MONITOR CENTROAMERICANO:

EVALUANDO EL NIVEL DE AVANCE

La región del triángulo norte de Centroamérica está enfrentando altos índices de violencia, corrupción e impunidad.

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Evaluando el nivel de avance en Centroamérica

A medida que Guatemala, El Salvador y Honduras luchan con altos niveles de violencia e inseguridad, corrupción sistémica e impunidad generalizada, es fundamental que encontremos formas de evaluar cómo las políticas y estrategias implementadas en la región están contribuyendo al fortalecimiento del Estado de derecho, mejorando la transparencia y la rendición de cuentas, y reduciendo la violencia y la inseguridad. Utilizando una serie de indicadores cuantitativos y cualitativos, el Monitor Centroamericano tiene como objetivo medir el nivel de avance o retroceso e identificar tendencias a lo largo del tiempo en ocho áreas clave directamente relevantes para el Estado de derecho y la seguridad, proporcionando así información crítica que puede informar las políticas e inversiones estratégicas en la región.
El Monitor es una iniciativa subregional desarrollada por la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), la Fundación Myrna Mack de Guatemala, el Instituto Universitario de Opinión Pública (Iudop) de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA) de El Salvador y el Instituto Universitario en Democracia, Paz y Seguridad (IUDPAS) de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH).
Combate a la violencia y al crimen organizado
Áreas de progreso
1.

Normativa nacional conforme a estándares internacionales

El Salvador ha adoptado una amplia normativa penal especializada para el combate de la violencia y el crimen organizado. Entre 2014 y 2017, fueron decretadas dos nuevas legislaciones especiales. La Ley Especial contra la Trata de Personas entró en vigencia en 2016 y estableció una estructura institucional de proteccion, delimitó las funciones de las instituciones de seguridad y justicia en esta materia y determinó asignaciones presupuestarias para estas.

La Ley Especial contra el Delito de Extorsión, aprobada en 2015, contempla especificaciones para el tipo penal y las reglas procesales adicionales e incluye una amplia regulación sobre la interferencia de telecomunicaciones para la persecución, investigación y judicialización de este delito.

Sin embargo, a pesar de la amplia normativa, se observó que la producción legislativa no obedece a un análisis integral de las distintas expresiones de violencia que impactan a la ciudadanía. Más bien, parecen ser el resultado de esfuerzos legislativos aislados para brindar una respuesta rápida a la criminalidad.
Combate a la violencia y al crimen organizado
Áreas de progreso
2.

Capacidades de investigación y persecución de redes criminales y crimen organizado

El Salvador cuenta con una estructura institucional para realizar las labores de persecución, investigación y juzgamiento de los hechos delictivos vinculados con la violencia como con el crimen organizado. Esta incluye 12 unidades especializadas de la Policía Nacional Civil (PNC) y seis unidades especializadas en la Fiscalía General de la República (FGR), la mayoría de estas últimas están relacionadas con delitos definidos en leyes especiales. El Órgano Judicial también cuenta con jurisdicciones especializadas. Una de lo penal, creada en 2007, que conoce delitos de crimen organizado y realización compleja, y una segunda jurisdicción especializada de extinción de dominio creada en 2014. Esta última estaba pendiente de cumplirse a cabalidad al concluir el periodo de estudio.  En 2016, se aprobó la creación de una jurisdicción especializada para atender delitos de violencia y discriminación contra las mujeres. Estos tribunales entraron en funcionamiento a finales de 2017.

De las tres entidades analizadas, la FGR reporta la mayor cantidad de personal cualificado, ha pasado de 69 fiscales en 2014 a 75 en el 2017.



Las jurisdicciones especializadas son un esfuerzo por orientar capacidades y recursos para agilizar procesos penales que son de especial interés. Sin embargo, se detectaron obstáculos vinculados a la falta de independencia, un trabajo fiscal endeble y tribunales sin capacidad de exigir la ampliación de las líneas de investigación que conlleven a un efectivo procesamiento de casos.
Combate a la violencia y al crimen organizado
Áreas de progreso
3.

