(WOLA)
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A medida que los países de América Latina continúan enfrentando el empeoramiento de la situación en las prisiones y el impacto del COVID-19 en las personas encarceladas, un grupo en condiciones de vulnerabilidad continúa siendo invisibilizado: las mujeres trans privadas de la libertad. A pesar de que los Estados tienen la responsabilidad de proteger la salud física y mental, así como el bienestar de todas las personas bajo su custodia, en particular de las que vienen de situaciones más vulnerables, la mayoría de los gobiernos de la región no han implementado medidas específicas para proteger a las personas LGBTI+ tras las rejas. El impacto de la pandemia del COVID-19 en las mujeres trans privadas de la libertad ha sido desproporcionado comparado con otros grupos, en particular, por las diversas interseccionalidades que atraviesan sus vidas.
Ante esta preocupante situación, organizaciones de la sociedad civil lideradas y/o que trabajan con personas trans privadas de la libertad han desarrollado diversas iniciativas para garantizar el ejercicio pleno de la dignidad y la protección de los derechos humanos de este colectivo. En este contexto, dichas organizaciones convocaron al taller Las mujeres trans tras las rejas: estrategias de resistencia en el contexto de la pandemia del COVID-19 con el fin de compartir experiencias y estrategias de resistencia, así como buenas prácticas y retos que enfrentan grupos de la sociedad civil.
Mujeres trans en contextos de encierro
A nivel mundial, las mujeres trans han sido sujetas a la discriminación, la criminalización y la violencia institucional y, a menudo, enfrentan exclusión social, violaciones de sus derechos humanos y transfobia. En muchas ocasiones, estos factores las conlleva a trabajar en economías informales altamente criminalizadas, como el mercado de drogas y/o el trabajo sexual, por decisión o por supervivencia. Como resultado, son perfiladas por la policía como peligrosas, haciéndolas más vulnerables al abuso y a ser encarceladas. Comparadas con otros grupos, las mujeres trans están sobrerrepresentadas en las prisiones y son más propensas a sufrir abusos y violencia tras las rejas. A su vez, las vidas de las mujeres trans en contextos de encierro se ven atravesadas por otras interseccionalidades incluyendo su raza o etnia, la condición migratoria, si cuentan con documentos de identidad, su estado socioeconómico, condición de calle, dependencia de drogas, e historial de salud, entre otras.
En este contexto, las mujeres trans privadas de la libertad corren un mayor riesgo de contraer COVID-19 y son más vulnerables a sus efectos. En América Latina, el promedio de vida de las mujeres trans es de 35 años; muchas tienen enfermedades crónicas, alta prevalencia de infecciones de transmisión sexual—como es el virus de inmunodeficiencia humana (VIH), la sífilis y la hepatitis B. Además, muchas no tienen más opción para su proceso de transición que inyectarse aceite de cocina o vegetal en el cuerpo, y enfrentan una situación de carencia de atención médica adecuada. A todo ello se suma que en la mayoría de los establecimientos penitenciarios de la región, la atención a la salud no incluye la perspectiva de género ni contempla las particularidades de las mujeres trans. Asimismo, las prácticas médicas suelen estar atravesadas por discursos homofóbicos y transfóbicos.
Por otra parte, las mujeres trans privadas de la libertad enfrentan diversas formas de violencia que incluyen prácticas discriminatorias y humillantes y malos tratos físicos y psicológicos, lo cual conlleva a daños irreparables para esta población. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha señalado que las personas LGBTI+ en prisión enfrentan un mayor riesgo de violencia sexual—incluido múltiples agresiones sexuales—y otros actos de violencia y discriminación, a manos de otras personas privadas de libertad o del personal de seguridad.
