28 Sep 2015 | Análisis | Noticias

Pronunciamiento del Grupo de trabajo Mujeres, políticas de drogas y encarcelamiento sobre Ecuador

En los últimos 7 años, Ecuador ha emprendido una serie de iniciativas orientadas a racionalizar el uso del derecho penal para sancionar los delitos de drogas. La aprobación de una nueva Constitución en 2008, el indulto a personas presas por micro-tráfico y finalmente la sanción del Código Orgánico Integral Penal fueron algunas de las decisiones que materializaron este nuevo enfoque. Se intentaba implementar una respuesta estatal más humana, y corregir la desproporcionalidad de las penas en los delitos relacionados con drogas, así como sus impactos en el sistema carcelario. La nueva legislación intentaba enfocar los esfuerzos del estado en la persecución del tráfico en escala, evitando la concentración del poder punitivo en los delitos menores y los eslabones más débiles de la cadena del mercado de drogas.

En toda nuestra región estas tendencias han introducido fuertes distorsiones en los sistemas penales, han significado en ocasiones el debilitamiento del debido proceso y han tenido como consecuencia general el aumento de la tasa de encarcelamiento, con especial impacto en el encarcelamiento de mujeres. La criminalización del consumo constituye otro de los principios de las políticas vigentes que —de acuerdo al reciente informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos—  ha actuado como una barrera al acceso al acceso a la salud para las personas que buscan tratamiento.   

Hace ya algunos años, nuestra región ha sido protagonista de vivos debates en busca de nuevas soluciones en relación a las drogas, con el objetivo de corregir los impactos negativos que las políticas actuales han tenido en nuestros pueblos.

En este sentido, la UNASUR emitió este año su Visión Regional del Consejo Suramericano sobre el Problema Mundial de las Drogas de la UNASUR para UNGASS 2016. Allí se alienta a introducir un eje trasversal de derechos humanos en las políticas de drogas, incluyendo los siguientes criterios: 

  • Procurar la aplicación del principio de proporcionalidad de las penas incluso en los delitos relacionados con drogas.
  • De conformidad con la legislación de cada Estado, el Derecho Internacional, el Derecho Internacional de Derechos Humanos adoptar medidas y/o penas alternativas a la privación de libertad para los delitos menores relacionados condrogas; de acuerdo con las Convenciones de Naciones Unidas sobre Drogas, evitando así la impunidad.
  • El consumo de drogas no debería ser criminalizado debido a que limita la posibilidad de que los usuarios de drogas puedan recurrir a la oferta de tratamiento existente como también el acceso al trabajo, educación, entre otros derechos.

En este sentido, las políticas que Ecuador inició constituyeron un caso ejemplar de legislación respetuosa de estos principios y por ese motivo fue destacado por organismos multilaterales, como el caso del informe de la OEA sobre Alternativas al encarcelamiento, o la positiva recepción de estas políticas en ocasión del 13 Congreso Mundial sobre Justicia Penal y Prevención del Delito de Naciones Unidas celebrado en Doha este año.

Las recientes modificaciones introducidas en la legislación conllevan el riesgo de socavar estos principios, al re-establecer el endurecimiento de la respuesta penal del estado en delitos menores de drogas y criminalización del consumo. Al mismo tiempo, estas reformas coartan la posibilidad de evaluar empíricamente el resultado de las nuevas políticas, antes de que se manifiesten sus resultados.

Consideramos que defender las reformas iniciales en Ecuador se constituye en una defensa regional como un modelo de cómo promover mejores leyes de drogas desde una perspectiva mas humana. Alentamos al Ecuador a conservar el espíritu de respeto por los derechos humanos en las políticas de drogas que han destacado a su país como un valiente innovador en este campo.   

El Grupo de Trabajo sobre Mujeres, políticas de drogas y encarcelamiento es conformado por oficiales gubernamentales, abogados/as e investigadores/as sobre temas de mujeres y políticas de drogas.

Foto de cárcel ecuatoriana. El Diario.