El Salvador no ha celebrado elecciones presidenciales y legislativas simultáneamente desde 2009. Ahora en un contexto de graves violaciones a derechos humanos y un profundo deterioro del estado de derecho, el 4 de febrero de 2024 la ciudadanía salvadoreña elegirá presidente, vicepresidente y diputados/as de la Asamblea Legislativa, y el 3 de marzo a alcaldes y diputados al Parlamento Centroamericano. A pocos meses de las elecciones, varios cambios y reformas que afectan al proceso electoral han entrado en vigor a pocos meses de las elecciones, pero el deterioro democrático viene de años anteriores.
Aquí detallamos una serie de medidas clave tomadas por el presidente Bukele que de manera rápida deterioraron el respeto al estado de derecho y los valores democráticos en el país, desde que asumió la presidencia en 2019.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos —entre otros organismos— ha establecido una serie de lineamientos que definen la integridad electoral y son la base de elecciones libres, justas y transparentes. Se ha señalado que para que unas elecciones sean íntegras se requieren garantías judiciales, mayor transparencia, una administración electoral independiente, seguridad y publicidad del conteo de votos, equidad de recursos para competir, y claridad de las normas jurídicas electorales.
El Salvador ha incumplido esos estándares mínimos para el ejercicio de los derechos políticos como se ejemplifica a continuación:
- Reelección inconstitucional: Bukele se postuló a la reelección presidencial pese a que la Constitución lo prohíbe en al menos 6 artículos. El Secretario General de la OEA solicitó una opinión consultiva de acuerdo a la Comisión de Venecia sobre la reeleción, la cual concluyó que esta no es un derecho humano y que, “la decisión de alterar o eliminar los límites a la reelección presidencial debe sujetarse a un escrutinio y debate públicos minuciosos y debe respetar plenamente los procedimientos constitucionales y legales relevantes”. La reelección se basa en una resolución de la Sala de lo Constitucional y debido a que Bukele goza de mucha popularidad debido a sus políticas de seguridad represivas (90 por ciento de aprobación), no hubo mayor reacción de la población.
- Ausencia de controles y contrapresos en los poderes del Estado: existe una alta concentración del poder en manos del actual presidente Nayib Bukele y su partido Nuevas Ideas que mantiene el control de la Asamblea Legislativa con 55 de 84 puestos. Asimismo, una serie de acciones evidencian que han habido amenazas e interferencias constantes al Poder Judicial por parte del presidente Bukele, que limitan las garantías de independencia.
- Reformas electorales que benefician a Bukele y su partido: con solo ocho meses antes de la elección, la Asamblea Legislativa aprobó una reforma que introduce un nuevo método de conteo de votos. La fórmula D’Hondt es un sistema de asignación de escaños de manera proporcional, que, para muchos analistas, implica favorecer a los partidos mayoritarios. Esto podría incluso atentar contra el régimen plural de partidos políticos garantizado en la Carta Democrática Interamericana debido a que existe un riesgo alto de que Nuevas Ideas —el partido de Bukele— se convierta en el único partido gobernante en la Asamblea, dejando fuera a la oposición política necesaria en cualquier democracia representativa. Muchos de los 13 partidos en contienda pueden desaparecer luego de la elección al no llegar a 50.000 votos o lograr un puesto en la Asamblea.
- Debilidad institucional electoral y falta de claridad sobre el voto en el exterior: han habido señalamientos públicos de la falta de credibilidad e independencia de los magistrados/as del Tribunal Supremo Electoral (TSE) así como limitadas capacidades técnicas para la la supervisión del financiamiento de campaña, control de medios de comunicación y, principalmente, para regular el voto en el exterior. Las y los salvadoreños en el exterior podrán emitir su voto en dos modalidades: a) remoto por internet, b) presencial en los consulados (electrónico), pero no hay certeza si se consideró la viabilidad de almacenar imágenes de autenticación facial de los votantes en línea para auditorías posteriores a los resultados.
- Falta de transparencia y acceso a la información pública: se ha registrado un retroceso severo en acceso a la información pública sobre el proceso electoral. Tres comisionados del Instituto de Acceso a la Información Pública fueron sancionados por el gobierno de los Estados Unidos por “afectar procesos democráticos y bloquear información”. Observadores también han denunciado la falta de transparencia, especialmente sobre los riesgos de uso ilegal de fondos públicos para campaña, financiamiento electoral ilícito y corrupción.
En este contexto, es indispensable que la comunidad internacional una esfuerzos para la defensa del orden democrático en El Salvador y haga un llamado para:
- Fortalecer el espacio cívico, la libertad de prensa y expresión. Debido a las constantes amenazas a la integridad electoral se hace necesario incentivar el rol garante de la sociedad civil como oxígeno de la democracia.
- Proteger la labor de la observación electoral tanto nacional como internacional. Grupos como “Observa El Salvador”, integrado por un consorcio de 6 instituciones académicas y sociedad civil, monitorearán y evaluarán el proceso.
- Restablecer las garantías constitucionales y poner fin al régimen de excepción que no solo ha afectado gravemente los derechos humanos sino generado falta de certeza jurídica.
- Que las misiones de observación electoral internacionales tanto de la Organización de Estados Americanos y de la Unión Europea emitan recomendaciones sustanciales para, por ejemplo, prevenir la reelección indefinida que atenta contra la alternancia del poder, pilar esencial de la democracia representativa. Y documenten irregularidades o prácticas que ponen en riesgo los derechos civiles.
