(Foto AP/Fernando Vergara)
(Foto AP/Fernando Vergara)
En medio de la rápida propagación de la pandemia COVID-19 en Latinoamérica, salvar vidas y reducir la transmisión comunitaria debería ser la prioridad más importante de los gobiernos, las organizaciones internacionales, la comunidad empresarial y los grupos de la sociedad civil. Para afrontar el virus, será necesario intervenciones decisivas en la salud pública, basadas en las mejores recomendaciones disponibles de los expertos de salud.
Al mismo tiempo, la pandemia está generando graves consecuencias para la democracia, la igualdad y los derechos humanos en Latinoamérica. Las medidas que los gobiernos toman hoy para responder al COVID-19 tendrán un impacto a largo plazo.
A lo largo de los años, WOLA ha trabajado con miembros de la sociedad civil después de desastres, tanto naturales como producidos por los seres humanos. Aunque esta pandemia no tiene precedentes, las lecciones que hemos extraído de estas experiencias son claras: no podemos esperar a que la pandemia pase para investigar los desafíos de los derechos humanos, plantear preguntas y hacer que los gobiernos rindan cuentas.
Algunas intervenciones de salud pública incluirán infracciones de derechos fundamentales, como restricciones a la libertad de circulación y de reunión. Tales restricciones deberían tener una base legal y ser temporalmente limitadas. Otras intervenciones requerirán una inversión significativa en atención a la salud, redes de seguridad social, y apoyo y acción de la comunidad. Estas deben ser transparentes, equitativas y sujetas a la rendición de cuentas frente al público.
Mientras actúan decisivamente y con prontitud, los gobiernos de las Américas necesitan proteger valores fundamentales como la democracia y los derechos humanos. La defensa de estos valores es esencial para establecer la confianza pública y la cooperación social. Solo así se puede combatir esta emergencia de salud pública más eficazmente y seguir avanzando al futuro. En caso contrario, la lucha contra COVID-19 no sólo conducirá a respuestas de salud pública ineficaces, sino que podría alimentar aún más las tendencias antidemocráticas y autoritarias en la región.
Algunos desafíos que WOLA estará monitoreando en las Américas incluyen:
Muchos gobiernos han tomado medidas adecuadas para invocar poderes de emergencia. Pero en varios casos, la aplicación de estos poderes ha sido motivo de preocupación.
En El Salvador, más de 1.200 personas han sido detenidas en “centros de contención” por violar órdenes de toque de queda, provocando debate entre expertos sobre la legalidad de tales medidas (el 8 de abril, la Corte Suprema del país dictaminó que las violaciones del toque de queda no justifican detenciones arbitrarias por parte de la policía y el ejército, pero presidente Nayib Bukele ha afirmado que no cumplirá con la decisión del máximo tribunal). En Honduras, el presidente emitió un decreto que temporalmente restringe los derechos a la libertad de expresión garantizados en la constitución, afirmando que esto era necesario para combatir la propagación de la desinformación relacionada con la pandemia (el decreto recibió fuertes críticas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y las Naciones Unidas). En Bolivia, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH pidió al gobierno interino de Jeanine Añez a retirar un decreto que establece penas de prisión por “desinformar” e “incitar a los crímenes contra la salud”, con base en cargos imprecisos y demasiados amplios. En Venezuela, el gobierno de facto de Nicolás Maduro ha tratado de silenciar sus críticas, hostigando y deteniendo a periodistas que cuestionan las estadísticas oficiales relacionadas con la pandemia.
Los poderes de emergencia deben ser claramente limitados; el papel de las legislaturas y los órganos judiciales en supervisar el ejercicio del poder ejecutivo no se debe suspender indefinidamente. Estos poderes y roles son fáciles de subir rangos y por ende difíciles de volver a bajar. Ha sido una lucha difícil para los gobiernos y las sociedades del hemisferio superar el legado de las dictaduras militares de la Guerra Fría; hay que evitar retrocesos en este frente.
En algunos países, los ejércitos necesariamente desempeñarán un papel importante en responder a las emergencias de salud, dados sus recursos, capacidades logísticas, e instalaciones médicas.
