos humanos de los Estados Unidos en las últimas décadas es el centro de detención de Guantánamo. Cientos de personas han sido detenidas allí desde el año 2002, casi todos ellos sin juicio, bajo una dudosa interpretación estadounidense de las leyes de guerra. La “guerra” en cuestión es la guerra contra el terrorismo, que parece no tener fin.

Estados Unidos ha creado un desastre humanitario y jurídico del cual parece que no encuentra su camino. El debate en torno a la instalación de Guantánamo y su cierre se ha prolongado durante tanto tiempo que casi se ha borrado de la conciencia nacional. Antes de ser elegido en el 2008, el Presidente Barack Obama prometió cerrar Guantánamo.

Pero esto no sucedió en su primer mandato presidencial. En su segundo mandato Obama renovó este compromiso, pero el Congreso estadounidense ha hecho el cierre de la prisión cada vez más difícil. Mientras este enfrentamiento político sucede año tras año en Washington, los 149 prisioneros en Guantánamo permanecen en limbo.

Ciertamente algunos de los prisioneros estuvieron involucrados en actos de guerra o terrorismo, pero los prisioneros de Guantánamo llegaron ahí por muchas razones, incluyendo que los Estados Unidos pagó recompensas por la entrega de personas, una técnica que a menudo pesca más que lo esperado.

Actualmente, aproximadamente la mitad de los detenidos están en condición de ser liberados, lo que significa que se le ha preguntado a cada agencia concebible del gobierno estadounidense si hay algún motivo para el cual estas personas deban ser vistas como una amenaza. Para estos 79 individuos, la respuesta ha sido no, pero aún permanecen prisioneros.

El Congreso estadounidense ha aprobado leyes que no permiten que los prisioneros sean liberados en los Estados Unidos. Y la mayoría de este grupo no puede regresar a su país de origen dadas las condiciones. Sin la posibilidad de retornar a sus países o los Estados Unidos, estas 79 personas no tienen a dónde ir.

Pero para cada problema, hay una solución—incluso existe el limbo. Esto necesitaría valentía política poco común y la ayuda de líderes fuera de los Estados Unidos que estén comprometidos con los derechos humanos y dispuestos a soportar posibles costos políticos domésticos porque ellos tienen la capacidad de resolver un grave violación de los derechos humanos.

Siempre será políticamente controversial para cualquier nación reasentar a los prisioneros de Guantanamo autorizados para la liberación. Que desafortunado es que los prisioneros que podrían tener una nueva vida en Uruguay ahora permanecen cautivos del debate partidista electoral. Si Uruguay recibe a los detenidos en Guantánamo, la nación debe usar este acto como lo que es, una insignia de que Uruguay es un líder en temas de derechos humanos. Aquellos de nosotros que trabajamos a favor de los derechos humanos en el continente tendremos una deuda de gratitud con aquellos que a través del reasentamiento ayuden a poner fin a la catástrofe de derechos humanos que es Guantánamo.

Joy Olson es una líder experta en temas de derechos humanos y política estadounidense hacia América Latina. Bajo su dirección, WOLA ha sido pionera en el desarrollo de nuevas estrategias de incidencia política en torno a los derechos humanos, concentrándose en las principales causas de injusticia, desigualdad y violencia en la región. El Washington Post ha reconocido a WOLA como una de las mejores organizaciones sin fines de lucro en Washington. WOLA fue fundada en 1974 para promover los derechos humanos y la justicia social en América Latina y en la política exterior de Estados Unidos hacia la región.