Eficacia de las investigaciones de redes criminales y crimen organizado

La siguiente tabla destaca las tipificaciones de delitos de crimen organizado, entre las cuales las relativas a las amenazas que registraron la más alta cifra de casos iniciados (61,810 casos), seguidas de las relativas a homicidios (31,519 casos), delitos relativos a las drogas (20,032) y secuestro y privación de la libertad (14,015 casos). Cabe destacar el elevado número de casos iniciados que pasaron a ser archivados de forma provisional o definitiva, el cual corresponde a 9 de cada 10 casos por amenazas, y casi a 9 de cada 10 casos iniciados por secuestro y privación de la libertad. Asimismo, fueron archivados 8 de cada 10 casos por homicidio y tres cuartas partes de los casos relativos a las drogas. Los casos de extorsión y drogas fueron los que registraron un mayor porcentaje de casos judicializados que concluyeron en sentencia condenatoria. En el caso de extorsión, el 66.6 por ciento de los casos judicializados concluyeron en condena.



Persisten las dificultades de producción estadística en el Órgano Judicial sobre las sentencias emitidas según el tipo de delito debido a la suspensión del procesamiento de información en las sedes judiciales.
GLOSARIO

La Oficina de Washington para América Latina (WOLA), la Fundación Myrna Mack (FMM) de Guatemala, el Instituto Universitario de Opinión Pública (Iudop) de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA) de El Salvador, el Instituto Universitario de Democracia, Paz y Seguridad (IUDPAS) de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) han desarrollado una serie de indicadores para examinar el nivel de avance o retroceso en Guatemala, El Salvador y Honduras en ocho áreas clave. Esta evaluación permitirá una aproximación del nivel de compromiso de los gobiernos centroamericanos y la eficacia de la cooperación internacional. Los indicadores incluyen una combinación de datos cuantitativos y análisis cualitativos para obtener una comprensión más profunda de los cambios que tienen lugar en cada país. Las fuentes de datos incluyen documentos y estadísticas oficiales, encuestas, entrevistas y revisiones de leyes y reglamentos existentes, los cuales se recopilarán sistemáticamente.

WOLA, la Fundación Myrna Mack, Iudop e IUDPAS desarrollaron estos indicadores en un proceso de meses que incluyó la revisión de estándares internacionales, consultas con expertos y el consenso entre todos los socios sobre los temas clave a tratar.

Nuestro objetivo es proporcionar un instrumento que pueda ayudar a identificar tendencias, avances, patrones y diferencias a lo interno de los tres países y entre los países de la región del triángulo norte de una manera que sea útil para
gestores de política, donantes, académicos, y el público en general.

1
Fortalecimiento de la capacidad e independencia de los sistemas de justicia

Capacidad de los sistemas de justicia: número de funcionarios en materia penal, cobertura geográfica, carga laboral, eficacia y confianza pública.

Independencia interna: existencia e implementación de un proceso de selección público, basado en el mérito, libre de influencia externa, un sistema de evaluación basado en resultados y un sistema disciplinario efectivo.

Independencia externa: Tamaño del presupuesto asignado al sector justicia e implementación de medidas de protección para operadores de justicia

2
Cooperación con comisiones contra la impunidad

Voluntad política y nivel de colaboración: Compromiso del Estado de colaborar y permitir el trabajo de la CICIG en Guatemala, la MACCIH en Honduras, y la CICIES en El Salvador expresado en el avance en casos emblemáticos, la aprobación de reformas legislativas y el apoyo institucional de y a las contrapartes nacionales que trabajan con estas comisiones.

3
Combate a la corrupción

Alcance y aplicación de legislación para combatir la corrupción: Tipificación de nuevos delitos en el código penal y la reforma de leyes que previenen la corrupción conforme a estándares internacionales.

Avances en la investigación penal: Número de casos de corrupción archivados, procesados, y resueltos, y el avance de casos emblemáticos.

Funcionamiento de organismos de control externos: Existencia y capacidad de organismos o agencias de control externos para el combate a la corrupción.

Percepción pública: Percepción de los niveles de corrupción en el país conforme los índices de Transparencia Internacional.

4
Reducción de la violencia y combate al crimen organizado

Fortalecimiento de capacidades: Existencia y funcionamiento de unidades especializadas contra el crimen organizado y crímenes violentos, la aplicación de métodos investigativos científicos y técnicos, y el funcionamiento de jueces y/o tribunales especializados y dedicados a la persecución del crimen organizado.

Avances en la investigación penal: Número de casos de crimen organizado y crímenes violentos archivados, procesados, y resueltos, y el avance de casos emblemáticos.

Reducción de criminalidad: Sentencias de homicidios, extorsiones y casos de redes criminales, y la reducción de crímenes violentos.