En El Salvador, el ejército ha apoyado a la policía en la aplicación de las órdenes de toque de queda y el acordonamiento de ciertas áreas. En Honduras, la policía militar fue desplegada para enfrentar a manifestantes que exigían alimentos, debido a que la cuarentena dejó a familias de bajos ingresos sin acceso a bienes básicos. En Bolivia, el ejército está desempeñando un papel destacado en patrullar calles, construir infraestructura y implementar los cierres fronterizos. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, emitió una orden ejecutiva para desplegar tantos soldados y guardias nacionales como fuera necesario para apoyar la respuesta del gobierno al pandemia (esto incluyó poner a los militares a cargo de algunos hospitales y servicios de salud, con López Obrador prometiendo que el ejército “curará al pueblo”). En Argentina, las fuerzas armadas fueron intervenidas para desempeñar un papel importante en el apoyo al esfuerzo de respuesta al COVID-19, con el Ministerio de Defensa afirmando, “No hay agencia del Estado que tenga la capacidad de logística que tienen las [fuerzas armadas] y sobre todo el Ejército Argentino”.
En una región que todavía lucha por superar una historia de dictaduras militares, cualquier despliegue militar en la crisis actual debe tener una fecha de finalización clara, para que la presencia de los soldados en las calles no se normalice. Sea cual sea el papel de apoyo que puedan desempeñar las fuerzas armadas para responder a la pandemia, los militares deben permanecer bajo un control civil firme.
Esto es increíblemente importante dado que, antes de la pandemia, había signos preocupantes que las fuerzas armadas de algunos países estaban cada vez más involucrados en temas de seguridad pública y control fronterizo. En otros lugares, los militares estaban desempeñando papeles cada vez más importantes en la seguridad pública, la migración, medidas antidisturbios y otras políticas gubernamentales.
Esto es una tendencia peligrosa. Socava un principio fundamental de la democracia: que los militares deben estar subordinados a la autoridad civil. Involucrar las fuerzas armadas en las respuestas de salud pública no deben causar un retroceso en el progreso democrático que se ha visto en la región en las últimas décadas.
Muchos gobiernos tendrán que rápidamente invertir grandes cantidades de fondos en sistemas de salud, la seguridad social y otros servicios críticos. Estas inversiones no deben ser una excusa para los tratos corruptos, el mal uso de fondos o los retrocesos en la lucha contra la corrupción. El gobierno de Honduras, por ejemplo, ha recibido críticas por la aprobación acelerada de un proyecto de ley que amplía la capacidad hospitalaria, sin consultar con expertos de salud y sin incluir garantías sobre cómo se gastarán unos US$420 millones. En Guatemala, el Ministerio Público recibió informes de que las autoridades municipales están distribuyendo indebidamente paquetes de asistencia alimentaria.
En los últimos años, han habido múltiples ejemplos de corrupción y desvío de fondos en los sectores de salud y seguridad social en las Américas, que han perjudicado la prestación de servicios vitales. Un ejemplo destacado es Honduras, donde el desvío de fondos y la corrupción en el sector de salud ha llevado a miles de muertes.
En toda la región, existe una clara necesidad para generar fuertes mecanismos de anticorrupción y políticas de rendición de cuentas. La corrupción no solo debilita las respuestas al COVID-19, corroe el Estado de derecho y socava la confianza pública en las autoridades.
La lucha contra la corrupción es una parte clave para restaurar (o establecer) las democracias efectivas. A través de Latinoamérica en los últimos años, hemos visto esfuerzos de anticorrupción importantes desde Perú hasta México; en reacción, hemos visto actores corruptos luchar para preservar sus privilegios e impunidad en países como Guatemala y Honduras.
Tanto para proporcionar una orientación efectiva al público como para garantizar la rendición de cuentas, los gobiernos deben proporcionar información clara, coherente y precisa basada en el mejor conocimiento cientifico disponible sobre el virus y su propagación.
