Por Adriana Beltrán, Coordinadora Principal y Ashley Davis, Asistente de Programas
En febrero del 2012, Honduras ocupó la primera plana de los medios de comunicación alrededor del mundo al incendiarse uno de los centros penitenciarios del país que provocó la muerte de más de 300 reclusos tras permanecer atrapados en sus celdas. Las investigaciones luego confirmaron el severo problema de hacinamiento, pobres condiciones de sanidad e inadecuado estado de la infraestructura del centro penal, como también la falta de preparación del personal penitenciario para responder a la emergencia. Igual de preocupante fue que más de la mitad de los reclusos se encontraban en detención preventiva; habían sido encarcelados y esperaban ser puestos a disposición de un juez. Esta situación no es particular de Honduras sino más bien reflejo de los problemas que se replican en la mayoría de los centros penales de Latinoamérica[1].
La población carcelaria a largo de la región ha estado creciendo incesantemente en las últimas décadas. El endurecimiento de las leyes antidrogas y antipandillas ha provocado un crecimiento masivo de la población carcelaria, lo cual ha generado un hacinamiento severo en sistemas penitenciarios inadecuadamente financiados y a menudo abandonados. En algunos casos, como por ejemplo en El Salvador, hay una sobrepoblación carcelaria de más del 320 por ciento. La mayoría de los reclusos todavía no ha sido procesada y muchos esperan años a ser llevados frente a un juez. En algunos países las pandillas o maras continúan operando y reclutando nuevos miembros desde la prisión, y sus líderes extorsionando o planificando asesinatos tras las rejas.
A su vez, pocos programas existen para ayudar a ex-privados de libertad reintegrarse nuevamente a la sociedad luego de salir de prisión. En la mayoría de países de la región escasos recursos son asignados para brindarle al privado los servicios de educación, capacitación y asistencia que le ayuden a obtener empleo y cierto grado de estabilidad emocional y financiera.
Lastimosamente, los numerosos problemas que afligen a gran parte de los sistemas penitenciaros latinoamericanos han recibo poca atención de parte de los gobiernos y la comunidad donante. A pesar de ser uno de los principales eslabones del sistema de justicia criminal y componente clave en la reducción del crimen y reincidencia criminal, la reforma del sistema penitenciario y la reinserción no son temas de alta prioridad de los gobiernos o de gran apoyo popular.
No obstante, existen algunos esfuerzos promisorios en la región. En junio del 2014 el Programa de Seguridad Ciudadana de WOLA invitó a una delegación de expertos y expertas a visitar el sistema penitenciario costarricense. La delegación incluyó a representantes de Chile, México, El Salvador, Honduras, Costa Rica y los Estados Unidos. Además de visitar la cárcel de mujeres en San José, la delegación tuvo la oportunidad de reunirse con la Ministra de Justicia y Paz y su antecesora, el director en funciones y personal del sistema penitenciario, el director del Programa de Reinserción Social del Ministerio de Justicia, un juez de ejecución de la pena, el director del Mecanismo Nacional de Prevención contra la Tortura en Costa Rica, el jefe del Instituto Latinoamericano de las Naciones Unidas para la Prevención del Delito (ILANUD) y organizaciones de la sociedad civil.
Costa Rica como estudio de caso: La reforma desde adentro
Los niveles de criminalidad de Costa Rica son bajos en comparación con otros países de la región. En el 2009, el país tenía la tasa más baja de homicidios de Centroamérica (11.6 por 100,000 habitantes). Durante las últimas décadas su sistema carcelario ha tenido tasas menores de hacinamiento y su personal ha impulsado, por lo general, una visión más orientada a la reinserción que en otros países de la región.
Hasta hace poco, no obstante, los niveles de criminalidad habían estado creciendo constantemente. Preocupación ciudadana por la inseguridad provocó un fuerte empuje por la adopción de políticas más severas, incluyendo reformas legislativas para incrementar la pena máxima de 25 a 50 años y la creación de tribunales de flagrancia en el 2008. Nuevas leyes antidrogas también fueron aprobadas las cuales equipararon cualquier conducta relacionada a la producción y comercialización de drogas ilícitas al estatus de delito grave independientemente de la naturaleza del delito cometido. Estas leyes afectaron de manera desproporcionada a mujeres y jóvenes de áreas marginadas y su resultado fue un incremento dramático de la población carcelaria y hacinamiento. Del 2006 al 2012, hubo un incremento de más del 50 por ciento de la población privada de libertad. Para inicios del 2013, el país tenía la tercera tasa de encarcelamiento más alta de Centroamérica, después de El Salvador y Panamá.
En el 2013, el gobierno de Costa Rica comenzó a implementar una serie de modestas reformas a su sistema penitenciario e iniciativas de reinserción tras reconocer que las pobres condiciones carcelarias estaban aumentando la probabilidad de la reincidencia criminal. Estas medidas incluyeron la creación de una entidad de supervisión externa para proteger los derechos de los privados de libertad, mejoras en la capacitación del personal y policía del sistema penitenciario y, con apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), planes para expandir los programas de reinserción de los centros penales del país en coordinación con el sector privado. A su vez, impulsaron una enmienda a la Ley sobre Estupefacientes para disminuir la condena de mujeres en situaciones de vulnerabilidad.
Uno de los aspectos más interesantes del proceso de reforma en Costa Rica es que este ha sido liderado, en gran medida, por reformistas a lo interno del sistema penitenciario y Ministerio de Justicia y Paz. Funcionarios de los niveles medio y alto han jugado un importante papel en resistir las presiones de gestores de políticas a favor del endurecimiento de penas, lo cual resultaría en un incremento de la población privada de libertad. Al mismo tiempo, han hecho uso del apoyo de la comunidad internacional para defender y expandir las iniciativas de reinserción del sistema. Si bien cada país tiene su propia coyuntura y Costa Rica goza de ciertas ventajas que otros países pueden carecer, sus recientes esfuerzos por avanzar la reforma del sistema penitenciario y fortalecimiento de los programas de reinserción son un ejemplo alentador de que avances en este tema políticamente sensible son posibles.
La delegación es parte de un proyecto financiado por el Banco Andino de Desarrollo (CAF) que busca examinar cómo se logran reformas del sistema de justicia criminal, y cómo reformistas dentro y fuera del sistema lidian con las presiones del corto plazo para lograr cambios institucionales que incrementen la seguridad ciudadana y respeten los derechos humanos. WOLA estará publicando próximamente las observaciones y conclusiones del proyecto.
[1]Para mayor información ver el informe de WOLA y el Instituto Transnacional, Sistemas sobrecargados, y el estudio de Gurises Unidos y Church World Service, Invisibles: ¿hasta cuándo?
