Washington, DC—La administración Trump avanzó a ponerle fin a un programa humanitario que protegía a más de 300,000 salvadoreños, hondureños, haitianos, y nicaragüenses, a pesar de las advertencias de expertos del Departamento de Estado de que esa decisión podría afectar significativamente la seguridad y la migración regional, como se reveló hoy en la prensa. En una carta, con fecha del 31 de octubre de 2017, enviada por el entonces Secretario de Estado Rex Tillerson a la entonces Secretaria de Seguridad Nacional Elaine Duke, Tillerson advirtió que ponerle fin al programa de Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) para los cuatro países tendría serias repercusiones en la política humanitaria y exterior. Adjunto a la carta se anexaron las evaluaciones de los expertos del Departamento de Estado sobre las condiciones de cada país, que concluían que ninguno de los cuatro países estaba preparado para absorber a los beneficiarios de TPS quienes se verían obligados a regresar a su país de origen después de perder las protecciones de EE.UU.
A pesar de las evaluaciones de expertos del Departamento de Estado, el Departamento de Seguridad Nacional decidió suspender el estatus legal de unos 2.500 nicaragüenses y más de 50.000 haitianos en noviembre de 2017, seguido por la cancelación del TPS para más de 257.000 salvadoreños y hondureños en enero y mayo de este año. (En cada caso, la finalización incluyó un período de gracia de 18 meses para permitir que las personas afectadas se preparan para abandonar los Estados Unidos). De acuerdo con la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA, por sus siglas en inglés), una organización líder en investigación e incidencia que promueve los derechos humanos en las Américas, el evidente desprecio de la administración Trump del asesoramiento de expertos del Departamento de Estado subraya la negligencia detrás de la decisión de cancelar el TPS para Haití y los países centroamericanos.
“El personal del Departamento de Estado concluyó que ponerle fin al TPS sería un desastre para los intereses de EE.UU. y los países involucrados”, dijo Geoff Thale, Vicepresidente para Programas en WOLA. “Aparentemente, la administración estaba más interesada en avanzar su agenda anti inmigrante que en velar por los intereses reales de los Estados Unidos o humanitarios de las personas afectadas, y optó por seguir adelante y dar fin al programa de protección.”
Esta no es la primera vez que surgen informes sobre la decisión de la administración de Trump de ignorar repetidamente advertencias sobre las consecuencias de la finalización del TPS. Una investigación del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, encabezada por el senador Bob Menendez (D-NJ) y su personal, descubrió que la administración Trump ignoró las reiteradas advertencias de diplomáticos y expertos estadounidenses de que repatriar a 300,000 personas a sus frágiles países de origen afectaría seriamente los intereses de seguridad nacional de los Estados Unidos y amenazaría la seguridad de estas personas y sus hijos quienes son ciudadanos estadounidenses. Según CNN, las evaluaciones que los funcionarios del Departamento de Estado añadieron a la carta de Tillerson argumentan que los niños repatriados con sus padres a Honduras y El Salvador serían vulnerables al reclutamiento forzado de las pandillas.
“La administración de Trump sabía que ponerle fin al TPS para estos países expondría la vida de estos niños estadounidense a un grave riesgo”, dijo Thale. “Pero como la Casa Blanca ha dejado muy claro con sus políticas migratorias desconsideradas y crueles, no les importa cómo sus decisiones podrían trastornar la vida de familias y niños vulnerables”.
La carta también señala que la terminación del TPS podría generar una reacción fuerte por parte de los gobiernos centroamericanos, lo que podría resultar en medidas de represalia como “retirar su cooperación antinarcóticos y antipandillas con los Estados Unidos … o abstenerse de controlar la migración ilegal”.
Desde la terminación del TPS, las condiciones se han agravado dramáticamente en Nicaragua, donde cientos de personas han muerto desde el inicio de protestas el 18 de abril, y en Haití, donde fuertes disturbios han provocado la renuncia del primer ministro del país.
