Las poblaciones carcelarias están creciendo en proporciones alarmantes en América Latina y el Caribe, impulsadas por severas y desproporcionadas leyes sobre drogas. De hecho, la tasa de encarcelamiento para delitos relacionados con drogas en las Américas es más alta que en cualquier otro continente.
Hace casi 30 años, los Estados Unidos lanzaron los tribunales de tratamiento de drogas como una supuesta alternativa al encarcelamiento para personas arrestadas por delitos menores relacionados con drogas. En teoría, estos tribunales se proponen brindar tratamiento a quienes lo requieran, reducir el hacinamiento en las prisiones, y limitar los costos humanos y financieros asociados con el encarcelamiento. En la práctica, los tribunales de tratamiento de drogas constituyen una intervención costosa y engorrosa que ha tenido un impacto limitado en la reducción del encarcelamiento e incluso pudiera resultar perjudicial para sus supuestos beneficiarios. En efecto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha planteado inquietudes sobre la aplicación de este modelo, por cuanto corresponde a un enfoque de justicia penal en vez de a una estrategia de salud pública, y respecto a violaciones a los derechos humanos cometidas en algunos centros de tratamiento.
A fin de evaluar el impacto y los retos que comprende la utilización de los tribunales de tratamiento de drogas, el Programa de Drogas, Seguridad y Democracia del Consejo de Investigación en Ciencias Sociales (SSRC, siglas en inglés) publicó recientemente un innovador informe, Tribunales de Tratamiento de Drogas en las Américas, el cual documenta hallazgos clave de la experiencia en los Estados Unidos, y analiza su implementación en América Latina y el Caribe. Coletta A. Youngers, Asesora Principal de WOLA, fue asesora de la investigación.
Aunque el término “tribunal de tratamiento de drogas” pareciera referirse a una entidad homogénea, incluye una variedad de tribunales especializados que derivan a personas acusadas de delitos relacionados con drogas —supuestamente asociados con el consumo de estas sustancias— del encarcelamiento hacia opciones de tratamiento supervisado por los tribunales. El gobierno de los EE.UU. ha promovido el modelo de los tribunales de tratamiento de drogas en otros países, particularmente en América Latina y el Caribe, región donde cada vez más países vienen implementándolos. Adicionalmente, los Estados Unidos se han asociado con la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD) de la OEA y su Programa de Tribunales de Tratamiento de Drogas en las Américas, el cual incluye la capacitación de jueces y fiscales, y el asesoramiento a países sobre cómo establecer los tribunales. Actualmente, los tribunales de tratamiento de drogas han sido adoptados en Chile, México y Costa Rica, mientras que en Argentina, Panamá, República Dominicana y Colombia se encuentran en una fase piloto. En el Caribe, el modelo se encuentra más avanzado en Bermudas, Jamaica y las Islas Caimán, mientras que en Trinidad y Tobago, Barbados y Belice está en una etapa inicial.
Sin embargo, las evaluaciones realizadas a los tribunales de tratamiento de drogas han planteado diversas inquietudes sobre sus consecuencias y efectividad para reducir el encarcelamiento, la reincidencia y los costos. El informe del SSRC analiza investigaciones realizadas sobre los tribunales de tratamiento de drogas en los EE.UU., concluyendo que estos tienen un impacto limitado sobre la reducción del encarcelamiento. Por el contrario, “para muchos participantes en la experiencia, estos tribunales pueden tener el efecto contrario al incrementar la supervisión de la justicia penal sobre sí, y al someter a sentencias más severas de las que habrían recibido de otro modo a quienes no se gradúan, convirtiéndose así en un complemento del encarcelamiento antes que una alternativa a éste.”
Adicionalmente, la evidencia no respalda la afirmación de que los tribunales de tratamiento de drogas constituyen una intervención adecuada de salud pública, dado que los jueces están facultados a tomar decisiones sobre tratamientos que deberían ser determinadas por profesionales de salud. Finalmente, los costos financieros y humanos para los participantes de los tribunales de tratamiento de drogas son elevados y desproporcionadamente onerosos para quienes se encuentran entre los más vulnerables, incluyendo a los pobres y las minorías raciales. Al mismo tiempo, estos tribunales perpetúan sesgos raciales en el sistema de justicia penal, ignorando dicha asimetría en el patrullaje policial y el procesamiento judicial relacionados con las drogas.
El informe del SSRC resalta la ausencia de datos y de mecanismos consistentes para monitorear y evaluar los tribunales de tratamiento de drogas en la mayoría de los países analizados en América Latina y el Caribe. Asimismo, los datos disponibles muestran que en comparación con lo que ocurre en los EE.UU., en América Latina y el Caribe pocos participantes concluyen con éxito el tratamiento prescrito por los tribunales, lo cual plantea serios cuestionamientos sobre su eficiencia en función de costos.
Resulta particularmente preocupante que la exportación del modelo de tribunales de tratamiento de drogas no tome en cuenta la carencia de opciones científicas y médicamente apropiadas de tratamiento en América Latina y el Caribe. A menudo, los sistemas de salud del gobierno son inadecuados para proporcionar servicios sociales y de salud a quienes los requieren. Como resultado, los tribunales tienden a depender de proveedores privados, los cuales cuentan con escasa regulación o supervisión, si acaso alguna. Tal como lo ha enfatizado la CIDH, las violaciones a los derechos humanos en algunos centros de tratamiento en la región incluyen la utilización de técnicas que causan severos daños físicos y mentales, el uso del aislamiento por periodos prolongados, tratamientos abusivos y trabajos forzados sin remuneración económica.
Otra inquietud planteada sobre los tribunales de tratamiento de drogas a lo largo de las Américas consiste en la ausencia de un enfoque de género. Además del informe del SSRC, Equis Justicia para las Mujeres ha publicado un informe titulado, Cortes de Drogas en México: Una crítica a partir de las experiencias de las mujeres, el cual evalúa la implementación de tribunales de tratamiento de drogas en México, basándose en las experiencias de las mujeres.
Tal como lo resalta el informe Tribunales de Tratamiento de Drogas en las Américas del SSRC, en lugar de derivar a personas que consumen drogas hacia el sistema de justicia penal, los gobiernos deberían descriminalizar el consumo y posesión de drogas para consumo personal. Ello reducirá los niveles de encarcelamiento y facilitará el acceso a tratamiento voluntario mediante la eliminación del temor a ser arrestados. Adicionalmente, los gobiernos deben tomar medidas para asegurar que la dependencia a las drogas sea tratada como un tema de salud pública, y no como un asunto de justicia penal. Los escasos recursos estatales se aprovechan mejor asegurando que los programas de tratamiento sean accesibles y basados en evidencias que estén a disposición de quienes los requieren y buscan acceder a dichos programas.
Lea el informe completo del SSRC AQUÍ.
Teresa García Castro es Asociada de Programa de WOLA.