Ante esta situación, diversos organismos internacionales han demandado que los Estados tomen medidas aplicando perspectivas interseccionales y con enfoque de género para aquellos grupos en situación de especial vulnerabilidad como las personas LGBTI+ y personas privadas de su libertad. La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet ha señalado que “Las personas LGBTI están entre las más vulnerables y marginadas en muchas sociedades, y entre las más expuestas a COVID-19”. Por su parte, la Resolución 1/2020 de la CIDH insta a evaluar beneficios carcelarios y medidas alternativas a la pena de prisión en los casos de personas en situación de riesgo incluyendo las mujeres trans. De igual forma, el Subcomité de las Naciones Unidas para la Prevención de la Tortura (SPT) recomendó a los Estados adoptar medidas para la reducción de población penitenciaria por medio de esquemas de liberación temprana, provisional o temporal y la revisión de todos los casos de prisión preventiva.
Además, las mujeres trans cumplen con los indicadores establecidos por el Alto Comisionado de Naciones Unidas para recibir medidas alternativas a la privación de la libertad en el contexto de COVID-19, dado que son personas 1) con mayor riesgo de salud frente a un eventual contagio; 2) que experimentan condiciones de encarcelamiento inhumanas e inseguras y situaciones de violencia; y 3) que han sido criminalizadas resultando en su encarcelamiento excesivo. Sin embargo, las medidas anunciadas por varios países de la región para la reducción de la población encarcelada no han tenido en cuenta las necesidades específicas de las personas trans.
Retos adicionales de una pandemia
Ante esta preocupante situación, organizaciones de la sociedad civil lideradas y/o que trabajan con personas trans convocaron a un taller con el objetivo de compartir experiencias y estrategias de resistencia entre mujeres trans que han estado tras las rejas frente a la pandemia del COVID-19. Además, el encuentro se propuso construir redes de solidaridad entre organizaciones que trabajan el tema y compartir retos, buenas prácticas, e iniciativas de la sociedad civil. El taller titulado Las mujeres trans tras las rejas: estrategias de resistencia en el contexto de la pandemia del COVID-19 fue organizado por Almas Cautivas, Casa de las Muñecas Tiresias, Equis: Justicia para las Mujeres, la Procuración Penitenciaria de la Nación de Argentina, la red regional Corpora en Libertad y la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA, por sus siglas en inglés) y contó con la participación de 19 mujeres de 8 países de las Américas incluyendo Argentina, Bolivia, Brasil, El Salvador, Estados Unidos, Honduras, México y Uruguay.
Los estudios y testimonios compartidos en el taller proporcionaron claras evidencias de que la pandemia del COVID-19 ha profundizado las desigualdades y las violaciones de derechos humanos de las mujeres trans en contextos de encierro. Los sistemas penitenciarios de la región están basados en estructuras cis-heteronormativas que no contemplan la diversidad sexual ni de género. Además, no existe información estadística oficial sobre el número de casos de COVID-19 ni de las afectaciones particulares a mujeres trans en las prisiones. Por un lado, las autoridades penitenciarias no publican un registro oficial desagregado por identidad de género y, por otro, el monitoreo de organizaciones de la sociedad civil y mecanismos nacionales de prevencion de la tortura—a menudo desarrollado de manera presencial a través de las visitas a las prisiones—está limitado por medidas sanitarias adoptadas por los gobiernos.
La restricción de visitas de familiares y de organizaciones ha ocasionado que las mujeres trans hayan quedado desprotegidas dado que, en muchas ocasiones, ellas dependen de la comida, productos higiénicos y compañía que proveen las personas que las visitan. Esta situación se ve agravada para mujeres extranjeras quienes enfrentan desafíos particulares que pueden incluir una situación migratoria irregular, carencia de vivienda o empleo estables antes de su detención y dificultades para lidiar con procedimientos en un sistema de justicia penal con el cual no están familiarizadas. En países como Uruguay, las visitas de familiares están permitidas; sin embargo, muchas mujeres trans están desvinculadas de su núcleo familiar.