Las autoridades también deben ser transparentes sobre cómo se gastan los fondos públicos para abordar la crisis. Adicionalmente, una vez que los estados imponen restricciones a la libertad de movimiento y reunión, los líderes deben tener claro qué criterios están utilizando para justificar la implementación y el levantamiento de dichas restricciones. Como se destacó en una resolución reciente de la CIDH, los gobiernos también deben abstenerse de restringir el trabajo de periodistas, defensoras y defensores de los derechos humanos, para proporcionar información y documentar los abusos que pueden ocurrir durante las respuestas públicas al COVID-19.
La difusión de la desinformación relacionada con la pandemia es una tema particularmente preocupante. A diferencia de otros presidentes de la región, los presidentes de Brasil y Nicaragua han tratado de minimizar la crisis e incluso alentar la interacción social, mientras que el presidente de México fue lento en promover el distanciamiento social. La situación en Brasil es particularmente preocupante: el presidente Jair Bolsonaro generalmente ha ignorado las recomendaciones de los expertos de salud, y ha desafiado las medidas de contención adoptadas por los gobernadores en varios partes del país (mientras tanto, los casos diagnosticados de COVID-19 siguen aumentando a un ritmo alarmante en Brasil).
Tales acciones no solamente contradicen los consejos de los expertos de salud, también envían mensajes mixtos y perjudiciales al población general sobre cómo deben actuar. Todo esto podría empeorar y prolongar la gravedad de la pandemia.
Los órdenes de cuarentena y los toques de queda son medidas agresivas pero efectivas para frenar la propagación del virus. Sin embargo, estas respuestas tendrán graves consecuencias para las economías de los países y de la región en general.
Las medidas restrictivas afectan desproporcionadamente a los trabajadores de bajos ingresos, y aquellos y aquellas en los sectores informales de la economía, que representa más del 50 por ciento del empleo en Latinoamérica. Muchas de estas medidas afectarán especialmente a las mujeres, quienes representan una gran parte del sector informal en la región.
Los gobiernos tendrán que implementar suplementos económicos, seguridad alimentaria y otras medidas de seguridad social para proteger a esta población. Estas medidas deben tener en cuenta las disparidades de género y los riesgos particulares que enfrentan las mujeres: ya existen informes de toda la región sobre aumentos en la violencia doméstica y de género.
Sin un mayor apoyo, la pobreza y la desigualdad aumentarán, junto con el descontento político y la inestabilidad. Colombia, Honduras y Bolivia todos han registrado protestas en las últimas semanas: “el gobierno nos encierra, el hambre nos va a matar”, decía una pancarta de protesta en Bolivia, informó El País. En Colombia, donde alrededor del 40 por ciento de la fuerza laboral consiste de trabajadores informales, comunidades en torno del país están colgando banderas rojas fuera de sus hogares para indicar que están sufriendo de hambre.
Los gobiernos deberían priorizar las protecciones para las poblaciones históricamente desatendidas; los que tradicionalmente han faltado acceso a los servicios de salud y que enfrentan condiciones higiénicas y de hacinamiento deficientes.
Específicamente, los gobiernos deberán garantizar protecciones para:
Migrantes y solicitantes de asilo
Muchos países han cerrado sus fronteras y están limitando la entrada de sus propios ciudadanos y de residentes legales. Otros están tomando medidas más extremas y han cerrado sus fronteras por completo.
Estas medidas limitan el movimiento y la capacidad de las personas quienes están huyendo de la violencia y de la persecución para buscar protección en el extranjero. El gobierno de los EE.UU., por ejemplo, ha utilizado la salud pública como pretexto para terminar con el derecho de asilo en la frontera con México. En las últimas dos semanas, los agentes fronterizos de Estados Unidos expulsaron a más de 6.000 migrantes, incluyendo los solicitantes de asilo, sin darles la oportunidad de pedir protección. (El 20 de abril, el president Trump anunció que firmará una orden ejecutiva para “suspender la inmigración” a los Estados Unidos).
Del mismo modo, países como Brasil, Colombia y Ecuador han impuesto nuevas restricciones que han dificultado la capacidad de los migrantes venezolanos a acceder servicios básicos o ha formalizar su estatus migratoria. Muchos han elegido regresar a casa a pesar de la emergencia humanitaria en Venezuela; algunos ya están confinados en “zonas de cuarentena” superpoblados y con condiciones higiénicas deficientes cerca a la frontera.
A medida que los gobiernos de la región limitan los servicios públicos, los solicitantes de asilo que esperan una resolución de sus casos enfrentarán un período de incertidumbre aún más prolongado. Los inmigrantes indocumentados detenidos en países como México podrían terminar siendo retenidos en centros de detención donde hay antecedentes de hacinamiento y deficientes condiciones sanitarias.
Individuos encarcelados
Se estima que hay 1,6 millones de personas tras las rejas en América Latina, muchas de las cuales están en detención preventiva. Con las cárceles y los centros de detención ya sobrecargados y mal equipados para controlar el contagio o abordar la enfermedad COVID-19, los gobiernos deben tomar medidas urgentes para aliviar la congestión de las prisiones, como liberar a las personas mayores y los que tienen problemas de salud subyacentes, madres y mujeres embarazadas, personas en detención preventiva, personas LGTBQ + y aquellos y aquellas que han cumplido gran parte de su condena. Además, es importante que las autoridades se abstengan de tomar medidas que encierran aún más personas en centros de detención (esto incluye los y las detenidas por violar las órdenes de quedarse en casa).
Afrodescendientes, indígenas y otros grupos
Una política de salud pública efectiva y progresista requiere comprender que todos estamos juntos en esto. Los líderes que buscan chivos expiatorios, o que buscan desviar la culpa de sus propios fracasos, podrían enfrentar una tentación peligrosa a culpar a grupos específicos o excluirlos del acceso a la atención médica. Limitar el acceso a la atención médica u otras protecciones a ciertas categorías de personas es una violación de los derechos fundamentales y solo servirá para exacerbar la crisis actual.
Adicionalmente, a medida que los gobiernos implementan medidas como cuarentenas nacionales, en el caso de los territorios colectivos de indígenas y afrodescendientes, el estado debe respetar la autoridad de las estructuras de gobernanza locales y defender el derecho al consentimiento previo, libre e informado. Todos los materiales y mensajes de salud pública sobre COVID-19 también deben traducirse y promoverse en lenguas indígenas. Las personas que viven en áreas históricamente marginadas como La Guajira y la región del Pacífico de Colombia y la selva amazónica están particularmente en riesgo, lo que requiere que se tomen medidas inmediatas para protegerlos de una aceleración de la extinción física y cultural.
Los líderes pueden verse tentados a utilizar medidas restrictivas, impuestos por razones de la salud pública, como una herramienta para reprimir a los opositores políticos. Incluso cuando las restricciones se conciben inicialmente de buena fe, ciertos sectores de la población pueden ser objeto de controles más agresivos, o de actos de vigilancia y castigos desproporcionados.
Los líderes nacionalistas cada vez más empoderados pueden enfrentar la tentación de socavar o desembolsar los sistemas y convenciones internacionales, creados para apoyar y proteger los procesos de resolución de conflictos y los derechos humanos. Ahora más que nunca existe la necesidad de cooperación internacional durante una pandemia. Este es un momento para fortalecer las instituciones que promueven soluciones pacíficas y negociadas, no solo para enfrentar la crisis de salud sino también para otras arenas de conflicto político.
Notablemente, las Naciones Unidas, la Unión Europea y el Papa Francisco todoas han pedido un alto al fuego mundial a medida que los países confrontan la pandemia. Las comunidades en las zonas más conflictivas de Colombia también están pidiendo que todos los actores armados en el país implementen un alto al fuego a medida que la pandemia continúa, y que el alto al fuego unilateral declarado por el Ejército de Liberación Nacional (ELN) se utilice como una oportunidad para avanzar la paz.
Investigaremos y analizaremos tendencias. Haremos recomendaciones a los responsables políticos. Trabajaremos con socios y activistas de la sociedad civil en toda la región, mientras que enfrentan nuevos desafíos a las libertades básicas. Al reconocer la centralidad absoluta de tomar medidas firmes y decisivas para proteger la salud pública, redoblaremos nuestros esfuerzos para defender los derechos humanos y la democracia durante esta crisis y más allá.