5
Fortalecimiento de cuerpos policiales civiles

Funcionamiento de carrera policial: Existencia y efectividad de mecanismos de ingreso y ascenso, procesos de formación y de sistemas disciplinarios, así como la estructura organizativa de la institución policial.

Asignación y uso de recursos presupuestarios: Asignación y ejecución efectiva presupuestaria y el porcentaje de recursos destinados al bienestar de los miembros de la policía civil.

Relaciones con la comunidad: La confianza de la ciudadanía en los cuerpos policiales, las relaciones con las comunidades, y con autoridades indígenas.

6
Limitación del papel de las fuerzas armadas en la seguridad pública

Desarrollo e implementación de un plan concreto: Diseño e implementación de un plan de acceso público y verificable con metas, cronogramas, actividades e indicadores claramente establecidos; derogación de normas jurídicas que autorizan participación de las fuerzas armadas en seguridad pública; y acceso a información sobre planilla y recursos asignados.

Actuación de fuerzas militares: Denuncias, acusaciones y sentencias de violaciones de derechos humanos perpetradas por miembros de las fuerzas armadas y nivel de confianza pública en las fuerzas armadas.

7
Protección de los derechos humanos

Investigación y sanción de violaciones a los derechos humanos: Existencia y funcionamiento de unidades de investigación especializadas; número de denuncias, acusaciones y sentencias; manejo de casos emblemáticos; y grado de colaboración de fuerzas de seguridad en las investigaciones.

Mecanismos de protección: Estructura y funcionamiento de mecanismos de protección para defensores(as) víctimas de ataques o violaciones de derechos humanos.

Discurso del odio: Análisis sobre ataques o campañas mediáticas de acoso o difamación dirigidas a defensores de derechos humanos.

8
Mejoramiento de transparencia

Transparencia del presupuesto y calidad del gasto público: Acceso a información pública sobre asignación presupuestaria y uso de fondos públicos para las carteras de seguridad, justicia y defensa.

Alcance y aplicación de ‘Ley de Acceso a Información Pública’: Tipo de información catalogada de acceso restringido o bajo reserva, gratuidad, periodo de reserva, disponibilidad y calidad de estadísticas en materia de seguridad y justicia, y solicitudes brindadas y denegadas.

Cumplimiento y divulgación de declaraciones patrimoniales de funcionarios públicos: Nivel de cumplimiento con normas sobre la declaración patrimonial de funcionarios públicos y el grado en que dichas declaraciones son públicamente accesibles.

METODOLOGÍA

El Monitor Centroamericano se basa en la premisa de que se necesitan datos e información precisos, objetivos y accesibles para el desarrollo de políticas e inciativas que puedan contribuir a la reducción de los altos niveles de violencia e inseguridad y el fortalecimiento del Estado de derecho y la gobernabilidad en un país democrático. Esto permitirá que los esfuerzos vayan más allá de las discusiones abstractas de reforma hacia medidas específicas de cambio.

El Monitor se basa en una serie de más de 100 indicadores cuantitativos y cualitativos que permiten un análisis de los éxitos o retrocesos en ocho áreas clave en Guatemala, El Salvador y Honduras. Más que una lista exhaustiva, los indicadores buscan identificar una forma de examinar y evaluar el nivel de avance de los tres países en el fortalecimiento del Estado de derecho, la construcción de instituciones democráticas, y la reducción de la violencia e inseguridad. Los indicadores buscan identificar los principales desafíos en cada una de las áreas seleccionadas y examinar cómo las instituciones están siendo fortalecidas (o no) con el tiempo. El Monitor utiliza información de diferentes fuentes, incluyendo documentos y estadísticas oficiales, encuestas, entrevistas, información de casos emblemáticos y análisis de leyes y regulaciones existentes.

Los indicadores se desarrollaron durante varios meses en un proceso que incluyó una revisión exhaustiva de estándares internacionales y consultas con expertos. Las ocho áreas analizadas por el Monitor incluyen:

  • 1. Fortalecimiento de la capacidad e independencia de los sistemas de justicia
  • 2. Cooperación con comisiones contra la impunidad
  • 3. Combate a la corrupción
  • 4. Reducción de la violencia y combate al crimen organizado
  • 5. Fortalecimiento de cuerpos policiales civiles
  • 6. Limitación del papel de las fuerzas armadas en la seguridad pública
  • 7. Protección de los derechos humanos
  • 8. Mejoramiento de transparencia