Además de los precarios servicios de la salud y riesgos mencionados anteriormente, varias organizaciones reportaron un incremento en problemáticas relacionadas con la salud mental de las mujeres trans y de suicidios ante la ansiedad y preocupación de la pandemia en un contexto de encierro. Ante la ausencia de servicios de salud mental, ha habido un aumento del uso indiscriminado de fármacos y muchas mujeres trans son obligadas a consumir medicación como mecanismo para controlar sus conductas.
Estrategias de resistencia de organizaciones de la sociedad civil
Antes de la crisis del COVID-19, organizaciones de la sociedad civil que participaron en el taller han desarrollado incidencia social, política y jurídica para mejorar las condiciones dentro de las cárceles, así como para reformar el sistema de justicia penal y reducir las crecientes tasas de encarcelamiento. Frente al nuevo contexto que enfrentamos por la pandemia global, dichas organizaciones han duplicado sus trabajos. Un reciente informe de la Red Corpora en Libertad y del Equipo de Género y Diversidad Sexual de la Procuración Penitenciaria de la Nación de Argentina expone la situación de las personas LGTBI+ privadas de su libertad, analizando los efectos nocivos de la pandemia COVID-19 y propone recomendaciones de política para proteger los derechos de esta población. Otras organizaciones que trabajan con mujeres trans privadas de la libertad han tomado iniciativas como 1) solicitar alternativas al encarcelamiento incluyendo el arresto domiciliario; 2) enviar comida, ropa y productos higiénicos para las mujeres trans privadas de la libertad; y 3) promover programas y redes de apoyo para mujeres trans que salen de prisión.
De manera general, el acceso de mujeres trans a medidas alternativas a la privación de la libertad se dificulta dado que los poderes judiciales no toman en consideración las condiciones de vida del colectivo trans. Además, algunas de dichas medidas alternativas conllevan retos adicionales. Por ejemplo, el arresto domiciliario se hace difícil para mujeres trans que vivían en situación de calle antes de entrar a prisión, ya que necesitan enseñar pruebas de residencia. Muchas sufren ruptura de vínculos familiares, amigos y con sus comunidades dado el rechazo y la discriminación. Otro caso es el pago de restituciones o multas a víctimas o al Estado por las ofensas cometidas lo cual se dificulta para mujeres trans en situaciones de pobreza.
Uno de los principales retos identificados durante el taller fue la falta de programas y apoyo del Estado para la reinserción social de personas que han estado en prisión, en particular, para personas LGBTI+. Aunque muchos de los problemas que las mujeres trans enfrentan al salir de prisión son similares a los del resto de las personas privadas de la libertad, la intensidad y multiplicidad de sus necesidades al salir de prisión pueden ser muy diferentes. Algunos de los retos económicos, sociales y legales que enfrentan incluyen soledad y abandono, discriminación y estigma; ausencia de apoyo psicológico; carencia de las habilidades y educación necesarias para encontrar empleo y; problemas para obtener vivienda, documentos de identidad y para el ejercicio de sus derechos civiles como votar.
Varias de las organizaciones presentes en el taller compartieron estrategias de apoyo para mujeres que salen de prisión. La asociación Casa de las Muñecas Tiresias ha repartido comida a grupos vulnerables en distintas zonas de la Ciudad de México en la que conviven mujeres que ejercen el trabajo sexual, personas sin hogar y que usan drogas. Con el apoyo del gobierno de la Ciudad de México que donó el inmueble, esta organización abrió la casa de acogida Paola Buenrostro donde actualmente viven 15 mujeres trans, quienes reciben la guía de un profesor para acreditar los niveles primaria, secundaria o preparatoria, y participan en lecturas colectivas o cine-debates.
Durante el taller, mujeres trans que han estado en prisión abogaron por alternativas al encarcelamiento y plantearon la necesidad de incorporar perspectivas interseccionales y un enfoque diferenciado que proteja los derechos de las personas LGTBI+. Las recomendaciones incluyen:
