Vicente Chapero Ayala
Vicente Chapero Ayala
El 8 de marzo se conmemora el Día Internacional de la Mujer, no para celebrar sino para reconocer los logros de las mujeres y visibilizar la desigualdad y discriminación que experimentan las mujeres en el mundo; muchas de las cuales han tenido que atravesar por terribles violaciones a sus derechos humanos: violencia sexual en diferentes contextos; femicidios; embarazos forzados en niñas y adolescentes; marginalizacón, persecución y exclusión política.
Gracias al trabajo de colectivos de mujeres y grupos feministas a nivel global, se ha logrado hacer conciencia sobre la importancia de empoderar a las mujeres en todos los entornos, proteger sus derechos y garantizar que éstas puedan alcanzar todo su potencial. Sin embargo, en varios países estos logros se ven amenazados por los propios gobiernos. A continuación WOLA expone algunos de los avances, obstáculos y retrocesos en materia de derechos humanos para las mujeres en Centroamérica y lo que implica para sus democracias particularmente en Guatemala, Honduras y El Salvador.
Como parte del retroceso democrático que atraviesan varios países de la región, muchos líderes, políticos, académicos y de otros sectores han expresado un discurso de odio y rechazo a las políticas feministas que promueven la igualdad de género y diversidad catalogándolas peyorativamente como “ideología de género”: una corriente de pensamiento conservadora que defiende valores tradicionales sobre el concepto de familia y sexualidad. Su agenda incluye el rechazo al matrimonio entre personas del mismo sexo, a la diversidad de la identidad de género, a la educación sexual en las escuelas y al aborto.
Esto ha conllevado a que no hayan cambios a leyes que atentan contra las mujeres como la penalización del aborto en El Salvador, o bien a la promoción de leyes regresivas como el caso de Guatemala. En el 2022, el Presidente Alejandro Giammattei presentó la Ley de Protección a la Vida y la Familia proponiendo que el Estado criminalizara totalmente el aborto y los matrimonios entre personas de la comunidad LGTBIQ+; ley que, finalmente no fue aprobada al ser altamente cuestionada por Naciones Unidas y otras entidades. Giammattei incluso acusó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ante la Organización de Estados Americanos (OEA), por “extorsión” al promover derechos de las mujeres y de la comunidad LGTBIQ+.
Xiomara Castro se comprometió a una agenda de género y a promover los derechos humanos de las mujeres, pero políticamente ha sido difícil lograr sus promesas. En Honduras, la academia y los medios de comunicación han sido parte de esta ola regresiva y represiva a los derechos humanos de las mujeres. La Universidad Tecnológica recientemente ofreció una conferencia titulada “Identidad sexual e ideología de género” con el apoyo de la Universidad Campus Bio Medico de Roma, en la que se catalogó a la educación sexual y al derecho a la identidad de género como cuestiones que no deben ser parte de la agenda política. Ante el anuncio de la Secretaría de Educación en Honduras en febrero de 2023 de que en los centros educativos se impartirán clases sobre igualdad de género varios directores de escuelas privadas reaccionaron en contra. También lo hizo el diputado del Partido Nacional Tomás Zambrano, aduciendo que previo a impartir los cursos, la Secretaría de Educación debía compartir el contenido con las iglesias, afirmando que el gobierno de Xiomara Castro no debía imponer “ideologías importadas”.
En sus redes sociales, el Presidente Nayib Bukele afirmó que no propondría reformas legales pro ideología de género para legalizar el aborto y el matrimonio de personas del mismo sexo. De hecho, El Salvador tiene drásticas sanciones contra el aborto, el cual es penalizado en toda circunstancia, inclusivo cuando existan malformación fetal aumentando con ello la morbilidad y complicaciones de salud. Mujeres pueden ser condenadas por asesinato hasta 50 años de cárcel por perder un bebé en el parto. Desde el 2009, 70 mujeres han sido liberadas de penas por interrupciones voluntarias o no del embarazo; aún quedan seis entre rejas. Por otro lado, varios colectivos LGTBIQ+ han manifestado que con la presidencia de Nayib Bukele se ha retrocedido en los avances para la protección de los derechos de estos grupos.
En Costa Rica, el Presidente Rodrigo Chaves ha expresado varias veces su rechazo a las políticas de igualdad de género como la educación sexual científica, señalando que la “ideología de género colonizó la educación costarricense”.
Pese a la adopción de marcos legales para proteger a las mujeres frente a la violencia, aún persisten serios obstáculos para alcanzar la igualdad. Estos cambios legales fueron un paso importante porque reconocieron que la violencia contra las mujeres es un asunto de carácter público-político y que su forma más extrema son las muertes violentas, creando la figura penal de femicidio/feminicidio es decir: una muerte violenta por razones de género;, delito que no está regulado en los Estados Unidos, por ejemplo. Se reconocieron los diferentes tipos de violencia que sufren las mujeres (como la violencia física, psicológica, sexual y económica) pero no han sido capaces de crear políticas efectivas que tengan un impacto real en la vida de las mujeres.
En febrero de 2023 la Asamblea Legislativa El Salvador aprobó reformas legales para que en los casos de feminicidios no prescriba la acción penal y tampoco para delitos contra la libertad sexual de menores o incapaces.
Mujeres trans sin protección
En Centroamérica únicamente Costa Rica ha promulgado una ley de identidad de género. Hasta el 2019, unos 14 países de la región latinoamericana permitían el cambio de identidad sexual, mientras que 22 habían legalizado el cambio de nombre. Desafortunatemente, las mujeres transgénero en Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua son aún más vulnerables; primero, porque los Estados no reconocen y rechazan esa categoría y no cuentan con marcos regulatorios que las protejan; y segundo, porque también son rechazadas a nivel socio-cultural siendo doblemente discriminadas en su día a día.
A pesar de estos obstáculos, hay importantes cambios en el camino. En mayo de 2022 el gobierno hondureño admitió su responsabilidad ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sobre el asesinato comitido en 2009 contra Vicky Hernández, activista trans y trabajadora sexual en San Pedro Sula. Esta sentencia y las disculpas públicas son significativas porque Honduras es de los países en América Latina más rezagados en materia de derechos LGBTQ+. Obliga al Estado Hondureño a tomar medidas legislativas, y administrativas para lograr el reconocimiento de la identidad de género de las personas trans. Esto supone un cambio en la tendencia general hacia la inercia estatal en lo que respecta a las cuestiones LGBTQ+.
Además, en febrero de 2022, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de El Salvador dispuso que la Constitución prohíbe discriminar por razones de identidad de género y le otorgó a la Asamblea Legislativa un año para elaborar un mecanismo por el cual las personas trans pudieran cambiar su nombre en los documentos de identidad. No obstante, hasta el momento esto no ha sido cumplido.
Las mujeres deben de contar con la protección a su autonomía física y, en caso sea vulnerada, con mecanismos efectivos de acceso a la justicia. No obstante, los marcos legales tanto internacionales como nacionales no son suficientes para prevenir la violencia a la que muchas mujeres se ven sometidas en su día a día. Esto se ve reflejado en las altas tasas de violencia, la falta de acceso a la justicia e impunidad en sus casos.
Feminicidios
Centroamérica no se escapa de la tendencia global hacia el conservadurismo, lo que, junto a la regresión democrática pone en riesgo los derechos humanos especialmente de las mujeres. La Declaración del Consenso de Ginebra, firmada en 2020 por 34 países, como Guatemala, pone la política anti-derechos como prioridad creando una causa común entre los gobiernos que se oponen a la promoción de la igualdad.
El cierre de espacio cívico, la censura a la prensa y la falta de independencia judicial en países como Guatemala, El Salvador y Nicaragua han tenido un serio impacto en la labor de la sociedad civil, especialmente de colectivos de mujeres al haber un clima de temor constante por la persecución política. En Nicaragua feministas han sido perseguidas y trabajan desde el exilio. La criminalización y ataques contra operadoras de justicia en Guatemala también tiene rostro de mujer. Al menos 13 mujeres han sido forzadas al exilio por su lucha anticorrupción, como la ex fiscal anticorrupción Virginia Laparra, hoy prisionera de conciencia según Amnistía Internacional.
Paises como Honduras han mostrado voluntad política para promover una agenda hacia las mujeres, pero sin avances sustantivos porque se sigue abordando la violencia contra las mujeres como un problema legal, es decir como un fenómeno criminal y no como un problema sociocultural y que tiene sus raíces en la cultura patriarcal profundamente enraizada en las comunidades. Su abordaje, por tanto, debe ser integral, incluyendo medidas para (de)construir las masculinidades y lo que significa ser hombre, mejorar el acceso a la educación sexual y reproductiva, generar oportunidades equitativas y la participación política de las mujeres.
Frente al auge de prácticas antidemocráticas, el apoyo político a los grupos de mujeres y colectivos feministas es más necesario que nunca. Grupos como la Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos han sido necesarios para proteger a las defensoras igual que la “ola verde” latinoamericana que incluso ha llegado a los Estados Unidos (país que hasta hace poco lideraba las promoción de libertades individuales) en medio de la posibilidad de mayores restricciones al derecho al aborto y por ende la amenaza para los derechos humanos de las mujeres. Proteger y defender los logros de las mujeres es imperativo para construir una sociedad más democrática y justa en Centroamérica y a nivel global.
